No se puede incumplir suspensión en Tramo 5 de Tren Maya: abogados
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Cuartoscuro

“Gobierno no puede incumplir suspensión de juez”, abogados advierten sobre reinicio de obras del Tramo 5 del Tren Maya

Especialistas señalan que la decisión del gobierno de reiniciar las obras en el Tramo 5 del Tren Maya desacata una decisión judicial en un asunto aún no resuelto. Afirman que el argumento de la seguridad nacional no es suficiente.
Cuartoscuro
19 de julio, 2022
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Con el argumento de que se trata de una obra de “seguridad nacional”, el gobierno de México reinició las obras del Tramo 5 del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum, en Quintana Roo, a pesar de que existen dos amparos vigentes que fueron otorgados por un juez para que la construcción se detuviera hasta que estos queden resueltos. 

La decisión de reiniciar la construcción se tomó durante la sesión ayer del Consejo de Seguridad, aseguró Javier May, titular del Fonatur, la dependencia federal encargada de la obra. “Los interesados son la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación, ellos determinaron que la obra se inicie nuevamente. Con eso no se violenta ningún amparo ya que el Fondo no intervino”, declaró ante medios. 

Sin embargo, abogados consultados por Animal Político advirtieron que, pese a lo dicho por el titular de Fonatur, ningún decreto presidencial ni lo establecido en un Consejo de Seguridad están por encima de lo dictado por un juez. Por ello, señalaron, las autoridades involucradas en la reactivación de las obras podrían estar incurriendo en un delito. 

“Si hay una suspensión concedida por un juez, esta sigue rigiendo hasta que el propio juez la modifique o la revoque. Mientras no suceda ninguna de estas dos cosas, (Fonatur) sigue obligada a cumplir con la suspensión”, explicó en entrevista Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista, quien subrayó que una declaratoria de seguridad nacional no implica en automático que la suspensión del juez quede sin efectos. 

“Mientras exista una suspensión decretada, y no se haya dejado sin efectos, las autoridades están obligadas a respetarla. El argumento de la seguridad nacional no se puede utilizar para dejar de cumplir esa suspensión”, coincidió Mario de la Garza, también abogado. 

De la Garza señaló que la única forma de no cumplir con la suspensión dictada por un juez “es impugnándola yendo a un tribunal colegiado de circuito”. 

“Puedes argumentar que la suspensión se concedió en términos ilegales y dejarla sin efecto. Pero mientras no hagas eso, y sobre todo, mientras no tengas una sentencia que te dé la razón y revoque la suspensión, tú no puedes utilizar el argumento de seguridad nacional para dejar de cumplir una orden judicial, así de claro”, remarcó. 

Animal Político y otros medios buscaron a Fonatur para preguntarle si podía publicar el acta del Consejo de Seguridad en la que se tomó la decisión de que el Tren Maya sea una obra de seguridad nacional. Pero en su respuesta, la dependencia alegó que tanto las reuniones como las actas y los documentos que se generan en esas sesiones “son reservados”. 

En mayo pasado, el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió una suspensión de las obras en el Tramo 5 del Tren Maya, luego de que un grupo de buzos, espeleólogos de cuevas y cenotes y organizaciones civiles ambientalistas interpusieron dos amparos porque las obras en ese tramo arrancaron sin contar antes con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

El juez concedió los amparos y determinó que, hasta en tanto se decida en un juicio si se concede un amparo definitivo o si se reinician las obras, las excavadoras tenían que dejar de cortar árboles y de trabajar en la zona. 

No obstante, desde el pasado viernes 15, activistas y organizaciones civiles como Moce Yax Cuxtal denunciaron que las máquinas volvieron al trabajo, a pesar de los amparos concedidos por un juez. 

Ampliarán denuncia millonaria a Sedena

Jesús Alberto Guerrero, director de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), una asociación civil que se ha especializado en la representación de afectados por políticas públicas o acciones de privados, apuntó que “en ningún caso” una declaratoria de seguridad nacional puede estar por encima del interés público y social. 

“Todas las normas ecológicas, todas, las de árboles, acuíferos o animales, dicen en su artículo 1 que son de orden público y de interés social. Y la seguridad nacional no puede estar por encima, así que el amparo sigue surtiendo el efecto de que se suspendan las obras, sea quien sea el que las haga”, señaló. 

“Lo que dijo (el titular de Fonatur) no es correcto, en absoluto. Ese decreto de seguridad nacional no puede estar por encima del esquema ecológico, que es un derecho humano fundamental, ni por encima de toda la normativa ecológica, que es de orden público y de interés social”. 

Asimismo, el director de la ONRE recordó que violar la suspensión decretada por un juez, ya sea provisional o definitiva, “es un delito” que puede derivar en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quienes desacataron la suspensión concedida por el juez. 

“Es un delito federal, grave, que puede llegar hasta el titular de las dependencias involucradas. Aunque seas parte o no del amparo, si a ti te notifican, tienes que acatarlo”, recalcó. 

El pasado 17 de mayo, la ONRE anunció que otro juez federal aceptó la demanda colectiva que interpuso en contra de cinco constructoras del Tren Maya, a las que reclama por iniciar las obras del Tramo 5 sin contar antes con todos los permisos ambientales que exige la ley. 

La demanda fue interpuesta en contra de Grupo México, la española Acciona y otras tres razones sociales de la constructora ICA. 

La demanda, que fue admitida el pasado 13 de mayo por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, reclama daños iniciales de las obras por hasta 27 mil millones de dólares que, en caso de que la justicia sentencie a favor de la ONRE, deberán pagar las constructoras. 

Jesús Alberto Guerrero dijo a este medio que, por el momento, cuatro de las cinco empresas ya fueron notificadas de la denuncia, y que una vez que todas hayan recibido el aviso, la ONRE va a ampliar la demanda y va a incluir en esta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia federal que también se encarga de la construcción de una parte de la obra en el Tramo 5.

“El daño lo van a tener que reparar en el ámbito civil para poder recuperar la agresión ecológica que están realizando”, dijo Guerrero, que precisó que, al ser una demanda colectiva la que están realizando, están facultados para demandar también a entes públicos. 

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Familia mexicana lleva 6 meses encerrada en iglesia de Canadá para que no la expulsen

El caso de esta familia mexicana ha despertado la solidaridad de la sociedad canadiense.
6 de junio, 2022
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Era 2009 cuando empezaron a aparecer con más frecuencia noticias como estas:

“México: hallan nueve cuerpos descuartizados”

“La policía mexicana halla 14 cadáveres en una narcofosa”

Hacia ese año la violencia escalaba en México a mano de los carteles del narcotráfico y aumentaron los asesinatos en diferentes regiones del país.

Se hicieron frecuentes los cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales, con advertencias de cárteles que se peleaban entre sí el control del mercado de la droga.

La población civil empezó a verse afectada, especialmente quienes tenían ingresos que pudieran llamar la atención de los cárteles, y eso hizo que muchos mexicanos empezaran a huir para protegerse.

Y fue ese el contexto en el que la familia Pérez (cuya identidad protegemos con un apellido ficticio) temió por su futuro y decidió huir.

Pero ¿cómo esta familia que intentó escapar antes de que fuera tarde, terminó resguardada durante meses en una iglesia protestante en Canadá?

BBC Mundo cuenta su historia.

El viaje

En 2009, cuando la cotidianidad empezó a sentirse muy peligrosa, los Pérez, como muchos otros mexicanos, tomaron la decisión de emigrar.

Llegaron primero a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. Lo que no sabían en ese momento es que, desde 2005, existe el acuerdo de tercer país seguro entre esos dos países.

Así que, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EEUU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá.

Y eso les dijeron a los Pérez las autoridades canadienses, no escucharon su caso, simplemente los regresaron.

Frontera canadá EE.UU.

Getty Images
La familia intentó cruzar por tierra a Canadá desde EE.UU.

Terminaron de nuevo en México sobrellevando la situación. Abrieron un negocio de comidas cerca de un plantel educativo y, como otros, empezaron a percibir la violencia como parte del paisaje.

Hasta que, nueve años después, la situación se volvió insostenible.

Los cárteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas y quien se negaba se enfrentaba a la muerte.

Ese fue el caso de los Pérez. En 2018 “intentaron forzarlos a vender droga en el negocio familiar y como se negaron, recibieron fuertes amenazas”, le explica a BBC Mundo Stewart Istvanffy, el abogado que hoy representa a la familia.

Los llamaban advirtiéndoles que si no colaboraban, tendrían que pagar una cuota periódica al cartel. La familia se mantuvo al margen, nunca aceptaron ser cómplices ni pagar extorsiones.

Hasta que las intimidaciones se hicieron realidad. Una noche mientras estaban descansando en casa, el cártel prendió fuego a su negocio.

Los Pérez supieron que tenían que huir. Algún conocido les había recomendado irse a una ciudad intermedia en Quebec, la provincia francófona de Canadá, y decidieron hacerle caso.

Planearon el viaje en poco tiempo y esta vez volaron directamente a Canadá.

banderas de canadá, EE.UU. y México

Getty Images
Canadá, EE.UU. y México comparten el T-MEC, un tratado de libre comercio que en julio de 2020 sustituyó al Nafta.

Segundo intento

Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal por seis meses, al que tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos.

A las pocas semanas, cuando estaban instalados, contactaron a una abogada que les habían recomendado, y con su asesoría presentaron una solicitud oficial de asilo.

Pero ahí se encontraron con otra sorpresa: los Pérez no sabían que, en 2009, cuando los regresaron a EEUU., había quedado como constancia un rechazo a su petición de asilo y eso, en las leyes canadienses, les impide hacer una nueva solicitud.

“A lo que sí tenían derecho era a algo que se llama Evaluación de Riesgo Antes del Retorno (ERAR por sus siglas en francés)”, explica Istvanffy.

Enviaron documentos para esa evaluación, pero no incluyeron las pruebas más importantes y evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados. Tenían miedo a que les pudieran hacer algo a sus familiares que seguían en México.

Mientras Canadá revisaba el caso, les otorgó un permiso temporal de empleo.

Fue así como durante casi tres años la familia logró tener una cotidianidad. Consiguieron trabajo, una casa, un hijo entró a la escuela, tomaban clases de idiomas y pagaban impuestos.

Durante ese tiempo, otro miembro de la familia intentó retomar el negocio en México.

Había pasado más de un año desde el incendio y cuando el cártel descubrió que estaban atendiendo público empezaron de nuevo las amenazas e intimidaciones.

Como volvieron a negarse, “los encerraron en un baño de la casa , los ataron de pies y manos, echaron gasolina por todas partes y prendieron fuego a la casa. Intentaron quemarlos vivos”, cuenta Istvanffy.

No murieron porque una de las personas logró soltar las ataduras de las manos y liberar a los demás. La casa se quemó completamente y “ellos quedaron con estrés post traumático fuerte y ansiedad”, explica Istvanffy.

Hoy, esa parte de la familia también se encuentra en Canadá y espera recibir asilo.

Hombre con arma

Getty Images
Los carteles incendiaron el negocio y la casa de la familia.

La decisión

La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y todo se retrasó, por eso solo hasta finales de 2021 los Pérez recibieron la respuesta oficial a su petición de asilo.

Para las autoridades canadienses la documentación de la familia no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, así que les enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país al poco tiempo.

“El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los cárteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado”, agrega Istvanffy.

“Es muy triste. Estamos ante un gran riesgo si regresamos a México, un gran riesgo de que nos maten, de que nos asesinen”, le dijo uno de los miembros de la familia a la cadena CBC.

Y esa es justamente una de las críticas que ha hecho la comunidad canadiense al gobierno: por qué le dice a esta familia que no corre riesgo en México, pero al mismo tiempo recomienda a los ciudadanos canadienses no viajar a ese país dada la situación de inseguridad.

La iglesia como última opción

En medio de la angustia por tener que regresar y enfrentarse al cartel que los ha atacado y amenazado, la familia tomó la decisión de refugiarse en una iglesia y apelar al “santuario”, una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta “al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí”, explica Istvanffy.

Según informó la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a CBC: “si bien no existe una restricción legal para que ingrese a un lugar de culto para ejecutar una orden de arresto, la Agencia prefiere involucrarse con las personas sujetas a la aplicación de las leyes de inmigración y la institución que brinda santuario con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario.”

A los Pérez los acogió una iglesia protestante.

Iglesia protestante

Facebook oficial de Plymouth Trinity

“No deseamos contravenir las leyes de inmigración de nuestro país, sino aprovechar la práctica antigua y canónica de ofrecer refugio a las personas que están bajo amenaza o persecución. Deseamos brindarle a la familia el tiempo que necesita para permanecer en este país de manera legal y adecuada, al mismo tiempo que los protegemos de la amenaza muy real para sus vidas y su seguridad si regresan a su lugar de origen”, dijo la congregación en un comunicado.

Hay un comité de la comunidad local que les acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario y que reciban apoyo psicosocial mientras permanezcan en la iglesia. Ellos mismos se encargaron de ponerlos en contacto con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos, quién tomó el caso desde noviembre de 2021.

Istvanffy encontró que los Pérez sí tienen pruebas suficientes para demostrar el peligro que corren en su país, pero que hubo fallas en su caso: “hubo un problema y es que en el proceso del ERAR, la familia no presentó todas las pruebas del peligro”.

La abogada que los asesoró antes no adjuntó toda la documentación y ahora, cuando la situación es aún más crítica, esperan que esas pruebas sean tenidas en cuenta, así como que se escuche a la familia, pues en lo que lleva el proceso nunca han tenido la posibilidad de dar su testimonio a las autoridades.

“Lo que esperamos es que el ministro de Migración de Canadá les dé un estatus temporal y luego la residencia permanente. Esto basado en el apoyo que han recibido de la comunidad canadiense”, agrega el abogado Istvanffy.

Se refiere a varios eventos de solidaridad que se han llevado a cabo en Sherbrooke. Hubo, por ejemplo, una marcha de solidaridad con la familia en la que participaron más de 200 personas. Además han recibido el apoyo de algunos políticos locales.

“Estoy muy optimista. Porque han logrado movilizar gran parte de la comunidad de Sherbrooke. Creo que vamos a ganar eventualmente, no sé cuándo”, agregó.

La alcaldesa de la ciudad en la que se encuentran los Pérez, por su parte, le ha dicho a la prensa canadiense que está conmovida con la historia y anotó que la discutirían internamente.

Entre tanto, la diputada federal que representa a la ciudad en el parlamento se reunió con la familia y lamentó su dramática situación. También le dijo a CBC que, aunque no puede comentar detalles del caso, está en comunicación con el ministro de Migración.

pasaporte mexicano

Getty Images
Los ciudadanos mexicanos pueden estar seis meses en Canadá.

Trasfondo político

Canadá se ha destacado históricamente por acoger personas refugiadas de diversas regiones del mundo y por lo general aparece en la lista de naciones solidarias en medio de las guerras.

Aunque ha recibido refugiados de Europa, África y Asía, su cercanía con Latinoamérica hace que sea un destino viable para esa población.

Muestra de eso es que, después de Ecuador y España, Canadá es el tercer país que ha recibido a más colombianos en calidad de refugiados durante el conflicto interno.

También hay una población importante de chilenos que huyeron del régimen militar de Pinochet, así como salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.

Pero el mayor desafío se ha presentado con México. “El problema es que hay una discriminación bastante fuerte contra los mexicanos porque para el sistema canadiense México representa un desafío importante: pueden entrar sin visa, son miembros del tratado de libre cambio con EEUU. y Canadá. Son nuestros vecinos más inmediatos de Latinoamérica”, explica Istvanffy.

Y agrega, “hace 10, 12 años, más de la cuarta parte de la gente que pedía refugio en Canadá eran mexicanos. Así que buscaron un sistema de trabas para impedir que los mexicanos entren fácilmente a Canadá”.

Entre tanto, los Pérez ya completan seis meses refugiados en la iglesia de Sherbrooke y, aunque están seguros, su cotidianidad no ha sido nada fácil en medio del encierro.

Es tal el miedo que sienten que no quieren dar entrevistas porque temen que el cártel tome represalias en México. Saben que haberlos denunciado en otro país es un desafío muy peligroso.

“Lo más probable es que mueran en México. No tienen a dónde ir. Uno de los carteles más peligrosos los ha amenazado. Es un grupo muy violento, es la muerte lo que les espera”, concluye Istvanffy


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