El gobierno federal determinó que el Tren Maya es una obra “de seguridad nacional”, por lo que reanudó actividades en el Tramo 5, a pesar de los amparos presentados contra las labores y de las suspensiones otorgadas a la fecha.
Javier May, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dijo este lunes que la decisión se dio durante la sesión del Consejo de Seguridad.
“Los interesados son la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación, ellos determinaron que la obra se inicie nuevamente. Con eso no se violenta ningún amparo ya que el Fondo no intervino”, declaró ante medios.
Activistas y organizaciones civiles como Moce Yax Cuxtal aportaron a este medio fotografías y videos en los que se aprecia que desde el pasado viernes 15 de julio las obras de construcción se reiniciaron en el Tramo 5, a pesar de que hay al menos dos amparos pendientes de resolución ante un juzgado de Yucatán.
“Llamamos al presidente López Obrador a detener de inmediato las obras del Tramo 5 del Tren Maya por violar la ley y los acuerdos internacionales. ¡Pongamos un alto a la devastación de la selva maya!”, publicó la organización internacional Greenpeace, que este lunes realizó una protesta pacífica en contra de los trabajos, desplegando en la zona de las obras un salvavidas gigante con las siglas “S.O.S”.
El colectivo Sélvame del Tren publicó un comunicado en el que también advierte del reinicio de las obras.
“Han reactivado las obras del Tramo 5 del Tren Maya sin permisos y sin esperar la resolución de los jueces, violando de manera flagrante la ley y poniendo en riesgo a la Riviera Maya, a su gente, su economía, y su riqueza natural”, se lee en el escrito.
Animal Político, otros periodistas y medios preguntaron en el chat oficial de Fonatur si la dependencia publicaría el acta del Consejo de Seguridad en la que, según dijo Javier May, se tomó la decisión de que el Tren Maya sea una obra de seguridad nacional, motivo que justificaría el arranque de las obras, de acuerdo con el funcionario federal.
Sin embargo, la respuesta de la dependencia fue remitir al artículo 17 de la Ley de Seguridad Nacional que, básicamente, establece que tanto las reuniones como las actas y los documentos que se generen en esas sesiones “son reservados”, por lo que no entregará la información solicitada.
Los amparos
A finales de mayo, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán concedió una suspensión definitiva para las obras, luego de que una organización civil denunciara que las constructoras del Tramo 5 pasarían por encima de cenotes, ríos subterráneos y sistemas de cuevas.
En la demanda, interpuesta por un grupo de buzos y espeleólogos de cuevas y cenotes, con el acompañamiento legal de la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), se señala que la autorización del Fonatur y del Fonatur Tren Maya “no cumple con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, mismo que debió obtenerse antes del inicio de las obras.
El 18 de mayo, el Fonatur entregó a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 del Tren Maya. En ella, se concluyó que, a pesar de riesgos “severos” para flora y fauna protegida y un daño “crítico” a casi 500 hectáreas de selva, la obra es “ambientalmente viable”.
Sin embargo, pese a la entrega de este documento, el juez consideró que se hizo a destiempo, puesto que debió hacerse antes del arranque de las obras, y por ello concedió la suspensión. Este próximo 28 de julio está programado que se lleve a cabo el juicio de amparo en el que se decidirá si este sigue firme de manera definitiva, o bien, si se desecha y las obras pueden continuar.
Esta no ha sido la única acción legal para frenar las obras del Tren Maya en el Tramo 5. El pasado 2 de mayo, la justicia mexicana dio otro revés a la obra, cuando el mismo juzgado concedió otra suspensión provisional, la segunda, pero esta vez para realizar la construcción de todo el Tramo 5, es decir, de los 110 kilómetros que van de Cancún a Tulum.
En esa ocasión, el juzgado radicado en Mérida concedió a la organización DMAS la suspensión provisional, luego de que dicha organización se amparara argumentando que las obras estaban violando los artículos constitucionales 14 y 16, pues, de nuevo, estas iniciaron sin contar antes con la Manifestación de Impacto Ambiental.
Asimismo, el pasado 17 de mayo, otro juez federal aceptó la demanda colectiva interpuesta por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) en contra de cinco constructoras del Tren Maya, a las que reclama 27 mil millones de dólares por daño ambiental y por iniciar las obras sin tener todos los permisos.
Tras la noticia de estos amparos y denuncias, el presidente López Obrador dijo el 31 de mayo pasado que presentaría recursos legales para seguir con la construcción del megaproyecto y agregó que se trató de un asunto de “politiquería” impulsado por “pseudoambientalistas”.
El Tren Maya es uno de los grandes planes de su gobierno, aunque enfrenta cuestionamientos por su impacto ambiental y arqueológico en el sureste.
