Girar una orden de aprehensión en contra de Jesús Murillo Karam cuando estaba localizable, trasladarlo al juzgado escoltado por militares e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a su edad, han sido actos “severos” y sin garantía de respeto a la presunción de inocencia, coinciden abogados penalistas.
El viernes, el exprocurador Murillo Karam fue detenido acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa. El sábado, el juez Marco Antonio Fuerte, quien presidió su primera audiencia, le impuso prisión preventiva justificada por riesgo de fuga y —según dijo— para evitar el “riesgo procesal” de que quiera incidir de alguna manera en la investigación que se sigue actualmente.
Este miércoles, se hará la audiencia donde el juez decidirá si lo vincula o no a proceso, es decir, si inicia el camino para abrirle un juicio.
Después de que el Ministerio Público logró que un juez le girara una orden de aprehensión y por lo que ocurrió en la primera audiencia, hay una alta probabilidad que sea vinculado, porque “en esta etapa basta con tener ‘indicios o sospechas’ de la comisión de un delito, el actual sistema penal está diseñado para que la vinculación sea sencilla y la medida cautelar de prisión sea difícil de dar; en este caso, la fiscalía ya consiguió lo más difícil: la prisión preventiva justificada”, explica Erik Rauda, doctor en Derecho Penal.
La FGR lo consiguió, incluso, a pesar de que las fiscales titubearon al responder las dudas técnicas que el juez les planteó durante la exposición de las acusaciones, a tal grado de que el juzgador les sugirió tomar unos minutos para que ordenaran su documentación y expusieran de forma efectiva o, de lo contrario, informaría a sus superiores que “no vinieron preparadas a la audiencia y no están dando información de forma clara”.
Esto significa otro error, sostiene Ángela Frías, exministerio público, pues la falta de preparación de las fiscales era motivo para cancelar la audiencia. “El juez se convirtió en un ‘ministerio público con toga’ porque, en el momento en que detectó que no estaban preparados para llevar una audiencia, debió haberla suspendido y dejarla sin materia, pero aquí el juez lo que hizo fue corregirles la plana y eso es preocupante”, dice.
En la audiencia de este miércoles, no será necesario aportar pruebas para acreditar la culpabilidad de Murillo Karam en los delitos que la FGR le imputa. La defensa se dedicará a presentar los elementos para evitar que su cliente vaya a juicio.
Los especialistas coinciden en que será difícil acreditarle responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y tortura, pero, por ahora, incluso la sola sospecha de uno de los delitos sería razón suficiente para que el juez pueda vincularlo a proceso. La evaluación de las pruebas se realizaría en otra etapa.
Tampoco se podría cambiar la prisión preventiva, pues la única manera de hacerlo sería en una audiencia posterior de revisión de medidas cautelares, en caso de que Murillo Karam fuera vinculado.
La “severidad”
El viernes por la tarde, policías ministeriales acudieron a la casa de Murillo Karam en la colonia Lomas de Chapultepec para ejecutar una orden de aprehensión en su contra, aunque se confundieron y primero detuvieron a su hermano y finalmente al exprocurador, quien al salir al llamado no opuso resistencia.
Sin embargo, la orden de aprehensión es poco usual en un caso como este, explican los especialistas. Primero, porque Murillo Karam estaba localizable pues ha permanecido en su domicilio; segundo, porque no se trata de delitos de prisión oficiosa, y tercero, porque las autoridades están afectando la presunción de inocencia.
“Desde el inicio actuaron con una orden de aprehensión pese a que con otros actores políticos los han citado; un citatorio es parte de la presunción de inocencia, pero desde el inicio están presumiendo su culpabilidad”, advierte el penalista Erik Rauda.
En eso coincide Ángela Frías. Señala que, para lograr la orden de aprehensión, el Ministerio Público debió demostrar ante un juez que lo buscó y no fue localizado. “¿Por qué no lo citaron? ¿Dónde está la presunción de inocencia? La aprehensión pareció más un show mediático”, advierte.
“En cada gobierno han utilizado al derecho penal como instrumento político, pero este gobierno ha exagerado”, agrega Frías.
El penalista Eduardo Amerena señala: “Se trata de un proceso político más que jurídico, lo que está generando una presión inusitada al Poder Judicial porque, si no vincula, los reclamos serán duros”.
Murillo Karam “no está teniendo un juicio justo, no es un juicio con equilibrio”. Amerena asegura que mandar a prisión a un exprocurador lo pone en riesgo no solo por su edad, sino justamente por haber perseguido a criminales. “Un exprocurador no debe enfrentar su proceso en una cárcel después de haber detentado una responsabilidad como esa”, expone.
“Espero que los asuntos jurídicos se circunscriban a las pruebas y que el mundo de la política y la posverdad no contaminen los asuntos judiciales”, dice.
Otro elemento que consideró el juez para imponer la prisión preventiva justificada fue el riesgo de obstaculizar la investigación para llegar a la verdad sobre el caso Ayotzinapa. Sin embargo, para Ángela Frías, el argumento podía contrarrestarse puesto que “tan no ha obstaculizado la investigación que hubo un grupo independiente internacional y una Comisión de la Verdad”.
Los argumentos de la FGR
La fiscalía acusó a Murillo Karam como autor intelectual de tortura y desaparición forzada y como autor material de delitos contra la administración de justicia. En todos los casos, consideró que las cuatro conferencias de prensa de Murillo Karam sobre el tema eran pruebas.
En la primera de ellas, realizada el 6 de octubre de 2014, anunció que un día antes la PGR había atraído la investigación y, por lo tanto, fue el responsable directo de ella. En la conferencia del 27 de octubre de ese mismo año, presuntamente mintió al decir que ya había detenidos y se encontraban declarando, y en la conferencia de prensa del 7 de noviembre, exhibió videos de testimonios obtenidos mediante tortura.
Otro elemento fue el testimonio del exfuncionario Bernardo Muñoz, quien grabó los videos donde hombres detenidos eran torturados y, apegado a criterio de oportunidad, declaró a la FGR que fue testigo de una reunión de “altos mandos”, supuestamente realizada en Guerrero el 7 de octubre, dos días después de que la PGR atrajo la investigación.
En ella —según esa versión— participaron Murillo Karam, Tomás Zerón, el entonces gobernador Ángel Aguirre, Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la unidad especializada en investigación de la SEIDO, y Omar García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero y actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México.
Dicha reunión, afirmó la fiscal Lidia Bustamante, sirvió para “fraguar” la “verdad histórica”, puesto que ocurrió inmediatamente después de que la PGR atrajo la investigación y, tras ella, ocurrieron los presuntos delitos que sirvieron para sostener la “verdad histórica”.
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Uno de ellos está relacionado con las detenciones de supuestos integrantes de Guerreros Unidos y presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, que anunció el procurador Murillo Karam en la conferencia de prensa del 27 de octubre de 2014. Los detenidos, dijo el procurador, ya se encontraban declarando en la SEIDO.
Sin embargo, la fiscalía descubrió que a las 16:00 horas, cuando ocurrió la conferencia de prensa, las cuatro personas presentadas como presuntos responsables aún no habían sido detenidas, pues estas aprehensiones ocurrieron en las primeras horas del 28 de octubre de 2014, según declararon en 2019 durante la investigación contra Murillo.
Mientras tanto, Érika Ramírez, exfuncionaria de la procuraduría, declaró en agosto de 2021 que el 27 de octubre de 2014 fue testigo de la fabricación de documentación oficial para “cuadrar” las detenciones. A petición de Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la unidad especializada en investigación de la SEIDO, un policía ministerial realizó una llamada para registrar una “denuncia anónima” denunciando la supuesta responsabilidad de los detenidos, lo que justificaría las detenciones.
Por eso es que ese registro fue fechado el 25 de octubre, aunque el día que lo hicieron era 27 de octubre. “Gualberto autorizó el oficio y elaboró el memo”, declaró la exfuncionaria, apegada a un criterio de oportunidad.
Además, los detenidos fueron torturados —según está acreditado en pruebas del Protocolo de Estambul—, para conseguir declaraciones que sirvieron para fabricar la “verdad histórica”, insistió la fiscal Bustamante durante el desarrollo de la audiencia.
