La diputada federal por Morena, Andrea Chávez, solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados que se suspenda a Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, como presidente de la Comisión de Gobernación y Población.
La representante del partido señala que Alejandro Moreno incurre en conflicto de interés como servidor público al tener investigaciones penales y administrativas en su contra y, al mismo tiempo, estar al frente de la Comisión de Gobernación.
Por ello, solicitó a la Jucopo que actúe para evitar que el diputado priista abuse de su autoridad, intentando obstaculizar o influir en la investigación en curso.
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“Hechos que a su vez le imposibilitan su trabajo como presidente de dicha Comisión, pues no debería tener interlocución alguna con las autoridades que lo están investigando”, señaló la diputada morenista.
“Es un insulto para la Cámara de Diputados que un personaje tan cuestionado como Alejandro Moreno, ‘Alito’, presida la Comisión de Gobernación después de que todo el país lo escuchara extorsionando, amenazando y robando”, apuntó la diputada.
Es un insulto para la Cámara de Diputados que un personaje tan cuestionado como Alejandro Moreno, Alito, presida la Comisión de Gobernación después de que todo el país lo escuchara extorsionando, amenazando y robando.
Solicité a la JUCOPO que lo remueva de inmediato del cargo. pic.twitter.com/ipp7HLtnmG
— Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) July 5, 2022
Las acusaciones
Alejandro Moreno ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Gobernación de esta LXV Legislatura desde 30 de septiembre del 2021, pero desde finales de abril de este año la Fiscalía General del Estado de Campeche anunció que contaba con una carpeta de investigación en contra del diputado por el delito de enriquecimiento ilícito.
A casi tres años de concluida su administración, las autoridades federales y de Campeche no han conseguido esclarecer el destino de más de 3 mil 800 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos a dicha entidad durante la administración del entonces gobernador y hoy presidente nacional del PRI.
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2016 y 2018 (los tres años completos que gobernó Campeche) se identificaron irregularidades por un monto total de 4 mil 263 millones de pesos. De esa cantidad, hasta el corte del pasado 1 de junio, solo se habían encontrado pruebas para solventar el uso correcto de 412 millones de pesos.
Es decir, siguen sin esclarecerse ni devolverse más de 3 mil 851 millones de pesos de recursos públicos, esto es, el 90% del dinero observado.
En la solicitud, la diputada también hace referencia a los supuestos audios de Alejandro Moreno en los que habla de pagos millonarios para influir en el resultado de las elecciones de 2021 por la gubernatura de Campeche, y en las presuntas extorsiones a diferentes empresarios para obtener dinero que más adelante sería utilizado en las elecciones del 2021.
“Desde el 20 de mayo pasado, a la fecha el INE ha recibido cuatro denuncias formales por los hechos presuntamente constitutivos de violaciones a la normatividad electoral, actualmente en trámite con motivo de los audios ya referidos”, señala la solicitud.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 124, indica que podrá establecerse como una medida cautelar, la suspensión provisional de un servidor público sujeto a investigación durante el desarrollo de la misma, a fin de evitar que el servidor público abuse de su autoridad, Intente obstaculizar o influir en la investigación o cause daños irreparables a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos.
“Si no se procede con la suspensión del diputado Moreno, nosotros mismos estaríamos violentando los principios del Código de Ética de la Cámara de Diputados y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues sostenerlo en ese cargo implica aumentar el riesgo de que a través de su actual responsabilidad tenga la intención de obstaculizar las investigaciones en su contra, además de que frena la conducción transparente y eficiente de la Comisión de Gobernación y Población, ya que como su presidente hoy sujeto a investigaciones, no puede tener interlocución con las mismas autoridades que actualmente lo están investigando”, argumenta la diputada.
