Sin permiso de editoriales, bibliotecas no podrán prestar libros: Corte
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Sin autorización de editoriales, bibliotecas no podrán prestar ni reproducir libros, determina la Corte

Tras analizar recursos de la industria editorial, la Corte determinó que las bibliotecas necesitarán aprobación de editoriales y productoras para exhibir sus materiales. En principio, la medida aplica a recintos específicos, pero activistas alertan que puede afectar indirectamente a otros.
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24 de junio, 2022
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Por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las bibliotecas necesitarán contar con la autorización de editoriales y productoras para poder exhibir y reproducir obras documentales o audiovisuales, o podrían enfrentar multas millonarias. Esta medida se hará efectiva en cuanto la SCJN publique la sentencia, lo que podría tomar unas semanas.

De acuerdo con organizaciones sociales, editores y autores, esta decisión pone en riesgo la labor de las bibliotecas de divulgación y preservación del acervo cultural y científico, además de que limita el catálogo disponible para consulta pública de los usuarios.

Luis Fernando García, director de la asociación civil defensora de derechos digitales R3D, explicó en entrevista que la resolución de la Corte se dio por la promoción de amparos por parte de la industria editorial, que busca que se declaren inconstitucionales varios artículos de la Ley General de Bibliotecas, en la que se reconoce la labor de estas instituciones como de interés público.

Aunque la SCJN negó a los promoventes de los amparos la inconstitucionalidad de la Ley General de Bibliotecas, les concedió que, para que se ponga a disposición del público algunas obras —a criterio de las editoriales— se necesita del permiso de los titulares de derechos de autor. En caso de no tener esas autorizaciones, la Biblioteca de México, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso, instituciones que cuentan con un “depósito legal”, podrían ser multadas con cantidades millonarias.

¿Qué implicaciones tiene lo que decidió la Corte?

Para entender qué significa la decisión de la SCJN, hay que remontarse a 2020, cuando se aprobó la Ley General de Bibliotecas, que reconoció la labor de estas instituciones como de interés público, y estableció la creación de un mecanismo por el cual todos los editores y productores deben aportar ejemplares a las bibliotecas “depositarias”, que según esta norma son la Biblioteca México, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso.

“Sin embargo, desde entonces la industria editorial ha intentado oponerse a esta legislación y, a través del litigio, tratar de que se reconozca como inconstitucional”, indicó el director de R3D.

El activista señaló que, con su interpretación, la Corte estableció que los titulares de derechos de autor, como las editoriales, podrán decidir si las obras que donen a las bibliotecas pueden ser consultadas por el público, o ser reproducidas o traducidas para divulgación y conservación. También podrán establecer las medidas digitales de reproducción que consideren, es decir, se sancionará cualquier modificación o difusión que se haga del archivo digital.

García dijo que, aunque la decisión de la Corte solo aplica directamente a tres bibliotecas, las restricciones que interpone a la difusión y digitalización de obras afectan de manera indirecta a otros recintos, que podrían ser multados por violar los derechos de autor.

Según la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), la decisión de la Corte “brinda razón al sector creativo frente a los reclamos contra el impreciso y ambiguo texto de la Ley General de Bibliotecas”, y las obliga a “respetar en todo momento la Ley Federal del Derecho de Autor”.

En sus redes sociales, la Caniem argumentó: “La ley facultaba a las bibliotecas para que recibieran depósitos legales (ejemplares de cada libro, canción, película y serie creados en México) y permitir el acceso público a esos contenidos. Asimismo, se obligaba a editoriales y productoras a entregar esos materiales en condiciones que permitieran esos usos”.

Para la cámara, dicha ley ponía en riesgo los derechos de autor “que sirven para autorizar o no los modos de acceso público a las obras y producciones, así como del derecho de proteger los archivos digitales con medidas anticopia y controles de acceso”.

Animal Político consultó a la SCJN sobre la resolución tomada. En respuesta, la institución señaló que no se pronunciará sobre el tema y se limitó a confirmar la decisión. 

Una medida “anticuada, abusiva y capitalista”

“En R3D consideramos que fue una mala decisión de la Corte, pero pudo ser peor si le hubiera dado la razón a las editoriales y se declaraba la inconstitucionalidad de la ley. De cualquier forma, la Ley Federal del Derecho de Autor nos parece una pieza legal anticuada que necesita reformas y debe reconocer a las bibliotecas y otras instituciones de memoria como fundamentales para la sociedad”, dijo Luis Fernando García.

A través de redes sociales, editores y autores compartieron sus opiniones acerca de la medida. 

La escritora, editora, poeta y traductora Isabel Zapata calificó lo ocurrido de “abusivo, ridículo y, sobre todo, ingenuo”, mientras que la autora Vivian Abenshushan aseguró que se trató de una decisión “inútil, aberrante y capitalista”, y sostuvo que “la cultura y los libros, como la mala yerba, se abren paso entre el asfalto”.

 

Por su parte, la editora, poeta y escritora Carla Faesler cuestionó: “¿qué visión es esa? la de alguien que no ha ido nunca a estudiar/leer en una biblioteca. Nadie que ame los libros, la música o el cine piensa así”.

 

Para Luis Fernando García, es importante que el Congreso reforme la Ley Federal de Derecho de Autor, y establezca excepciones para las bibliotecas, museos y otros archivos cuyo objetivo es salvaguardar la cultura, y que la Corte resuelva los recursos que se han interpuesto en materia de derecho de autor, como la declaración de inconstitucionalidad solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 2020, cuya discusión sigue pendiente.

También recomendó que los autores negocien con las editoriales que exista una cláusula que impida la obstaculización de la labor de las bibliotecas, “es decir, que no permitan que las empresas hagan la vida imposible a las instituciones de preservación de la memoria y a la población que depende de ellas para el acceso al conocimiento”.

“Sabemos que las reglas están muy sesgadas con las editoriales, que son muy restrictivos con los autores, pero esperamos que los creadores puedan negociar que los ejemplares que se donen a las bibliotecas estén autorizados para todas las actividades previstas por las instituciones”, concluyó.

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Roe vs. Wade: ¿están en riesgo el matrimonio igualitario y el derecho a la anticoncepción con la revocación de esta sentencia?

La opinión del juez Clarence Thomas, que insta al alto tribunal a revisar los precedentes que garantizan la protección constitucional a la anticoncepción o a que personas del mismo sexo se puedan casar, ha hecho que muchos se cuestionen cuál es el futuro de estos derechos.
25 de junio, 2022
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“Debemos reconsiderar otros precedentes”.

Esa opinión, emitida este viernes por el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Clarence Thomas, junto a su voto por revocar Roe vs. Wade, el fallo histórico que protegía el aborto en el país, ha hecho que muchos se pregunten qué otros derechos están ahora en riesgo.

En concreto, instó al tribunal a valorar las sentencias de Griswold vs. Connecticut (1965), que garantiza el derecho a la anticoncepción; Lawrence vs. Texas (2003), que legalizó en todo el país las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, y Obergefell vs. Hodges (2015), que reconoce el derecho constitucional al matrimonio igualitario.

Dijo que la Corte tiene el deber de “corregir el error” establecido en esos precedentes y añadió: “Tras anular estas decisiones manifiestamente erróneas, queda la pregunta de si hay otras disposiciones constitucionales” que protegen los derechos que establecen.

El juez conservador Clarence Thomas fue nominado a la Corte Suprema por George H. W. Bush en 1991.

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El juez conservador Clarence Thomas fue nominado a la Corte Suprema por George H. W. Bush en 1991.

Sin embargo, el juez Samuel Alito ya desestimó que el fallo del Supremo de este viernes vaya a dar directamente lugar a la reversión de otros derechos constitucionales.

“Parece que nuestro disentimiento (con Roe vs. Wade) cuestiona (las sentencias de) Griswold, Eisenstadt, Lawrence y Obergefell. Pero hemos declarado inequívocamente que nada de esta decisión debe entenderse como una puesta en duda de los precedentes que no conciernen al aborto“, aclaró. Es algo que ya se incluía en el borrador que se filtró en mayo y hacía prever que era inminente el fallo que finalmente se emitió este viernes.

El juez Thomas dijo que estaba de acuerdo con eso, pero señaló en su justificación que la mayoría de la Corte encontró que el derecho al aborto no era una forma de “libertad” protegida por la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución.

Dicha doctrina del derecho estadounidense permite a los tribunales poner límites a la actividad legislativa cuando afecta “la vida, la libertad o la propiedad”, y Thomas instó a revisar los otros precedentes con base en ella.

“Nadie puede asegurar que la Corte terminó su trabajo”

Por eso mismo, los tres miembros del ala liberal de la Corte, los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, ya pusieron en duda que existan garantías para los otros derechos constitucionales.

Nadie debería estar seguro de que esta mayoría (conservadora de la Corte) ha terminado con su trabajo”, escribieron los tres liberales que conforman la minoría este viernes.

Activistas piden la destitución del juez de la Corte Suprema de los EE. UU. Clarence Thomas afuera del edificio del Capitolio el 30 de marzo de 2022.

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Activistas piden la destitución del juez de la Corte Suprema de EU Clarence Thomas afuera del edificio del Capitolio, el 30 de marzo de 2022.

“El derecho que Roe y Casey reconocieron no está solo. Por el contrario, la Corte lo vincula desde hace décadas con otras libertades asentadas en torno a la integridad corporal, las relaciones familiares y la procreación”, expusieron.

“Lo más obvio es que el derecho a interrumpir un embarazo surgió directamente del derecho a comprar y usar métodos anticonceptivos. A su vez, esos derechos llevaron, más recientemente, a los derechos a la intimidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todos son parte del mismo tejido constitucional, protegiendo la toma de decisiones autónomas sobre las decisiones más personales de la vida”.

El presidente Joe Biden lanzó la misma advertencia el 3 de mayo, cuando se refirió al borrador de la decisión de la Corte filtrado: “Si se mantuviera la justificación de la decisión tal y como se emitió (en el borrador), estaría en cuestión toda una gama de derechos”.

Sin embargo, el juez Thomas firmó la opinión en solitario. Y habrá que ver si los otros jueces conservadores concuerdan con él sobre los anticonceptivos y el matrimonio igualitario, como lo hicieron sobre el aborto.

Lawrence O. Gostin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown que se especializa en leyes de salud pública, advierte que tachar a Thomas de “lobo solitario” es un error. “Ahora que la mayoría en la Corte ha destruido los cimientos sobre los que se construyó Roe, los otros derechos bien podrían venirse abajo”.

Pero cree que “la decisión (de revocar Roe vs. Wade) es mucho más extrema de lo que los jueces están tratando de hacer ver”, como dijo Gostin a la agencia AP. “Significa que no puedes considerar a la Corte Suprema como un árbitro de las garantías constitucionales, porque están actuando como guerreros culturales”.

Y citó otra área legal polémica —el derecho a portar armas— como ejemplo de las consecuencias que el fallo de este viernes podría tener sobre otros derechos constitucionales.

Al dictaminar la Corte que la Segunda Enmienda de la Constitución —que protege el derecho a poseer y portar armas sin que ningún gobierno pueda restringirlo— aplica a los individuos, explicó Gostin, la Corte anuló un precedente de larga data. En aquel entonces, 2008, el juez Antonin Scalia dijo que la decisión no afectaría a otras regulaciones relacionadas.

“Pero la promesa no duró”, añadió el experto, en referencia a la decisión de este jueves de ampliar el derecho a portar armas.

“No es una deidad suprema”

Jim Obergefell, quien fue el demandante principal del caso Obergefell vs. Hodges —que llevó a legalizar el matrimonio igualitario— y hoy es candidato a la Cámara de Representantes de Ohio, criticó este viernes a Thomas por sus comentarios.

“Clarence Thomas es un juez de la Corte Suprema designado por humanos, no una deidad suprema”, dijo. “Los millones de parejas que tienen derecho al matrimonio igualitario para formar sus propias familias no necesitan que Clarence Thomas les imponga su retorcida moralidad individual”.

Figuritas que representan matrimonios igualitarios.

Getty Images

La opinión emitida por Thomas, un juez conservador nominado a la Corte por George H. W. Bush en 1991, es justamente aquello que los activistas a favor de los derechos reproductivos y LGBTI+ habían estado temiendo.

Los defensores del derecho al aborto han advertido repetidamente que, si caía Roe, el derecho a la anticoncepción y al matrimonio entre personas del mismo sexo serían los siguientes en anularse.

“Es por eso que esta decisión (la de anular Roe vs. Wade) es superalarmante, incluso si no te importa nada el aborto. Es por eso que todo el mundo debería preocuparse por esto”, dijo BBC Mundo Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José en California.

"Prohíban las balas, no los anticonceptivos", se lee en el cartel que sostiene una manifestante frente al Capitolio el 26 de mayo de 2022.

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“Prohíban las balas, no los anticonceptivos”, se lee en el cartel que sostiene una manifestante frente al Capitolio, el 26 de mayo de 2022.

“Lo que este fallo deja claro es que la mayoría de la Corte Suprema piensa que, si un derecho no está explícitamente establecido en la Constitución, no es parte de la historia y (que si no es parte de) ‘la tradición de la nación’, lo que sea que eso signifique, no puede ser reconocido constitucionalmente en la actualidad como un derecho”.

“Es innegablemente dejar el futuro de nuestro país en lo que creían entonces unos hombres, viejos, blancos en el siglo XVIII, donde las mujeres no tenían ninguna importancia, más allá que cuidar a los hijos y preparar la cena”.

Lee más: 23 estados esperan la despenalización del aborto; con amparos, algunos apuestan por la homologación al criterio de la Corte 

Hasta ahora, muchos opositores al aborto que lucharon duro para anular Roe habían insistido en que no tienen ningún interés en tratar de revocar el derecho a la anticoncepción.

Kristen Waggoner, directora legal de Alliance Defending Freedom, que ayudó en la defensa legal del caso de Misisipi que llevó finalmente a que la Corte anulara Roe vs. Wade, dijo este viernes que la decisión deja claro que “terminar con la vida humana es distinto a cualquier otra cuestión”.

Pero Paul Dupont, portavoz de la organización antiaborto American Principles Project, adelantó que los conservadores ven con optimismo el potencial “para futuras victorias sobre cuestiones culturales”.

Mientras, estados como Misuri ya han tratado de restringir el acceso a la anticoncepción al prohibir el financiamiento público para ciertos métodos como dispositivos intrauterinos y la llamada píldora del día después.

Y algunos republicanos, en particular la senadora Marsha Blackburn, de Tennessee, han dicho que el caso Griswold, que garantiza el derecho a la anticoncepción, se decidió por error. A principios de este año, Blackburn calificó el caso Griswold como “constitucionalmente poco sólido”.


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