En noviembre de 2021, México cerró su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) solicitando a la comunidad internacional que en las negociaciones sobre cambio climático se incluyera un enfoque de derechos humanos y de reivindicación a los pueblos indígenas, pero, a casi un año de ese posicionamiento, sigue sin atender a las víctimas de desplazamiento forzado por cambio climático.
De hecho, no ha podido generar información sobre este fenómeno que ya afecta a varias regiones del mundo, principalmente en Centroamérica, donde el Banco Mundial proyecta que, para 2050, 4 millones de personas serán desplazadas por efectos de la crisis climática en esta región, incluyendo a México.
¿Cuántos desplazados hay en México, cuántas personas están en riesgo?
Si bien en México no hay una estimación oficial de personas desplazadas por efectos de cambio climático, ni tampoco algún instrumento legal para atender a esta población, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC por sus siglas en inglés) afirma que, solo en 2020, hubo 101 mil desplazamientos forzados en México ocasionados por desastres naturales, esto es 10 veces más migraciones que las causadas por la violencia ese año.
Los fenómenos de mayor riesgo para quienes viven en México son las inundaciones, las sequías y los huracanes; habitantes de las regiones más pobres son quienes están más vulnerables.
Inundaciones, deslaves y daños a la salud
En México, hay 24 millones de personas vulnerables a las inundaciones, de acuerdo con el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC); estos fenómenos son la causa principal en daños cuando se trata de desastres naturales.
Datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) muestran que, del total de pérdidas reportadas por eventos extremos, el 62% correspondió a lluvias e inundaciones, un equivalente a 10 mil 678 millones de pesos.
Las inundaciones no solo implican agua en todas partes, sino también problemas asociados como los deslaves en zonas de riesgo o afectaciones a la salud, como la propagación del dengue.
Los deslaves no son una consecuencia menor. En México, han cobrado cientos de vidas humanas, especialmente en los estados de Baja California, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
La propia Estrategia Nacional de Cambio Climático estima que actualmente hay 4 millones de personas en riesgo por deslaves en 283 municipios del país.
En cuanto al dengue, en cerca del 60% del país hay condiciones climáticas que ayudan a su proliferación, por lo que existe un riesgo de salud pública ante la transmisión de enfermedades en estas zonas del país.
Durante los últimos 10 años, el dengue se ha propagado más en regiones rurales, especialmente en poblaciones indígenas, de acuerdo con el propio atlas de riesgo.
Actualmente, cerca de 27 millones de habitantes en municipios menos desarrollados están en riesgo de desplazarse internamente por la crisis climática en nuestro país, dentro de los próximos 20 y 30 años, de acuerdo con la investigadora Alethia Fernández de la Reguera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Es una escala de riesgo que involucra a 480 municipios altamente vulnerables y 880 moderadamente vulnerables.
Desde el 2000, autoridades federales han emitido 2 mil 417 declaratorias de todo tipo: de desastre, de emergencia y de contingencia climatológica.
El 92% ha sido por fenómenos hidrometeorológicos, lo que incluye, entre otros, ciclones, huracanes, granizadas, heladas, inundaciones, lluvias, tormentas, sequías y temperaturas extremas; el 1.53% ha sido por incendios y apenas 40 casos por deslaves y hundimientos.
Para lograr sus metas de reducción de emisiones rumbo a 2030, México contempló por primera vez el fenómeno de desplazamiento forzado en 2020, actualizando su compromiso hecho en el Acuerdo de París, con el objetivo de identificar y atender el desplazamiento forzado de personas por los impactos negativos del cambio climático.
Sin embargo, especialistas como la investigadora en derecho ambiental Armelle Gouritin señalan que, aunque se dio un paso en reconocer el problema, no es suficiente, pues no contempla otros factores como la degradación del medio ambiente o el aumento del nivel del mar en México, un fenómeno que ya está impactando a pobladores de franjas costeras.
Animal Político documentó incluso cómo este fenómeno ya está impactando a 10 de 17 municipios del estado de Tabasco, donde vive el 70% de la población del estado.
Apostando por el combustible fósil
Lejos del planteamiento hecho por México en Glasgow, Escocia, donde el gobierno mexicano llamó a una “acción climática inclusiva y justa”, aplicando una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género e inclusión a los pueblos indígenas, ha emprendido megaproyectos sin permisos ambientales, con afectaciones a los ecosistemas y que han ignorado las protestas de comunidades involucradas.
Además de reafirmar los mismos compromisos planteados desde 2015, el gobierno de México ha hecho poco por reducir el uso de combustóleo en la generación de electricidad, incluso lo ha fortalecido con la creación de una nueva refinería, el subsidio a los combustibles fósiles y el intento de reformas que benefician este modelo energético.
El gobierno mexicano impulsó cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, que dan prioridad a las plantas de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y utilizando solo plantas hidroeléctricas como alternativa de “energía limpia”.
También construye la refinería en Dos Bocas, una de las megaobras prioritarias del gobierno, bajo el argumento de reforzar la “seguridad energética”, con el objetivo de incrementar la producción de gasolina y diésel y reducir su importación.
En cuanto a la construcción del Tren Maya, otra de las megaobras prioritarias en el sureste del país, el gobierno entró en una compleja batalla legal con habitantes, académicos y ambientalistas, por el avance de obras sin contar con los permisos ambientales requeridos por la ley.
El gobierno ha señalado que la mayoría de las poblaciones indígenas implicadas en el proyecto está de acuerdo con la obra, sin haber realizado el proceso de consulta indígena con todas las comunidades. Además, se expropió una superficie de 1 millón 093 mil 118 metros cuadrados para la construcción del Tramo 5 del tren.
De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho pública su intención de desaparecer al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), al señalar que sus funciones puede adoptarlas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que se trata de un tema donde “hay mucha hipocresía”.
