Las acusaciones contra un general y militares por caso Ayotzinapa
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Cuartoscuro

“Nosotros nos encargamos de limpiar todo”: los cargos contra el general acusado del asesinato de seis normalistas

El gobierno federal dio a conocer la detención de tres militares por su presunta relación con la desaparición de los 43 normalistas. Uno de ellos es el general José Rodríguez Pérez, a quien se atribuye ordenar el asesinato de seis estudiantes que estuvieron cautivos.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste y Alfredo Maza
16 de septiembre, 2022
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“A los estudiantes de la Normal los mantienen dentro de una bodega”. 

El mensaje anónimo fue enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a las 21:11 horas del 30 de septiembre de 2014, cuatro días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos de policías municipales de Iguala, soldados e integrantes del crimen organizado en Guerrero. 

“Es una bodega grande de concreto de techo laminado y cortina metálica, la cual se ubica en ‘pueblo viejo’, entrando a la colonia Guadalupe”, proseguía el mensaje, de acuerdo con lo expuesto por la Secretaría de Gobernación (Segob) en su informe del caso Ayotzinapa, publicado el 18 de agosto. 

El mensaje anónimo detallaba que para llegar al inmueble había que seguir un camino recto hasta llegar a una “Y”, doblando a mano izquierda, para luego continuar por un camino de terracería hasta el cerro donde se levantaban algunas casas entre árboles, maleza y arbustos. 

Ahí, en lo alto del cerro, al que el mensaje anónimo recomendaba a los militares llegar en helicóptero por lo difícil del acceso, se encontraba solitaria la bodega donde permanecieron vivos durante varios días al menos seis de los 43 normalistas, cuya localización exigen ciudadanos en marchas multitudinarias. 

Sin embargo, lejos de actuar de inmediato para tratar de rescatar a los estudiantes con esta información, el personal de la Sedena que recibió el mensaje anónimo no informó del mismo por medio de una comunicación clasificada hasta varios días después, el 2 de octubre. 

Y no solo eso. La investigación presentada por la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, de la Segob, reveló que personal militar del 27 Batallón de Infantería presuntamente incluso ordenó asesinar y desaparecer a los seis estudiantes que permanecían en cautiverio en esa bodega, señalada como propiedad del líder criminal de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, ‘Cabo Gil’, según publicó el diario Milenio.   

“El 30 de septiembre (de 2014), ‘El Coronel’ comenta que ellos se encargarían de limpiar todo, y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes que habían quedado vivos”, revela el informe gubernamental.

Aunque en dicho documento no se precisa el nombre de quién sería ‘El Coronel’, ayer jueves el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, informó que al momento se han liberado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, de los que tres ya fueron detenidos. Uno de estos es el general José Rodríguez Pérez, quien fuera comandante del 27 Batallón de Infantería. Al general se le acusa, precisamente, de ordenar el asesinato y la desaparición de seis de los 43 normalistas. 

Lee: Gobierno atribuye a coronel la orden de asesinar a 6 normalistas en caso Ayotzinapa

El Registro Nacional de Detenciones da cuenta de que Rodríguez Pérez fue detenido el 14 de septiembre a las 13:45 horas. Fuentes castrenses confirmaron a este medio que, luego de su detención, el general fue dirigido a los juzgados del Campo Militar Número 1-A en la Ciudad de México, en espera de ser presentado ante un juez de control. 

Ese mismo registro señala que los otros dos detenidos —cuyos nombres Mejía no reveló— son el capitán José Martínez Crespo, que ya había sido detenido en noviembre pasado, y el sargento Eduardo Mota Esquivel. Sus aprehensiones se registraron de igual forma el 14 de septiembre a las 15:35 y a las 17:35 horas, respectivamente. 

Estas órdenes de aprehensión fueron concedidas por un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, conocido como El Altiplano, lo que significa que, una vez que sean solicitados por el juez de la causa, la Policía Militar los trasladará al Estado de México para que puedan estar en presencia del juez en la audiencia inicial del fuero civil. 

Además de estos militares ya detenidos, en el informe de Gobernación también se señala directamente a otro alto cargo militar como implicado en el caso: el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, también del 27 Batallón de Infantería. 

El teniente Barbosa tenía a su mando a un elemento infiltrado desde 2012 en la Normal de Ayotzinapa, el soldado Julio César López Patolzin, quien tenía el encargo de informar lo que acontecía en las asambleas que se realizaban en la escuela, además de dar seguimiento a marchas, mítines y cualquier movimiento de los estudiantes en Guerrero o fuera de la entidad. 

Este soldado infiltrado entre los estudiantes dio cuenta de que el plan de los jóvenes era tomar varios camiones para trasladarse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Sin embargo, desde el 26 de septiembre de 2014, alrededor de las 10:00 horas, el soldado infiltrado dejó de dar reportes. 

“No obstante que se encontraba activo en el Ejército Mexicano realizando funciones de informante dentro del grupo de estudiantes, este no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece el ‘Protocolo para Militares Desaparecidos’, que obliga a los mandos a ‘implementar medidas contundentes, a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y, en su caso, rescate del personal militar desaparecido’”, denuncia el informe, que señala a la Sedena, además de las policías municipales y otros agentes del Estado, de haber “tolerado, permitido y participado” en los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes, “así como en el intento del gobierno de ocultar la verdad sobre estos hechos”. 

¿Y las otras órdenes de aprehensión? 

Las cuatro órdenes de aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa no son las únicas. En un comunicado del pasado 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez con sede en el Estado de México libró 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 son contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala. 

Animal Político buscó tanto a la Sedena como a la FGR para preguntarles por las 16 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en contra de militares a casi un mes del anuncio de la fiscalía, así como para solicitarles más información de la detención del general José Rodríguez Pérez. Sin embargo, al cierre de esta edición, ninguna institución dio respuesta.

El 23 de agosto, el diario La Jornada publicó que otro militar de alto rango, el general Alejandro Saavedra Hernández, quien en 2014 era comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, Guerrero, también está en ese listado de 20 elementos a los que se busca detener para llevarlos ante la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes. 

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Según las investigaciones de las autoridades federales, este jefe militar también tuvo conocimiento de los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, a pesar de lo cual no hizo nada para impedirlos

Al margen de los militares, el pasado 29 de marzo, en el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se dio a conocer que, un mes después de la desaparición de los normalistas, al menos 12 elementos de la Marina estuvieron presentes en el basurero de Cocula, donde descargaron y manipularon bultos con contenido desconocido y encendieron una hoguera cerca de los puntos donde, según la versión del gobierno anterior, los jóvenes fueron asesinados y calcinados. 

Sin embargo, hasta ahora, no se ha dado a conocer que existen órdenes de aprehensión contra marinos por este caso. 

“Mátalos a todos, Iguala es mío”

Una de las primeras personas detenidas en 2014 por la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa fue José Luis Abarca, exalcalde de Iguala. Sin embargo, el pasado miércoles, el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, en Tamaulipas, determinó que no existen evidencias de su plena responsabilidad en el crimen, confirmaron a este medio autoridades judiciales. 

No obstante, el exalcalde perredista seguirá preso porque enfrenta otros dos procesos penales, uno por delincuencia organizada y otro por homicidio. 

Abarca fue identificado como “A1” en el informe de la Comisión de la Verdad y como quien, presuntamente, dio la orden de matar a los normalistas. 

“Me chingan a todos a discreción” y “mátalos a todos, Iguala es mío” son algunas de las declaraciones que supuestamente hizo en comunicaciones con otros implicados en la desaparición de los estudiantes, según el informe. 

Ayer, el subsecretario Mejía dijo que, ante la absolución del juez con sede en Tamaulipas, las autoridades van a impugnar la resolución e interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra dicho juez. 

“Vale la pena subrayar que con esta sentencia absolutoria se acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia contra diferentes individuos que participaron en estos hechos. Se va a proceder en términos de la ley ante la Judicatura contra el juez de Procesos Penales”, aseguró. 

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¿Es la inflación más dañina que la recesión?

Las medidas que toman las autoridades para detener la inflación, como subir el costo de los créditos, le ponen un freno a la economía. Si las tasas de interés son demasiado altas y el freno económico demasiado profundo, puede llegar una recesión.
11 de agosto, 2022
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Hay que apagar el fuego antes de que se salga de control.

Esa parece ser la consigna de los países afectados por la gigantesca inflación que recorre el mundo y que ha llegado a máximos históricos en décadas.

Con Alemania marcando el nivel más alto en casi medio siglo -en medio de una crisis energética derivada de la guerra en Ucrania-, Estados Unidos y Reino Unido en el más alto nivel de los últimos 40 años y América Latina también bajo presión por la escalada en el costo de la vida, los bomberos están trabajando a toda velocidad.

Bomberos encargados de la política fiscal y monetaria de los países que intentan apagar una hoguera sin descuidar otro foco de incendio: la recesión.

Empleado de un fondo de inversiones mira varias pantallas de computadora

Getty Images

Pues bien, ¿qué tiene que ver la inflación alta con una recesión económica?

Mucho. Cuando se dispara la inflación, los bancos centrales suben las tasas de interés (el costo de los créditos) para desincentivar la compra de bienes o servicios.

Es una política que busca reducir el consumo y las inversiones con la esperanza de que bajen los precios.

Con este mecanismo se controla la inflación pero, al mismo tiempo, se frena el crecimiento económico.

Si el frenazo es demasiado grande, la economía se estanca y aumentan las posibilidades de que el país entre en recesión.

Trabajador estadounidense

Getty Images

Frente a este dilema las autoridades tienen que hacer de equilibrista y preguntarse: hasta dónde puedo subir las tasas de interés sin ahogar demasiado la economía.

Y ese equilibrio precario entre inflación y recesión es lo que tiene a los economistas tratando de apagar un incendio sin echarle leña al otro.

De ahí viene la pregunta: ¿es peor la inflación o una recesión económica?

El mal menor

No es tanto cuál es peor, sino qué es lo primero que hay que atajar. Yo creo que un país que quiere mantener su estabilidad macroeconómica, no puede permitirse una inflación elevada”, argumenta Juan Carlos Martínez, profesor de Economía en la universidad IE Business School, España.

“Una recesión es un mal menor comparado con una inflación persistente en la economía”, dice en diálogo con BBC Mundo.

cONSUMIDORA CON CAJA DE FRESAS EN LA MANO

Getty Images

Benjamin Gedan, director adjunto del Programa Latinoamericano del centro de estudios Wilson Center y profesor de la Universidad Johns Hopkins, en EE.UU., también argumenta que disminuir el costo de la vida es algo prioritario.

Las dos cosas son malas, pero la inflación es más difícil de superar en muchos casos”, apunta el experto.

Una inflación crónicamente alta, agrega, le impone muchos costos a una sociedad.

No solo se trata del frenazo económico. “También crea tensiones sociales, ya que los trabajadores exigen aumentos salariales recurrentes, los propietarios exigen subidas del alquiler y los comerciantes deciden aplicar repetidos aumentos de precios”, le dice Gedan a BBC Mundo.

Desde otra perspectiva, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC) de México, agrega al debate que controlar una inflación elevada puede tomar muchos años, mientras que las recesiones, al menos en los últimos años, se han podido superar más rápidamente.

Persona comprando gasolina en Estados Unidos

Getty Images

“En este momento es fundamental contener la inflación porque las experiencias de los últimos 50 años nos muestran que una espiral inflacionaria acaba desencadenando una recesión”, le dice el economista a BBC Mundo.

“Se puede atajar una recesión sin que esto implique inflación, pero en el otro caso, la inflación termina provocando una crisis”.

Estados Unidos, por ejemplo, “está pagando el costo de un error”, agrega, porque las autoridades dejaron pasar mucho tiempo antes de subir las tasas de interés para controlar el consumo y la inversión.

De esa manera, la demanda siguió alta y los precios continuaron escalando, señala de la Cruz, sin que se eliminaran los incentivos para seguir gastando.

¿Qué pasa en América Latina?

Tal como está ocurriendo en otras partes del mundo, Latinoamérica también ha sufrido la ola inflacionaria.

En países como Chile, la inflación se disparó a un histórico 13,1% (la mayor en casi tres décadas), seguido por Brasil y Colombia (superando los dos dígitos), mientras países como Perú y México, donde la espiral inflacionaria es un poco menor, también han sufrido las consecuencias de precios que están dejando huellas aún más profundas en los sectores más vulnerables.

Mujer en supermercado, foto genérica.

Getty Images

Argentina, que sufre un problema crónico de inflación, tiene la herida abierta con un aumento anual del costo de vida de 64%.

Ante este escenario, los bancos centrales de la región han aplicado históricos aumentos de las tasas de interés para tratar de sacarle la presión a la olla.

En los buenos tiempos económicos, muchos gobiernos solían ponerse como meta inflacionaria un rango de entre 2% a 4%.

Pero ahora que el costo del crédito está disparado, esas metas se esfumaron, al menos por ahora.

Brasil, por ejemplo, tiene sus tipos de interés en 13,7%, mientras que en Chile el costo de los préstamos escaló a un máximo histórico de 9,7% y en Colombia al 9%.

Pocas ganas les quedan a los consumidores que aspiraban a comprarse una casa con un crédito bancario, o a los empresarios que pensaban renovar equipos, ampliar sus operaciones o iniciar nuevos proyectos de inversión.

Manos con billetes chilenos

Getty Images

Claramente la época del “dinero barato”, es decir, de los préstamos más asequibles, quedó en el pasado.

Tan veloz y profundo han sido el aumento del costo del crédito, que los economistas esperan ver resultados prontamente.

De hecho, en países como Estados Unidos o Brasil, la inflación dio una tregua y disminuyó levemente, aumentando las expectativas de que los precios podrían estar alcanzando sus niveles máximos.

¿Quiénes son los más perjudicados con la inflación?

“Lo peor de todo es que la inflación es un impuesto sobre los pobres, que tienen escasos ahorros y normalmente trabajan en el sector informal, con poca capacidad para proteger su poder adquisitivo”, explica Gedan.

“Dada la pobreza generalizada de la región y el gigantesco sector informal, los impactos de la inflación son particularmente severos en América Latina”, apunta.

Trabajadora colombiana en empresa textil.

Getty Images

En ese sentido, las autoridades no han dudado en subir las tasas, especialmente por los episodios de escalada de precios en Latinoamérica en las décadas pasadas.

“Es que dados los traumas pasados ​​de la región con la hiperinflación y el deseo de conservar la credibilidad ganada con tanto esfuerzo de los bancos centrales, no sorprende ver medidas rápidas en muchos países para frenar los aumentos de precios”, dice el experto.

El debate en Estados Unidos

Si bien inflación y recesión son dos amenazas económicas de alto calibre, en Estados Unidos el debate se ha centrado en cuánto y a qué velocidad la Reserva Federal (el equivalente al banco central en otros países) debe seguir subiendo las tasas para detener la escalada de los precios.

Criticada por no haber actuado antes, la Fed se ha embarcado este año en una serie de subidas de los tipos de interés.

Y como esas subidas le ponen un freno a la economía, la pregunta que muchos se hacen es si Estados Unidos caerá o no caerá en una recesión con todas sus letras.

Porque ya está atravesando lo que se conoce como una “recesión técnica”, equivalente a dos trimestres seguidos de contracción económica.

Foto genérica de buque carguero con contenedores y bandera de Estados Unidos.

Getty Images

Pero en EE.UU. esos números rojos no representan una verdadera recesión, según los estándares que se utilizan en ese país.

El árbitro que la define, por decirlo de alguna manera, es una organización independiente: la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés).

En ella participan destacados economistas que se reúnen regularmente y analizan todas las variables que pueden incidir en un proceso recesivo.

La definición que ellos utilizan está lejos de ser una fórmula matemática: “Una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos pocos meses”.

El enfoque del comité de economistas es que, si bien cada uno de los tres criterios (profundidad, difusión y duración) debe cumplirse individualmente hasta cierto punto, las condiciones extremas reveladas por un criterio pueden compensar parcialmente las indicaciones más débiles de otro.

Precisamente porque no es una fórmula infalible hay tanto debate en Estados Unidos sobre si realmente el país va camino a una recesión o si no llegará a ese punto.

Las máximas autoridades del país (encargadas de la política fiscal y monetaria) se han mostrado optimistas argumentando que el mercado del trabajo se mantiene fuerte.

Y en julio la inflación bajó levemente (de 9,1% a 8,5%), aportando una cuota de alivio frente a los pronósticos que consideraban como inevitable una recesión en el país.


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