Por primera vez en los 26 años de funcionamiento de Compranet, la plataforma pública de compras del gobierno federal suma seis días hábiles sin operar, lo que está generando incertidumbre en los procesos de adquisición y podría derivar en impugnaciones por parte de los proveedores, riesgos de corrupción y posible pérdida de recursos públicos, coinciden especialistas.
A través de Compranet, cualquier ciudadano puede seguir los procesos de compra en tiempo real, mientras el gobierno puede comparar precios con contrataciones previas y con estudios de mercado. Pero la semana pasada, la Secretaría de Hacienda (SHCP) informó que por “fallas técnicas” —y sin dar mayor detalle— la plataforma estaría suspendida. Tampoco dio una fecha para su restablecimiento y emitió nuevos lineamientos, a través de un oficio para instruir a todas las dependencias para que hicieran todos los procesos de compra de forma presencial.
Sin embargo, explica Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esos nuevos criterios “están por abajo jerárquicamente de la Ley de Adquisiciones y de Obra Pública y de sus reglamentos”, pues si bien se contemplan las contrataciones de manera presencial, estas no representan la forma única, porque también están consideradas las contrataciones electrónicas (a través de la plataforma) o mixtas.
Al cambiar así las reglas, “los proveedores podrían impugnar los procedimientos porque sí estaría causándoles daño, al no tener piso parejo; esto quita la certeza jurídica y certeza en el procedimiento”, advierte Guadarrama.
¿Por qué Compranet es importante y su inoperatividad es grave? Porque el gobierno federal gasta 20% de su presupuesto total en compras, que significan hasta 180 mil operaciones al año a través de esta plataforma. Y a través de ella se disminuían los riesgos de corrupción, pues se evitaba el contacto en persona entre proveedores y funcionarios ya que todo se hace mediante forma electrónica.
Con la plataforma suspendida, están ocurriendo procesos de compra como hace 30 años: dentro de las oficinas, con funcionarios tomando decisiones sin vigilancia externa y probablemente sin la presencia de todos los competidores por la imposibilidad de asistir de manera presencial a cada uno de las etapas de los concursos.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, advierte otra consecuencia: los ciudadanos pagaremos los costos, literalmente, pues se trata de recursos públicos. “Los ciudadanos irán descubriendo los efectos en sobreprecios, en escándalos de corrupción en unos meses. Verán que hay artículos más caros porque se compraron a sobreprecio”.
Para dimensionar lo que significa esto, dice, “es como si se hubiera caído Amazon para el gobierno, con una diferencia, porque Compranet le daba al gobierno elementos para comprar mejor en el futuro, comparando los mejores precios”.
Janet Oropeza, investigadora de Fundar, advierte: “El mayor problema es que no se ha dado explicación de qué pasó con la plataforma. Preocupa que no hay certidumbre, de ¿cómo se va a migrar la información, cuándo se va a reparar? No hay información clara”.
¿Para qué sirve Compranet?
Compranet surgió como parte de las obligaciones de México dentro del Tratado de Libre Comercio en materia de transparencia en las contrataciones, proclives en el mundo a la corrupción. Comenzó a operar en 1996, con un funcionamiento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Su funcionamiento, si bien no ha sido perfecto —explican los especialistas—, ha intentado disminuir los riesgos de corrupción, dado que todos los concursos se realizan en la plataforma de forma pública para darle “certidumbre” a los proveedores y a los ciudadanos en las compras realizadas con dinero público federal, incluso aquellas de las entidades federativas que reciben recursos del gobierno federal.
Sin embargo, aun con la existencia de Compranet, cada gobierno convierte en regla lo que debería ser una excepción: las adjudicaciones directas, es decir, elegir directamente a los proveedores, sin concurso público de por medio.
La Ley de Adquisiciones establece que todas las contrataciones deberían ser por licitación (concurso) y las adjudicaciones directas solo por excepción bajo ciertos parámetros —como que solo un proveedor tenga un producto—, por seguridad nacional, por una situación de emergencia o por montos menores.
Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto adjudicó 34% del monto de contrataciones de forma directa y con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido aún mayor, con 39%, de acuerdo con cálculos del IMCO.
“Tenemos un abuso excesivo de adjudicación directa, lo que significa un problema grande de transparencia y rendición de cuentas. Y ahora no sabemos qué va a pasar con toda la información que se está haciendo en papel en este momento con las contrataciones presenciales”, advierte Janet Oropeza.
Al inicio de esta administración, la Secretaría de Hacienda se hizo cargo de la administración de Compranet, pese a que era una facultad de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Supuestamente la dependencia haría la transición de Compranet a Procura, el nuevo sistema de compras, pero hasta el momento no se ha concretado.
