El Poder Judicial de la CDMX realizará este jueves un nuevo intento por llevar a cabo la audiencia inicial en contra de los 10 imputados por el colapso de la Línea 12 del Metro.
A más de un año de la tragedia que cobró la vida de 26 personas y dejó más de 100 heridos, este será el quinto intento para celebrar la audiencia. De octubre de 2021 a la fecha, se ha diferido en cuatro ocasiones, lo que mantiene el proceso estancado.
De acuerdo con autoridades judiciales de la CDMX, se prevé que esta audiencia sea privada, es decir, que se realice a puerta cerrada sin permitir la entrada al público en general o a periodistas, a pesar de que la Constitución del país y el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) estipulan que todas las audiencias deben ser públicas.
El argumento de las autoridades para esto es el aumento de los casos de COVID-19. Sin embargo, aun cuando los contagios habían descendido y la CDMX pasó a semáforo verde, todos los intentos de audiencia anteriores siempre se han llevado a cabo en privado.
En contraste, el Poder Judicial federal desde el inicio de la pandemia habilitó canales de comunicación a fin de que las audiencias, principalmente aquellas relacionadas a casos de corrupción en la administración pública y que son de interés general —como el caso Odebrecht—, pudieran seguirse en tiempo real.
Lo mismo sucedió con la primera audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía acusar a cuatro abogados presuntamente cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Aunque controlado para no saturar la sala y manteniendo las medidas sanitarias como el uso permanente de cubrebocas, se permitió el acceso al lugar.
Ya fuera que se permitiera el paso a la sala a un reducido grupo de personas, el uso de chats en los que personal del Poder Judicial escribía en tiempo real lo que sucedía o con la habilitación de salas contiguas, donde a través del circuito cerrado se podrían seguir las audiencias, las autoridades buscaron cumplir en la mayor medida las disposiciones de la ley.
Recientemente, en Chihuahua a los medios de comunicación se les permitió el acceso a una sala contigua donde se colocó un monitor y desde ahí se pudo seguir la audiencia inicial del exgobernador César Duarte, quien es acusado de peculado de 96 millones de pesos.
Según explicó el Poder Judicial local, los jueces capitalinos pueden restringir el acceso a las salas de audiencias —a pesar de lo que estipulan la Constitución y el CNPP— al amparo de la circular CJCDMX-11/2022, en la que se establece que será decisión de ellos permitir o no el ingreso.
Adriana Greaves, cofundadora de Tojil, reclamó que las autoridades capitalinas sigan ocupando la pandemia como una excusa para no ser transparentes, particularmente en un caso de tal trascendencia como el colapso de la Línea 12, del cual, subrayó, toda la población no solo tiene derecho a conocer la verdad de los hechos, sino a estar al tanto y dar seguimiento al actuar de los jueces.
“Nos parece ridículo que dos años después de la pandemia no hayan instalado mecanismos para permitir esta publicidad (de las audiencias) de manera remota y en tiempo real. Esta limitante evidentemente lastima uno de los principios fundamentales del principio penal que es la transparencia y la publicidad”, sostuvo Greaves.
“En todos estos casos que lastiman a la ciudadanía, al interés público, a la gente que pagamos impuestos, evidentemente hay más razones de peso por las cuales la publicidad (de las audiencias) debería estar ahí. Todos debemos tener acceso a esa verdad, a saber cómo se ha trabajado desde la fiscalía la investigación y los jueces qué criterios están emitiendo para la búsqueda de la verdad, reparación del daño y la posible imputación de responsabilidad de alguien”, agregó.
Desde el inicio de la pandemia, Tojil ha denunciado y presentado amparos en contra de la negativa de las autoridades judiciales para abrir y transparentar las audiencias, porque opciones no faltan: chats, salas contiguas con circuito cerrado e incluso transmisiones a través de plataformas como Zoom.
“En este caso (el colapso de la Línea 12) se nos hace mucho más grave, y que a estas alturas digan que es por COVID me parece que no está justificado y no está correctamente fundado y motivado porque existen diferentes alternativas. Si fuese por un tema solo de salud pública, entonces las escuelas y demás seguirán cerradas, cosa que ya no está”, insistió Greaves.
“Llamamos a que abran y que nos permitan a los ciudadanos seguir confiando en la impartición de justicia que hacen sus jueces y que eliminemos esa opacidad que tanto trabajo nos costó a la ciudadanía ganar en este nuevo sistema, porque recordemos que las audiencias son públicas y la ciudadanía es el mejor contrapeso que pueden tener, porque somos quienes verdaderamente vigilamos que haya justicia”.
Línea 12: proceso estancado
El 18 de octubre de 2021, cinco meses después del colapso de una parte del viaducto elevado de la Línea 12, la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) anunció que judicializaría la carpeta de investigación y que acusaría a 10 personas por homicidio y lesiones culposas, así como por daño a la propiedad. Una semana más tarde, se convocó a la audiencia inicial, pero desde esa fecha no se ha concretado.
El 25 de octubre de 2021 fue la primera convocatoria. Aquel día, Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, no acudió a la cita porque refirió tener síntomas de COVID-19. Dentro de la sala, a la cual no se permitió el acceso, los asesores legales de las víctimas no lograron ponerse de acuerdo sobre quiénes eran sus representados, así que tras nueve horas el juez decidió diferir la audiencia para el 3 de diciembre.
Aquel día sí acudieron todos los imputados. De hecho, fue la primera vez que se vio a Horcasitas después del accidente en la Línea 12. Antes de entrar a la audiencia, a la cual tampoco se permitió el acceso, el exfuncionario dijo que su presencia obedecía a que su principal interés es que se aclaren las causas y demostrar que es inocente de los cargos que le imputan.
Después de seis horas el juez decidió, por segunda ocasión, diferir la audiencia y convocarla para el 7 de marzo de 2022.
Una semana antes de esa fecha, el juez dio a conocer que la audiencia se volvería a diferir al 2 de mayo —un día antes de que se cumpliera un año del colapso—, porque apenas entregaría 10 nuevos tomos y poco más de 20 anexos de la carpeta de investigación a las partes, que requerirían tiempo para revisar documentos.
El 2 de mayo, una vez más a puerta cerrada, se intentó llevar a cabo la audiencia. Pero de nueva cuenta, tras seis horas, el juez decidió diferirla, ahora para el 6 de junio; sin embargo, en esa fecha tampoco se materializó el procedimiento porque, resultado de una queja de uno de los abogados defensores, se informó que cambiarían de juez.
Catorce meses después de la tragedia que cobró la vida de 26 personas y dejó a más de 100 lesionados es como se llega a este jueves 14 de julio para intentar, por quinta ocasión, llevar a cabo la audiencia inicial por el colapso de la Línea 12.
