“Cártel inmobiliario”: fiscalía acusa a exfuncionario ganar 65 mdp ilícitos
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Fiscalía General de la CDMX

Caso “cártel inmobiliario”: fiscalía acusa a exfuncionario de Benito Juárez de obtener 65 mdp en ganancias ilícitas

En la primera audiencia contra Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de Benito Juárez, la fiscalía capitalina lo acusó de tener ganancias millonarias ilegales y de usar empresas fantasma para ocultarlas. Este jueves, tendrá su audiencia de vinculación a proceso.
Fiscalía General de la CDMX
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Entre 2012 y 2016, mientras se desempeñaba como director jurídico y de gobierno en la alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona, quien fue detenido el sábado 30 de julio y es señalado por su presunta participación en el llamado “cártel inmobiliario”, obtuvo ingresos ilícitos —a través de empresas fachada— por 65 millones 734 mil 992 pesos, acusa la fiscalía capitalina. 

Durante la audiencia del 31 de julio, en la que se imputó al exfuncionario y a cuya grabación Animal Político tuvo acceso, el Ministerio Público dijo al juez Júpiter López Ruiz que, durante su encargo público, Vizcaíno creó dos empresas a través de las cuales se le transfirieron dichos recursos, nunca reportados ante el SAT.

Se trata de Residencial Cami, SA de CV, y Residencial Mariposa, SA de CV, empresas con irregularidades diversas como no ubicarse en el domicilio fiscal dado de alta, no tener alta patronal ante el IMSS o que su CURP no coincide.

“Durante su cargo como servidor público, en sus declaraciones patrimoniales que presentó ante la Contraloría de la Ciudad de México en el periodo que fungió como tal, manifestó tener un ingreso por concepto de salarios y otros ingresos por un total de 5 millones 079 mil 099 pesos; no obstante, sus ingresos anuales no son coincidentes con los estados de cuenta aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como las declaraciones presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria”, señaló el Ministerio Público durante la audiencia.

A lo largo de una hora con 35 minutos —tiempo que duró la audiencia—, el Ministerio Público enlistó las inconsistencias detectadas entre los ingresos del exfuncionario y el dinero que se transfería a sus cuentas bancarias. Además, informó al juez sobre la compra en efectivo de dos inmuebles, que llamaron su atención durante la investigación porque las características de las propiedades y los montos pagados no resultan concordantes.

Vizcaíno se reservó su derecho a declarar. Sin embargo, en el último minuto de la audiencia, una vez que el juez decretó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, tomó la palabra para pedir al juzgador que reconsiderara su decisión y le permitiera seguir su proceso en libertad.

“Su señoría, quisiera si usted puede reconsiderar el tema. Yo soy el primer interesado en que esto se aclare y tengo entendido que hay diferentes medidas, me parece que puede ser lo del cinturón (brazalete) o no acudir a lugares específicos… si lo puede reconsiderar porque yo soy el primero que quiere aclarar esto, porque no me cuadran esas cantidades estratosféricas, pero ni cercanas, ni cuentas, ni nada, pero yo estando ahí (en prisión) no me encuentro en facultades de poder estar revisando cada cosa”, expuso el exfuncionario.

“Ya tomé mi decisión, no podría variarla. No advertiría alguna otra medida que me permitiera garantizar que no te vas a sustraer de la acción de la justicia”, respondió el juez.

Minutos antes, la defensa intentó evitar la prisión preventiva justificada argumentando problemas de salud del imputado, como insomnio crónico y ansiedad. El juez tomó nota de ello e informó que enviaría los oficios correspondientes para que sus abogados pudieran llevarle a prisión todos los medicamentos que requiriera.

Reportan al SAT ingresos por 190 mil pesos; transfieren 54 millones 

De acuerdo con lo que expuso la fiscalía capitalina, a través de la revisión de los estados de cuenta de las empresas de las cuales Vizcaíno se ostenta como dueño, se pudo acreditar, por ejemplo, que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 29 de febrero de 2016, el exfuncionario recibió depósitos a la cuenta bancaria de la empresa Cami, SA de CV, por poco más de 69 millones de pesos, de los cuales 61 millones no fueron notificados al SAT.

En el ejercicio fiscal 2015, se detectaron transferencias a la cuenta bancaria de dicha empresa por más de 54 millones de pesos. Sin embargo, en la declaración fiscal que se realizó para 2016 solo se informó de ingresos por 190 mil 236 pesos, es decir, una diferencia de 53 millones 936 mil pesos.

En tanto, en la declaración 2017, del ejercicio fiscal 2016, el exfuncionario público declaró depósitos de 259 mil 911 pesos, pero los estados de cuenta revelan transferencias por 7 millones 103 mil pesos, las cuales tampoco fueron notificadas al SAT.

El Ministerio Público detalló que el IMSS le informó que la empresa Cami no cuenta con alta patronal y tampoco se identifica su CURP, mientras que la Policía de Investigación, que acudió al domicilio fiscal de la empresa para verificar que ahí se ubicara, notificó que se trata de departamentos.

“Lo que hace nugatoria, señor Vizcaíno, la posibilidad de generar activos ante la inexistencia de los mismos”, expuso el Ministerio Público.

La empresa Residencial Mariposa presuntamente recibió entre 2015 y 2016 depósitos por 8 millones 060 mil pesos, recursos que no se declararon.

En 2015, por ejemplo, se notificó ante el SAT que esta empresa no había tenido ingresos. Sin embargo, la información bancaria da cuenta de transferencias por 1 millón 684 mil pesos.  

Respecto del ejercicio 2016, se declararon ingresos por 330 mil 720 pesos, pero los depósitos recibidos fueron de 6 millones 706 mil pesos, es decir, no se declararon 6 millones 376 mil pesos.

Los recursos no declarados por ambas empresas, de las cuales Vizcaíno es dueño, ascienden a poco más de 69 millones de pesos. Pero, de acuerdo con lo que detalló el Ministerio Público, en otros años fiscales el exfuncionario declaró más dinero del cual se confirmó que poseía en sus cuentas bancarias, hecho por el cual la acusación que hacen las autoridades en su contra es por enriquecimiento ilícito por 65 millones 734 mil pesos

Propiedades que llamaron la atención

Durante la audiencia, el Ministerio Público también informó que se investigó la compra de dos bienes inmuebles que llamaron la atención, y no porque fueran pagados en efectivo, sino porque las cantidades por las que los adquirió no corresponden a la realidad.

El primer caso es la compra del 50% de un inmueble ubicado en Insurgentes Sur, colonia Guadalupe Inn, por el cual pagó 1.4 millones de pesos. Sin embargo, ya ha dado cuenta públicamente la fiscalía capitalina de que ese inmueble tiene un valor comercial superior a los 30 millones de pesos.

No solo eso: el Ministerio Público también informó al juez que el imputado compró dicha propiedad a Nicias René Aridjis Vázquez, quien durante 2012 y 2016, cuando Vizcaíno era director de jurídico de Benito Juárez, se desempeñó como director de Obras y Desarrollo Urbano en la misma demarcación, y quien hoy es buscado por las autoridades también por enriquecimiento ilícito durante su encargo público.

“(Esta) adquisición llama poderosamente la atención de esta representación social en virtud de que fue por debajo de su valor real”, dijo el Ministerio Público.

Otra de las propiedades del exfuncionario que es investigada es un inmueble en Tepoztlán, Morelos, por el cual pagó 500 mil pesos en efectivo.

Será este jueves a las 10:00 horas cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso de Vizcaíno por presunto enriquecimiento ilícito.

En tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de Nicias Aridjis, señalado junto con Vizcaíno de encabezar el llamado “cártel inmobiliario” de Benito Juárez, un esquema basado en el intercambio de favores, por medio de colusiones fuera de la ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios, así como mediante extorsiones a empresarios.

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Nueva crisis en el gobierno de Boris Johnson: 4 claves del escándalo sexual que propició una ola de renuncias

El primer ministro británico, Boris Johnson, enfrenta una crisis de credibilidad en su gobierno que está generando nuevas presiones en las propias filas conservadoras para sustituirle.
6 de julio, 2022
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Menos de un mes después, un nuevo escándalo.

El gobierno del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue sacudido por una crisis de consecuencias imprevisibles, iniciada por el escándalo sexual en el que se vio involucrado Chris Pincher, un parlamentario conservador cercano al premier.

El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, y el ministro de Salud, Sajid Javid, fueron dos de los primeros en renunciar la noche del martes, poniendo en tela de juicio la competencia de Johnson para liderar el país.

Sunak argumentó que los ciudadanos esperan que el gobierno sea dirigido de una forma “apropiada, competente y seria”; mientras que Javid afirmó que el gobierno no estaba “actuando en el interés nacional”.

Ambas dimisiones avivaron las expectativas de que el gobierno británico pueda caer próximamente.

La mañana del miércoles, el ministro de Infancia y Familias, Will Quince, se unió a Sunak y a Javid, y envió una carta a Johnson anunciando su renuncia, después de que el lunes le dijera a los medios que le habían garantizado que el primer ministro no estaba al tanto de una serie de denuncias contra Chris Pincher.

Más tarde se supo que eso no era cierto.

Poco después el ministro del Tesoro, John Glen, se sumó a la serie de renuncias.

En menos de 24 horas, cerca de 20 funcionarios han abandonado sus cargos, entre ellos también se encuentran el procurador general Alex Chalk y Laura Trott, secretaria parlamentaria en el Departamento de Transporte.

“Después de toda la sordidez, de todo el fracaso, está claro que este gobierno conservador se está derrumbando“, señaló el líder del Partido Laborista, Keir Starmer.

Por su parte, el jefe del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, calificó el mandato de Johnson como un “gobierno de caos que le ha fallado al país” y le conminó a renunciar.

Estos llamamientos ocurren menos de un mes después de que el primer ministro enfrentara una moción de censura en el que 41% de los legisladores de su propio partido votaron contra él.

Rishi Sunak.

Reuters
El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, era una de las figuras de más peso en el gabinete.

Aquel intento de destituirlo tuvo lugar después de que salieron a la luz pública fotos y pruebas de encuentros y celebraciones en la sede del gobierno mientras el resto del país se encontraba confinado por las restricciones impuestas por el propio gobierno de Johnson durante la pandemia de covid-19.

BBC Mundo te responde las preguntas clave sobre este nueva crisis que amenaza con hacer colapsar el gobierno de Johnson.

1. El origen de la crisis

El pasado 30 de junio, el diario británico The Sun publicó una información según la cual el entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había manoseado a dos hombres en un club privado en Londres.

Pincher, quien había sido nombrado en ese cargo por Johnson en febrero de este año en medio de una reorganización del Ejecutivo, renunció inmediatamente.

A los pocos días, los medios británicos publicaron información sobre al menos otros seis casos de supuesta conducta sexual inapropiada por parte de Pincher ocurridos en los últimos años.

Pincher, quien fue suspendido por el Partido Conservador, ha pedido disculpas y ha dicho que cooperará plenamente con las investigaciones sobre su conducta y que está buscando “apoyo médico profesional”.

2. ¿Cómo está implicado Boris Johnson?

Aunque el primer ministro británico no es quien ha incurrido en conductas sexuales inapropiadas, el escándalo de Pincher lo coloca en una situación difícil debido a que se está cuestionando su buen juicio así como la transparencia con la que el gobierno ha manejado el caso.

Chris Pincher

PA Media
Los señalamientos conra Chris Pincher han abierto un nuevo frente de batalla para Boris Johnson.

El pasado 1 de julio, la oficina del gobierno le dijo a la prensa que Johnson no sabía que hubiera acusaciones contra Pincher antes de su nombramiento.

El portavoz del gobierno dijo que el primer ministro no era consciente de “acusaciones específicas” sobre Pincher.

Esa fue la misma línea que mantuvieron en los días siguientes varios miembros del gabinete.

Sin embargo, el 4 de julio, el portavoz del mandatario dijo que Johnson conocía sobre “acusaciones que fueron resueltas o no progresaron hasta la fase de queja formal” y que no se había considerado apropiado detener el nombramiento de Pincher debido a “acusaciones no sustentadas”.

Esa misma tarde, sin embargo, la BBC reveló que Johnson había sido informado sobre una queja formal sobre el “comportamiento inapropiado” de Pincher, mientras este trabajó en el ministerio de Exteriores entre 2019-2020.

Esta queja llevó a un proceso disciplinario que confirmó que sí hubo un comportamiento inapropiado.

Posteriormente en una entrevista con la BBC, Johnson dijo: “Hubo una queja que me hicieron llegar a mí específicamente… fue hace mucho tiempo y me la presentaron de forma oral. Pero eso no es excusa, yo debí haber actuado a partir de ella”.

El primer ministro calificó como “un error” haber nombrado a Pincher, de quien dijo que se había comportado “muy, muy mal”, por lo que pidió disculpas a las personas afectadas.

3. ¿Por qué cuestionan al primer ministro?

“Todo esto se trata de una cosa: la verdad”, señala Chris Mason, editor de Política de la BBC al analizar la crisis en marcha en el gobierno británico.

Manifestación contra Boris Johnson.

Getty Images
El llamado “Partygate” dañó la credibilidad del gobierno de Johnson.

“Al margen de la marejada de detalles y acusaciones, todo se reduce a si la gente puede creer lo que dice el número 10 (como se llama coloquialmente al Ejecutivo británico)”, agrega.

Y es que la respuesta del Ejecutivo al escándalo de Pincher ha ido cambiando progresivamente a medida que han ido surgiendo otros elementos, como ocurrió durante el llamado “Partygate”, el caso sobre las fiestas realizadas en la sede del gobierno durante el confinamiento por el coronavirus, en el cual finalmente se comprobó que incluso Johnson había asistido a alguna de estas reuniones sociales.

“Las preguntas se refieren a lo que Boris Johnson sabía y cuándo lo supo. Y las respuestas siguen cambiando, a menudo en respuesta a hechos incómodos que demuestran que su anterior defensa era una basura, o al menos no tan sincera como podría haber sido”, señala Manson.

4. ¿Qué puede ocurrir ahora?

En teoría, tras haber sobrevivido a la moción de censura en su contra hace apenas un mes, Boris Johnson está protegido de otra iniciativa semejante durante un año.

Esto se debe a que así lo establecen las reglas actuales del Comité 1922, el grupo que agrupa a los legisladores comunes del Partido Conservador británico. Estas señalan que ese es el periodo que debe transcurrir para poder volver a someter a cuestionamiento al líder del partido.

Sin embargo, los críticos de Johnson quieren aprovechar la convocatoria para renovar a la directiva de ese comité para intentar tomar el control del mismo y cambiar esa regla para hacer posible una nueva moción de censura.

Reino Unido

PA
Johnson flanqueado por los dos ministros salientest, Rishi Sunak (dcha) y Sajid Javid.

El legislador conservador Andrew Bridgen, uno de los más críticos con Johnson, le dijo a Sky News que espera que la nueva directiva esté a favor del cambio de esa regla y que así se pueda eliminar esta limitación antes de las vacaciones de verano.

Consultado por la BBC sobre la viabilidad de este cambio en la normativa, Sir Graham Brady, actual jefe del Comité 1922, dijo que “técnicamente es posible”.

En la votación ocurrida hace un mes, Johnson obtuvo 211 votos a favor y 148 en contra.

Sin embargo, su situación política se ha deteriorado más en los últimos días con el escándalo de Pincher, primero, y ahora con las renuncias en su gobierno.

Otro mecanismo que podría llevar a la salida de Johnson es que se convoque un voto de censura en el Parlamento, en el cual los legisladores de todos los partidos puedan participar.

Esa iniciativa ya ha sido propuesta por los Liberales Demócratas, pero para que pueda prosperar necesitaría ser presentada por el Partido Laborista y el gobierno tendría que estar de acuerdo en que se incluyera en la agenda del Legislativo.

Nadine Dorries

Getty Images
La ministra de Cultura, Nadine Dorries, ratificó que está 100% junto a Johnson.

También es posible que sigan produciéndose renuncias dentro del gabinete que aumenten la presión política sobre Johnson para que renuncie.

Pero hay varios ministros que ya han ratificado su confianza en Johnson. Entre estos se incluye la ministra de Cultura, Nadine Dorries; la ministra de Interior, Priti Patel, y el ministro para la oportunidades del Brexit, Jacob Rees-Mogg.

Finalmente, existe la posibilidad de que el mandatario británico logre capear el temporal adverso como ha hecho en crisis anteriores que ha enfrentado su gobierno, aunque los analistas coinciden en que se le está acabando el tiempo.


Los leales a Johnson enfrentan un desafío incómodo

Análisis de Ione Wells, Corresponsal en Westminster, BBC News

Los parlamentarios y ministros conservadores están hartos de que no se les diga la verdad y, como resultado, se les haga quedar como tontos en la televisión y la radio.

Will Quince, cuando tuvo que defender al gobierno por el nombramiento de Chris Pincher, dijo a los medios que recibió una “garantía categórica” ​​de que el primer ministro no estaba al tanto de ninguna “acusación seria y específica” cuando nombró a Pincher.

Esto resultó no ser cierto.

El primer ministro admitió más tarde que estaba al tanto de una denuncia formal sobre Pincher cuando era ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2019.

Quince renunció este miércoles y dijo que “aceptó y repitió las garantías el lunes a los medios de comunicación que ahora se ha descubierto que son inexactas”.

A él se unieron el ministro junior Robin Walker y Laura Trott, anteriormente secretaria privada parlamentaria de transporte, quien también dijo que renunciaría porque se había perdido la confianza en la política.

Aquellos que se mantienen leales al primer ministro ahora enfrentan un desafío incómodo.

Deben defender por qué sienten que es aceptable que el gobierno de Johnson ordenara a sus ministros que dijeran una cosa, antes de cambiar de posición días o incluso horas después.


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