El exprocurador Jesús Murillo Karam llegó a su segunda audiencia este miércoles vistiendo una chamarra y pantalón beige, el color del uniforme para reos y el semblante demacrado. Había pasado ya tres días en el Reclusorio Norte luego que el juez Marco Antonio Fuerte decidiera imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, un día después de ser detenido. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
Después de escuchar a los fiscales decir decenas de veces que él es el “orquestador” de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y que esta es una mentira sostenida gracias a la comisión de delitos, y de saber que las principales pruebas de esa acusación son conferencias de prensa que ofreció como funcionario, decidió tomar la palabra cuando la audiencia sumaba cinco horas.
Lo hizo para defender la investigación que encabezó en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a la que esta vez no llamó ‘verdad histórica’.
“Yo quedo muy orgulloso de que estos grupos argentinos (antropólogas argentinas) e interamericanos (GIEI) participaron absolutamente en toda la investigación. Fueron quienes escogieron el lugar donde se hiciera el análisis, el que escogió los restos que podían ser analizados tanto del Río como del otro lugar, los que llevaron los restos a Innbruck.
“Desde hace 7 años han intentado buscar alternativas, todas se caen. Hubo restos encontrados, sí, pero en el camino de la barranca al basurero. Puedo aceptar algunos errores, pudo haber fallas; puedo aceptar cosas que se hicieron mal, y que se pudieron hacer mejor, pero no la han podido tirar”.
Como titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, atrajo la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014. El 7 de noviembre del mismo año encabezó una conferencia de prensa donde informó que el grupo Guerreros Unidos había asesinado y calcinado a los estudiantes en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el río San Juan. Era la conclusión de la investigación a la que llamó “verdad histórica” y que ha sido permanentemente cuestionada.
El 18 de agosto pasado, un día antes de la detención de Murillo Karam, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer el informe de la Comisión de la Verdad y reconoció que lo sucedido en Ayotzinapa “fue un crimen de Estado”. Pues, todos los indicios apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y desaparecidos por el crimen organizado, “en contubernio, por acción, omisión o negligencia,” con autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército.
Permanece en prisión por caso Ayotzinapa
Pasadas las 9 de la noche de este miércoles llegó el momento cumbre de la audiencia que para entonces sumaba 11 horas: el juez decidió que Murillo Karam debería continuar en prisión mientras enfrenta este proceso judicial.
No funcionó el as bajo la manga de la defensa de hacer comparecer al perito en evaluación de riesgo procesal, Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, quien expuso que había hecho entrevistas y revisado documentación y fuentes abiertas para evaluar si existía el riesgo que Murillo Karam se fugara.
Su conclusión fue que no lo había, pues el exfuncionario tenía arraigo en la Ciudad de México como “vértice de la familia” compuesta por sus 7 hermanos, sus cuatro hijos, una decena de nietos y bisnietos, que su relación de pareja de más de 30 años y hasta a sus dos perros y la caja de dulces que tiene en su casa de las Lomas en la que ha vivido desde hace 19 años.
También que la hipertensión y el padecimiento neurológico le ha provocado disminución en sus capacidades cognitivas y por su edad, 74 años, debía tener otras medidas cautelares, como ir a firmar periódicamente a juzgado, la entrega de pasaporte o uso de brazalete electrónico.
El juez Fuerte tomó nota, pero no influyó en lo más mínimo en su decisión, según expondría después.
La Fiscalía, en cambio, aseguraba que el exprocurador podría tener el poder para incidir de alguna manera en la investigación, y los suficientes recursos y redes de amigos para salir del país y esconderse. Quitarle la prisión sería “abrir la puerta a negarle la verdad a los padres. Si sale de aquí por su propio pie nunca lo volveremos a ver”, dijo la fiscal Lidia Bustamante.
“No podría ir en contra del criterio original”, arrancó el juez al comenzar su exposición. Los recursos económicos, el alto perfil del exprocurador y el riesgo de que pudiera incidir en la investigación, fueron los argumentos centrales para que continuara en prisión. “Se debe privilegiar que no se trastoque esta investigación que es de enorme trascendencia”.
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Para entonces, Murillo Karam se veía demacrado. Escuchó al juez con los codos recargados en la mesa y las manos en su rostro, sosteniéndolo, como un gesto de resignación, con el cansancio cada vez más evidente al cumplirse casi 12 horas de audiencia.
A punto de terminar, el juez fuerte preguntó a la madre de uno de los normalistas desaparecidos, quien escuchó la audiencia en una sala contigua y resguardando su identidad, si deseaba decir algo.
“Cómo madre de uno de los 43 necesito exigir a Murillo Karam que se haga justicia. Queremos llegar a la verdad. Queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿A dónde los dejó”, exclamó.
Horas antes, el abogado Santiago Aguirre, representante de las madres y padres de los jóvenes, había confirmado que ellos “no buscaban la cárcel”, sino la verdad.
12 horas de audiencia ‘sin pruebas’
La audiencia comenzó a las 9:19 de la mañana y arrancó con la exposición de la defensa para tratar de controvertir las pruebas que presentó la Fiscalía en la audiencia previa para señalar a Murillo Karam como responsable de los delitos. Apenas habían pasado unos minutos cuando interrumpió al abogado, Javier López.
“Su planteamiento debe ser de forma oral. Debe venir preparado a la audiencia, abogado”, argumento que no utilizó contra la Fiscalía en la audiencia previa, pese a que la fiscal Lidia Bustamante leyó toda la imputación y a que incluso el juez amagó con avisar a sus jefes que ni ella ni sus compañeros estaban preparados para la audiencia, “ni me están entregando información clara”.
El abogado acató la indicación y expuso que en las más de 20 mil fojas que conformaban la carpeta de investigación, “no hay una sola víctima, una sola declaración, ningún testigo que involucre o señale al exprocurador en la comisión de algún delito. No hay un documento que establezca ni siquiera inicialmente que estos hechos”.
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Se refería a la acusación de la Fiscalía de señalar a Jesús Murillo Karam como el orquestador de la ‘verdad histórica’, un montaje, una mentira, pero entre las pruebas para sustentarlo estaban cuatro conferencias de prensa ofrecidas por el entonces procurador (6 de noviembre de 2014; 27 de octubre, 7 de noviembre y 27 de enero de 2015) en las que informa la atracción del caso, instruye acciones a su subordinado Tomás Zerón, presenta videos de presuntos inculpados e informa ‘la verdad histórica’.
Esto derivó en la comisión de tortura para obtener declaraciones, en la manipulación de pruebas y la escena del crimen por parte de Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, y subordinado directo de Murillo Karam. Mientras que anunciar la ‘verdad histórica’ evitó que se abrieran más líneas de investigación para la posible localización de los estudiantes, por lo que el exprocurador alcanzaría responsabilidad por desaparición forzada.
“Solo hay conjeturas, inferencias, pero la hipótesis que plantea la Fiscalía carece de evidencia y de lógica y es impresentable que las conferencias se consideren como la instrucción de acciones ilegales. Esas conferencias no se pueden valorar, pero aún valorándolo, no es indicio razonable, ni indicio incriminatorio”, dijo la defensa.
Antonio López García, abogado defensor, expuso que el delito de tortura que le atribuía el Ministerio Público estaría preescrito y enlistó jurisprudencia para argumentarlo, lo que propició otra respuesta hostil del juez.
– ¿Esto qué tiene qué ver? ¿Para qué trae esa información? -preguntó el juez.
– Permítame exponerlo -respondió el abogado defensor.
– Acate mi requerimiento. Esto no es una charla. Está haciendo planteamientos impertinentes, y está impidiendo que analice información de calidad.
El abogado acató en es parte. Sin embargo, al continuar con su exposición, ahora para aplicar la menor penalidad al delito de desaparición forzada, de la legislación previa a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en beneficio del acusado. Nuevamente refirió jurisprudencia respecto a aplicar la retroactividad siempre y cuando beneficie a quien enfrenta un proceso judicial. Alzando la voz y haciendo énfasis en las palabras frente al micrófono sentenció que “sería un error inexcusable y de notoria ineptitud no aplicarlo”.
En respuesta, el juez Fuerte, más irritado, amenazó con sacarlo de la audiencia.
“Usted debe moderar su actitud porque ha estado faltando al respeto al aducir argumentos contrarios a mis resoluciones, invocando esa tesis de manera tergiversada, levantando la voz; lo apercibo de que si sigue con esa actitud lo voy a expulsar de la sala”.
Poco antes de las 7 de la noche, el juez Marco Antonio Fuerte decidió vincular a proceso a Jesús Murillo Karam al considerar que si bien el Ministerio Público dio argumentos “aunque sin orden cronológico y circulares sí se puede escudriñar los elementos para la vinculación” por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia.
Que era un hecho que las conferencias de prensa habían ocurrido, y éstas se debían analizar en la totalidad del caso y si bien en ellas no se daban instrucciones para cometer un delito, se advierte que, por ejemplo, se iba a “aplicar toda la fuerza del Estado” para resolver el caso. “No se puede analizar frases sueltas, sino en múltiples aspectos, concatenadas de forma lógica conjunta”, insistió el juez.
“La Fiscalía sostiene que siguieron dos líneas de investigación paralela, una sobre lo que realmente ocurrió y otra para fraguar la verdad histórica”. Sostuvo, además, que era ilógico que Murillo Karam, como procurador, no estuviera enterado de la tortura, de la manipulación de las pruebas y la escena del crimen.
