El incremento de la población penitenciaria en México no se detiene. El primer semestre de 2022 cerró con casi 227 mil personas privadas de su libertad en las cárceles del país, la cifra más alta de los últimos siete años. Desde 2019, cuando se ampliaron los delitos que ameritan prisión preventiva automática, la tendencia ha sido al alza.
Del total de personas en prisión, a más del 40% no se les ha probado que cometieron un delito. Están a la espera de un juicio. El aumento del número de personas privadas de su libertad ya provocó que haya casi 9 mil 800 internos en condiciones de hacinamiento.
Así lo revelan los datos oficiales actualizados del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que indican que al cierre de junio pasado la cifra exacta de personas privadas de su libertad era de 226 mil 916, que son 4 mil 547 más que las que había al arranque del año.
Para encontrar una cifra más alta de personas privadas de su libertad hay que ir hasta 2015, cuando se llegaron a registrar hasta 247 mil 488 personas recluidas. Para 2016, con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio —que dificultó el encarcelamiento automático de personas detenidas—, la cifra se redujo hasta 217 mil 868 internos.
La tendencia a la baja logró mantenerse hasta 2018 cuando, por primera vez, el total de personas cayó por debajo de 200 mil, ubicándose en 197 mil 988. Pero, tras las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno federal y respaldadas por la oposición, que incrementaron de ocho a 24 los delitos por los que una persona puede quedar en prisión preventiva oficiosa, esta tendencia se revirtió.
De acuerdo con las cifras oficiales, en un plazo de tres años y medio la población penitenciaria ha crecido de manera sostenida un 14.6%. Se trata de un incremento de más de 28 mil internos.
Del total de personas en prisión al cierre de junio, el 87% está acusado de cometer delitos del fuero común (imputados por las fiscalías de los estados), mientras que el 13% enfrenta cargos federales, promovidos por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los presos sin condena
De las 226 mil 916 personas en centros penitenciarios del país, 92 mil 595 —poco más del 40%— se encuentran en prisión preventiva, sin sentencia. Dicho de otra forma: al menos cuatro de cada 10 personas privadas de su libertad en un penal del país siguen siendo legalmente inocentes, pues no se les ha probado en un juicio lo contrario.
En el caso de las mujeres en específico, la proporción es aún mayor. De las 12 mil 182 presas, hay 6 mil 510 —el 53%— que son procesadas, pero sin condena. Es decir, más de la mitad de las mujeres privadas de su libertad no han podido tener un juicio.
El año pasado, Animal Político e Intersecta publicaron un reportaje en el que documentaron que todos los días, en promedio, se encarcela a 300 personas que en su mayoría son inocentes pues no se les ha probado que cometieron un delito. Y en buena medida, se trata de personas de bajos recursos, que tampoco son capaces de contratar un equipo de abogados que les defienda.
Para Luis Jorge de la Peña Rodríguez, investigador sobre temas de reinserción social y miembro del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), parte del incremento tiene que ver con el abuso de la prisión preventiva oficiosa, pues con el nuevo catálogo muchos delitos son catalogados como graves. Agregó que el hecho de que haya más gente detenida no se puede considerar como una acción que combata la delincuencia.
“Sigue siendo un problema el abuso de prisión preventiva, que es un tema de derechos humanos y del debido proceso que siguen sin modificarse (…) Hasta que no haya una sentencia de que esas personas son responsables de una conducta delictiva, no puede considerarse que sea una acción que combata al delito. Por otro lado, esas personas que están detenidas, al no tener el estatus de responsables, no son objeto de un proceso de reinserción social particular, individualizado”, dijo en entrevista.
José Luis Gutiérrez, de Así Legal, una organización que defiende los derechos de las personas privadas de su libertad, consideró que esta situación es provocada por el sistema judicial.
“Esta problemática es alentada por los órganos de procuración y administración de justicia, quienes han hecho un abuso de la prisión preventiva y de los juicios abreviados. Esto ha provocado que cientos de centros penitenciarios estén con problemáticas severas de falta de condiciones de higiene, de salud, de falta de personal”, dijo.
¿Quiénes son y qué delitos cometen?
Unas 197 mil personas, el 87% de la población penitenciaria, fueron privadas de la libertad señaladas por delitos del fuero común, y 13%, por delitos del fuero federal.
Al cierre de 2021, más de 118 mil internos hombres llegaron a los centros penitenciarios señalados por robo, más de 47 mil por homicidio, 25 mil por violación, 23 mil por secuestro. En el fuero federal, más de 6 mil fueron procesados por delitos relacionados a armas y explosivos, 3 mil por privación de la libertad, más de 2 mil por delitos contra la salud y cerca de 2 mil por delincuencia organizada, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022 del INEGI.
En cuanto a mujeres, más de 5 mil fueron procesadas por robo, más de 2 mil por homicidio, 426 por secuestro y 328 por delincuencia organizada, entre otros.
Al cierre de junio, en las cárceles estatales y federales había 214 mil 134 hombres y 12 mil 782 mujeres.
Los datos del INEGI refieren que la mayoría de hombres y mujeres de la población penitenciaria se encuentra entre los 25 y 44 años, y su escolaridad promedio es de secundaria.
Luis Jorge de la Peña Rodríguez advirtió que gran parte de la población no tuvo acceso a una defensa adecuada, pues aunque la defensoría pública es buena, casi siempre es rebasada por el número de casos.
José Luis Gutiérrez agregó que muchas de las personas en prisión y sin sentencia tienen condición de pobreza, y las que sufren un doble castigo son las mujeres.
¿En dónde se distribuyen?
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al cierre del año pasado había 319 centros penitenciarios: 15 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, según datos del INEGI. El total de presupuesto que tuvieron en ese año fue de más de 35.5 mil millones de pesos.
El Estado de México cuenta con 22 cárceles estatales, un centro penitenciario federal y un centro para adolescentes; le sigue Sonora con 13 estatales, uno federal y seis para adolescentes; Veracruz tiene 18 estatales, uno federal y uno para adolescentes; Ciudad de México cuenta con 13 cárceles locales y una especializada para menores de edad.
Del total de centros penitenciarios, existe una capacidad de 217 mil 129 espacios, pero el número de internos es superado por casi 9 mil 800 personas.
Aunque hay 319 centros, solo 234 proporcionan cubrebocas, 232 jabón, 167 papel higiénico, 142 colchonetas, 129 toallas femeninas, 125 ropa, 58 calzado y 52 sábanas, de acuerdo con los datos del INEGI.
En su diagnóstico, la CNDH coincidió en señalar que la prisión preventiva ha contribuido a agravar problemas estructurales que padecen las cárceles del país, que van desde el hacinamiento hasta la corrupción y el autogobierno. En total, el organismo documentó 20 tipos de irregularidades en las cárceles del país.
“La realidad es que dentro de los centros son los propios internos los que tienen que ver por su manutención. Existe una marginalidad compleja, se cuenta con cierta indigencia en reclusión. Esta población a veces no cuenta con los medios para mantenerse”, dijo el investigador Luis Jorge de la Peña.
