Murillo Karam: Se derrotó la presunción de inocencia
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Las 12 horas que dejaron a Murillo Karam en prisión preventiva por "maquinar la verdad histórica"

El juez consideró que someter a Jesús Murillo Karam a prisión preventiva justificada aseguraría su presencia en la siguiente audiencia y eliminaría que se fugara o se escondiera
Cuartoscuro
21 de agosto, 2022
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“Se derrotó la presunción de inocencia”. Jesús Murillo Karam apenas esbozó esas palabras frente al juez, con el desgano que deja permanecer en una audiencia judicial por 12 horas; y tras escuchar que iría a prisión a los 74 años de edad.

Quien fuera procurador durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue detenido la tarde del viernes 19 de agosto en su casa ubicada en la acaudalada colonia Lomas de Chapultepec. A la mañana siguiente estaba frente al juez escuchando las acusaciones en su contra por los delitos de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.

Ese había sido el principal caso de investigación en su paso por la Procuraduría General de la República (PGR). La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, marcó su carrera como funcionario público cuando presentó “la verdad histórica”, con lo que daba por concluidas las investigaciones argumentando que los jóvenes habían sido incinerados en un basurero de Cocula. 

Durante la audiencia, los fiscales aseguraron que “la verdad histórica” era un “invento” construido mediante tortura y “montajes”. Que se trataba de una “maquinación”, “una verdad histórica falsa” orquestada por él, con la ayuda de su subordinado, Tomás Zerón, extitular de la Agencia Federal de Investigación, ahora prófugo en Israel y acusado de los mismos delitos de Murillo Karam. 

El juez de control que presidió la audiencia, Marco Antonio Fuerte Tapia, consideró que someter a Murillo Karam a prisión preventiva justificada aseguraría su presencia en la siguiente audiencia y eliminaría que se fugara o se escondiera, puesto que tenía los medios económicos y las redes de amistad para ayudarle.

Además evitaría el “riesgo procesal innecesario” de que el orquestador de la “verdad histórica” pudiera influir o intervenir el la “trascendente investigación” que supone el caso Ayotzinapa, y que podría traer como consecuencia “afectar el derecho a la verdad” para las víctimas.

Con esos elementos, el juez resolvió que el exprocurador quedaría recluido en el Reclusorio Norte a partir de este 20 de agosto. 

También lee: Quién es Murillo Karam, el exprocurador acusado de tortura y desaparición forzada.

La “maquinación” de ‘la verdad histórica’

En 2015, cuando Jesús Murillo Karam dejó la Secretaría de Desarrollo Agrario, el último cargo público de su carrera, tenía 67 años, pero por su complexión regordeta y el carácter recio, se imponía como un hombre fuerte. En el video de su detención y, aún más en la audiencia, lucía disminuido, con varios kilos menos y el semblante desganado.

La hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le dejó el tabaquismo y la  insuficiencia vascular cerebral que le fue detectada hacía 7 años, le estaba pasando factura. 

La audiencia, presidida por el juez Marco Antonio Fuerte, comenzó poco antes de las 10 de la mañana con el listado de imputaciones por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia leídas por la fiscal Lidia Bustamante. Explicó que tras la desaparición de estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó el esclarecimiento del caso, y ‘la verdad histórica’ había sido la forma de hacerlo. 

“La verdad histórica fue inventada por usted, Murillo Karam, en conjunto con Tomás Zerón, para dar respuesta al clamor social de justicia y que estaba generando desestabilidad en el país. Usted dio instrucción y ejecución de hechos delictivos para sostener la verdad inexistente, la fabricación”, aseguró la fiscal.

Bustamante acusó a Murillo Karam de ser el autor intelectual de tortura y desaparición forzada; y autor material del delito contra la administración de justicia.

En todos los casos, la fiscal consideró que las cuatro conferencias de prensa que Jesús Murillo Karam dio sobre el tema, eran pruebas en este proceso judicial en su contra, puesto que en la primera de ellas, realizada el 6 de octubre de 2017, anunció que la PGR había atraído la investigación y, por lo tanto, fue el responsable directo de ella. 

En la conferencia del 27 de octubre, Murillo Karam mintió al decir que ya había detenidos y se encontraban declarando, mientras que en la conferencia de prensa del 7 de noviembre donde exhibe videos con declaraciones de los supuestos responsables, se trató de testimonios obtenidos mediante tortura.  

Otro elemento en contra de Murillo fue el testimonio del exfuncionario Bernardo Muñoz, quien grabó los videos donde los detenidos eran torturados.

El exfuncionario, apegado al criterio de oportunidad, declaró que fue testigo de una reunión de ‘altos mandos’ que se realizó en Guerrero el 7 de septiembre, dos días después de que la PGR atrajo la investigación de Ayotzinapa.  

En ella participaron Murillo Karam, Tomás Zerón, el entonces gobernador Ángel Aguirre, Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la unidad especializada en investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y Omar García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero y actual secretario de seguridad de la Ciudad de México. 

La fiscal Lidia Bustamante dijo que esa reunión sirvió para “fraguar” la verdad histórica, puesto que ocurrió inmediatamente después de que la PGR atrajo la investigación y posterior a ella, ocurrieron los presuntos delitos que sirvieron para sostenerla.

Uno de ellos está relacionado con las detenciones de supuestos integrantes de Guerreros Unidos y presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, hecho que Murillo Karam dio a conocer el 27 de octubre de 2014 en una conferencia de prensa.

Sin embargo, la Fiscalía descubrió que a las 16 horas, cuando ocurrió la conferencia de prensa, las cuatro personas presentadas como presuntos responsables aún no habían sido detenidos, pues éstas ocurrieron en las primeras horas del 28 de octubre de 2014, según declararon en 2019, durante la investigación contra Murillo. 

Érika Ramírez, exfuncionaria de la Procuraduría, declaró, en agosto de 2021, que fue testigo de la fabricación de documentación oficial para ‘cuadrar’ las detenciones. A petición de Gualberto Ramírez Gutiérrea, titular de la unidad especializada en investigación de la SEIDO, un policía ministerial realizó una llamada para registrar una “denuncia anónima” denunciando la supuesta responsabilidad de los detenidos.

Ese hecho quedó registrado el 25 de octubre, aunque el día que lo hicieron era 27 de octubre. “Gualberto autorizó el oficio y elaboró el memo”, declaró la exfuncionaria, quien también se apegó al criterio de oportunidad. 

La fiscal detalló que las pruebas del Protocolo de Estambul develaron que los detenidos fueron torturados para conseguir declaraciones que sirvieron para fabricar ‘la verdad histórica’.

Agustín García Reyes, uno de los acusados, declaró que lo detuvieron a las 3 de la madrugada cuando se encontraba en su casa. A partir de entonces sufrió tortura para declarar su participación en la desaparición de los estudiantes.

García Reyes dijo que fue sacado de la detención y trasladado en helicóptero, junto a Tomás Zerón, hacia Iguala, al río San Juan, para simular que tiraba al agua restos de huesos contenidos en bolsas de plástico, y donde un día después se registraría el hallazgo de un resto óseo.

Ese material fue enviado al laboratorio de Innsbruck y se confirmó que corresponde al de  Alexander Mora Venancio. 

Sobre este hecho también existe la declaración y las fotografías tomadas por un periodista que vio a Tomás Zerón, y al presunto acusado, con las bolsas negras caminando cerca del río. 

Todo esto, insistió la fiscal Bustamante, confirma la responsabilidad de Murillo Karam, pues Tomás Zerón era su subordinado y pese a estar enterado de la tortura perpetrada contra los detenidos, no lo denunció; además, en este delito, la jerarquía es relevante para la imputación y en este caso, Murillo Karam tenía el cargo más alto en la institución de procuración de justicia. 

El “montaje”, la manipulación de la escena y la obstrucción en la cadena de custodia de las pruebas acredita el delito contra la administración de justicia, explicó la fiscal Lidia Bustamante. 

Por otra parte, la acreditación del delito de desaparición forzada está relacionado con ‘la verdad histórica’, pues al maquinar una mentira, Murillo Karam impidió que se siguieran otras líneas de investigación que podrían llevar a la localización de los estudiantes. Por lo tanto, al concluir las pesquisas contribuyó a perpetuar la desaparición forzada. 

Murillo Karam preso 

Durante la primera parte de la audiencia, el juez Marco Antonio Fuerte reprendió a las fiscales en varias ocasiones debido a que eran incapaces de responder dudas técnicas, por lo que el juez pidió la presencia de otro fiscal que sí pudiera llevar a cabo la audiencia oral, pero la tensión llegó a tal grado que el juez  propuso darles unos minutos para ordenar la información y pudieran presentarla de manera clara o de lo contrario informaría a sus superiores que “no vinieron preparadas a esta audiencia”. 

Sin embargo, por la tarde, después de los primeros dos recesos, el juez dejó de cuestionar a las fiscales y fue más duro con la defensa de Murillo Karam. Para entonces, el exfuncionario se veía más cansado, pese a que uno de los recesos justamente fue porque se sintió mal debido a que ni siquiera había desayunado, por lo que el juez instruyó a que le proporcionaran alimentos. 

Al terminar las imputaciones, el juez preguntó si quería tomar la palabra y la primera reacción de Murillo Karam fue acercarse al micrófono, pero el juez le aconsejó que primero lo consultara con sus abogados porque todo lo que dijera podría ser usado en su contra. 

Después de unos segundos de intercambio con los abogados, el exprocurador respondió que “tan mal estoy que mis abogados no confían en mí”. 

La defensa solicitó una ampliación de plazo de 144 horas para aportar elementos antes de que la audiencia entrara al proceso de vinculación a proceso, es decir, determinar si abrirán juicio en contra del acusado, por lo que la siguiente audiencia fue agendada para el próximo miércoles 24 de agosto. 

En tanto, la Fiscalía solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada ante un posible riesgo de fuga, argumentando que el exfuncionario no tiene arraigo domiciliario en la Ciudad de México, pues también tiene propiedades en Hidalgo y Guerrero. 

Además de que cuenta con un patrimonio de 85 millones de pesos que le permitiría irse a otro país, incluso porque los últimos viajes al extranjero los había hecho en vuelos privados. Mientras que las redes de amistad derivadas de los puestos de alto rango que ha tenido en su carrera, podría ayudarle a sustraerse de la justicia y esconderse. 

Para contrarrestar esta petición, la defensa de Murillo Karam, encabezada por José Javier López, llamó a comparecencia al médico del exfuncionario, Alberto Jonguitud, quien explicó las enfermedades crónicas que su paciente tiene, así como los estudios y medicamentos que requiere, por lo que la prisión podría afectar aún más su estado de salud. 

Incluso, la defensa expuso que en caso extremo de considerar la prisión preventiva, que esta fuese en domicilio, debido a la edad de Murillo Karam. 

El juez rechazó sus argumentos. 

Poco antes de las 10 de la noche, el juez Fuerte Tapia expuso su decisión y comenzó con el análisis de la petición de prisión preventiva oficiosa hecha por la asesora legal de las víctimas de tortura, debido a que el delito de desaparición forzada, como lo contempla la Ley General en Materia de Desaparición de Personas. Sin embargo, el juez expuso que dicha legislación fue promulgada en 2017 y no puede ser retroactiva en perjuicio del acusado. 

Sin embargo, sí consideraba como medida idónea la prisión preventiva justificada y los argumentos expuestos por la Fiscalía, pues efectivamente tenía dinero y relaciones suficientes para intervenir en la investigación o con los testigos y afectar así la investigación, lo cual es considerado como “riesgo procesal”. 

Para evitar ese riesgo, era una buena medida que Murillo Karam permaneciera en el Reclusorio Norte hasta la celebración de la próxima audiencia y además los delitos que se le imputan son de “violencia” y con penas máximas.

La medida, agregó, “no riñe” con su estado de salud, porque podría solicitar atención médica. 

Murillo Karam escuchaba encorvado en la silla y con el rostro serio y visiblemente cansado. Cuando el juez preguntó por segunda vez en el día si quería decir algo, el exfuncionario ni siquiera se acercó al micrófono, pero dijo que “se derrotó la presunción de inocencia”, a lo que el juez reviró que no era así, pues la prisión preventiva no prejuzgaba y aún se mantenía su presunción de inocencia.

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'Los talibanes no aceptan la justicia impartida por mujeres': la desesperada huida de una jueza afgana

Como otras mujeres que desempeñaron posiciones en el poder judicial afgano antes de que el Talibán tomara el poder en 2021, esta jueza temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.
17 de agosto, 2022
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Cuando desembarcó en Brasil con su familia, Sahar* sólo tenía una maleta con una o dos mudas de ropa.

La jueza salió de Afganistán a toda prisa el año pasado, huyendo de los talibanes y tuvo que dejar todo atrás.

Como muchas otras mujeres que ocuparon cargos en el poder judicial afgano antes de que el grupo fundamentalista tomara el poder en agosto de 2021, temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.

“Tuve que dejar atrás todo lo que construí en Afganistán: mi casa, mis posesiones y parte de mi familia”, le dijo la jueza a BBC News Brasil.

“Tenía una vida completa y lo perdí todo”.

En los últimos 20 años, 270 mujeres se han desempeñado como magistradas en Afganistán. Muchas de ellas lograron escapar con la ayuda de la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ) y se refugiaron en varios países del mundo.

Brasil otorgó visas humanitarias a siete de estas juezas y a tres magistrados. Todos llegaron al país en octubre pasado y fueron recibidos por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).

Pero alrededor de 90 juezas siguen atrapadas en su país, escondidas.

“Salir de allí”

En su relato, Sahar detalla los momentos de miedo y desesperación que precedieron a su huida de Afganistán.

La jueza y su familia tuvieron que dejar su hogar para esconderse en otro lugar después de que los talibanes tomaron el poder.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Getty Images
Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Con la caída del gobierno afgano, jueces de todo el país comenzaron a ser perseguidos por su participación en los juicios y condenas de miembros del grupo extremista durante el período de ocupación estadounidense.

Los talibanes incluso abrieron prisiones en todo el país, liberando a hombres que los magistrados habían encarcelado.

La vida de las mujeres también cambió drásticamente con el establecimiento del régimen. Se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el ministerio de la mujer y, en muchos casos, se impidió que las empleadas regresaran al trabajo.

“Grupos como los talibanes, Daesh (Estado Islámico) y otros no aceptan la justicia impartida por mujeres”, dice Sahar.

“La situación se volvió realmente desesperada cuando los talibanes comenzaron a registrar las casas de todos los jueces. Invadieron la Corte Suprema y obtuvieron acceso a todo tipo de información sobre nosotros, como fotos, direcciones y documentos”.

“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no podíamos quedarnos en Afganistán porque era demasiado peligroso”, dice.

La ayuda

La jueza inicialmente se refugió en la casa de los familiares.

“Estábamos encerrados sin poder salir. No podíamos volver a nuestro departamento ni sacar nuestras cosas porque los talibanes patrullaban nuestra cuadra”.

Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

AFP
Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

“Fue realmente difícil. No podía cocinar ni lavar ni hacer nada, solo pensaba en que tenía que salir de allí“.

Pasaron dos meses antes de que Sahar recibiera la noticia de que iba a ser rescatada y de que recibiría refugio en Brasil.

“Le informamos sobre nuestra situación a la IAWJ y ellos entraron en contacto con varios países en busca de ayuda y visas para nosotras, las juezas”.

“Cuando me tocó a mí, me dijeron que íbamos a Brasil”.

La magistrada se mudó con sus familiares más cercanos. Por razones de seguridad, no se revelaron los detalles de la operación que los sacó de Afganistán y los trajo a Brasil.

“Dijeron que no podíamos llevar muchas cosas con nosotros, porque todo tenía que ser discreto. Así que no trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa”, le dijo Sahar a BBC News Brasil.

“Tengo que controlarme para no llorar cuando recuerdo el día que nos fuimos. Fue una gran desgracia para nosotros”.

“Teníamos una buena casa, un buen salario y nuestra familia en Afganistán y dejamos todo atrás. Fue una situación muy mala, apenas puedo describirla con palabras”.

Miedo por lo que queda atrás

En sus más de cuatro años como magistrada en Afganistán, Sahar estuvo involucrada principalmente en casos penales.

Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

Getty Images
Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

La jueza dice que está orgullosa de su trabajo, especialmente en casos relacionados con la seguridad y el bienestar de otras mujeres.

“Tiene que haber espacio para que las mujeres sean juezas, porque una mujer confía en la otra. Las mujeres que fueron a la corte pudieron abrirse más con nosotras”, cuenta.

Era muy feliz en mi trabajo. Desde pequeña soñaba con ser jueza y hacer justicia para las familias y los niños”.

Sahar dice que no le tocó juzgar ningún caso directamente relacionado con el Talibán, pero admite que pudo haber participado en juicios por delitos comunes cometidos por miembros del grupo.

“Procesé todo tipo de casos, como asesinato, secuestro, robo, corrupción, casos de familia”.

Debido a su trabajo, teme por la vida de algunos miembros de su familia que aún se encuentran en Afganistán.

“Tengo miedo porque tienen todo tipo de datos e información sobre nosotros. Podrían estar en peligro“, dice.

“Cuando salimos de Afganistán todos se mudaron y se escondieron en otros lugares”.

“Hablo con ellos a veces, pero no mucho porque creo que nuestros números pudiesen estar siendo interceptados”.

E incluso a millas de distancia de Afganistán, Sahar dice que todavía teme por lo que dejó atrás.

“A veces todavía tengo miedo, porque soy humana y pienso demasiado en las cosas”.

Vida en brasil

Sahar y los otros nueve magistrados que se refugiaron en Brasil recibieron visas humanitarias emitidas sobre la base de una ordenanza interministerial publicada en septiembre de 2021, por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública.

Entre jueces y familiares, 26 personas llegaron al país en octubre pasado.

“Todos llegaron a Brasil muy asustados, preocupados por la seguridad y sin hablar una palabra de portugués”, dice Renata Gil, presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños que coordinó la recepción de las familias.

Para que pudieran reiniciar sus vidas, todos recibieron alojamiento, alimentación y atención médica proporcionada por esa organización y sus socios.

Los magistrados y sus familias también están estudiando inglés y portugués y sus hijos han obtenido becas en escuelas locales.

“Todas las juezas que recibimos tienen profundas cicatrices por todo lo vivido y un gran dolor por lo perdido. Es un proceso de adaptación intenso”, indica Gil.

“Pienso en mi país”

Después de un período inicial viviendo en alojamientos militares, Sahar ahora vive con toda su familia en una propiedad alquilada.

Una vista de Kabul

BBC
Una vista de Kabul.

Fue empleada como asistente legal por un bufete de abogados, donde investiga casos relacionados con inmigración.

La jueza dice que, antes de mudarse a Brasil, sabía muy poco sobre el país. “No había oído mucho sobre la gente, la cultura o el idioma”, precisa.

Y aunque está muy agradecida por la cálida bienvenida y la ayuda que ha recibido, Sahar dice que no pasa un día sin pensar en volver a casa.

“Pienso en mi país, mi familia y mi antiguo trabajo todos los días. Afganistán es mi patria y la extraño cada día”.

“No puedo decir que estoy disfrutando mi tiempo en Brasil, porque esta situación no es nada fácil”, señala la jueza.

“Pero estamos muy agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido. La gente aquí es muy amable, al igual que el pueblo afgano”.

“Espero que todo salga bien para poder volver. Sé que la situación no es fácil, pero si Alá lo quiere, tal vez todo se resuelva pronto”.

*El nombre de la jueza ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar su seguridad y la de su familia.

Este artículo fue originalmente publicado en BBCBrasil


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