Luz Raquel Padilla Gutiérrez murió el pasado 19 de julio a causa de las heridas que sufrió tres días antes, cuando cinco personas le arrojaron gasolina y le prendieron fuego. Esta agresión ocurrió días después de que fuera amenazada por algunos de sus vecinos, a quienes les molestaban los ruidos que hacía su hijo, Bruno, un niño de 11 años diagnosticado con autismo severo.
La joven madre de 35 años fue enterrada este jueves 21 de julio, mientras se realizaban protestas en la Ciudad de México y Jalisco para exigir justicia por su asesinato.
Al tiempo que esas demandas continúan y las investigaciones siguen su marcha, presentamos las claves del caso, así como de las omisiones y fallas por parte de las autoridades.
Las amenazas
Luz denunció amenazas de sus vecinos, quienes la agredían y amagaban constantemente, alegando que no soportaban las crisis de Bruno.
La violencia escaló el pasado 16 de mayo, cuando la madre de su vecino le arrojó cloro, ocasionando lesiones en su pecho y tórax. Luz acudió a recibir atención médica, donde le dijeron que tenían que atenderle las quemaduras y hacerle una cirugía en el pecho debido a los daños.
Después de recibir su parte médico, acudió a la Comisaría de Zapopan para reportar lo sucedido y pedir ayuda. Según relatan personas cercanas a la joven, Luz solicitó integrarse al mecanismo de pulso de vida, con el que se entrega un dispositivo geolocalizador que permite hacer un llamado de auxilio a la policía municipal. Sin embargo, las autoridades se lo negaron.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) documentó que no se le entregó bajo la justificación de que “las amenazas que recibía por parte de ‘terceros’ no eran causa suficiente para ser beneficiaria”.
El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, en entrevista para W Radio aseguró que la joven no solicitó el dispositivo y como medida para prevenir agresiones se le dio una orden de restricción.
Sin embargo, como lo documentó Animal Político, las autoridades de Jalisco están obligadas a atender cualquier denuncia —formal e informal— de una víctima y otorgar varias medidas de protección, no solo una orden.
En distintas ocasiones, Sandra Quiñones, de CLADEM, ha denunciado que las autoridades jaliscienses se limitan a entregar órdenes de restricción, pese a que se ha comprobado que los agresores suelen no respetarlas y a que cada víctima necesita de varios y distintos mecanismos de protección.
Por ejemplo, Luz pudo haber recibido atención médica gratuita, ser trasladada junto con su hijo a un alojamiento seguro, recibir custodia personal o domiciliaria, recursos económicos o equipos electrónicos, como el pulso de vida, proyecto insignia de las autoridades de Jalisco para prevenir los feminicidios.
Además, agresiones como las que sufrió Luz, por parte de sus vecinos, deben ser atendidas por mecanismos de justicia cotidiana. Sin embargo, como ha documentado este medio, los aparatos institucionales diseñados para atender conflictos familiares, laborales o vecinales subsisten entre inmanejables cargas de trabajo, falta de profesionalización de sus empleados, ausencia de datos y acumulación de errores que les impiden cumplir con su principal objetivo: solucionar los problemas cotidianos.
En México, al menos la mitad de la población ha estado en estas situaciones, pero solo el 10% ha podido resolverlas.
La discriminación contra Bruno
Jalisco es uno de los 22 estados que tienen una ley para proteger a personas con autismo, que se derivan de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Condición del Espectro Autista.
La ley local funciona desde 2018. En ella se establece que se tiene que velar por el bienestar, el cuidado y la no discriminación de las personas diagnosticadas con el espectro autista.
Tonatiuh Lay, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que en este caso se pudo evidenciar que la integridad de Bruno no fue protegida por las autoridades, pese a ser una obligación legal.
Bruno fue corrido del centro donde recibía cuidados porque lo consideraron muy agresivo. Esto hizo que Luz tuviera que quedarse en casa a su cuidado las 24 horas del día. Al respecto, Lay explica que las personas autistas tienen derecho al apoyo, sobre todo en cuanto a educación y salud. En cambio, las autoridades no canalizaron a Bruno a otro centro.
El académico también señaló que los comentarios y las amenazas de los vecinos sobre la condición de Bruno evidencian discriminación a las personas con discapacidad psicosocial.
“Como una persona con autismo, lo que tenía que haber hecho el estado era sensibilizar (a la comunidad vecinal), el municipio en este caso, pues decir: ‘sí, aquí vive una persona con autismo, estas son sus características, estas son las situaciones que pueden molestar y poner en estado de crisis’”, expuso Lay.
El asesinato y el inicio de investigaciones
El sábado 16 de julio, Luz acudió a su clase de meditación, pero en su camino de regreso a casa la atacaron en el parque vecinal. De acuerdo con los testimonios recopilados por la policía municipal, la agredieron cinco personas —cuatro hombres y una mujer— que después huyeron.
La madre de Luz fue al sitio y su hija le dijo que su vecino fue el autor intelectual. Después, se desmayó y fue llevada a los servicios médicos.
La colectiva Yo Cuido México denuncia que uno de los elementos de seguridad escuchó la declaración de la joven a su madre, pero cuando los policías dieron el primer informe de los hechos, reportaron que había sido agredida por una expareja sentimental.
La joven falleció el martes 19 de julio. Tras el hecho, elementos de la Fiscalía de Jalisco acudieron al sitio de la agresión para recopilar evidencias. A partir de ahí, la institución inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.
Hasta ahora hay un detenido relacionado con el caso. Se trata de Sergio Ismael “N”, cuyo arresto se dio a conocer este jueves 21 de julio, pero los motivos de su aprehensión son independientes al de la carpeta por feminicidio.
“Su detención es por una denuncia que Luz había puesto en un incidente anterior, esto no exime que luego de una investigación integral y exhaustiva, en caso de que se compruebe la participación de Sergio en el feminicidio de Luz, se le pueda imputar este otro delito de feminicidio”, señaló Natalia Rojas, de CLADEM.
¿Feminicidio o crimen de odio por discapacidad?
Para Natalia Rojas, de CLADEM, el caso sí debe investigarse como un feminicidio, pero también “tiene diferentes aristas” que obligan que las indagatorias se hagan con enfoque, intersecciones, perspectiva de género y derechos humanos.
En contraste, la colectiva Yo Cuido México, en su capítulo Jalisco, hizo un llamado a que se realice la investigación bajo el delito de crimen de odio, pues los agresores actuaron contra Luz debido a que discriminaban y odiaban la condición autista de su hijo.
El futuro de Bruno
De acuerdo con personas cercanas a la familia, Bruno se quedará bajo el cuidado de su abuela materna, pues su padre desde hace muchos años se ausentó de sus cuidados. Para sacar adelante a Bruno, la abuela solo cuenta con el apoyo de su otra hija.
Tras el asesinato de Luz, el gobierno municipal de Zapopan se comprometió a dar una beca vitalicia a Bruno y otro apoyo a su abuela, en calidad de su cuidadora. Además, prometió incorporarlo al Centro Autista para que reciba atención integral, como educación, terapias y acompañamiento psicológico.
El gobierno de Jalisco emitió un comunicado en el que aseguró que la Secretaría del Sistema de Atención Social (SSAS) trabaja en coordinación con Zapopan para ayudar a la familia, aunque no se ha especificado la beca a entregar ni la fecha de inicio.
Las autoridades tampoco han hablado de contemplar la reubicación de la familia, puesto que la amenazaron e intimidaron sus vecinos y estos son señalados como los presuntos agresores.
Hasta el momento, la familia se ha mantenido reservada y a través de la colectiva Yo Cuido México, de la cual Luz era integrante, ha declarado que solo exige justicia para la joven.
