“Se derrotó la presunción de inocencia”. Jesús Murillo Karam apenas esbozó esas palabras frente al juez, con el desgano que deja permanecer en una audiencia judicial por 12 horas; y tras escuchar que iría a prisión a los 74 años de edad.

Quien fuera procurador durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue detenido la tarde del viernes 19 de agosto en su casa ubicada en la acaudalada colonia Lomas de Chapultepec. A la mañana siguiente estaba frente al juez escuchando las acusaciones en su contra por los delitos de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.

Durante la audiencia, los fiscales aseguraron que “la verdad histórica” era un “invento” construido mediante tortura y “montajes”. Que se trataba de una “maquinación”, “una verdad histórica falsa” orquestada por él, con la ayuda de su subordinado, Tomás Zerón, extitular de la Agencia Federal de Investigación, ahora prófugo en Israel y acusado de los mismos delitos de Murillo Karam. 

Además evitaría el “riesgo procesal innecesario” de que el orquestador de la “verdad histórica” pudiera influir o intervenir el la “trascendente investigación” que supone el caso Ayotzinapa, y que podría traer como consecuencia “afectar el derecho a la verdad” para las víctimas.

Con esos elementos, el juez resolvió que el exprocurador quedaría recluido en el Reclusorio Norte a partir de este 20 de agosto. 

La “maquinación” de ‘la verdad histórica’

La hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le dejó el tabaquismo y la  insuficiencia vascular cerebral que le fue detectada hacía 7 años, le estaba pasando factura. 

La audiencia, presidida por el juez Marco Antonio Fuerte, comenzó poco antes de las 10 de la mañana con el listado de imputaciones por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia leídas por la fiscal Lidia Bustamante. Explicó que tras la desaparición de estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó el esclarecimiento del caso, y ‘la verdad histórica’ había sido la forma de hacerlo. 

“La verdad histórica fue inventada por usted, Murillo Karam, en conjunto con Tomás Zerón, para dar respuesta al clamor social de justicia y que estaba generando desestabilidad en el país. Usted dio instrucción y ejecución de hechos delictivos para sostener la verdad inexistente, la fabricación”, aseguró la fiscal.

Bustamante acusó a Murillo Karam de ser el autor intelectual de tortura y desaparición forzada; y autor material del delito contra la administración de justicia.

En todos los casos, la fiscal consideró que las cuatro conferencias de prensa que Jesús Murillo Karam dio sobre el tema, eran pruebas en este proceso judicial en su contra, puesto que en la primera de ellas, realizada el 6 de octubre de 2017, anunció que la PGR había atraído la investigación y, por lo tanto, fue el responsable directo de ella. 

En la conferencia del 27 de octubre, Murillo Karam mintió al decir que ya había detenidos y se encontraban declarando, mientras que en la conferencia de prensa del 7 de noviembre donde exhibe videos con declaraciones de los supuestos responsables, se trató de testimonios obtenidos mediante tortura.  

Otro elemento en contra de Murillo fue el testimonio del exfuncionario Bernardo Muñoz, quien grabó los videos donde los detenidos eran torturados.

El exfuncionario, apegado al criterio de oportunidad, declaró que fue testigo de una reunión de ‘altos mandos’ que se realizó en Guerrero el 7 de septiembre, dos días después de que la PGR atrajo la investigación de Ayotzinapa.  

En ella participaron Murillo Karam, Tomás Zerón, el entonces gobernador Ángel Aguirre, Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la unidad especializada en investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y Omar García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero y actual secretario de seguridad de la Ciudad de México. 

La fiscal Lidia Bustamante dijo que esa reunión sirvió para “fraguar” la verdad histórica, puesto que ocurrió inmediatamente después de que la PGR atrajo la investigación y posterior a ella, ocurrieron los presuntos delitos que sirvieron para sostenerla.

Uno de ellos está relacionado con las detenciones de supuestos integrantes de Guerreros Unidos y presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, hecho que Murillo Karam dio a conocer el 27 de octubre de 2014 en una conferencia de prensa.

Sin embargo, la Fiscalía descubrió que a las 16 horas, cuando ocurrió la conferencia de prensa, las cuatro personas presentadas como presuntos responsables aún no habían sido detenidos, pues éstas ocurrieron en las primeras horas del 28 de octubre de 2014, según declararon en 2019, durante la investigación contra Murillo. 

Érika Ramírez, exfuncionaria de la Procuraduría, declaró, en agosto de 2021, que fue testigo de la fabricación de documentación oficial para ‘cuadrar’ las detenciones. A petición de Gualberto Ramírez Gutiérrea, titular de la unidad especializada en investigación de la SEIDO, un policía ministerial realizó una llamada para registrar una “denuncia anónima” denunciando la supuesta responsabilidad de los detenidos.

Ese hecho quedó registrado el 25 de octubre, aunque el día que lo hicieron era 27 de octubre. “Gualberto autorizó el oficio y elaboró el memo”, declaró la exfuncionaria, quien también se apegó al criterio de oportunidad. 

La fiscal detalló que las pruebas del Protocolo de Estambul develaron que los detenidos fueron torturados para conseguir declaraciones que sirvieron para fabricar ‘la verdad histórica’.

Agustín García Reyes, uno de los acusados, declaró que lo detuvieron a las 3 de la madrugada cuando se encontraba en su casa. A partir de entonces sufrió tortura para declarar su participación en la desaparición de los estudiantes.

García Reyes dijo que fue sacado de la detención y trasladado en helicóptero, junto a Tomás Zerón, hacia Iguala, al río San Juan, para simular que tiraba al agua restos de huesos contenidos en bolsas de plástico, y donde un día después se registraría el hallazgo de un resto óseo.

Ese material fue enviado al laboratorio de Innsbruck y se confirmó que corresponde al de  Alexander Mora Venancio. 

Sobre este hecho también existe la declaración y las fotografías tomadas por un periodista que vio a Tomás Zerón, y al presunto acusado, con las bolsas negras caminando cerca del río. 

Todo esto, insistió la fiscal Bustamante, confirma la responsabilidad de Murillo Karam, pues Tomás Zerón era su subordinado y pese a estar enterado de la tortura perpetrada contra los detenidos, no lo denunció; además, en este delito, la jerarquía es relevante para la imputación y en este caso, Murillo Karam tenía el cargo más alto en la institución de procuración de justicia. 

El “montaje”, la manipulación de la escena y la obstrucción en la cadena de custodia de las pruebas acredita el delito contra la administración de justicia, explicó la fiscal Lidia Bustamante. 

Por otra parte, la acreditación del delito de desaparición forzada está relacionado con ‘la verdad histórica’, pues al maquinar una mentira, Murillo Karam impidió que se siguieran otras líneas de investigación que podrían llevar a la localización de los estudiantes. Por lo tanto, al concluir las pesquisas contribuyó a perpetuar la desaparición forzada. 

Murillo Karam preso 

Durante la primera parte de la audiencia, el juez Marco Antonio Fuerte reprendió a las fiscales en varias ocasiones debido a que eran incapaces de responder dudas técnicas, por lo que el juez pidió la presencia de otro fiscal que sí pudiera llevar a cabo la audiencia oral, pero la tensión llegó a tal grado que el juez  propuso darles unos minutos para ordenar la información y pudieran presentarla de manera clara o de lo contrario informaría a sus superiores que “no vinieron preparadas a esta audiencia”. 

Sin embargo, por la tarde, después de los primeros dos recesos, el juez dejó de cuestionar a las fiscales y fue más duro con la defensa de Murillo Karam. Para entonces, el exfuncionario se veía más cansado, pese a que uno de los recesos justamente fue porque se sintió mal debido a que ni siquiera había desayunado, por lo que el juez instruyó a que le proporcionaran alimentos. 

Al terminar las imputaciones, el juez preguntó si quería tomar la palabra y la primera reacción de Murillo Karam fue acercarse al micrófono, pero el juez le aconsejó que primero lo consultara con sus abogados porque todo lo que dijera podría ser usado en su contra. 

Después de unos segundos de intercambio con los abogados, el exprocurador respondió que “tan mal estoy que mis abogados no confían en mí”. 

La defensa solicitó una ampliación de plazo de 144 horas para aportar elementos antes de que la audiencia entrara al proceso de vinculación a proceso, es decir, determinar si abrirán juicio en contra del acusado, por lo que la siguiente audiencia fue agendada para el próximo miércoles 24 de agosto. 

En tanto, la Fiscalía solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada ante un posible riesgo de fuga, argumentando que el exfuncionario no tiene arraigo domiciliario en la Ciudad de México, pues también tiene propiedades en Hidalgo y Guerrero. 

Además de que cuenta con un patrimonio de 85 millones de pesos que le permitiría irse a otro país, incluso porque los últimos viajes al extranjero los había hecho en vuelos privados. Mientras que las redes de amistad derivadas de los puestos de alto rango que ha tenido en su carrera, podría ayudarle a sustraerse de la justicia y esconderse. 

Para contrarrestar esta petición, la defensa de Murillo Karam, encabezada por José Javier López, llamó a comparecencia al médico del exfuncionario, Alberto Jonguitud, quien explicó las enfermedades crónicas que su paciente tiene, así como los estudios y medicamentos que requiere, por lo que la prisión podría afectar aún más su estado de salud. 

Incluso, la defensa expuso que en caso extremo de considerar la prisión preventiva, que esta fuese en domicilio, debido a la edad de Murillo Karam. 

El juez rechazó sus argumentos. 

Poco antes de las 10 de la noche, el juez Fuerte Tapia expuso su decisión y comenzó con el análisis de la petición de prisión preventiva oficiosa hecha por la asesora legal de las víctimas de tortura, debido a que el delito de desaparición forzada, como lo contempla la Ley General en Materia de Desaparición de Personas. Sin embargo, el juez expuso que dicha legislación fue promulgada en 2017 y no puede ser retroactiva en perjuicio del acusado. 

Sin embargo, sí consideraba como medida idónea la prisión preventiva justificada y los argumentos expuestos por la Fiscalía, pues efectivamente tenía dinero y relaciones suficientes para intervenir en la investigación o con los testigos y afectar así la investigación, lo cual es considerado como “riesgo procesal”. 

Para evitar ese riesgo, era una buena medida que Murillo Karam permaneciera en el Reclusorio Norte hasta la celebración de la próxima audiencia y además los delitos que se le imputan son de “violencia” y con penas máximas.

La medida, agregó, “no riñe” con su estado de salud, porque podría solicitar atención médica. 

Murillo Karam escuchaba encorvado en la silla y con el rostro serio y visiblemente cansado. Cuando el juez preguntó por segunda vez en el día si quería decir algo, el exfuncionario ni siquiera se acercó al micrófono, pero dijo que “se derrotó la presunción de inocencia”, a lo que el juez reviró que no era así, pues la prisión preventiva no prejuzgaba y aún se mantenía su presunción de inocencia.