Debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado reunir los datos bancarios necesarios, un juez federal decidió aplazar tres meses la presentación de pruebas dentro del proceso penal abierto en contra del exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury, acusado de haber recibido supuestos sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
El nuevo aplazamiento, autorizado en una audiencia realizada este 1 de agosto, impide que dicho proceso avance a la fase de juicio y se determine si el exsenador del PAN es realmente culpable de algún delito. Mientras tanto, ya cumplió más de 15 meses preso en el Reclusorio Norte.
Fue en abril de 2021 cuando la Fiscalía expuso ante el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia que Lavalle formó parte de una supuesta asociación delictiva liderada para el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que tuvo como finalidad canalizar recursos de Odebrecht para lograr la aprobación de la reforma energética.
Según la indagatoria iniciada a partir de una denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya (actualmente preso), entre abril de 2013 y agosto de 2014 se canalizaron, por órdenes de Peña y Videgaray, más de 100 millones de pesos a distintos legisladores de oposición para agilizar la aprobación de reformas estructurales.
Lavalle fue uno de los legisladores que supuestamente recibió este dinero. Por ese motivo se le detuvo y vinculó a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y solicitó seis meses para concluir con las investigaciones.
Dicho periodo concluyó oficialmente en octubre del año pasado. Sin embargo, en ejercicio de su defensa, Lavalle solicitó que se presentara como evidencia los estados de cuenta de una empresaria de Hidalgo de nombre Fabiola Tapia, quien según la indagatoria de la FGR, fue quien puso el dinero en efectivo que luego fue repartido para los sobornos. Lozoya declaró que dicho dinero fue una especie de adelanto de las transferencias que hizo Odebrecht.
La defensa del exsenador ha sostenido que dicha operación carece de lógica y es inexistente y, por ello, han solicitado que se presenten los estados financieros de Tapia para acreditar el supuesto movimiento del recurso.
Sin embargo, debido a que la FGR no contaba con esas pruebas, el juez instruyó desde finales del año pasado a los fiscales para que solicitaran dicha información a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hasta ahora, según han explicado los propios funcionarios de la Fiscalía, dicha información no se ha podido obtener debido a temas relacionados con el secreto bancario.
Dado que la defensa considera que es una prueba clave, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia dio un plazo final de tres meses a la Fiscalía para que obtenga los datos o, en su defecto, explique porque no es posible allegarse de los mismos. Ello con las repercusiones que correspondan para la teoría del caso de los fiscales.
Las extensiones de estos plazos también están siendo aprovechadas por los abogados defensores del exsenador panista para trabajar un peritaje contable que presentarán como dato a su favor de cara al eventual juicio.
Lavalle, un detenido de ocho implicados
Hasta ahora, el exsenador Lavalle Maury es el único detenido y procesado por el caso de los supuestos sobornos para aprobar la reforma energética. Esto pese a que, según la propia FGR, son ocho en total los exservidores públicos que se pusieron de acuerdo para confirmar lo que denominó como “una sociedad con la finalidad de llevar a cabo diversas conductas delictivas”, entre 2013 y 2014.
La lista de implicados, cuyos nombres fueron expuestos ante el juez en la audiencia en la que fue detenido y vinculado a proceso a Lavalle, la conforman el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y los exlegisladores federales Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortes, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas.
El año pasado, por este mismo caso, los fiscales solicitaron que se realizara una audiencia inicial en contra de Ricardo Anaya a la que este no se presentó. Pese a ello, hasta la fecha no se ha dado a conocer que se haya solicitado alguna orden de aprehensión en su contra.
Respecto al resto de los exfuncionarios señalados ante el juez, los fiscales federales consultados indicaron que las investigaciones se encuentran en desarrollo y que, en el momento procesal oportuno, se tomará la determinación de ejercer acción penal en su contra.Emilio Lozoya, quien presentó la denuncia que dio pie a esta indagatoria y se ha ofrecido como testigo colaborador en un eventual juicio, se encuentra —al igual que Lavalle— en prisión preventiva en el Reclusorio Norte. Hasta ahora la FGR no ha accedido a concederle el criterio de oportunidad que busca, pero su caso tampoco ha avanzado a un juicio.
