Violación de derechos humanos contra pueblos indígenas detrás de 16 casos
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Foto: Foto: Eduardo Gutiérrez / IPRI México.

Organización documenta la violación de derechos humanos contra pueblos indígenas detrás de 16 casos en México

Casos de desaparición forzada, homicidio, criminalización, despojo, entre otras violaciones graves a derechos humanos de los pueblos indígenas mexicanos, ocurridos en 2021, fueron documentados por la organización Indigenous Peoples Rights International.
Foto: Foto: Eduardo Gutiérrez / IPRI México.
Por Astrid Arellano/Mongabay Latam
9 de julio, 2022
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En México, la violencia no se detiene contra los pueblos indígenas que defienden el territorio y los recursos naturales. Criminalización, persecución, desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos, además de las históricas condiciones de pobreza y desigualdad, son las principales amenazas que enfrentan. A ello se suma la impunidad, que juega en contra de las comunidades y favorece a las bandas del crimen organizado, así como a cuestionados proyectos extractivos, hidroeléctricos, energéticos y turísticos.

Así lo señala el informe titulado “El asedio y el desprecio: Informe de IPRI México sobre 16 casos de pueblos indígenas”, elaborado por la Indigenous Peoples Rights International (IPRI). En el documento publicado en junio de 2022, la organización de derechos humanos con base en Filipinas y con trabajo en México desde 2020, ubica a los ocho estados de la República donde la situación de los pueblos indígenas es alarmante debido a la alta conflictividad provocada por la presencia de grupos de poder, paramilitares y delincuencia organizada.

Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Sonora, Michoacán, Oaxaca, Yucatán y la zona fronteriza entre el estado mexicano de Campeche y Guatemala, figuran en la lista.

Mujeres rarámuri de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique en la ciudad de Chihuahua, México. Foto: Eduardo Gutiérrez / IPRI México.

El informe analiza, puntualmente, 16 casos en los que se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en 2021, entre ellos 5 eventos de desplazamiento forzado; 3 de desaparición forzada; 3 de homicidio; 2 de violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI); 1 de criminalización; 1 de despojo de territorio y 1 más sobre violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, la negativa del Estado a reconocer a los integrantes de un pueblo indígena como sujetos de derechos y obligaciones, así como a gozar de los derechos civiles fundamentales.

La publicación reconoce, además, que si bien existen más agresiones de las que se lograron documentar a profundidad, se presentan los relatos de 13 de los casos con el propósito de contar a detalle cada uno de esos eventos de violencia.

El asesinato de cinco defensores indígenas en Paso de la Reyna, Oaxaca, entre enero y marzo del 2021, es uno de los casos analizados. Otro de ellos es el de Loma de Bácum, Sonora, en julio del mismo año, fecha en la que desaparecieron 9 personas —de las cuales 7 eran pertenecientes al pueblo yaqui—. O más adelante, en noviembre, los 47 ataques registrados con armas de alto calibre contra 10 comunidades del municipio de Aldama, en Chiapas, que provocaron que sus pobladores se vieran forzados a desplazarse, en medio de un conflicto por las tierras.

Te puede interesar: Latinoamérica: pueblos indígenas cierran sus territorios frente al avance del coronavirus

Casos en total impunidad

Según el informe, los casos se dividieron en dos tipos: de asedio, que incluye desplazamiento forzado, desaparición forzada y homicidio; y los de desprecio, referentes a la violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica, criminalización, violación al CLPI y despojo de territorio.

En los casos de asedio, IPRI documentó como agresores directos al crimen organizado, a grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política. Sin embargo, en 9 de los casos las comunidades señalaron vínculos de estos grupos con los gobiernos estatales y municipales, mientras que en 2.5 casos más, se han visto involucradas las fiscalías locales o regionales.

Anabela Carlón, abogada originaria del pueblo indígena yaqui, en Sonora, e investigadora de IPRI, detalló que estos datos se obtuvieron con la colaboración de ocho organizaciones indígenas que acompañan los casos en los territorios —y con quienes crearon un grupo núcleo—, además de un proceso de documentación que incluyó visitas a las comunidades para la recolección de testimonios de las víctimas directas.

Personas desplazadas en la comunidad de Quextic municipio de Chenalhó, por enfrentamiento de grupos armados de Pantelhó, Chiapas. Foto: Eduardo Gutiérrez / IPRI México.

“Hemos estado observando de cerca, no solo por el informe, sino por lo que sale en los medios de comunicación y lo que los pueblos viven y cuentan”, dice la abogada defensora. “El crimen organizado tiene mucho que ver en esta situación y está coludido con los gobiernos locales y estatales. En las entrevistas, las personas señalan que fueron amenazadas por el crimen organizado y que las autoridades no pudieron actuar o que sus peticiones fueron ignoradas”.

De acuerdo con Carlón, en algunos casos el Estado ha sido permisivo con los grupos criminales y, en general, con la comisión de delitos contra los pueblos indígenas mexicanos.

“El Estado ha presumido que tiene más elementos, preparación y un montón de cosas —por ejemplo, a la Guardia Nacional— y pide que se hagan denuncias, pero la violencia en vez de bajar, va en aumento. En todas partes se está viviendo la violencia con mayor intensidad, esa es una constante”, afirma.

Citlalli Hernández Saad, coordinadora ejecutiva de IPRI en México, señala que existe una responsabilidad del Estado en cuanto a las denuncias, pues uno de los elementos más importantes del informe tiene que ver con la falta de actuación de las fiscalías y del Poder Judicial en los casos. Esto ocurre, sobre todo, en lo que se refieren a homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, pues en estos eventos de violencia, indica la experta, hay una clara comisión de delitos de carácter penal que tendrían que ser investigados y donde las autoridades están actuando en colusión para que la impunidad prevalezca.

“Aquí vemos que el 100 % está en la impunidad”, afirma Hernández. “Ninguno ha tenido el acceso a una definición donde haya sentencias contra presuntos responsables y, solo en algunos casos, vemos que existen detenciones. Pero en los demás casos ni siquiera hay seguimiento de denuncias, incluso documentamos comunidades a las que no les quisieron tomar la denuncia sobre algunas de las agresiones que enfrentaron”, agrega.

Además, el informe puntualiza que el 60 % de las víctimas señaló que apenas se iniciaron las carpetas de investigación y que, en uno de los casos, se negaron incluso a recibir una denuncia.

Para Hernández, además, lo más preocupante es que haya fiscales que son señalados por los pueblos indígenas debido a su participación directa con el crimen organizado.

Guadalupe Vázquez con la mesa directiva de Las Abejas de Acteal, donde narraron la masacre de Acteal, Chenalhó, Chiapas. Foto: Eduardo Gutiérrez / IPRI México.

“Hemos escuchado la denuncia de que existen fiscales —por lo menos dos, de quienes nos reservamos el origen porque no queremos poner en evidencia a las comunidades—, que han sido señalados por ser parte de los mismos grupos criminales. Esa situación se lleva a un nivel en el que la impunidad es total y el acceso a la justicia es muy limitado para las comunidades”, asegura la coordinadora.

Respecto a los cinco casos clasificados como de desprecio —a diferencia de los otros casos de violencia— en este segundo tipo el informe describe a la violencia ejercida desde las instituciones, basada en la discriminación estructural y el racismo. En el estado de Chihuahua, por ejemplo, el Registro Civil ha negado actas de defunción a la comunidad rarámuri de Tehuerichi, lo que ha derivado en problemas como la falta de regularización en la tenencia de tierras y la exclusión de programas de apoyo al campo. Sin embargo, el problema en Chihuahua es mucho más amplio y de larga data. El informe puntualiza que las comunidades rarámuri han sido históricamente ignoradas en temas como el reconocimiento de la posesión ancestral de su territorio y la realización de proyectos, por lo que, en todos los asuntos que le afecten, “deben recurrir a los amparos para lograr el respeto o disfrute de sus prerrogativas”.

En todos los casos, el informe apunta hacia la negativa en el acceso a recursos económicos, desmovilizar a las comunidades o desincentivar la organización comunitaria. De esta forma, un 60 % de los afectados afirmaron que el motivo era la discriminación, ejercida principalmente desde las instituciones de los gobiernos estatales con el propósito de mantener el control político del territorio, de los recursos naturales y de las disputas agrarias.

Un panorama desolador para los pueblos indígenas

Abel Barrera, defensor de derechos humanos, originario del pueblo indígena nahua y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan —una de las organizaciones consultadas para el informe—, en Tlapa, Guerrero, señala que el problema está asociado a la multiplicación de grupos de civiles armados que han irrumpido en los territorios comunitarios de la sierra para ocuparlos, al igual que en la parte baja de la montaña, en el municipio de Chilapa.

“La presencia del crimen organizado ha causado graves afectaciones a las familias en cuanto a seguridad y tranquilidad. Es un panorama desolador”, asevera. “Otro gran problema es el desplazamiento forzado por la presencia de grupos de la delincuencia organizada que buscan apropiarse de los bienes naturales, como el bosque, el agua y los caminos para el trasiego de la droga. Ha habido desplazamiento de familias que han tenido que salir por falta de protección de las autoridades. Es un desplazamiento invisible, por miedo a que les afecte su patrimonio familiar, los persigan o los asesinen”, afirma.

Barrera apunta que, frente a este contexto en Guerrero, el gobierno está alejado y no está respondiendo a las urgencias de seguridad, ni tampoco a las demandas sobre temas de salud, alimentación y educación.

“Entonces, sí hay un desmantelamiento de la vida comunitaria”, agrega. “Es parte de las preocupaciones que tenemos. Es un estado convulso donde la violencia ha imperado en lugar del estado de derecho y las poblaciones indígenas se encuentran asediadas, avasalladas, sometidas, luchando, resistiendo y, obviamente, exigiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto”.

Además, Barrera agrega que, si bien ha habido un seguimiento del gobierno federal a algunos de los conflictos en estados como Oaxaca o Chiapas, su intervención no ha tenido la eficacia necesaria para resolverlos y sus esfuerzos han quedado rebasados.

“Son diálogos truncos, acuerdos no cumplidos”, agrega el defensor. “Sobre todo, en los territorios indígenas donde hay más violencia, vemos que no se ha podido lograr contención, hablando de paramilitares, crimen organizado, civiles armados, caciques locales que están ahí, latentes, y son los que, en los hechos, imponen sus leyes y el uso de la fuerza para tomar el control de la población. Las intervenciones no han sido tan sencillas porque están muy arraigados los conflictos y requieren un tratamiento mucho más integral de los tres niveles de gobierno para combatir la impunidad, porque hay crímenes no investigados, sin castigo”, concluye.

La búsqueda de un acercamiento al Estado mexicano

A partir del lanzamiento de este informe, IPRI México busca el acercamiento con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migracióny su titular, Alejandro Encinas, con la intención de que conozca y atienda las recomendaciones, pero también para solicitar su intervención en los casos que han sido públicos y que no tienen denuncias penales presentadas, pues las comunidades tienen miedo de hacerlo.

“Están ocurriendo las agresiones más graves —homicidios, desplazamientos y desaparición forzada— como represalias a las propias comunidades por presentar denuncias públicas o penales”, puntualiza Hernández Saad. “Es comprensible que haya comunidades que tengan temor a hacerlo. Eso implicaría que el Estado mexicano tendría que estar pendiente de lo que va pasando y ahí vemos que la Subsecretaría tiene una responsabilidad para que, con la información que obtengan, ellos mismos generen procesos de investigación ante las fiscalías sin que eso ponga en riesgo a las comunidades”.

IPRI formuló cinco recomendaciones al Estado mexicano. En primer lugar, el establecimiento de un marco jurídico que garantice el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sobre todo, soluciones legislativas a la crisis humanitaria del desplazamiento forzado de pueblos indígenas. La segunda tiene que ver con la creación de una estrategia federal contra la actuación criminal de instituciones, es decir, gobiernos municipales, gobiernos estatales, fiscalías locales y regionales, y así “romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”, puntualiza el informe.

Una tercera recomendación está relacionada a la protección efectiva de las comunidades bajo asedio a través de una coordinación interinstitucional, para que las comunidades cuenten con análisis de riesgo apropiados, planes de protección acordados con ellas y que sean implementados en su totalidad. En cuarto lugar, mencionan que el Estado mexicano debe adoptar medidas suficientes para garantizar condiciones para el acceso a la justicia a las comunidades indígenas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos.

Finalmente, la quinta recomendación se refiere al diseño e implementación de una estrategia federal de atención a los conflictos de fondo que enfrentan las comunidades, donde IPRI señala la urgencia de atender los conflictos agrarios respetando el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de los pueblos indígenas.

La intención general, expone Hernández, es que la Subsecretaría pueda escuchar y analizar las recomendaciones con detalle y que, de manera conjunta, se puedan diseñar estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones de los pueblos y las comunidades.

Mongabay Latam solicitó una entrevista a la Subsecretaría, sin embargo, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta publicación.

“No tenemos que esperarnos a que tengamos casos de homicidios, de desapariciones o de desplazamiento forzado para intervenir”, concluye Hernández Saad. “Hay señales claras de discriminación sistemática que vulnera los derechos de las comunidades y que se tiene que intervenir de manera pronta para evitar llegar a escenarios de violencia como los que estamos señalando”.

Este reportaje fue publicado originalmente en Mongabay Latam 

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Roe vs. Wade: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en Estados Unidos

Te explicamos qué estados serán los primeros en limitar la interrupción del embarazo ahora que se anuló Roe vs. Wade, en cuáles existe ya legislación que la restringe y cuáles han actuado para fortalecer o ampliar el acceso al aborto.
24 de junio, 2022
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Era la crónica de una muerte anunciada: lo adelantó un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos filtrado el 2 de mayo.

Ahora, revocada Roe vs. Wade, la decisión histórica de 1973 que garantizaba el derecho constitucional al aborto en EE.UU., queda en manos de los estados legislar si la interrupción del embarazo es legal o no y bajo qué circunstancias.

Y muchos ya han puesto en marcha la maquinaria legal para limitar la práctica.

Los primeros que se prevé que prohíban o restrinjan el aborto son los 17 estados señalados en este mapa:

Mapa estados Estados Unidos con leyes gatillo, de activación o desencadenantes para restringir el aborto.

BBC

De estos territorios, 13 tienen listos las llamadas leyes desencadenante ogatillo:

  • Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Conocidas también como leyes de activación, fueron diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

Y en al menos otros cuatro estados podrían revivir las prohibiciones del aborto anteriores a Roe vs. Wade o tendrían nuevas leyes que no han sido bloqueadas por tribunales:

  • Alabama, Arizona, Florida y Wisconsin.

A eso se suman las legislaciones relacionadas con el fin de la gestación que los estados han ido discutiendo en los últimos años. En total, el Instituto Guttmacher, una organización privada sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, prevé que podrían ser 26 los estados en los que se terminaría eventualmente restringiendo el procedimiento.

Y en aquellos en los que exista más de una ley sobre el tema, serán los funcionarios locales los que decidirán qué prohibición aplicar.

Si todas estas normas estatales terminaran por entrar en vigor, limitarían el aborto a partir de:

  • La concepción: Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming.
  • La sexta semana: Carolina del Sur, Georgia e Iowa.
  • La semana 13: Arizona, Carolina del Norte y Virginia Occidental.

Estados en los que ya se prohibía

Sin embargo, la existencia de Roe vs. Wade tampoco garantizó que se respetara el acceso al aborto en todo el país.

El precedente legal, que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo), ya fue desafiado por Texas y Oklahoma con sendas leyes antes de ser invalidado.

Mapa estados Estados Unidos con leyes en vigor para restringir o prohibir el aborto.

BBC

La primera en entrar en vigor fue la de Texas, en septiembre del año pasado.

Desde entonces, la llamada “ley del latido” prohíbe interrumpir la gestación si el doctor puede detectar actividad cardíaca embrionaria o fetal, lo que ocurre usualmente a partir de la sexta semana, un punto en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

No contempla excepciones para los casos de incesto o violación, aunque sí para cuando la vida de la mujer está en peligro, y persigue a quienes practican el aborto, no a quien se somete a él.

Inspirada en esa legislación, Oklahoma aprobó en mayo una aún más restrictiva, la más limitante del país hasta el momento: prohíbe el aborto desde el momento de la fecundación, salvo en casos en los que la vida de la madre esté amenazada o el embarazo sea consecuencia de una violación o del incesto.

Y ahora, con las “leyes gatillo” que ambos estados tienen ya listas, el acceso al aborto quedaría aún más limitado.

Tres excepciones

En las leyes estatales la prohibición no es absoluta y en la mayoría se contemplan excepciones, aunque se limitan a cuando la salud o la vida de la mujer corre riesgo, o a los casos de violación o incesto.

Son salvedades que están actualmente codificadas en la Enmienda Hyde —una disposición legislativa aprobada en 1976 y en vigor desde 1980— como las únicas razones por las que el gobierno federal pagará los abortos a través de Medicaid, el programa a través del cual las personas de menos ingresos reciben servicios de salud.

Manifestantes marchan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos para pedir protección al derecho al aborto el 28 de mayo de 2022 en Washington DC.

Getty Images

Ya las contempló en 1959 el American Law Institute, un grupo independiente de juristas, cuando comenzó a redactar una legislación modelo sobre el delito del aborto.

Y han sido apoyadas durante décadas incluso por aquellos que trabajaron para conseguir la revocación de Roe vs. Wade, así como por la mayoría de los estadounidenses (incluidos los de los estados mayoritariamente republicanos), tal como han mostrado año tras año las encuestas.

Sin embargo, estas leyes estatales no hacen excepciones para las víctimas de violación o incesto:

  • Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misuri, Oklahoma, Ohio, Tennessee y Texas.

El senador estatal que patrocinó la legislación de Arkansas, Jason Rapert, republicano y presidente de la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos, dijo que fue su fe lo que lo impulsó a ello.

Mujer con un cartel durante una marcha antiabortista en Dallas, Texas, el 15 de enero de 2022.

Getty Images

Explicó que había escuchado testimonios de víctimas de violación e incesto que expresaron “la angustia mental por la que pasaron cuando lidiaron con el hecho de que terminaron con la vida de su propio bebé” y que ahora se oponen al aborto. “Lo que ha hecho Texas es absolutamente increíble”, dijo Rapert en septiembre refiriéndose a la “ley del latido”.

Por su parte, la legislación de Misisipi —que prohíbe abortar más allá de la semana 15 y a cuyo favor votó la Corte Suprema, invalidando así de facto Roe vs. Wadepermite poner fin a la gestación en casos de violación pero no especifica el incesto.

Y si bien todas las prohibiciones permiten una excepción para salvar la vida de la mujer, solo la de estos estados citan la protección de su salud (“evitar un daño físico severo a la madre”):

  • Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Kentucky, Michigan, Misuri, Virginia Occidental y Wyoming.

Para hacer la salvedad, los estados requerirían que tanto los médicos como los pacientes proporcionen documentación para justificar el procedimiento, en la que se incluya información como la edad gestacional del feto, la indicación de la actividad cardíaca y los registros médicos que atestiguan, como apunta la ley de Oklahoma, “el estado médico” o la condición de la mujer embarazada que impide su cumplimiento.

Protección al aborto

Paralelamente, hay estados que se han movido para fortalecer las protecciones existentes o ampliar el acceso al aborto este año.

Una activista proaborto y una antiabortista fuera de una clínica de Planned Parenthood en la ciudad de Nueva York el 4 de junio de 2022.

Getty Images

De acuerdo al Instituto Guttmacher, estos cuatro estados han codificado el derecho al aborto a lo largo del embarazo sin la interferencia del Estado:

  • Colorado, el Distrito de Columbia, Nueva Jersey y Vermont.

Y 12 explícitamente lo permiten mientras el feto no sea viable fuera del útero o la intervención sea necesaria para proteger la vida o la salud de la embarazada:

  • California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y la capital federal del país.

Estos continuarían brindando el procedimiento no solo a las mujeres de su jurisdicción, sino a aquellas provenientes de territorios en donde esté prohibido.

Ya entre 2012 y 2017 al menos 276.000 mujeres terminaron sus embarazos fuera de su estado de origen, según un análisis realizado en 2019 por Associated Press en base a datos de informes estatales y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

Asimismo, representantes de organizaciones con clínicas en Texas le confirmaron a BBC Mundo que desde que la “ley del latido” entró en vigor han tenido que rechazar “cientos, miles de pacientes porque no son elegibles”, mientras los centros de salud que ofrecen servicios de interrupción del embarazo en Nuevo México, Kansas, Colorado, Misuri y Oklahoma han visto un incremento considerable de pacientes texanas.

Según datos recolectados por Planned Parenthood, una organización estadounidense sin ánimo de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, de planificación familiar y de aborto en EE.UU. y en el mundo, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, el incremento era ya de un 800% en comparación con ese mismo periodo en 2020.

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

Perfil promedio de quien aborta

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2019 se llevaron a cabo 630.000 abortos en EE.UU., aunque en base a sus propios cálculos el Instituto Guttmacher asegura que la cifra real se acerca más a los 860.000.

En cuanto al perfil promedio de la mujer que buscó terminar el embarazo, los CDC indican que el 92,8% lo hizo durante el primer trimestre.

Perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

Según esa misma fuente, mayoría de quienes abortaron no estaban casadas, aunque podían estar viviendo en pareja en el momento en el que se sometieron al procedimiento.

Aproximadamente una de cada 10 mujeres que pusieron fin a la gestación eran adolescentes, aunque la mayoría tenía entre 20 y 30 años.

En torno al 60% había dado a luz antes, y casi el 60 % nunca antes había tenido un aborto.

Gráfico perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

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