La defensora de derechos humanos Sandra Quiñones denunció que sufrió un intento de privación de la libertad dentro de las instalaciones de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta, en Jalisco.
Quiñones es coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y acompaña casos de feminicidio y abuso sexual contra menores de edad.
El hecho ocurrió el pasado 30 de mayo, al mediodía, cuando salía del juzgado de oralidad del Centro de Justicia.
“Una persona me agarra e intenta sacarme de la Fiscalía para subirme a un vehículo, hago mención que todo el tiempo estuvo amenazando de muerte a mí y a mi familia”, narró Quiñones en sus redes sociales.
El espacio donde esto ocurrió es una explanada que está entre la entrada de la Fiscalía Regional, el ingreso al juzgado de oralidad y el estacionamiento del personal.
“No hay control ni seguridad; sí existen cámaras de seguridad, lo que pasó el lunes me hace pensar que no funcionan, ya que NADIE en Fiscalía se dio cuenta de lo que pasaba hasta que yo misma acudí corriendo a la caseta de seguridad a pedir ayuda”, escribió Quiñones.
La defensora de derechos humanos denunció ante medios locales que la propia fiscalía intentó minimizar el hecho. Fue hasta que autoridades de la Ciudad de México presionaron que se abrió una carpeta de investigación.
Hasta el momento, hay una mujer detenida, identificada como la autora material del hecho. Quiñones mencionó que tiene idea en torno a de dónde provino el ataque, por uno de los casos que acompaña, y pide que se detenga a los autores intelectuales.
“Ya no me siento segura estando en ese lugar, la seguridad y vigilancia no existe y sobre lo sucedido, la fiscalía trata de minimizar el hecho, no quiere investigar lo que está detrás de ese ataque”, agregó la defensora. Por ello, hace responsables a las autoridades de la fiscalía de Puerto Vallarta.
Entre los casos que ha acompañado Quiñones está el de la menor de 10 años que fue abusada por el entonces director de recursos humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta. Fue el mismo caso en el que un juez se negó a vincular a proceso al funcionario, con el argumento de que la víctima “no sintió placer”, y por lo cual el juzgador fue destituido.
