Morena busca reformar Estatuto para que AMLO sea parte de su Consejo Nacional
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Morena busca reformar su Estatuto para permitir que AMLO y gobernadores formen parte de su Consejo Nacional

Con esta reforma en Morena, el presidente tendría injerencia en la plataforma electoral y la conformación de candidaturas para el 2023 y el 2024.
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27 de agosto, 2022
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La dirigencia de Morena alista una reforma a sus Estatutos que permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores emanados del partido formar parte del Consejo Nacional y, con ello, tener injerencia en la plataforma electoral y la conformación de candidaturas para los comicios estatales de 2023 y la sucesión presidencial de 2024.

En caso de aprobarse el proyecto de reforma, del que Animal Político tiene copia, los 20 morenistas que gobiernan los estados y la Ciudad de México serán consejeros nacionales de manera automática. En el caso del presidente López Obrador, Morena le enviará una invitación formal para preguntarle si acepta formar parte del órgano directivo aun siendo presidente de la República o cuando deje el cargo.

La propuesta será sometida a votación del Tercer Congreso Nacional que se realizará el 17 y 18 de septiembre, y en el que participarán los 3 mil militantes que hayan resultado electos en las recientes asambleas distritales del partido.

La reforma formaliza en sus Transitorios que la encuesta será el método definitivo para decidir la candidatura presidencial de Morena, un principio que el actual dirigente partidista, Mario Delgado, ha venido anunciando.

Si se aprueba el proyecto, se reducirían de 300 a 200 los integrantes del Consejo Nacional. También se propone reducir de 21 a 15 los liderazgos que conforman el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y se eliminarían las Comisiones Estatales de Ética Partidaria.

Otro cambio importante es que se abriría la posibilidad de que la presidencia y la secretaría general del CEN puedan ser elegidas mediante una encuesta abierta a la población.

Lee: Morena registra 320 impugnaciones por irregularidades en su elección de congresistas; la cifra puede duplicarse

De aprobarse, la reforma permitiría que los actuales dirigentes, Mario Delgado y Citlalli Hernández, puedan elaborar la convocatoria y conducir la elección de sus sucesores en el cargo, que ambos concluyen el 31 de agosto de 2023.

Consejeros de lujo

El proyecto que votarán los congresistas de Morena contempla modificar el artículo 36 de sus Estatutos para posibilitar la incorporación de López Obrador y los mandatarios morenistas en los estados y la Ciudad de México en el Consejo Nacional.

“Una vez aprobado por mayoría el Reglamento del Congreso Nacional y votada a mano alzada la mesa directiva, las y los delegados al Congreso Nacional elegirán a 200 integrantes del Consejo Nacional, para completar la totalidad de Consejeros y Consejeras Nacionales.

“Serán Consejeros y Consejeras no sujetos a votación en el Congreso el presidente o presidenta de la República, expresidentes y expresidentas de la República, gobernadoras, gobernadores y la Jefa o jefe de Gobierno de la Ciudad de México emanados de nuestro movimiento; asimismo, las y los 96 presidentes, secretarios generales y de organización de los estados y de la Ciudad de México; y hasta 4 representantes de los Comités de Mexicanos en el Exterior, electos por dichos comités en la forma que señale la convocatoria”, dice la propuesta.

A la fecha, en el Estatuto vigente únicamente se contempla la incorporación automática de los dirigentes y secretarios partidistas de los estados.

Los artículos Transitorios de la reforma señalan que, para que López Obrador se integre al Consejo Nacional, debe comunicar explícitamente su aceptación, pues el mandatario federal ha declarado que no quiere tener injerencia en Morena, ya que, ha dicho, él gobierna como representante del país, no de un partido.

Si el presidente no acepta el nombramiento en esta ocasión, podría hacerlo una vez que concluya su cargo en 2024.

“De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 36, para el caso de la integración del presidente de la República en funciones al Consejo Nacional, una vez aprobada la reforma estatutaria se enviará una misiva al Lic. Andrés Manuel López Obrador exponiendo los términos de la reforma y extendiéndole la invitación a formar parte del Consejo Nacional de Morena. Su integración estará sujeta a la aceptación de la invitación”, señala el Transitorio Tercero.

El rol del Consejo Nacional es fundamental para la operación del partido, pues es la segunda máxima autoridad de dirección después del Congreso Nacional.

Por ejemplo, una vez que los congresistas elijan a su Consejo el 17 y 18 de septiembre, este órgano tendrá facultades inmediatas para nombrar, en un plazo de un mes, una comisión encargada de elaborar el “Proyecto de Nación para la Continuidad de la Cuarta Transformación 2024-2030”, que deberán suscribir los aspirantes presidenciales para poder participar en la contienda interna.

“Las y los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República para dicho periodo deberán comprometerse con este proyecto como requisito estrictamente indispensable para ser consideradas o considerados en el proceso de encuestas que en su momento será previsto en la convocatoria que emita el Comité Ejecutivo Nacional para definir dicha candidatura”, dice el proyecto en sus Transitorios.

El Consejo Nacional que emane del Congreso tendrá facultades para aprobar la Plataforma Electoral del partido de cara a cualquier elección federal y aprobar (o rechazar) la formación de frentes, coaliciones o alianzas con otros partidos.

También podrá revocar el mandato o sustituir a dirigentes del CEN, y nombrar a los cinco miembros de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

En materia de candidaturas, al Consejo Nacional le corresponde aprobar las postulaciones en función de la paridad de género, y avalar las propuestas de aspirantes externos que le presente la Comisión Nacional de Elecciones.

Lee: Morena pospone sus congresos estatales por la falta de resultados de sus elecciones internas

El Consejo Nacional también participa en la designación de candidaturas mediante el método de insaculación o tómbola, que también está previsto en los Estatutos.

Ese órgano de dirección también tiene la facultad de nombrar a los integrantes de la comisión técnica encargada de la elaboración, levantamiento y procesamiento de encuestas, método que ha sido criticado por los propios aspirantes morenistas debido a su opacidad.

Achican el CEN y Delgado mete mano en sucesión

Los congresistas de Morena se disponen a eliminar seis secretarías del CEN. El proyecto que discutirán en septiembre plantea eliminar las secretarías de Formación Política; Productividad Económica; Estudios y Proyecto de Nación; Fortalecimiento de Ideales y Valores Morales; Defensa de los Recursos Naturales, y Cooperativismo y Movimientos Sociales.

Se mantendrán las secretarías General; de Organización; de Finanzas; de Comunicación; de Jóvenes; de Mujeres; de Diversidad Sexual; de Pueblos Originarios; del Trabajo y Movimientos Sociales; de Defensa de los Derechos Humanos; de Arte y Cultura; de Bienestar; de Combate a la Corrupción, y de Mexicanos en el Exterior.

Una de las modificaciones estatutarias más relevantes es la inclusión de un artículo 37 Bis que establece que los cargos de presidente y secretario general del CEN pueden ser electos mediante encuesta, método por el que fueron designados, por primera vez y debido a la pandemia, Mario Delgado y Citlalli Hernández.

Además, el nuevo artículo establece que la actual dirigencia conducirá la sucesión de esos cargos.

“En el caso de la presidencia y secretaría general, se podrá optar por su elección mediante el método de encuestas abiertas a la población. La convocatoria estará a cargo del Comité

Ejecutivo Nacional saliente; la organización del proceso a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones y el ejercicio de encuestas lo realizará la Comisión de Encuestas”, dice el proyecto.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

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Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

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Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

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Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

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Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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