Jueza ordena reabrir caso contra exmagistrado acusado de violar a hijas
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Jueza de la CDMX ordena a fiscalía reabrir caso contra el exmagistrado acusado de violar a sus hijas

La jueza Luz Elena López reconsideró su posición y ordenó que la fiscalía capitalina reabra el caso contra el exmagistrado Manuel Horacio Cavazos López, así como que realice nuevas diligencias.
Cuartoscuro
19 de julio, 2022
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Por orden de una jueza de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) debe reabrir la carpeta de investigación contra el exmagistrado Manuel Horacio Cavazos López, quien fue denunciado en septiembre de 2019 por presuntamente haber violado a sus hijas de cinco y siete años.

La decisión se da luego de que la exesposa del exmagistrado ganó un amparo en el que un juez federal consideró que el caso había sido cerrado por una jueza de la CDMX de manera errónea, sin que se tomaran en cuenta los argumentos de las víctimas y su defensa, y sin que se argumentaran los motivos por los que se consideraba que no había delito qué perseguir. Originalmente, la juzgadora había validado el cierre de la indagatoria, pero el juez federal decidió en dos ocasiones que el caso no podía agotarse sin que se realizaran bien las diligencias.

Mariel A., exesposa de Cavazos López, confirmó a Animal Político la decisión tomada por la jueza Luz Elena López Padilla el pasado 13 de julio, que obliga a que se continúe con la investigación del caso, misma que había sido dada por terminada por la FGJCDMX con el argumento de falta de pruebas, pese a que la madre de las niñas entregó a las autoridades resultados de peritajes médicos, valoraciones psicológicas y declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público en las que narran las agresiones.

“Después de que el 7 de julio el juez federal ordenó a la jueza que reevaluara por segunda ocasión su decisión de cerrar el caso, nos llamaron a audiencia y ya Dios iluminó a la jueza. Todo lo que no vio en un año ahora sí lo tomó en cuenta, porque además el amparo fue contundente cuando le recuerdan que si no da cumplimiento hay consecuencias que pueden ser hasta su destitución”, señaló Mariel.

Los intentos por cerrar el caso

En marzo de 2021, la FGJCDMX determinó no ejercer acción penal contra el exmagistrado, argumentando que “se agotaron todos los recursos de investigación”, por lo que se determinó que “no existen elementos probatorios que permitan formular una imputación ante un juez de control; es decir, el resultado de la investigación no nos permite respaldar con evidencia la denuncia presentada”.

Además, en el comunicado donde se informó sobre el caso, la institución señaló que la denuncia contra Cavazos era por abuso sexual, cuando en realidad era por violación.

Inconforme con la decisión, Mariel impugnó el no ejercicio de acción penal en abril de 2021, caso que se turnó con la jueza de control Luz Elena López Padilla, quien determinó que la fiscalía tenía razón, que por falta de pruebas no se continuaría el proceso contra el acusado.

Esta decisión inconformó nuevamente a la madre de las víctimas, por lo que interpuso un amparo para que se revocara el no ejercicio de la acción penal, mismo que fue concedido por Guillermo Francisco Urbina, juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX.

En septiembre de 2021, Urbina determinó que Luz Elena López debía revisar nuevamente el caso y reconsiderar su argumento de que no existían pruebas de las presuntas violaciones en una nueva audiencia, que se celebró en junio de 2021, y en la que nuevamente la jueza decidió que la investigación debía darse por terminada, esta vez porque los peritajes psicológicos alargarían el proceso y eso podría revictimizar a las niñas.

Por segunda ocasión, Mariel se inconformó ante Urbina por esta decisión, y el juez dio cuenta de que nuevamente la jueza López había incumplido con un análisis jurídico de los motivos por los cuales se le pidió que reevaluara el caso, por lo que le requirió que por tercera y última vez reconsiderara su determinación, ya que, de lo contrario, podría ser sancionada con la separación de su puesto.

Fue tras esta decisión, emitida por el juez de Distrito este 7 de julio, que se celebró una nueva audiencia en la que Luz Elena López reconsideró el no ejercicio de la acción penal contra Cavazos. Esto significa que el caso continuará en investigación, lo que permitirá a Mariel incluir los resultados de pruebas médicas y psicológicas que se han emitido en los últimos meses, mismos que no estaban siendo considerados en la carpeta de investigación de la FGJCDMX.

Animal Político consultó a la defensa del exmagistrado su postura sobre la reapertura de la carpeta de investigación, sin que al momento de la publicación recibiera respuesta.

Víctima acusa que autoridades protegen al acusado

“En la última audiencia donde determinaron no ejercicio de la acción penal parecía que la jueza solo simulaba que me daba el uso de la palabra, porque todo lo que manifesté lo ignoró, y yo me pregunto, ¿eso harán con todas las víctimas? En este caso me parece evidente la protección hacia el magistrado”, señaló Mariel en entrevista.

Para ella, como víctima indirecta de las agresiones, la negativa a que se investigara a Cavazos fue “una aberración, porque no es posible que la jueza considerara mejor que no se siguiera con el caso para no revictimizar a mis hijas, cuando eso era negarles el acceso a la justicia, como si no fuera peor la violencia institucional que ella ejerció en su contra”.

Ahora, espera que se consideren como pruebas válidas los audios de sus hijas narrando las agresiones, los informes del CTA y dictámenes privados que confirman sintomatología de víctimas de violencia sexual en las menores de edad, que hasta el momento continúan en terapia psicológica para superar las experiencias traumáticas que vivieron, al igual que su mamá.

A ellas, sumará una opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad (CDHCM) que señala que los testimonios de las niñas, presentados por Mariel en formato de audio, y lo que declararon ante un agente de la Policía de Investigación capitalina describen que la violencia sexual que vivieron no fueron hechos aislados, sino que ocurrieron “en repetidas ocasiones y no de manera única”.

Mariel considera la reapertura de la carpeta como un triunfo dentro del vaivén jurídico en que se convirtió su vida después de divorciarse de Cavazos y denunciarlo por la presunta violación de sus hijas, ya que, en respuesta a las acusaciones en su contra, el exmagistrado la ha demandado por los delitos de falsedad de declaración, violencia familiar y fraude procesal.

“Por ahora lo que espero es a ver a qué hora la fiscalía de la Ciudad de México emite un comunicado para, así como informó con bombo y platillo que se había cerrado la carpeta de investigación, lo haga con la reapertura. Ya basta de que las víctimas tengamos que mendigar por la justicia”, agregó.

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Familia mexicana lleva 6 meses encerrada en iglesia de Canadá para que no la expulsen

El caso de esta familia mexicana ha despertado la solidaridad de la sociedad canadiense.
6 de junio, 2022
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Era 2009 cuando empezaron a aparecer con más frecuencia noticias como estas:

“México: hallan nueve cuerpos descuartizados”

“La policía mexicana halla 14 cadáveres en una narcofosa”

Hacia ese año la violencia escalaba en México a mano de los carteles del narcotráfico y aumentaron los asesinatos en diferentes regiones del país.

Se hicieron frecuentes los cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales, con advertencias de cárteles que se peleaban entre sí el control del mercado de la droga.

La población civil empezó a verse afectada, especialmente quienes tenían ingresos que pudieran llamar la atención de los cárteles, y eso hizo que muchos mexicanos empezaran a huir para protegerse.

Y fue ese el contexto en el que la familia Pérez (cuya identidad protegemos con un apellido ficticio) temió por su futuro y decidió huir.

Pero ¿cómo esta familia que intentó escapar antes de que fuera tarde, terminó resguardada durante meses en una iglesia protestante en Canadá?

BBC Mundo cuenta su historia.

El viaje

En 2009, cuando la cotidianidad empezó a sentirse muy peligrosa, los Pérez, como muchos otros mexicanos, tomaron la decisión de emigrar.

Llegaron primero a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. Lo que no sabían en ese momento es que, desde 2005, existe el acuerdo de tercer país seguro entre esos dos países.

Así que, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EEUU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá.

Y eso les dijeron a los Pérez las autoridades canadienses, no escucharon su caso, simplemente los regresaron.

Frontera canadá EE.UU.

Getty Images
La familia intentó cruzar por tierra a Canadá desde EE.UU.

Terminaron de nuevo en México sobrellevando la situación. Abrieron un negocio de comidas cerca de un plantel educativo y, como otros, empezaron a percibir la violencia como parte del paisaje.

Hasta que, nueve años después, la situación se volvió insostenible.

Los cárteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas y quien se negaba se enfrentaba a la muerte.

Ese fue el caso de los Pérez. En 2018 “intentaron forzarlos a vender droga en el negocio familiar y como se negaron, recibieron fuertes amenazas”, le explica a BBC Mundo Stewart Istvanffy, el abogado que hoy representa a la familia.

Los llamaban advirtiéndoles que si no colaboraban, tendrían que pagar una cuota periódica al cartel. La familia se mantuvo al margen, nunca aceptaron ser cómplices ni pagar extorsiones.

Hasta que las intimidaciones se hicieron realidad. Una noche mientras estaban descansando en casa, el cártel prendió fuego a su negocio.

Los Pérez supieron que tenían que huir. Algún conocido les había recomendado irse a una ciudad intermedia en Quebec, la provincia francófona de Canadá, y decidieron hacerle caso.

Planearon el viaje en poco tiempo y esta vez volaron directamente a Canadá.

banderas de canadá, EE.UU. y México

Getty Images
Canadá, EE.UU. y México comparten el T-MEC, un tratado de libre comercio que en julio de 2020 sustituyó al Nafta.

Segundo intento

Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal por seis meses, al que tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos.

A las pocas semanas, cuando estaban instalados, contactaron a una abogada que les habían recomendado, y con su asesoría presentaron una solicitud oficial de asilo.

Pero ahí se encontraron con otra sorpresa: los Pérez no sabían que, en 2009, cuando los regresaron a EEUU., había quedado como constancia un rechazo a su petición de asilo y eso, en las leyes canadienses, les impide hacer una nueva solicitud.

“A lo que sí tenían derecho era a algo que se llama Evaluación de Riesgo Antes del Retorno (ERAR por sus siglas en francés)”, explica Istvanffy.

Enviaron documentos para esa evaluación, pero no incluyeron las pruebas más importantes y evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados. Tenían miedo a que les pudieran hacer algo a sus familiares que seguían en México.

Mientras Canadá revisaba el caso, les otorgó un permiso temporal de empleo.

Fue así como durante casi tres años la familia logró tener una cotidianidad. Consiguieron trabajo, una casa, un hijo entró a la escuela, tomaban clases de idiomas y pagaban impuestos.

Durante ese tiempo, otro miembro de la familia intentó retomar el negocio en México.

Había pasado más de un año desde el incendio y cuando el cártel descubrió que estaban atendiendo público empezaron de nuevo las amenazas e intimidaciones.

Como volvieron a negarse, “los encerraron en un baño de la casa , los ataron de pies y manos, echaron gasolina por todas partes y prendieron fuego a la casa. Intentaron quemarlos vivos”, cuenta Istvanffy.

No murieron porque una de las personas logró soltar las ataduras de las manos y liberar a los demás. La casa se quemó completamente y “ellos quedaron con estrés post traumático fuerte y ansiedad”, explica Istvanffy.

Hoy, esa parte de la familia también se encuentra en Canadá y espera recibir asilo.

Hombre con arma

Getty Images
Los carteles incendiaron el negocio y la casa de la familia.

La decisión

La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y todo se retrasó, por eso solo hasta finales de 2021 los Pérez recibieron la respuesta oficial a su petición de asilo.

Para las autoridades canadienses la documentación de la familia no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, así que les enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país al poco tiempo.

“El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los cárteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado”, agrega Istvanffy.

“Es muy triste. Estamos ante un gran riesgo si regresamos a México, un gran riesgo de que nos maten, de que nos asesinen”, le dijo uno de los miembros de la familia a la cadena CBC.

Y esa es justamente una de las críticas que ha hecho la comunidad canadiense al gobierno: por qué le dice a esta familia que no corre riesgo en México, pero al mismo tiempo recomienda a los ciudadanos canadienses no viajar a ese país dada la situación de inseguridad.

La iglesia como última opción

En medio de la angustia por tener que regresar y enfrentarse al cartel que los ha atacado y amenazado, la familia tomó la decisión de refugiarse en una iglesia y apelar al “santuario”, una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta “al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí”, explica Istvanffy.

Según informó la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a CBC: “si bien no existe una restricción legal para que ingrese a un lugar de culto para ejecutar una orden de arresto, la Agencia prefiere involucrarse con las personas sujetas a la aplicación de las leyes de inmigración y la institución que brinda santuario con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario.”

A los Pérez los acogió una iglesia protestante.

Iglesia protestante

Facebook oficial de Plymouth Trinity

“No deseamos contravenir las leyes de inmigración de nuestro país, sino aprovechar la práctica antigua y canónica de ofrecer refugio a las personas que están bajo amenaza o persecución. Deseamos brindarle a la familia el tiempo que necesita para permanecer en este país de manera legal y adecuada, al mismo tiempo que los protegemos de la amenaza muy real para sus vidas y su seguridad si regresan a su lugar de origen”, dijo la congregación en un comunicado.

Hay un comité de la comunidad local que les acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario y que reciban apoyo psicosocial mientras permanezcan en la iglesia. Ellos mismos se encargaron de ponerlos en contacto con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos, quién tomó el caso desde noviembre de 2021.

Istvanffy encontró que los Pérez sí tienen pruebas suficientes para demostrar el peligro que corren en su país, pero que hubo fallas en su caso: “hubo un problema y es que en el proceso del ERAR, la familia no presentó todas las pruebas del peligro”.

La abogada que los asesoró antes no adjuntó toda la documentación y ahora, cuando la situación es aún más crítica, esperan que esas pruebas sean tenidas en cuenta, así como que se escuche a la familia, pues en lo que lleva el proceso nunca han tenido la posibilidad de dar su testimonio a las autoridades.

“Lo que esperamos es que el ministro de Migración de Canadá les dé un estatus temporal y luego la residencia permanente. Esto basado en el apoyo que han recibido de la comunidad canadiense”, agrega el abogado Istvanffy.

Se refiere a varios eventos de solidaridad que se han llevado a cabo en Sherbrooke. Hubo, por ejemplo, una marcha de solidaridad con la familia en la que participaron más de 200 personas. Además han recibido el apoyo de algunos políticos locales.

“Estoy muy optimista. Porque han logrado movilizar gran parte de la comunidad de Sherbrooke. Creo que vamos a ganar eventualmente, no sé cuándo”, agregó.

La alcaldesa de la ciudad en la que se encuentran los Pérez, por su parte, le ha dicho a la prensa canadiense que está conmovida con la historia y anotó que la discutirían internamente.

Entre tanto, la diputada federal que representa a la ciudad en el parlamento se reunió con la familia y lamentó su dramática situación. También le dijo a CBC que, aunque no puede comentar detalles del caso, está en comunicación con el ministro de Migración.

pasaporte mexicano

Getty Images
Los ciudadanos mexicanos pueden estar seis meses en Canadá.

Trasfondo político

Canadá se ha destacado históricamente por acoger personas refugiadas de diversas regiones del mundo y por lo general aparece en la lista de naciones solidarias en medio de las guerras.

Aunque ha recibido refugiados de Europa, África y Asía, su cercanía con Latinoamérica hace que sea un destino viable para esa población.

Muestra de eso es que, después de Ecuador y España, Canadá es el tercer país que ha recibido a más colombianos en calidad de refugiados durante el conflicto interno.

También hay una población importante de chilenos que huyeron del régimen militar de Pinochet, así como salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.

Pero el mayor desafío se ha presentado con México. “El problema es que hay una discriminación bastante fuerte contra los mexicanos porque para el sistema canadiense México representa un desafío importante: pueden entrar sin visa, son miembros del tratado de libre cambio con EEUU. y Canadá. Son nuestros vecinos más inmediatos de Latinoamérica”, explica Istvanffy.

Y agrega, “hace 10, 12 años, más de la cuarta parte de la gente que pedía refugio en Canadá eran mexicanos. Así que buscaron un sistema de trabas para impedir que los mexicanos entren fácilmente a Canadá”.

Entre tanto, los Pérez ya completan seis meses refugiados en la iglesia de Sherbrooke y, aunque están seguros, su cotidianidad no ha sido nada fácil en medio del encierro.

Es tal el miedo que sienten que no quieren dar entrevistas porque temen que el cártel tome represalias en México. Saben que haberlos denunciado en otro país es un desafío muy peligroso.

“Lo más probable es que mueran en México. No tienen a dónde ir. Uno de los carteles más peligrosos los ha amenazado. Es un grupo muy violento, es la muerte lo que les espera”, concluye Istvanffy


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