La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció a favor de las recientes reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental que privilegian la atención a los pacientes desde la comunidad y que consideran el internamiento como la última opción para su tratamiento.
En un posicionamiento dado a conocer este martes, el organismo respalda las modificaciones aprobadas las cuales, afirma, están formuladas bajo una perspectiva de progresividad en el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.
“Iniciar el camino hacia la desinstitucionalización significa abrir los espacios de atención de la salud mental al escrutinio público y, con ello, reducir el riesgo de que se presenten eventos de tortura o malos tratos hacia las personas con discapacidad intelectual y psicosocial”, sostiene la CNDH.
El 5 de abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud a fin de que la atención a la salud mental de los mexicanos se dé en un contexto familiar y comunitario en donde los hospitales psiquiátricos se transformen a hospitales generales en aras de privilegiar una atención libre de estigmas.
Las modificaciones también contemplan que en los centros de salud o clínicas comunitarias de primer nivel se pueda brindar atención a la salud mental -para lo cual se capacitará a todos los profesionales de la salud que trabajan en estos espacios- y en casos de ser necesario se entreguen directamente los medicamentos que se requieran.
Estos cambios han resultado en posicionamientos a favor y en contra.
Por ejemplo, hay quienes como la CNDH celebran el nuevo modelo de atención a la salud mental porque con ello se terminará la institucionalización -y en muchos casos el abandono– de los pacientes psiquiátricos.
Por el otro lado están quienes rechazan los cambios porque esto implica una sobrecarga de cuidados en la familia, principalmente para las mujeres, porque ahora la atención se tendrá que dar a nivel familiar y comunitario. Además de que consideran que estas reformas van en contra de la progresividad en el derecho a la salud. Incluso, un grupo de asociaciones solicitaron que la CNDH se pronunciara sobre las reformas aprobadas en el legislativo federal.
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En su posicionamiento, el organismo expone que “en el actual modelo asilar se presentan asimetrías de poder que desempoderan a las personas usuarias y menoscaba su derecho a tomar decisiones sobre su salud, con lo que se crea un entorno en el que pueden producirse y se producen violaciones de los derechos humanos”.
Entre los cambios sustantivos que reconoce la CNDH se encuentra el abandonar conceptos excluyentes y que negaban a las personas con discapacidad psicosocial el derecho a decidir, hasta la proyección de un sistema comunitario de atención, con el cual se involucra en la atención de la salud no sólo a las familias y al Estado, si no a la comunidad.
“Las reformas pueden sentar las bases del cambio de paradigma, a uno basado en el respeto a la diversidad, en el reconocimiento de que el contexto y condiciones sociales, así como la observancia de los derechos humanos, contribuyen significativamente a la plenitud de la salud mental de las personas”, abunda la CNDH.
“Poner límites a los internamientos forzados, refrendar la autonomía y poder de decisión de las personas sobre los tratamientos a recibir, migrar de un modelo asilar a uno de respeto y vigencia de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud, es un primer paso para abandonar esquemas de control excluyentes”.
Cabe destacar que estos cambios que serán paulatinos y que las propias autoridades de la Secretaría de Salud federal reconocen no concluirán en la presente administración, no contarán con la autorización de recursos extraordinarios para su materialización, pues así lo plantean los artículos transitorios de la reforma.
