En gobierno de AMLO, 29 mil personas más han ido a prisión
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En el gobierno de AMLO, casi 29 mil personas más han ingresado a prisión; el 58% de ellas no tiene juicio ni sentencia

En lo que va del sexenio, la población en cárceles federales y estatales ha aumentado en 28 mil 928 personas. Hoy, la Suprema Corte iniciará la discusión de proyectos que plantean eliminar la prisión preventiva oficiosa o automática.
Cuartoscuro
Por Alfredo Maza
5 de septiembre, 2022
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En los cuatro años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la población en las cárceles de México pasó de 197 mil 988 personas privadas de la libertad a 226 mil 916, lo que supone un total de 28 mil 928 presos nuevos en centros estatales y federales. La mayoría, 58% de quienes han ingresado, son personas en prisión preventiva, sin juicios ni condenas que prueben que son culpables de algún delito.

Datos de los anexos del Cuarto Informe de Gobierno muestran que en la actual administración la población de personas en prisión preventiva oficiosa o justificada creció en 17 mil 565 para llegar a un total de 92 mil 595. Lo anterior ha provocado que, actualmente, al menos cuatro de cada 10 mujeres y hombres encarcelados en México sean presuntos culpables sin condena.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y el amparo en revisión 355/2021, y con ello, la viabilidad de la medida de prisión preventiva oficiosa o automática, que es una de las modalidades con las cuales las autoridades encarcelan a personas sin necesidad de llegar a un juicio.

Los datos del gobierno federal refieren que la mayor parte de la población penitenciaria en el país se concentra en el fuero común, es decir, en cárceles estatales. Tan solo en 2014 estos lugares alcanzaron cifra récord de ocupación con 206 mil 767 personas privadas de su libertad. Durante los siguientes cuatros años, esta cifra disminuyó hasta llegar a 165 mil 213, una reducción de 41 mil 554.

Sin embargo, a partir del 2019 con la llegada de López Obrador, la cifra de personas en estos centros de reclusión aumentó nuevamente hasta llegar a 197 mil 734, lo que coincide con las fechas en las que el Ejecutivo presentó diversas reformas en materia penitenciaria, que fueron aprobadas por todos los partidos y que permitieron sumar al artículo 19 de la Constitución una veintena de delitos que ameritan prisión automática.

En contraste, la población penitenciaria del fuero federal ha tenido un constante decremento desde 2014 hasta 2021, al pasar de 48 mil 871 presos a 28 mil 652, tendencia interrumpida hasta este año, en el que se tiene registro de un aumento de 530 personas nuevas que llegaron a estos centros penitenciarios de septiembre de 2021 a junio de 2022.

Trasladan a reos de cárceles estatales a federales para “despresurizar”

Otra de las acciones que la administración de López Obrador destacó en su Cuarto Informe tiene que ver con la “despresurización” de centros penitenciarios estatales de 24 entidades, estrategia para la “recuperación y dignificación de las cárceles” en México.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se trasladó a Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) a 3 mil 210 personas que, según el gobierno federal, “representaban un riesgo” en sus cárceles de origen.

El 21 de abril pasado, un periodista cuestionó al presidente en su conferencia de prensa matutina sobre estos traslados, tras asegurar que hay padres y madres de familia desesperados porque sus hijos han sido trasladados a reclusorios muy lejanos, lo que les dificulta saber en qué circunstancias se encuentran sus hijos.

El presidente respondió: “Hay una situación que hoy precisamente analizamos sobre los reclusorios. Como están saturados los reclusorios de los estados y hay condiciones de violación franca de derechos humanos, por hacinamiento, por las malas instalaciones, entonces se ha venido aplicando un programa de traslado del fuero común a reclusorios federales, a los reclusorios que se contrataron”.

Sin embargo, aseguró que el gobierno buscaría atender a los familiares de las personas privadas de la libertad para que sepan de sus reclusos y en qué condiciones están. “Desde luego, nosotros procuramos que no haya violación de derechos humanos, que no haya maltrato”, dijo.

El Cuarto Informe refiere que la mayor cantidad de traslados de centros estatales a federales se registró en el Estado de México, donde mil 357 personas fueron trasladadas. Siguieron Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Puebla, de donde se trasladó a 318, 176, 158 y 150 reos, respectivamente.

Como se mencionó, a junio de 2022 la población de personas privadas de la libertad en el país ascendía a 226 mil 916 personas, de las que 8.3% se encuentra en estos centros federales. Esto es 18 mil 749 personas, de las cuales casi 40% se encuentran en calidad de “procesadas” (7 mil 394).

El gobierno presume como un aspecto positivo que la cantidad total de reos en estas cárceles federales representa una ocupación del 65.7%, ya que a nivel nacional se tiene registro de una sobrepoblación de 9 mil 787 reos en las 289 cárceles, pues estas solo tienen capacidad para 217 mil 129 personas.

En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, donde concluyó que “existe un generalizado abandono institucional por parte de las autoridades” en las cárceles del país, lo que se evidencia en las condiciones de estos lugares.

El estudio dio cuenta de diversas deficiencias para garantizar una alimentación suficiente y adecuada para las y los reos; inexistentes áreas médicas debidamente equipadas; falta de agua y drenaje dentro de los centros; insuficiente personal de guardia y custodia, entre otras irregularidades que violan los derechos de los reos a una habitabilidad digna.

Incluso, documentó la falta de una efectiva separación entre personas sentenciadas y procesadas, lo que se traduce en que hombres y mujeres convivan sin distinción dentro de las cárceles. 

Proyectos de la Corte van contra prisión oficiosa, gobierno quiere mantenerla

El 17 de agosto, durante su conferencia de prensa mensual, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, informó que en las próximas semanas el máximo tribunal del país discutiría dos asuntos referentes a la convencionalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

“Estos asuntos son de una enorme relevancia, pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México”, dijo.

En repetidas ocasiones, Zaldívar ha insistido en que en el país la mayoría de las personas sujetas a esta medida son de escasos recursos, por lo que aplicar la prisión de forma automática es aplicar “una condena sin sentencia, que, por regla general, castiga la pobreza”.

Incluso durante su histórica visita a Santa Martha Acatitla, en mayo pasado, aprovechó la oportunidad para fijar su postura sobre el tema.

“Se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa; hay miles de personas sin sentencia en las prisiones, pero la violencia en el país no cede ni tampoco la inseguridad; entonces, para mí esto es suficiente para demostrar que la medida no funciona, aparte de que es violatoria de derechos humanos”, dijo.

Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó en octubre de 2021 la investigación “Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes”. Ahí se dio cuenta que el 70% de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos.

Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusados de delitos menores como pequeños robos o narcomenudeo, son las principales víctimas de esta medida.

Más aún, la investigación reveló que las mujeres son las personas que han sido más perjudicadas por esta medida. Tan solo de 2019 a agosto de 2021, la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia, es decir, legalmente inocentes, pasó de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil mujeres.

Luego de que se diera a conocer que los ministros se alistan para discutir este asunto y que los proyectos de sentencia perfilan anular esta medida, el gobierno de López Obrador pidió a la SCJN mantener en la Constitución la figura de prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que eliminarla significa una medida negativa para la seguridad pública del país.

“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado”, afirmó.

El 25 de agosto, justo el día en que la Corte informó que el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México sería discutido a partir de este lunes 5 de septiembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aprovechó para ir más allá y asegurar que eliminar esta medida representaría el fin de “toda la estrategia de seguridad” del gobierno federal.

Esto, a pesar de que tanto organismos internacionales como organizaciones de derechos humanos y especialistas en la materia han criticado esta figura al considerar que su aplicación es violatoria de derechos humanos, pues a pesar de que debería ser utilizada como excepción termina siendo la regla.

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La orden de registro de la casa de Trump revela que la fiscalía lo investiga por una posible violación de la Ley de Espionaje

Entre los elementos que los agentes del FBI encontraron en Mar-a-Lago había varios documentos clasificados y una carta de clemencia para el asesor de Trump Roger Stone.
13 de agosto, 2022
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La difusión de la orden de registro por la que agentes del FBI entraron esta semana en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago reveló detalles sobre la investigación que se sigue sobre el expresidente.

Un juez federal hizo pública este viernes la orden emitida por el Departamento de Justicia de EU, que autorizó al FBI a registrar la mansión de Trump en el sur de Florida.

El hecho se produjo el pasado lunes y los agentes del FBI se llevaron varias cajas con documentos, algunos de ellos clasificados y considerados de alto secreto.

Agentes del FBI a las afueras de la residencia Mar-a-Lago

EPA
El registro de la casa de Trump fue un hecho inusual que los defensores del expresidente califican de innecesario y políticamente motivado.

El documento explica que la Fiscalía General de EU investiga al exmandatario por presunta obstrucción a la justicia y una posible violación de la Ley de Espionaje.

La orden autorizó a los agentes del FBI a incautar todo tipo de evidencia que pudiera revelar esfuerzos por parte de Trump para retener de manera ilegal documentos que pudieran ayudar a adversarios de EU, o para esconder o destruir documentos del gobierno estadounidense.

La primera página de la orden de registro al hogar de Donald Trump en Mar-a-Lago

Reuters
La primera página de la orden de registro al hogar de Donald Trump en Mar-a-Lago.

Trump niega haber cometido cualquier tipo de acto indebido. Dice que los documentos no estaban clasificados y estaban a salvo.

Lo que se llevó el FBI

El documento divulgado por el juez que incluye la orden de cateo tiene una longitud total de siete páginas y enumera todos los elementos que los agentes se llevaron de la casa del exmandatario.

El listado hace mención a una caja recubierta de cuero llena de documentos, un documento con el título “info re: President of France” (presidente de Francia) y una solicitud de clemencia redactada a nombre del estratega político Roger Stone, un aliado de Trump de vieja data.

El listado también muestra que los agentes encontraron documentos marcados con las siglas “TS”, es decir top secret o ultrasecreto, y “SCI”, es decir información sensible compartimentalizada.

También se hace mención a “documentos secretos varios”.

Roger Stone durante su testimonio, diciembre 2021

Reuters
Los agentes encontraron una carta de clemencia para el estratega político y aliado de Trump Roger Stone.

La orden incluye la firma de la abogada de Trump, Christina Bobb, quien estuvo presente durante el cateo.

¿Qué buscaban los agentes?

La orden explica que estaban en búsqueda de:

  • Cualquier documento físico con las marcas de “clasificado“, al igual que cajas y contenedores.
  • Detalles sobre el almacenamiento o transmisión de información relacionada con la defensa nacional o material clasificado.
  • Cualquier registro gubernamental y/o presidencial del mandato de Trump.
  • Cualquier evidencia que revelara alteración intencional, destrucción u ocultamiento de cualquier registro gubernamental y/o presidencial, o cualquier tipo de documento marcados clasificados.

La orden de registro muestra que los agentes del FBI buscaban posibles indicios de violaciones a la Ley de Espionaje, que prohíbe mantener o transmitir información de seguridad nacional potencialmente peligrosa.

Agentes del FBI a las afueras de la residencia Mar-a-Lago

EPA
Los agentes del FBI retiraron unas 20 cajas con documentos de la casa de Trump en Palm Beach.

La retirada de documentos o materiales clasificados está prohibida por ley. De hecho, el propio Trump aumentó el castigo para este delito cuando estaba en la Casa Blanca y ahora se penaliza con hasta cinco años de cárcel.

La orden precisa que los lugares registrados en Mar-a-Lago incluían una zona llamada la “oficina 45” (Trump fue el presidente número 45 de EU) y salas de almacenamiento, pero no habitaciones privadas usadas por Trump y su personal.

Un hecho “sin precedentes”

Un portavoz del exmandatario habló con la cadena estadounidense socia de la BBC, CBS News, y dijo: “El gobierno de Biden está claramente en modo de control de daños después del allanamiento fallido”.

El portavoz de Trump, Taylor Budowich, afirmó: “Este allanamiento del hogar del presidente Trump no solo no tiene precedentes, sino que fue innecesario. Y ahora están filtrando mentiras e insinuaciones para intentar darle explicaciones al uso del gobierno contra su dominante oponente político. Esto es inaudito”.


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