Tras 12 horas de audiencia, un juez federal vinculó a proceso a 164 presuntos integrantes del grupo Pueblos Unidos detenidos el pasado 13 de agosto, cuando intentaban irrumpir en los municipios de Uruapan y Parangaricutiro, Michoacán.
Los implicados fueron vinculados a proceso a una semana de que personal de la Guardia Civil, del Ejército y de la Guardia Nacional los detuvieran en la comunidad de Tiamba, en Uruapan.
El grupo armado, al que se atribuyen delitos, se movilizaba en 29 vehículos y con un arsenal. Las personas fueron detenidas acusadas de violar diversas leyes federales, como la de posesión y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Por ello, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Días atrás, la FGR consiguió que fueran vinculados a proceso tres menores de edad arrestados dentro del mismo contingente.
En cuanto a los 164 adultos, la noche de este domingo un juez federal determinó al final la vinculación a proceso, por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Ello, en la modalidad de posesión y portación de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, con la agravante de acopio de armas y posesión de más de dos armas de fuego.
Ahora, las partes tienen hasta dos meses para el cierre de investigación complementaria; mismo tiempo tiene el juez para llevar a cabo la audiencia de enjuiciamiento o en su caso de procedimiento abreviado.
De los implicados, 154 fueron trasladados al penal de Apatzingán, en Michoacán, y los 10 restantes se quedaron en el Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez, en el municipio de Charo.
A los menores se les impuso como medida cautelar el pago de una multa para poder enfrentar sus procesos en libertad. También deberán acudir cada 15 días a firmar en el juzgado.
Pueblos Unidos asegura haberse formado como grupo de autodefensa para proteger a pobladores y productores agrícolas, pero los propios habitantes de algunas regiones le atribuyen delitos como extorsión.
