La Fiscalía General de la República (FGR) cerró de manera definitiva la carpeta de investigación iniciada en 2020 en contra del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las autoridades concluyeron que no hubo pruebas que sustenten la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
El cierre de la indagatoria se da en seguimiento a la determinación de un juez federal que ordenó dar por concluida la investigación, una decisión que la propia FGR ya había tomando desde el año pasado, pero que momentáneamente se detuvo por una queja promovida por el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto.
Tanto los jueces, como los fiscales responsables del caso, ratificaron la versión de Vargas respecto a que las propiedades y recursos que se le cuestionaban pertenecían en realidad a su esposa, la empresaria Mónica Bauer.
Aunque la UIF presentó una segunda denuncia relacionada con el uso de supuestas empresas fantasma, la indagatoria de la FGR tampoco encontró elementos para fincar algún tipo de responsabilidad.
El caso del magistrado Vargas
El caso penal en contra del magistrado José Luis Vargas arrancó en noviembre de 2020, cuando Inteligencia Financiera presentó ante el Ministerio Público una denuncia en la que advertía operaciones financieras inusuales relacionadas directamente con Vargas.
En concreto, se identificaba que en el periodo de 2012 a 2016 acumuló gastos e inversiones que superaban en más de 19 millones de pesos a los ingresos que declaró fiscalmente.
Un mes después, en el diario Milenio se revelaron detalles de la indagatoria de la UIF. Entre otras cosas se reportó que Vargas había realizado operaciones inmobiliarias en Miami por un monto de entre seis y 10 millones de pesos; en Valle de Bravo, por un monto superior a los 7 millones de pesos; y en las zonas de Polanco y Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, por más de diez millones de pesos.
En enero de 2021, Vargas compareció ante la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción (FECC) de la FGR, responsable de la indagatoria, en donde entregó datos relacionados con todas las operaciones denunciadas, así como sus declaraciones patrimoniales.
En síntesis, lo que el magistrado y sus abogados señalaron es que las operaciones eran reales, pero que no habían sido cubiertas con recursos del magistrado sino de su esposa, quien cuenta con ingresos importantes debido a las actividades empresariales que desempeña.
Tras seis meses de investigaciones, los fiscales de la FECC concluyeron que las operaciones denunciadas por la UIF resultaban justificables a la luz de los datos e ingresos de la esposa del magistrado, por lo que no había delito que perseguir.
Además, se concluyó que, a partir de 2017, cuando Vargas ya fue funcionario, no hubo ninguna inconsistencia entre sus ingresos y sus egresos.
En ese contexto, se propuso el no ejercicio de la acción penal en contra del magistrado y el archivo definitivo de las indagatorias
La resistencia de la UIF y el desenlace
La propuesta de cerrar la indagatoria causó molestia en la UIF quien solicitó el apoyo de un juez federal del Reclusorio Norte para que revisara, y en su caso, revocara la determinación del Ministerio Público.
El 30 de julio de 2021, tras una audiencia que se extendió por más de cuatro horas, el juez que revisó el caso le dio la razón a la UIF y determinó que la indagatoria no debería cerrarse mientras no se desahogaran algunas diligencias pendientes, entre ellas, unos peritajes financieros relacionados con la esposa del magistrado del TEPJF.
Siguiendo la instrucción judicial, la fiscalía ordenó la realización de los peritajes faltantes. Sin embargo, de forma paralela, José Luis Vargas promovió un juicio de amparo argumentando que la decisión del juez de mantener en curso una indagatoria, en donde ya se había probado que no había irregularidades representaba una violación a sus derechos constitucionales.
Tras el análisis de las constancias de la indagatoria, el juez de amparo le dio la razón al magistrado y ordenó que se volviera a realizar una audiencia ante un juez de control en la que, a menos que hubiera nuevos datos, se debería decretar el cierre definitivo de las investigaciones.
Dicha audiencia se realizó el pasado 4 de mayo y en ella se determinó que no ejercer la acción penal, por lo que había optado la FGR, era lo correcto.
Autoridades federales indicaron que, de forma paralela, los fiscales sí llevaron a cabo las revisiones ordenadas en 2021 en torno a las operaciones financieras de la empresaria Mónica Bauer y otros familiares y empresas, sin que se encontraran irregularidades que ameritaran la apertura de otras indagatorias.
