Enfermos renales sin seguridad social padecen falta de tratamiento
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“No me quiero morir”: enfermos renales sin seguridad social padecen falta de atención pese a cambios de gobierno y promesas

Aunque gobiernos pasados intentaron hacer uno, aún no existe un registro nacional de pacientes con insuficiencia renal. Este y otros factores dificultan la atención de esta enfermedad, que es la novena causa de muerte en personas mayores de 55 años.
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4 de agosto, 2022
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“No me quiero morir”, dice Leticia Méndez Martínez desde la cama de un hospital en la Ciudad de México. La frase y el tono son el llamado de auxilio de una mujer de 29 años que desea vivir y a quien se le están negando las opciones para acceder a tratamiento, por no tener seguridad social ni dinero para pagar atención privada.

A Leticia, su sangre la está envenenando. Los filtros naturales del organismo, los riñones, que eliminan los desechos del metabolismo, ya no funcionan. Necesita que una máquina limpie su sangre de toxinas. Solo con la hemodiálisis se siente mejor. Sin esta terapia, los pies y el rostro se le hinchan y apenas puede respirar. 

En el hospital donde está, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), le dijeron que en cuanto la den de alta no podrán seguirle dando hemodiálisis. Tendrá que buscar una clínica privada, donde cada sesión cuesta al menos mil 500 pesos y ella necesita mínimo dos por semana. Leticia no tiene para pagarlo. 

En México, no hay un registro que indique cuál es la incidencia (los nuevos casos) o la prevalencia (todos los casos) de enfermedad renal crónica (ERC). Hacerlo llevaría a conocer cuánto se necesita para atender a todas las personas que requieran esta atención, pero ningún gobierno ha querido asumir la inversión de garantizar el derecho a la salud de quienes no tienen seguridad social y padecen insuficiencia renal, el último estadio de la ERC, cuando ya las toxinas se deben filtrar con ayuda externa.   

“Cuando era secretario de Salud Julio Frenk (en el sexenio de Vicente Fox), nos pidieron hacer ese registro de personas con enfermedad renal, pero duró abierto solo dos meses y lo cerraron, porque vieron que eran muchas personas y no habría con qué pagar los tratamientos”, dice el epidemiólogo y académico de la UNAM Malaquías López. 

Desde entonces, ese registro no se ha hecho a nivel nacional. Solo hay dos estados que registran el número de personas en terapia renal de reemplazo (diálisis, hemodiálisis y trasplante): Jalisco y Aguascalientes. 

Guillermo García García, académico y exjefe del Servicio de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara, precisa que en Jalisco en 2003 había una incidencia de 280 pacientes en terapia de reemplazo renal por millón de habitantes al año y, en 2018 (último dato disponible), ese número subió a 594, más del doble. 

Con esa cifra, y tomando los 124 millones de habitantes que había en el país en 2018, se puede calcular que hay unos 73 mil pacientes nuevos al año en terapia de reemplazo renal. “Son los afortunados que pueden acceder a tratamiento”, dice García. 

Lo que no se sabe es el número de personas sin atención por no poderla pagar. “Lo que sabemos es que más del 55% de la población no tiene acceso a seguridad social, y el Insabi no cubre diálisis, hemodiálisis ni trasplantes”. 

Omar de Jesús Ruiz, director ejecutivo de la Federación Mexicana de Enfermos Renales y Trasplantados (Femetre), explica que una persona que tiene insuficiencia renal y no tiene diálisis o hemodiálisis puede fallecer en mes y medio o dos meses: las toxinas afectan a todos los órganos, el cuerpo se hincha y colapsa.

Todos esos pacientes sin atención fallecen, dice De Jesús Ruiz, sobre todo en estados como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, donde no hay programas de trasplantes y la diálisis y la hemodiálisis solo son terapias de reemplazo mientras se consigue un donador. 

Un registro a nivel nacional que sí se tiene es el de muerte por insuficiencia renal. Aunque la pandemia por COVID-19 lo opacó, en 2018, de acuerdo con la estadística de defunciones del Inegi, esta enfermedad era la décima causa de muerte en México

Para 2021 ya no estuvo en esa lista. COVID-19, al posicionarse como número uno, la desplazó un lugar hacia abajo, pero todavía es la novena causa de muerte en personas mayores de 55 años. En 2018, sin el impacto del coronavirus, la insuficiencia renal estaba en el lugar ocho de fallecimientos entre este grupo poblacional. 

Lee más: Hombre, mayor de 60 años y con enfermedad renal crónica: la combinación más letal con la COVID-19

“En Femetre, al día recibimos mensajes de unos 10 pacientes, entre redes sociales y por teléfono, que buscan apoyo para costear diálisis, hemodiálisis o medicamentos para tratamiento renal, 10 al día”, subraya De Jesús Ruiz. 

Beatriz Adriana Rodríguez, presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Trasplantados de Puebla, dice que hay familias que han perdido todo por pagar el tratamiento renal de un familiar y aun así muere. No hay dinero que alcance. 

García señala que se ha dicho que ofrecer de forma universal y gratuita el acceso a diálisis, hemodiálisis y trasplante quebraría al sistema de salud, pero eso no es verdad. Afirma que la prueba es que hay países como Colombia, con un PIB más bajo que el de México, donde sí se da este acceso, lo mismo que en Brasil, Argentina o Chile. “No hace falta ser un país rico para garantizar este derecho”. 

Mientras los pacientes con enfermedad renal y sin seguridad social buscan la forma de contar con tratamientos sustitutivos, este 22 de julio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por el robo de dos lotes del dispositivo médico Quabic (bicarbonato de sodio en solución grado hemodiálisis) y un lote del medicamento Prigadef (propofol).

Las alertas se emiten por el riesgo que representa el uso de estos productos, puesto que al ser robados y desconocer sus condiciones de transporte, almacenaje y manipulación, no se garantiza su calidad y seguridad.

Luchar por sobrevivir

Leticia Méndez Martínez padece lupus eritematoso, una enfermedad en la que su sistema inmunológico ataca a los órganos. En su caso, le ha atacado pulmones y riñones. Por los problemas respiratorios que tenía, la ingresaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en marzo de 2020, pocos días antes de que se declarara la pandemia. 

A Leticia la dieron de alta de emergencia, presurosos por vaciar el hospital de los pacientes regulares para atender solo a los afectados por COVID-19. “Me sacaron a la calle sin darme opciones de tratamiento. Solo me dijeron que ahí ya no me podían atender”. 

Era trabajadora del hogar, pero tuvo que dejar su empleo por sus problemas de salud. Estuvo haciendo malabares para pagar durante más de un año una consulta privada con un nefrólogo. Lo que gana su esposo vendiendo pan y café en un carrito no alcanzaba. Su familia tuvo que cooperar con sus ahorros. 

Cuando la pandemia empezó a bajar, Leticia peleó para que la volvieran a atender en el INER y después la canalizaran a Nutrición, a donde llegó hinchada en junio pasado. “Me dijeron que solo me pueden dar la hemodiálisis si estoy hospitalizada, pero con el alta se cancela esa posibilidad”, cuenta. 

Animal Político pidió una entrevista a la Secretaría de Salud para saber cuándo serán gratuitos los tratamientos de diálisis y hemodiálisis para los pacientes renales, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

“Sigue sin haber voluntad política, pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener un sistema de salud universal y gratuito, que cubra todos los tratamientos”, señala De Jesús Ruiz. 

El director de Femetre cuenta que, con José Narro como secretario de Salud (en la administración de Enrique Peña Nieto), hubo otro intento de hacer un registro de pacientes renales. Tampoco prosperó. Lo más que se diseñó fue un documento informativo llamado Política Nacional para la Prevención y Atención de la Enfermedad Renal en México, pero sin cifras de pacientes ni costos de atención. 

Ahora, dice De Jesús Ruiz, los integrantes de la federación han tratado de tener una audiencia con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pero no los han recibido. 

Este medio también preguntó a Nutrición si era verdad que solo se da a los pacientes la diálisis y hemodiálisis mientras están hospitalizados. La respuesta fue que se les da también a quienes ya están dentro de un protocolo para el trasplante, pero esto depende de la demanda que haya, es decir, de que haya capacidad para atender a todas las personas que la requieran y estén en espera de un órgano en el programa del hospital. 

Antes, todos estos servicios en los hospitales de tercer nivel tenían un costo, ahora son gratuitos. Pero como el presupuesto no se elevó para poder cubrir este tipo de tratamientos de forma gratuita, solo se dan a quienes se puede atender y están en espera de trasplante. 

Sobre para cuándo se podrá dar a todos los pacientes de forma gratuita la diálisis y hemodiálisis, incluidos quienes no están en proceso para entrar al protocolo, no hubo respuesta. 

Sin embargo, después de esos cuestionamientos, cuando a Leticia la dieron de alta, le dijeron que ocuparía el lugar de otro paciente que se había ido de vacaciones durante dos semanas.

Ese periodo ya está corriendo. Después, si en el instituto no le dan las terapias de reemplazo renal, Leticia no tendrá otra opción para acceder a ellas. “Mi familia ya me apoyó todo lo que pudo, pero ya no pueden. Lo que gana mi esposo no alcanza para pagar 3 mil pesos a la semana en un tratamiento. No sé qué voy a hacer, pero no me quiero morir”, insiste.  

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Texas: 4 contradicciones de la policía sobre el tiroteo que cuestiona la actuación de los agentes

Las autoridades de Texas han revelado detalles que contradicen declaraciones anteriores.
28 de mayo, 2022
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La policía de Texas ha corregido detalles clave sobre el tiroteo en una escuela de Uvalde a medida que aumentan las críticas por parte de algunos padres sobre el recuento inicial de los hechos.

El pasado martes, la pequeña y normalmente tranquila localidad, en el estado de Texas, se convirtió en el escenario de la peor masacre ocurrida en una escuela de Estados Unidos en casi una década.

Al menos 21 personas murieron (19 de ellas niños y dos maestras) cuando Salvador Ramos, un adolescente de 18 años, irrumpió en la primaria Robb con una pistola de mano y un rifle AR-15, se atrincheró en un salón de clases y comenzó a disparar.

Desde entonces se han ido revelando detalles de cómo transcurrió la jornada que cambió para siempre la vida de este pueblo fronterizo.

Pero en sus últimas declaraciones, la policía se ha retractado de otras hechas anteriormente.

1. Entró sin mayor esfuerzo

Las autoridades informaron inicialmente que Ramos intercambió disparos con un agente policial de la escuela antes de ingresar al edificio.

Poco después, durante una sesión informativa el miércoles, Steven C. McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública (DPS), aseguró que un agente policial de la escuela “atacó” al tirador pero que no hubo intercambio de disparos.

Gente llorando tras la masacre.

Getty Images
Ramos compró legalmente dos rifles estilo AR el día en que cumplió 18 años, una semana antes del ataque.

Pero este jueves la policía reveló que el atacante deambuló afuera de la escuela durante 12 minutos antes de entrar sin ser cuestionado.

“Se informó (inicialmente) que un agente policial del distrito escolar confrontó al sospechoso cuando ingresaba. No es correcto. Entró sin obstáculos”, reveló Victor Escalon director regional del DPS.

2. La “rapidez” de la respuesta

Inicialmente, varios funcionarios estadounidenses celebraron la respuesta “rápida” de las autoridades.

Steven C. McCraw, el director del DPS, aseguró el miércoles que un agente actuó rápidamente cuando Ramos se acercaba a la escuela tras estrellar su vehículo.

El gobernador estatal Greg Abbott, por su parte, elogió la “respuesta rápida” de los “valientes funcionarios locales” que, según dijo, se habían enfrentado al pistolero antes de que ingresara a la escuela.

“Mostraron un coraje increíble”, agregó

Aula de la escuela.

Getty Images
Ramos entró libremente a la escuela por una puerta que estaba abierta a las 11:40am

Pero este jueves, Escalon reveló que la policía llegó después de que el hombre armado entrara y que fue muerto 90 minutos luego de su llegada.

La respuesta ahora es considerada como tardía y una serie de videos que muestran a padres frustrados siendo abordados y esposados ​​por la policía mientras el atacante aún estaba dentro de la escuela, ha provocado una creciente ira en Estados Unidos.

3. No ingresaron de inmediato

Este jueves, Escalón detalló que Ramos estrelló su vehículo cerca a las 11:28am, y la primera llamada de emergencia llegó dos minutos después cuando algunos testigos reportaron que habían visto a un hombre con un arma de fuego.

Ramos disparó a transeúntes, recorrió las instalaciones de la escuela y entró libremente por una puerta que estaba abierta a las 11:40am.

La policía llegó al lugar cuatro minutos después, según Escalon.

Inicialmente, la policía dijo que los oficiales estaban “adentro” tratando de actuar y se cubrieron después de ser atacados.

Pero Escalon contradijo el jueves esta versión.

Dolientes visitan el monumento a las víctimas del tiroteo en la escuela de Texas.

Getty Images

“Ellos (no) entraron de inmediato debido a los disparos que estaban recibiendo”, precisó.

A las 12:45, el pistolero fue muerto a tiros no por agentes locales. sino por una unidad táctica dirigida por agentes fronterizos estadounidenses.

Escalon restó importancia a las declaraciones anteriores de la policía de que hubo intercambios de disparos en curso durante la hora en la que Ramos estuvo en el lugar.

“La mayoría de los disparos fueron al principio”.

4. Chaleco antibalas

Inicialmente, las autoridades locales afirmaron que el hombre armado tenía un chaleco antibalas, pero luego cambiaron el discurso.

El sargento Erick Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas, aseguró el miércoles que Ramon tenía “un rifle y un chaleco antibalas“.

“Después del choque (de su vehículo) salió un hombre armado, con un chaleco antibalas. Entró por una puerta en el sur (del plantel), donde se encontró con un policía y empezaron a dispararse entre ellos”, detalló.

Pero más tarde, el teniente Christopher Olivarez, vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que el atacante no llevaba chaleco antibalas, sino un chaleco para guardar cargadores adicionales.

Ramos compró legalmente dos rifles estilo AR el día en que cumplió 18 años, una semana antes del ataque.

La investigación no ha encontrado indicios de que tuviera antecedentes de enfermedad mental o penales.

Pese a la línea de tiempo ofrecida por el director regional del DPS, Victor Escalon, este jueves, aún quedan muchas dudas sobre los hechos.

Escalon se negó a responder varias preguntas sobre por qué el pistolero no había sido abatido antes. Pero afirmó que había “tomado en consideración todas las preguntas” y que pronto ofrecería una actualización.


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