Morena elige integrantes de Congreso Nacional entre litigios y tensiones
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Morena elige a los integrantes de su Congreso Nacional entre impugnaciones judiciales y amagos de ruptura interna

Este fin de semana, el partido fundado por el presidente López Obrador elegirá a los integrantes de su máximo órgano de decisión. Militantes afines al senador Ricardo Monreal acusan exclusión, mientras la dirigencia de Mario Delgado señala que hay quienes actúan en contra del movimiento.
Cuartoscuro
30 de julio, 2022
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Este sábado y domingo, las y los morenistas elegirán a los integrantes de su órgano máximo de decisión, el Congreso Nacional, en un proceso interno que ha sido impugnado ante el Tribunal Electoral federal y entre acusaciones de manipulación de las listas de candidatos a congresistas por parte de la dirigencia del partido.

Hasta ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) registraba 49 impugnaciones de militantes a la convocatoria al Tercer Congreso Nacional del partido —que se realizará el 18 y 17 de septiembre— y por irregularidades en la organización de la elección de los liderazgos que integrarán dicho Congreso.

Una buena parte de las quejas proviene de morenistas que acusaron haber sido “rasurados” injustificadamente de las listas de candidatos a congresistas nacionales. El proceso electivo se realizará este fin de semana en los 300 distritos electorales del país. En cada distrito serán electos cinco hombres y cinco mujeres, mismos que, a su vez, se convertirán en coordinadores distritales y congresistas y consejeros estatales.

El Congreso Nacional es el máximo órgano de decisión del partido y sesiona de manera ordinaria cada año. El Tercer Congreso tenía que realizarse desde 2018, pero, por conflictos internos relacionados con el padrón de militantes, y luego a causa de la pandemia de COVID-19, este no se había llevado a cabo. 

En octubre de 2020, se renovaron la presidencia y la secretaría general del partido, pero quedó pendiente la renovación de las secretarías del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), así como de los Congresos y Comités Directivos Estatales.

Los 3 mil militantes que serán electos este fin de semana como congresistas tendrán la facultad de reformar los estatutos del partido, designar a los integrantes del CEN y aprobar métodos de selección de candidaturas. Además, por tratarse ellos mismos de liderazgos locales y nacionales, en los hechos, tienen altas posibilidades de convertirse en candidatos a puestos de elección popular.

De hecho, para quienes han promovido recursos judiciales ante el TEPJF, su exclusión de las listas de candidatos a congresistas nacionales significa una represalia hacia personajes críticos de la dirigencia que encabeza Mario Delgado, según declararon en entrevistas con Animal Político

También señalaron que se trata de una estrategia para asegurar el control de la designación de candidaturas para el Estado de México y Coahuila —que celebran elecciones en 2023—, pero, sobre todo, para la elección federal de 2024, cuando se renovarán gubernaturas, diputaciones federales, senadurías y la Presidencia de la República.

Entre quienes han impugnado su exclusión de las listas para congresistas se encuentran René Bejarano, excolaborador de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno de la CDMX y conocido por los videoescándalos en los que fue captado recibiendo dinero en efectivo; Alejandro Rojas Díaz Durán, asesor técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, y Gibrán Ramírez, extitular de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) del IMSS.

Este medio contactó a los tres afectados. Bejarano dijo que no quería hacer declaraciones. En tanto, Rojas Díaz Durán y Ramírez señalaron que la decisión de “rasurarlos” de las listas es un claro ataque a los grupos políticos que apoyan las aspiraciones a la candidatura presidencial del senador Ricardo Monreal, a quien ellos respaldan.

También advirtieron que se prevé, en el Congreso Nacional de septiembre, una reforma estatutaria para establecer de manera definitiva que la candidatura presidencial de Morena se defina mediante una encuesta controlada por la dirigencia del partido a través de la Comisión Nacional de Elecciones.

El propio Monreal señaló, a través de dos videos, que en el proceso interno rumbo al Congreso Nacional se había excluido inexplicablemente a fundadores del partido, y anunció que, en protesta, él no se inscribirá como candidato a congresista. Agregó que, tras este proceso tan cuestionado, se requerirá una “operación cicatriz” para sanar la división interna.

“Hay vicios de origen, dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, de militantes y simpatizantes, sin que haya de por medio un proceso de expulsión o suspensión de derechos, sino simplemente por el criterio arbitrario de las dirigencias”, dijo el zacatecano.

“No quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten (durante la elección de congresistas). No vamos a participar y vamos a mantener la prudencia y la ecuanimidad. Soy de los que piensan que necesitamos reconciliación, y después del proceso se va a requerir restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita”.

Dirigencia de Morena alega traición al partido

El dirigente de Morena, Mario Delgado, ha sostenido que la eliminación de los nombres de varios militantes de las listas de candidatos a congresistas fue por no haber aprobado los requisitos de elegibilidad, criterio que, a decir de los afectados, se sustentó en el hecho de si habían criticado a la dirigencia o se habían disciplinado con ella.

En una conferencia del 25 de julio, Delgado —cuyo mandato vence en octubre de 2023— declaró que fueron excluidos quienes han demostrado “estar en contra de Morena”.

“Y bueno, no me voy a referir a perfiles en lo particular, pero una cosa es respetar la pluralidad, la divergencia de ideas, y otra cosa es permitir que gente que ha enfrentado a nuestro movimiento, o que señala a nuestro movimiento, pues quiera ser dirigente”, afirmó.

“Yo respeto que a veces no se esté de acuerdo con una candidatura, pero todos tenemos que ser responsables, pero ya, si doy un paso más y además actúas en contra del movimiento, ¿pues cómo quieres ser dirigente del movimiento si ya te pusiste en contra del mismo? Entonces, un dirigente debe tener la madurez de poder aceptar las decisiones cuando no nos favorecen. Tenemos esa libertad y somos plurales, pero, pues, ya la gente que demostró que está en contra de Morena, pues ahí, con todo respeto, no tienen por qué formar parte de la dirigencia de Morena”.

Acusan purga de afines a Monreal y control de encuestas

La exclusión de algunos perfiles contrasta con los nombres de los militantes cuyos registros sí fueron aprobados.

Uno de los nombres más destacables es el del secretario de Gobernación —y aspirante también a la candidatura presidencial—, Adán Augusto López, que se inscribió como candidato a congresista por el distrito 4 de Villahermosa, Tabasco.

Por la Ciudad de México se anotaron el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas (distrito 14 de Tlalpan); el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres (distrito 15 de Benito Juárez); el senador César Cravioto (distrito 10 de Miguel Hidalgo); la exdiputada y exsenadora Dolores Padierna (distrito 12 de Cuauhtémoc), y Pedro Miguel Arce, integrante de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena (distrito 17 de Cuajimalpa).

Para Rojas Díaz Durán, existe un control de la cúpula partidista sobre el Congreso Nacional, empezando por una “purga” de los perfiles que lo van a integrar y que tendrán la facultad de voto.

En entrevista, explicó que el control del Congreso significa el control del partido en áreas clave que se renovarán en septiembre, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas, que administra los recursos; la Comisión Nacional de Encuestas, que es la única facultada para diseñar la metodología de los instrumentos de selección de candidaturas y para procesar los datos; la Comisión Nacional de Elecciones, que palomea los perfiles elegibles como aspirantes a candidaturas, y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que tiene el poder de abrir procedimientos disciplinarios en contra de la militancia.

“Insisten en su proyecto de ratificar las encuestas como el único método para elegir candidatos, empezando por la candidatura presidencial, y ya sabemos que las encuestas de Morena son encuestas a modo, simplemente envuelven el dedazo, y en términos de organización, simplemente, a Morena lo están aceitando para que sea una máquina electoral del gobierno, vamos hacia otro partido de Estado aceleradamente”, dijo.

“Es una purga estalinista lo que están haciendo, nos están echando para que no tengamos posibilidades de competir efectivamente en el 24. ¿Qué van a cerrar en el Congreso? El método de encuesta para la candidatura presidencial, van a decir que la encuesta solo la hace la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, que no van a permitir que intervenga otro factor externo y que es una decisión soberana del órgano de Morena, que está previamente manipulado, ya seguramente decidieron quién va a ser integrante de esa comisión, que es la que va a elegir, con la Comisión Nacional de Elecciones, los futuros cargos a diputados federales, senadores, presidentes municipales, gobernadores, y la candidatura presidencial”.

Gibrán Ramírez, quien contendió en 2020 por la dirigencia del partido contra Mario Delgado, acusó que la exclusión de perfiles en las listas de candidatos al Congreso Nacional tiene una clara dedicatoria contra los afines a Monreal.

“Esto ha derivado en un control muy férreo de quiénes van a ocupar, primero, el puesto de congresistas filtrando quién es elegible; entonces, han rasurado a personas que son críticas de la dirigencia, como es mi caso. Mi exclusión la interpreto, como decía Mario: él dice que se excluye a quienes han demostrado estar en contra de Morena; no, yo he demostrado estar en contra de su dirigencia”, afirmó en entrevista.

“Sí hay un patrón: es más fácil que nos eliminen a los que nos hemos declarado simpatizantes de Ricardo Monreal (…) Es un testimonio de que no va a haber piso parejo, ni para renovar el partido, menos para la candidatura presidencial”.

Temístocles Villanueva, diputado local de Morena en la CDMX y quien también se identifica con Monreal, refirió que la “eficacia electoral” que pueda tener el partido en 2023 y 2024 depende de qué tan unificado salga del proceso interno de renovación del Congreso Nacional.

“Evidentemente hay tensiones que responden a las circunstancias y este tiempo que estamos viviendo, el relevo presidencial adelantado, el famoso ‘descorcholatazo’, nos ha generado una crisis al interior porque cada militante del partido ha decidido elegir un bando y pareciera que esto enturbia el proceso de renovación del partido. Esperemos que no ocurra así. El partido es mucho más que Claudia Sheinbaum, que Ricardo Monreal, que Adán Augusto López y que Marcelo Ebrard: el partido son su militancia y sus causas”, comentó.

Y ‘calientan’ elección interna

En la víspera de la elección de congresistas nacionales, la dirigencia de Morena en la CDMX presentó dos denuncias ante la fiscalía capitalina por presuntos delitos electorales cometidos por funcionarios panistas y perredistas de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Una denuncia señala al alcalde Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, y tres subalternos de “coaligarse para coaccionar y transportar votantes, solicitar votos a cambio de dádivas”.

La segunda denuncia acusa a un director y tres empleados de Cuauhtémoc de “diversos actos injerencistas tendientes a participar en los congresos distritales de Morena, a través de intimidación, coacción, acarreo y entrega de dádivas de todo tipo, con uso de recursos públicos”.

Con información de Mauricio Torres.

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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