Hoy, quinto intento de audiencia inicial por el colapso de la Línea 12
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Hoy, quinto intento de audiencia inicial por caso Línea 12; contra lo que marca la ley, no se permitirá paso a público o medios

A 14 meses del desplome que causó la muerte de 26 capitalinos y heridas a más de 100, nuevamente se buscará realizar la audiencia para imputar a 10 personas por homicidio y lesiones culposas. El exdirector del Proyecto Metro es uno de los señalados.
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El Poder Judicial de la CDMX realizará este jueves un nuevo intento por llevar a cabo la audiencia inicial en contra de los 10 imputados por el colapso de la Línea 12 del Metro.  

A más de un año de la tragedia que cobró la vida de 26 personas y dejó más de 100 heridos, este será el quinto intento para celebrar la audiencia. De octubre de 2021 a la fecha, se ha diferido en cuatro ocasiones, lo que mantiene el proceso estancado. 

De acuerdo con autoridades judiciales de la CDMX, se prevé que esta audiencia sea privada, es decir, que se realice a puerta cerrada sin permitir la entrada al público en general o a periodistas, a pesar de que la Constitución del país y el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) estipulan que todas las audiencias deben ser públicas.

El argumento de las autoridades para esto es el aumento de los casos de COVID-19. Sin embargo, aun cuando los contagios habían descendido y la CDMX pasó a semáforo verde, todos los intentos de audiencia anteriores siempre se han llevado a cabo en privado. 

En contraste, el Poder Judicial federal desde el inicio de la pandemia habilitó canales de comunicación a fin de que las audiencias, principalmente aquellas relacionadas a casos de corrupción en la administración pública y que son de interés general —como el caso Odebrecht—, pudieran seguirse en tiempo real. 

Lo mismo sucedió con la primera audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía acusar a cuatro abogados presuntamente cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Aunque controlado para no saturar la sala y manteniendo las medidas sanitarias como el uso permanente de cubrebocas, se permitió el acceso al lugar.

Ya fuera que se permitiera el paso a la sala a un reducido grupo de personas, el uso de chats en los que personal del Poder Judicial escribía en tiempo real lo que sucedía o con la habilitación de salas contiguas, donde a través del circuito cerrado se podrían seguir las audiencias, las autoridades buscaron cumplir en la mayor medida las disposiciones de la ley.

Recientemente, en Chihuahua a los medios de comunicación se les permitió el acceso a una sala contigua donde se colocó un monitor y desde ahí se pudo seguir la audiencia inicial del exgobernador César Duarte, quien es acusado de peculado de 96 millones de pesos.

Según explicó el Poder Judicial local, los jueces capitalinos pueden restringir el acceso a las salas de audiencias —a pesar de lo que estipulan la Constitución y el CNPP— al amparo de la circular CJCDMX-11/2022, en la que se establece que será decisión de ellos permitir o no el ingreso. 

Adriana Greaves, cofundadora de Tojil, reclamó que las autoridades capitalinas sigan ocupando la pandemia como una excusa para no ser transparentes, particularmente en un caso de tal trascendencia como el colapso de la Línea 12, del cual, subrayó, toda la población no solo tiene derecho a conocer la verdad de los hechos, sino a estar al tanto y dar seguimiento al actuar de los jueces.

“Nos parece ridículo que dos años después de la pandemia no hayan instalado mecanismos para permitir esta publicidad (de las audiencias) de manera remota y en tiempo real. Esta limitante evidentemente lastima uno de los principios fundamentales del principio penal que es la transparencia y la publicidad”, sostuvo Greaves.

“En todos estos casos que lastiman a la ciudadanía, al interés público, a la gente que pagamos impuestos, evidentemente hay más razones de peso por las cuales la publicidad (de las audiencias) debería estar ahí. Todos debemos tener acceso a esa verdad, a saber cómo se ha trabajado desde la fiscalía la investigación y los jueces qué criterios están emitiendo para la búsqueda de la verdad, reparación del daño y la posible imputación de responsabilidad de alguien”, agregó.

Desde el inicio de la pandemia, Tojil ha denunciado y presentado amparos en contra de la negativa de las autoridades judiciales para abrir y transparentar las audiencias, porque opciones no faltan: chats, salas contiguas con circuito cerrado e incluso transmisiones a través de plataformas como Zoom.

“En este caso (el colapso de la Línea 12) se nos hace mucho más grave, y que a estas alturas digan que es por COVID me parece que no está justificado y no está correctamente fundado y motivado porque existen diferentes alternativas. Si fuese por un tema solo de salud pública, entonces las escuelas y demás seguirán cerradas, cosa que ya no está”, insistió Greaves.

“Llamamos a que abran y que nos permitan a los ciudadanos seguir confiando en la impartición de justicia que hacen sus jueces y que eliminemos esa opacidad que tanto trabajo nos costó a la ciudadanía ganar en este nuevo sistema, porque recordemos que las audiencias son públicas y la ciudadanía es el mejor contrapeso que pueden tener, porque somos quienes verdaderamente vigilamos que haya justicia”.

Línea 12: proceso estancado 

El 18 de octubre de 2021, cinco meses después del colapso de una parte del viaducto elevado de la Línea 12, la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) anunció que judicializaría la carpeta de investigación y que acusaría a 10 personas por homicidio y lesiones culposas, así como por daño a la propiedad. Una semana más tarde, se convocó a la audiencia inicial, pero desde esa fecha no se ha concretado.

El 25 de octubre de 2021 fue la primera convocatoria. Aquel día, Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, no acudió a la cita porque refirió tener síntomas de COVID-19. Dentro de la sala, a la cual no se permitió el acceso, los asesores legales de las víctimas no lograron ponerse de acuerdo sobre quiénes eran sus representados, así que tras nueve horas el juez decidió diferir la audiencia para el 3 de diciembre.

Aquel día sí acudieron todos los imputados. De hecho, fue la primera vez que se vio a Horcasitas después del accidente en la Línea 12. Antes de entrar a la audiencia, a la cual tampoco se permitió el acceso, el exfuncionario dijo que su presencia obedecía a que su principal interés es que se aclaren las causas y demostrar que es inocente de los cargos que le imputan.

Después de seis horas el juez decidió, por segunda ocasión, diferir la audiencia y convocarla para el 7 de marzo de 2022.

Una semana antes de esa fecha, el juez dio a conocer que la audiencia se volvería a diferir al 2 de mayo —un día antes de que se cumpliera un año del colapso—, porque apenas entregaría 10 nuevos tomos y poco más de 20 anexos de la carpeta de investigación a las partes, que requerirían tiempo para revisar documentos.

El 2 de mayo, una vez más a puerta cerrada, se intentó llevar a cabo la audiencia. Pero de nueva cuenta, tras seis horas, el juez decidió diferirla, ahora para el 6 de junio; sin embargo, en esa fecha tampoco se materializó el procedimiento porque, resultado de una queja de uno de los abogados defensores, se informó que cambiarían de juez.

Catorce meses después de la tragedia que cobró la vida de 26 personas y dejó a más de 100 lesionados es como se llega a este jueves 14 de julio para intentar, por quinta ocasión, llevar a cabo la audiencia inicial por el colapso de la Línea 12.

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Familia mexicana lleva 6 meses encerrada en iglesia de Canadá para que no la expulsen

El caso de esta familia mexicana ha despertado la solidaridad de la sociedad canadiense.
6 de junio, 2022
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Era 2009 cuando empezaron a aparecer con más frecuencia noticias como estas:

“México: hallan nueve cuerpos descuartizados”

“La policía mexicana halla 14 cadáveres en una narcofosa”

Hacia ese año la violencia escalaba en México a mano de los carteles del narcotráfico y aumentaron los asesinatos en diferentes regiones del país.

Se hicieron frecuentes los cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales, con advertencias de cárteles que se peleaban entre sí el control del mercado de la droga.

La población civil empezó a verse afectada, especialmente quienes tenían ingresos que pudieran llamar la atención de los cárteles, y eso hizo que muchos mexicanos empezaran a huir para protegerse.

Y fue ese el contexto en el que la familia Pérez (cuya identidad protegemos con un apellido ficticio) temió por su futuro y decidió huir.

Pero ¿cómo esta familia que intentó escapar antes de que fuera tarde, terminó resguardada durante meses en una iglesia protestante en Canadá?

BBC Mundo cuenta su historia.

El viaje

En 2009, cuando la cotidianidad empezó a sentirse muy peligrosa, los Pérez, como muchos otros mexicanos, tomaron la decisión de emigrar.

Llegaron primero a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. Lo que no sabían en ese momento es que, desde 2005, existe el acuerdo de tercer país seguro entre esos dos países.

Así que, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EEUU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá.

Y eso les dijeron a los Pérez las autoridades canadienses, no escucharon su caso, simplemente los regresaron.

Frontera canadá EE.UU.

Getty Images
La familia intentó cruzar por tierra a Canadá desde EE.UU.

Terminaron de nuevo en México sobrellevando la situación. Abrieron un negocio de comidas cerca de un plantel educativo y, como otros, empezaron a percibir la violencia como parte del paisaje.

Hasta que, nueve años después, la situación se volvió insostenible.

Los cárteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas y quien se negaba se enfrentaba a la muerte.

Ese fue el caso de los Pérez. En 2018 “intentaron forzarlos a vender droga en el negocio familiar y como se negaron, recibieron fuertes amenazas”, le explica a BBC Mundo Stewart Istvanffy, el abogado que hoy representa a la familia.

Los llamaban advirtiéndoles que si no colaboraban, tendrían que pagar una cuota periódica al cartel. La familia se mantuvo al margen, nunca aceptaron ser cómplices ni pagar extorsiones.

Hasta que las intimidaciones se hicieron realidad. Una noche mientras estaban descansando en casa, el cártel prendió fuego a su negocio.

Los Pérez supieron que tenían que huir. Algún conocido les había recomendado irse a una ciudad intermedia en Quebec, la provincia francófona de Canadá, y decidieron hacerle caso.

Planearon el viaje en poco tiempo y esta vez volaron directamente a Canadá.

banderas de canadá, EE.UU. y México

Getty Images
Canadá, EE.UU. y México comparten el T-MEC, un tratado de libre comercio que en julio de 2020 sustituyó al Nafta.

Segundo intento

Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal por seis meses, al que tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos.

A las pocas semanas, cuando estaban instalados, contactaron a una abogada que les habían recomendado, y con su asesoría presentaron una solicitud oficial de asilo.

Pero ahí se encontraron con otra sorpresa: los Pérez no sabían que, en 2009, cuando los regresaron a EEUU., había quedado como constancia un rechazo a su petición de asilo y eso, en las leyes canadienses, les impide hacer una nueva solicitud.

“A lo que sí tenían derecho era a algo que se llama Evaluación de Riesgo Antes del Retorno (ERAR por sus siglas en francés)”, explica Istvanffy.

Enviaron documentos para esa evaluación, pero no incluyeron las pruebas más importantes y evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados. Tenían miedo a que les pudieran hacer algo a sus familiares que seguían en México.

Mientras Canadá revisaba el caso, les otorgó un permiso temporal de empleo.

Fue así como durante casi tres años la familia logró tener una cotidianidad. Consiguieron trabajo, una casa, un hijo entró a la escuela, tomaban clases de idiomas y pagaban impuestos.

Durante ese tiempo, otro miembro de la familia intentó retomar el negocio en México.

Había pasado más de un año desde el incendio y cuando el cártel descubrió que estaban atendiendo público empezaron de nuevo las amenazas e intimidaciones.

Como volvieron a negarse, “los encerraron en un baño de la casa , los ataron de pies y manos, echaron gasolina por todas partes y prendieron fuego a la casa. Intentaron quemarlos vivos”, cuenta Istvanffy.

No murieron porque una de las personas logró soltar las ataduras de las manos y liberar a los demás. La casa se quemó completamente y “ellos quedaron con estrés post traumático fuerte y ansiedad”, explica Istvanffy.

Hoy, esa parte de la familia también se encuentra en Canadá y espera recibir asilo.

Hombre con arma

Getty Images
Los carteles incendiaron el negocio y la casa de la familia.

La decisión

La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y todo se retrasó, por eso solo hasta finales de 2021 los Pérez recibieron la respuesta oficial a su petición de asilo.

Para las autoridades canadienses la documentación de la familia no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, así que les enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país al poco tiempo.

“El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los cárteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado”, agrega Istvanffy.

“Es muy triste. Estamos ante un gran riesgo si regresamos a México, un gran riesgo de que nos maten, de que nos asesinen”, le dijo uno de los miembros de la familia a la cadena CBC.

Y esa es justamente una de las críticas que ha hecho la comunidad canadiense al gobierno: por qué le dice a esta familia que no corre riesgo en México, pero al mismo tiempo recomienda a los ciudadanos canadienses no viajar a ese país dada la situación de inseguridad.

La iglesia como última opción

En medio de la angustia por tener que regresar y enfrentarse al cartel que los ha atacado y amenazado, la familia tomó la decisión de refugiarse en una iglesia y apelar al “santuario”, una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta “al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí”, explica Istvanffy.

Según informó la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a CBC: “si bien no existe una restricción legal para que ingrese a un lugar de culto para ejecutar una orden de arresto, la Agencia prefiere involucrarse con las personas sujetas a la aplicación de las leyes de inmigración y la institución que brinda santuario con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario.”

A los Pérez los acogió una iglesia protestante.

Iglesia protestante

Facebook oficial de Plymouth Trinity

“No deseamos contravenir las leyes de inmigración de nuestro país, sino aprovechar la práctica antigua y canónica de ofrecer refugio a las personas que están bajo amenaza o persecución. Deseamos brindarle a la familia el tiempo que necesita para permanecer en este país de manera legal y adecuada, al mismo tiempo que los protegemos de la amenaza muy real para sus vidas y su seguridad si regresan a su lugar de origen”, dijo la congregación en un comunicado.

Hay un comité de la comunidad local que les acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario y que reciban apoyo psicosocial mientras permanezcan en la iglesia. Ellos mismos se encargaron de ponerlos en contacto con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos, quién tomó el caso desde noviembre de 2021.

Istvanffy encontró que los Pérez sí tienen pruebas suficientes para demostrar el peligro que corren en su país, pero que hubo fallas en su caso: “hubo un problema y es que en el proceso del ERAR, la familia no presentó todas las pruebas del peligro”.

La abogada que los asesoró antes no adjuntó toda la documentación y ahora, cuando la situación es aún más crítica, esperan que esas pruebas sean tenidas en cuenta, así como que se escuche a la familia, pues en lo que lleva el proceso nunca han tenido la posibilidad de dar su testimonio a las autoridades.

“Lo que esperamos es que el ministro de Migración de Canadá les dé un estatus temporal y luego la residencia permanente. Esto basado en el apoyo que han recibido de la comunidad canadiense”, agrega el abogado Istvanffy.

Se refiere a varios eventos de solidaridad que se han llevado a cabo en Sherbrooke. Hubo, por ejemplo, una marcha de solidaridad con la familia en la que participaron más de 200 personas. Además han recibido el apoyo de algunos políticos locales.

“Estoy muy optimista. Porque han logrado movilizar gran parte de la comunidad de Sherbrooke. Creo que vamos a ganar eventualmente, no sé cuándo”, agregó.

La alcaldesa de la ciudad en la que se encuentran los Pérez, por su parte, le ha dicho a la prensa canadiense que está conmovida con la historia y anotó que la discutirían internamente.

Entre tanto, la diputada federal que representa a la ciudad en el parlamento se reunió con la familia y lamentó su dramática situación. También le dijo a CBC que, aunque no puede comentar detalles del caso, está en comunicación con el ministro de Migración.

pasaporte mexicano

Getty Images
Los ciudadanos mexicanos pueden estar seis meses en Canadá.

Trasfondo político

Canadá se ha destacado históricamente por acoger personas refugiadas de diversas regiones del mundo y por lo general aparece en la lista de naciones solidarias en medio de las guerras.

Aunque ha recibido refugiados de Europa, África y Asía, su cercanía con Latinoamérica hace que sea un destino viable para esa población.

Muestra de eso es que, después de Ecuador y España, Canadá es el tercer país que ha recibido a más colombianos en calidad de refugiados durante el conflicto interno.

También hay una población importante de chilenos que huyeron del régimen militar de Pinochet, así como salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.

Pero el mayor desafío se ha presentado con México. “El problema es que hay una discriminación bastante fuerte contra los mexicanos porque para el sistema canadiense México representa un desafío importante: pueden entrar sin visa, son miembros del tratado de libre cambio con EEUU. y Canadá. Son nuestros vecinos más inmediatos de Latinoamérica”, explica Istvanffy.

Y agrega, “hace 10, 12 años, más de la cuarta parte de la gente que pedía refugio en Canadá eran mexicanos. Así que buscaron un sistema de trabas para impedir que los mexicanos entren fácilmente a Canadá”.

Entre tanto, los Pérez ya completan seis meses refugiados en la iglesia de Sherbrooke y, aunque están seguros, su cotidianidad no ha sido nada fácil en medio del encierro.

Es tal el miedo que sienten que no quieren dar entrevistas porque temen que el cártel tome represalias en México. Saben que haberlos denunciado en otro país es un desafío muy peligroso.

“Lo más probable es que mueran en México. No tienen a dónde ir. Uno de los carteles más peligrosos los ha amenazado. Es un grupo muy violento, es la muerte lo que les espera”, concluye Istvanffy


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