Después de permanecer tres años en prisión preventiva justificada, y sin iniciarle juicio, Rosario Robles, la única exsecretaria de Estado acusada por La Estafa Maestra, salió en libertad este viernes a petición de su defensa y de la Fiscalía General de la República (FGR).
“(La FGR) valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al Juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada”, explicó la institución en un comunicado.
El juez de control determinó dejarla en libertad e imponerle como medidas cautelares la prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante la fiscalía.
“Se hizo justicia y de que lo que dije desde el primer día, que yo soy inocente y estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes, pero desde luego, como tenía derecho y como tengo derecho, en libertad”, dijo Robles anoche tras salir del penal de Santa Martha Acatitla.
“Han sido tres años de mucho aprendizaje, tres años en los que he conocido en carne propia la injusticia”, añadió ante periodistas.
Rosario Robles continuará su proceso en libertad, luego de pasar poco más de tres años en el penal de Santa Martha Acatitla.@ManuVPC reporta desde la casa de la exfuncionaria, en la alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/tQdQCfi7lM
— Animal Político (@Pajaropolitico) August 20, 2022
Robles ingresó a Santa Martha Acatitla el 13 de agosto de 2019 acusada del delito de ejercicio indebido de la función pública, al no haber informado a su superior, el presidente Enrique Peña Nieto, de las irregularidades ocurridas en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando ella la dirigía.
Aunque el delito, prácticamente administrativo, no ameritaba prisión preventiva como medida cautelar, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró que existía riesgo de fuga, luego de que los fiscales presentaron una supuesta licencia de manejo localizada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), el órgano de inteligencia de la FGR, con una dirección distinta a la que Robles había registrado oficialmente.
Este elemento fue considerado como una discrepancia determinante, al considerar que ella había mentido, aunado a la falta de arraigo en la Ciudad de México por no estar empleada en ese momento y porque se encontraba de viaje en el extranjero cuando fue notificada de la acusación.
El juez Delgadillo Padierna consideró que estos elementos y la contradicción en la que cayeron sus abogados durante la defensa sobre el motivo de su viaje al extranjero (uno dijo que estaba de vacaciones y otro que estaba tomando un curso) confirmaban que podía fugarse, y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En los tres años posteriores, su caso nunca avanzó para iniciar un juicio y, a pesar de diversos intentos legales y recursos que su defensa ganó, no habían conseguido cambiar la medida cautelar, ni por su edad ni estado de salud, que se fue deteriorando en los meses siguientes.
Tampoco importó que se comprobó que la licencia de conducir presentada por el Cenapi era falsa y que había sido el elemento central para confirmar el riesgo de fuga.
La Estafa Maestra es la investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que reveló que 11 dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto hicieron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios como comprar despensas, perforación de pozos petroleros o creación de software.
Las universidades a su vez subcontrataron a 186 empresas, pero resultaron ser fantasma, por lo que el dinero público desapareció.
Aunque el mecanismo involucró a un centenar de funcionarios y ocurrió en dependencias como Pemex, encabezada por Emilio Lozoya; Banobras, con Alfredo del Mazo, o la Sagarpa, con Enrique Martínez y Martínez, Robles era la única exsecretaria de Estado acusada por el caso.
Al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que La Estafa Maestra sería investigada como “crimen organizado” y la indagatoria llegaría a todos niveles.
Sin embargo, hasta el momento la investigación se ha limitado a juicios individuales en contra de funcionarios menores, y sin acusar a ningún otro de los exsecretarios de Estado.
La fiscalía tampoco ha investigado la ruta del dinero, que involucra 7 mil millones de pesos de recursos públicos —dentro de las dependencias y la cadena de responsabilidades y autorizaciones de la salida de dinero—, ni tampoco los movimientos en las cuentas bancarias de las empresas fantasma.
