'AMLO apoya más a Ejército que a víctimas': buscadoras y OSC
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'AMLO está más del lado del Ejército que de las víctimas': colectivas de búsqueda y OSC acusan promesas incumplidas e impunidad

La promesa de justicia no ha sido cumplida para las familias de las más de 100 mil personas desaparecidas a lo largo del país.
30 de septiembre, 2022
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Como candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió justicia a las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Con su primer decreto oficial como presidente creó la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa, con la intención de “dar todas las facilidades del gobierno para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales”.

Cuatro años después, ya con él como presidente, colectivos y organizaciones advierten que, si bien se hizo una labor importante al reconocer la desaparición como una problemática real a nivel nacional, la promesa de justicia no ha sido cumplida, ni para los 43 ni para las familias de las más de 100 mil personas desaparecidas a lo largo del país.

De hecho, recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) canceló órdenes de aprehensión contra 16 militares y otros servidores públicos implicados en la desaparición de los normalistas, lo que generó acusaciones de activistas y organizaciones sobre una intromisión en la labor que había realizado la Unidad Especial para investigar el caso de los normalistas, lo que llevó también a la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo.

También lee: FGR cancela órdenes de aprehensión contra 16 militares y exprocurador de Guerrero presuntamente involucrados en caso Ayotzinapa 

El hecho no solo resulta increíble para algunas buscadoras, sino que también denota preocupación para familiares de personas desaparecidas, quienes se preguntan qué tratamiento pueden esperar otros casos que todavía no han sido visibilizados.

“Nos rompe un poco porque el caso de los 43 para nosotros significaba una victoria para las más de 105 mil personas desaparecidas en el país… estamos muy decepcionadas”, señala Bibiana Mendoza del colectivo Hasta Encontrarte. 

“El gobierno federal le prometió, específicamente a este grupo de madres de los 43 desaparecidos, que iba a resolver este caso, que él no iba a ser cómplice de nadie, que se iba a esclarecer y castigar a los culpables”, agrega.

“Estamos viendo cómo hubo mucha voluntad política todo este tiempo, pero ya cuando se trató de tocar a los altos mandos del Ejército otra vez existe este tema de opacidad, de negación y negligencia”.

Silvana Carranza, de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), señala también que hubo una interferencia de la FGR hacia el trabajo de la Unidad Especial del caso de Ayotzinapa.

La anulación de las órdenes de aprehensión, las irregularidades y la filtración que ocurrió de elementos del informe de la Comisión de la Verdad afectan a las víctimas, a sus familiares y en general la sociedad, señala la activista.

Advierte que especialmente afecta “a todas las familias que están en contextos adversos como las madres buscadoras y los familiares de los 43, porque lo único que nos queda claro es que seguimos muy lejos de conocer la verdad, de obtener justicia, de reparar el daño, y no se diga de garantizar que esto no se repita”.

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que ha acompañado a las familias de los 43 normalistas, acusó una “chicanada” de la FGR para pasar por encima de la Unidad Especial, institución creada expresamente a petición de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, a fin de cancelar la captura de 16 militares.

“Nosotros creímos en Andrés Manuel López Obrador. Pensamos que era un gobierno que estaba por el pueblo y con el pueblo, ahora vemos que está más del lado del Ejército. Estoy segura que si el Ejército estuviera de nuestro lado nos entregaría todos sus archivos y también pondrían a disposición a los militares que desaparecieron a nuestros hijos. Por eso seguimos luchando para que este gobierno nos haga caso. Si es en verdad un gobierno democrático tiene que demostrarlo castigando a los responsables e investigando el paradero de nuestros hijos”, señaló la madre de uno de los normalistas, citada por Tlachinollan. 

“Tenemos el presentimiento de que Andrés Manuel López Obrador no quiere presionar al Ejército. Para nosotras, es el Ejército el que está obstruyendo las investigaciones porque se sienten como el poder supremo, que nadie les puede pedir cuentas”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también señaló  que hubo una intromisión de funcionarios de FGR en la labor de la Unidad Especial, solicitando anular órdenes de aprehensión contra 16 militares en una investigación que otros fiscales no conocían a fondo.

“Da la sensación de que esto fue ordenado con algún criterio ajeno a la investigación”, dijo este 29 de septiembre Francisco Cox, miembro del GIEI.

‘No hay diferencia con gobiernos anteriores’

Contrario a lo que el presidente presume, las colectivas no encuentran diferencia entre su gobierno y las administraciones anteriores. 

“Yo creo que no, no vemos mucha diferencia de los anteriores gobiernos a este porque hay justicia o no la hay, las cosas no pueden ser a medias”, dice Bibiana Mendoza. 

“Yo creo que es tiempo de que la Federación cambie la estrategia de seguridad porque está fallando. Falló desde hace años, le falló a Felipe Calderón, le falló a Enrique Peña Nieto y le está fallando a él (López Obrador), mientras que las víctimas somos sus carnes de cañón”, señala la buscadora de Guanajuato. 

Mendoza narra que otro aspecto de preocupación para la colectiva Hasta Encontrarte es la revictimización con la que se aborda el tema de los desaparecidos desde las conferencias de prensa que cada mañana sostiene el presidente López Obrador. 

“Eso de que acusa a los y las defensoras de derechos humanos de ser afines a otros intereses, o de que haya gente infiltrada, nos desvalida también como víctimas a la hora de querer ser escuchadas”, señala.

En la conferencia matutina de este jueves, el presidente incluso habló de un intento de “reventar” la investigación sobre el caso Ayotzinapa, por el hecho de que la unidad a cargo de Gómez Trejo acusara a 20 militares, y no solo a los cinco que refirió el informe de la comisión de verdad. 

“¿Por qué meten a los 20?, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y que íbamos a dar marcha atrás para no tocar a nadie”, dijo.

La postura del gobierno federal se percibe por organizaciones y activistas como un posible riesgo para Omar Gómez Trejo, el fiscal que dejó la investigación del caso Ayotzinapa. 

“Reconocemos el trabajo de Gómez Trejo en la unidad especial de investigación y litigio. Creemos que, incluso, el hecho de que se haya separado de esta manera lo puede incluso también poner en riesgo”, dice Silvana.

En el mismo sentido también se pronunció el colectivo Seguridad sin Guerra, cuyos integrantes solicitaron garantías para proteger la seguridad e integridad de Omar Gómez Trejo, su familia y su equipo.

 

“También reconocemos el trabajo que se ha hecho desde la Comisión de la Verdad y la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, estos hechos recientes nos ponen en duda, o sea sigue pasando lo mismo que en sexenios anteriores, no estamos viendo realmente un límite a las fuerzas armadas, que rindan cuentas y que realmente haya transparencia y una respuesta para las y los familiares de las víctimas”, dice Silvana Carranza.

Pero las colectivas también destacan que el problema de los desaparecidos tiene muchas aristas, y si bien es el Estado quien debe proporcionar las condiciones para la implementación de la justicia, también hay otros actores que no se involucran.

“La sociedad civil también está fallando, el gobierno está fallando. Está fallando la sociedad civil y todas estas personas que son actores sociales que han visto las desapariciones y han actuado para ignorarlas”, denuncia Lucía de los Ángeles Díaz, de Colectivo Solecito en Veracruz, refiriendo que buscan al menos 300 personas, sin que haya investigaciones formales y suficiente respaldo social. 

‘La militarización no es la solución’

La preferencia del gobierno a los militares sobre los familiares de los 43 es un hecho que, a decir de Bibiana Mendoza, “enoja mucho”, sobre todo luego de que hace poco elementos de la Guardia Nacional asesinaron a un estudiante de la Universidad de Guanajuato; además, dice, se sabe que elementos de la Marina son responsables de la desaparición de algunos de los familiares que busca la colectiva.

También lee: Guardia Nacional mata a estudiante en Irapuato; elemento disparó por “desconcierto e incertidumbre”, justifica

“Cuando ves esta preferencia hacia el Ejército y las Fuerzas Armadas, esta complicidad, la impunidad y sobre todo la desfachatez con la que se hace invalida nuestro mensaje de que la militarización no es la solución, porque todos esos delitos cometidos por Guardia Nacional y Sedena siempre quedan impunes”, dice Mendoza. 

Recientemente, la FGR canceló 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas emitidas contra militares que había solicitado en agosto pasado, por su presunto involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

Al respecto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señaló en un comunicado: “La evidencia muestra, de manera incontrovertible, que el uso del Ejército en tareas de seguridad pública ha tenido como resultado un aumento alarmante en la perpetración de crímenes atroces, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, todas cometidas en un marco legal de paz, pero en un estado de excepción de facto que no tiene controles ciudadanos y del cual no se rinden cuentas”.

La idea de tener a las fuerzas armadas a cargo de la Seguridad Pública también es considerada negativa por organizaciones como Ocupa. 

“Estamos convencidos de que la militarización es perniciosa y además tiene un impacto diferenciado hacia las mujeres, y por eso creemos que debemos de explorar alternativas para hacer la justicia posible; dejar de lado esta imposición del uso de la fuerza como una solución a la inseguridad, y pues apostar precisamente por la prevención social del delito y la investigación de los crímenes, y creo que esto en este momento está en juego”, dice Silvana Carranza.

 

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La desesperación de los venezolanos varados en la frontera de México por no poder entrar a EU

El cierre de la frontera de EU para los venezolanos dejó a miles de ellos varados en México. Sin dinero para avanzar ni regresar, guardan la esperanza de que el gobierno de Joe Biden rectifique.
4 de noviembre, 2022
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Cuando creía estar acostumbrada a las despedidas, Estefanía dejó atrás a Toby, el pitbull que la acompañó durante su estancia en Colombia, donde vivió por cinco años tras emigrar de Venezuela.

Su madre falleció cuando tenía 12 años. Vio por última vez a su padre el día que abandonó Caracas, y el hermano se quedó en Bogotá hace dos meses, cuando Estefanía emprendió el camino por tierra hacia Estados Unidos con un grupo de 21 personas, y una fantasía que prefería guardarse para no pecar de infantil: conocer Disney.

Ahora vive en un campamento improvisado de migrantes en Ciudad Juárez, a donde llegó dos semanas después de que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunciara el cierre de la frontera con México para los venezolanos, con el objetivo de “abordar la migración irregular más aguda y ayudar a aliviar la presión sobre las ciudades y estados que reciben a estas personas”.

La venezolana de 26 años superó la primera noche a la intemperie, a 4 grados centígrados, vestida con un jean y un delgado suéter de algodón rosado que recolectó de las donaciones que hacen organizaciones y habitantes de Ciudad Juárez desde que los venezolanos se instalaron en las márgenes del Río Bravo, frente al muro que construyó el gobierno de Donald Trump en El Paso, al sur de Texas.

Ciudad Juárez es uno de los cinco puntos de la frontera mexicana que recibe a los venezolanos expulsados por las autoridades estadounidenses desde el miércoles 12 de octubre de 2022, cuando se anunció la nueva medida migratoria.

Mapa de las ciudades mexicanas que reciben a los venezolanos expulsados desde EE.UU.

BBC

Más de 150.000 venezolanos ingresaron a territorio estadounidense a través de la frontera con México durante el último año fiscal, un aumento de 293% con respecto al año anterior.

Hasta septiembre de este año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha reconocido el 94% de las 8.665 solicitudes de estatus de refugiados que ha recibido de ciudadanos venezolanos.

Un campamento improvisado de migrantes venezolanos se instaló en Ciudad Juárez

Itzel Aguilera
Un campamento improvisado de migrantes venezolanos se instaló en Ciudad Juárez.

“Tu guerrera está bien”

A Estafanía le regalaron una carpa, confeccionada con una delgada tela de poliéster que la resguardaba del viento y el polvo. Desplegó sobre la carpa una pesada lona azul que encontró en la calle para hacerla más cálida, tomó un par de cobijas gruesas del puesto de donativos y logró dormir.

A medida que se acumulaban las donaciones, carpas de diferentes colores y tamaños se armaron como refugios para otros migrantes. Familias de seis personas se acomodaban en carpas para dos, aprovechando el calor corporal para conciliar el sueño.

Al día siguiente, Estefanía evitó comer los tacos y burritos picantes que repartían los voluntarios. Debía pagar 5 pesos cada vez que usara el baño en la tienda de neumáticos ubicada al otro lado del camino. Decidió tomar sopa una vez al día. Si disminuía las visitas al lavabo, podría ahorrar algunos pesos y pagar su turno para cargar la batería del celular en el mismo comercio.

“Quédate tranquilo, tu guerrera está bien”, le dice a su padre cuando puede llamarlo. Le ha contado que disfruta de una amplia vista de Estados Unidos desde el lugar donde se encuentra, sin aclarar que duerme en una carpa.

Estefanía caminó desde Colombia hasta México para llegar a EE.UU.

Itzel Aguilera
Estefanía caminó desde Colombia hasta México para llegar a EE.UU.

No le ha dicho que las autoridades migratorias mexicanas la detuvieron dos veces antes de llegar a la frontera norte. “¿Quién te mandó a salir de tu país?”, respondió un agente cuando protestó porque la comida tenía gusanos.

Tampoco le ha contado que solo 4 de los 21 compañeros que salieron con ella desde Bogotá para cruzar la selva del Darién y Centroamérica lograron llegar a Ciudad Juárez.

Al conocer la noticia de que no podrían entrar a Estados Unidos, los otros 17 se dispersaron. Unos decidieron quedarse en Costa Rica. Otros fueron detenidos por las autoridades migratorias de México o tomaron el camino de vuelta a Venezuela.

La duda

Desde la loma que habitan unos 600 migrantes, censados informalmente aquella mañana del viernes 28 de octubre por un venezolano, Estefanía observa a otros compañeros del campamento que atraviesan el Río Bravo y se entregan a las autoridades migratorias de Estados Unidos.

No se ha decidido a cruzar. Si la salud la acompaña, calcula que puede resistir 15 o 20 días más en su carpa de Ciudad Juárez, para dar tiempo a que ocurran las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el martes 8 de noviembre, que definirán cuánto apoyo tendrá Biden en el Congreso para la segunda mitad de su mandato.

Los venezolanos cruzan hacia EE.UU. por el Río Bravo.

Itzel Aguilera
Los venezolanos cruzan hacia EE.UU. por el Río Bravo.

“Tenemos la esperanza de que el presidente Joe Biden recapacite la decisión que tomó y nos dé una oportunidad a los que estamos aquí. Tengo el temor de que si cruzo, tenga esa mancha y eso me impida cumplir mi sueño”.

Volver a Venezuela le resulta impensable. “Uno no puede extrañar algo que no existe. Y el país que yo dejé ya no existe”.

Confiando en Dios

Los migrantes del campamento de Ciudad Juárez izaron una bandera de Venezuela y otra de México, delinearon con piedras un SOS gigante en el suelo y desplegaron pancartas para pedir la ayuda de Biden, visible para cualquiera que se asome desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en El Paso.

Un aviso de SOS en el campamento de migrantes de Ciudad Juárez.

Itzel Aguilera
Los migrantes venezolanos intentan llamar la atención de las autoridades estadounindenses.

Poco después del mediodía, Julieta baja la cuesta que conduce al río tomada de la mano de sus dos hijos, junto con su madre y su hermana menor, para entregarse y pedir asilo.

“Estoy confiando en Dios. Me levanté decidida, con la fe grandísima. Dios me ha puesto en el camino tantas cosas maravillosas que esto es de él y de nadie más”, dice mientras se quita los zapatos y las medias para evitar resbalarse con las piedras lavadas por el agua.

Le pregunto si es consciente de que pueden ser expulsados. “Sí, claro. Nos dijeron que están dándoles prioridad a los niños“, responde la venezolana de 32 años. “Tenemos familiares de aquel lado que nos están esperando”.

Al igual que otros migrantes, Julieta dejó las pocas pertenencias que le quedaron luego de atravesar el Darién. Una vez que se entregue, sólo podrá conservar el pasaporte, el teléfono, el dinero, y las prendas. Tendrá que tirar todo lo demás.

“Mi mayor temor es que me regresen más lejos, a otro lugar de la frontera. Si me regresan hasta aquí, perfecto. Sigo intentando y sigo luchando porque para eso salí, para luchar por el futuro de ellos”, afirma rodeada por sus familiares.

Los migrantes instalaron banderas de México y Venezuela en el campamento de Ciudad Juárez.

Itzel Aguilera
Muchos migrantes se debaten entre quedarse en México o volver a Venezuela.

Expulsados versus admitidos

Mileyde presencia el intento de Julieta de cruzar la frontera vestida con un suéter y un pantalón deportivo gris y unas crocs azules, la ropa que le dieron en el puesto migratorio en Estados Unidos en el que durmió una noche, y desde donde fue expulsada el día anterior.

“Nos llevaron a un refugio, no sé cómo llamarlo, una cárcel. Uno se siente como privado de libertad completamente. No tuvimos acceso a llamada, siempre con la puerta cerrada, siempre con las órdenes de los oficiales. Tuvimos una ducha y nos entregaron este uniforme”.

Mileyde, su esposo y su nuera no han decidido cuál será su próximo destino. “Estamos a la expectativa porque está la opción de ir a Venezuela, aunque no es muy claro para nosotros”. Su hijo ya está en Estados Unidos. “Quedarnos en México sería una opción, porque nos están ofreciendo 180 días para optar a un permiso de trabajo. Estamos pensándolo”.

Mileyde fue expulsada de EE.UU. por Ciudad Juárez.

Itzel Aguilera
Mileyde fue expulsada de EE.UU. por Ciudad Juárez.

Un migrante que pidió el anonimato pronosticó que el campamento se mantendrá hasta que los carteles del narco mexicano que operan en Ciudad Juárez lo permitan. “Sabemos que el día que ellos quieran, nos sacan de aquí a plomo“.

Milena es uno de los pocos ejemplos de migrantes que han sido admitidos en Estados Unidos después del cierre de la frontera para los venezolanos. Cruzó a través de Matamoros, en el extremo oriental de México, junto con su hija, su hermana y su sobrina. La venezolana de 32 años pidió mantener su identidad anónima por temor a que su testimonio interfiera en el trámite del asilo.

“En todos los países nos robaban y se aprovechaban de nosotras. Todo el esfuerzo que hicimos para pasar el infierno de la selva y México no puede quedar en vano”.

Migrantes venezolanos protestan en un campamento en Ciudad Juárez.

Itzel Aguilera
El cierre de la frontera de EE.UU. para los venezolanos dejó a miles de ellos varados en México.

Los albergues de Tijuana

Tijuana dispone de más de 30 refugios para migrantes en el extremo occidental de México. Al otro lado se encuentra la ciudad de San Diego, en el estado de California. La mayoría de los albergues ya estaban llenos cuando comenzaron a llegar los venezolanos, a mediados de octubre.

“En la casa donde nos encontramos hay venezolanos, haitianos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos“, explica Claudia Portela, directora del albergue Desayunador Salesiano Padre Chava en Tijuana. “Vienen por diferentes situaciones, y cuando llegan los venezolanos estamos a tope”.

Claudia Portela, directora del albergue Desayunador Salesiano Pedro Chava en Tijuana

Marcos González
Claudia Portela dirige el albergue Desayunador Salesiano Pedro Chava en Tijuana.

De los 96 migrantes que durmieron en el Desayunador Salesiano el jueves 27 de octubre, 36 eran venezolanos. Preguntan a Claudia qué opciones tienen, qué ocurrirá con ellos ahora. Prefiere ser honesta y responder que nada está claro.

“Si les tomaron huellas y entraron de forma irregular, eso puede pesar si solicitan asilo. Realmente no lo sabemos. La persona tiene que saber que es una posibilidad. Si no, tristemente los van a deportar a su país”.

En la negociación que el gobierno de Biden sostuvo con el del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para aplicar la nueva medida no participaron las autoridades de ciudades fronterizas como Tijuana, principales receptoras de los migrantes.

Los términos que firmó el gobierno federal con Estados Unidos se nos hacen injustos, porque no ven las consecuencias que puedan causar en las ciudades fronterizas. No están obligados a consultarlo, pero sí están obligados a ayudarnos a resolver este tema”, considera Enrique Lucero, director de Atención al Migrante de la Alcaldía de Tijuana.

Para afrontar la contigencia, el gobierno de la ciudad acondiciona una instalación deportiva como refugio para 300 venezolanos.

“Es una migración que está en el peor de los mundos, porque llegan sin condición migratoria, retornados de Estados Unidos. No es una migración que nos llegó del sur, sino que los están retornando desde el norte. Atravesaron diez países para llegar a la frontera y el Darién, gastaron US$6.000 y a su representación diplomática no se le ve mucha iniciativa”.

Enrique Lucero, director de la oficina de Atención al Migrante de la Alcaldía de Tijuana.

Marcos González
Enrique Lucero dirige la oficina de Atención al Migrante de la Alcaldía de Tijuana.

El dilema de escoger un nuevo destino

José llegó hace pocos días al Desayunador Salesiano. Cruzó la frontera junto con su pareja y su hijo por Ciudad Juárez. Ella y el niño fueron admitidos y trasladados a Chicago. Él fue expulsado por Tijuana. “Si hubiera un vuelo humanitario, me devolvería a Venezuela. Me quedé sin plata, sin nada. La decisión de venir aquí me costó mi familia“.

Junior es padre de unas mellizas que cumplieron un año de edad tres días después de que él emprendiera el viaje por tierra desde Venezuela hacia Estados Unidos. Tras haber visto cadáveres en el Darién, asegura no estar dispuesto a volver a la selva, aunque sí a Venezuela en avión para Navidad, si el gobierno de Biden no rectifica su decisión sobre los migrantes venezolanos luego de las elecciones de mitad de período.

Mis hijas están creciendo sin mi amor. Mi ilusión era comprarles una casa en Estados Unidos, pero si no puedo lograrlo, prefiero volver a Venezuela”, asegura el técnico en administración contable de 31 años mientras ayuda a servir la cena en el comedor del albergue.

Comedor del Desayunador Salesiano Padre Chava

Marcos González
El Desayunador Salesiano Padre Chava aloja a casi un centenar de migrantes a finales de octubre de 2022.

Emmanuel es la excepción. Tras haber sido expulsado en Tijuana, el universitario de 22 años está decidido a volver a Venezuela. Conserva los zapatos que usó para atravesar Colombia, el Darién, Centroamérica y México como un símbolo del coraje que desarrolló a lo largo de la travesía.

Estos zapatos son para mí como un trofeo, valen mucho. Siento que soy un hombre más hecho. Después de esta experiencia, para mí todo es posible”.

Tres días después de entrevistar a Estefanía en el campamento de Ciudad Juárez, un grupo de migrantes atravesó el Río Bravo agitando una bandera de Venezuela gigante. Fue repelido por las autoridades estadounidenses con disparos de balas de goma.

Estefanía cruzó ese día. Desde entonces su chat de Whatsapp aparece desconectado. Los amigos que cruzaron con ella la selva del Darién y se quedaron en el campamento en Ciudad Juárez no han vuelto a hablar con ella, para saber si fue admitida o expulsada de Estados Unidos.


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