La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el INE sí tiene facultad para investigar si Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cometió actos anticipados de campaña y precampaña.
De acuerdo con los magistrados, aunque la jefa de Gobierno tenga abiertas otras investigaciones a nivel local, como el caso de Hidalgo, ésto no quita que pueda ser investigada también por las autoridades federales.
Los magistrados desecharon la queja de Sheinbaum, pero añadieron una solicitud para que el INE precise si la investigación se realiza contra Sheinbaum en su calidad de ciudadana o como funcionaria pública.
Esto, luego de que el PRI denunció a la jefa de Gobierno por asistir a eventos en donde daba a conocer sus aspiraciones presidenciales.
El INE inició la investigación y envió un cuestionario a Sheinbaum y le preguntó el motivo de asistencia a los eventos, qué declaraciones emitió y si tenía intenciones de buscar una candidatura a la Presidencia.
Ante los cuestionamientos del INE, la jefa de Gobierno, a través de la Consejería Jurídica, metió un recurso de impugnación asegurando que la Unidad Técnica del INE no tenía facultades para investigarla, pues ya existe otro procedimiento en su contra por las mismas causas.
#Boletín | El #TEPJF confirmó diversas infracciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, realizadas durante el proceso de revocación de mandato.
📰 https://t.co/XEeBoTYgZ6 pic.twitter.com/r3kBhOckp4
— TEPJF (@TEPJF_informa) June 29, 2022
Sheinbaum y revocación de mandato
Además de esta resolución, el Tribunal reiteró que la jefa de Gobierno sí cometió distintas infracciones durante el pasado proceso de revocación de mandato.
El PRD denunció ante el INE a la jefa de Gobierno por dos publicaciones realizadas en la red social Twitter, relacionadas con propaganda gubernamental indebida y la vulneración a las reglas de promoción del proceso de revocación de mandato.
El INE declaró procedentes las medidas cautelares que en su momento se solicitaron y ordenó a la servidora pública que se abstuviera de realizar o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con logros y actividades de gobierno, con el fin de no interferir en el proceso de revocación de mandato.
Aunque la jefa de Gobierno negó que sus mensajes violen la legislación, el Tribunal concluyó que se trata de indebida promoción del proceso de revocación de mandato.
