En 29 de los 32 estados del país, los jueces de control dictan más prisiones preventivas de manera oficiosa o automática que de forma justificada. Ello se traduce en que la mayor parte de las personas que son encarceladas en México sin que aún se les haya probado que cometieron un delito terminan en el reclusorio sin mayor debate en las audiencias, y sin que el juez analice si era posible imponer otra medida.
Además, los delitos por los cuales es encarcelada la mayoría de estas personas son presuntos robos, narcomenudeo o violencia familiar, que no son considerados “graves” en la Constitución, pero en los hechos terminan acaparando las prisiones oficiosas que se aplican todos los días.
Datos de la organización México Evalúa actualizados durante 2021 —y que hasta ahora no se conocían— refieren que en estados como Baja California, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz se alcanzó la cifra más alta de aplicación de esta medida: ahí se aplica en nueve de cada 10 casos, cuando a nivel nacional se impuso a tres de cada cinco personas.
Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá el futuro para la prisión preventiva oficiosa. Si bien es cierto que el proyecto que propone eliminarla de la Constitución no ha obtenido la mayoría de ocho votos, también lo es que la mayoría de ministras y ministros ha manifestado que se trata de una figura que viola los derechos humanos de las personas procesadas y que se ha abusado de ella. Por ello, aún buscan un acuerdo.
Datos del Cuarto Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador refieren que desde su llegada a la presidencia casi 29 mil personas más han ingresado a prisión. De ellas, un 58% son personas que han llegado a la cárcel sin juicios ni condenas que prueben que son responsables de algún delito, para llegar a un total de 92 mil 595 presuntos culpables a las cárceles. Pese a ello, el presidente pidió a la SCJN mantener la prisión preventiva oficiosa, entre otras cosas, porque esta se aplica a delitos particularmente lesivos para la sociedad, como el homicidio doloso, el feminicidio y la desaparición forzada.
En contraste, los datos recabados por México Evalúa mediante solicitudes de información tramitadas ante Tribunales Superiores de Justicia de todo el país indican que precisamente en los delitos donde el Estado tiene un deber de protección reforzado —como violación, secuestro o feminicidio— son en los que menos se aplica la prisión automática: en su conjunto, solo en uno de cada 10 casos se dicta. En la misma proporción se aplica para el delito de homicidio.
Personas presas sin sentencia por más de dos años
Otro dato recabado por la organización refiere que, pese a estar prohibido por la Constitución, al cierre de 2021 se tenía registro de 4 mil 904 personas privadas de la libertad sin sentencia pero con más de dos años en la cárcel, lo que “socava por completo el marco legal que la sostiene”.
El artículo 20 de la Constitución establece que la prisión preventiva “en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho a la defensa del imputado”, ni podrá exceder el tiempo que como máximo de pena se fije al delito que se impute, es decir, que no deberá mantenerse en la cárcel a nadie por un tiempo superior al que se pida en su contra como castigo, salvo que haya razones justificadas.
Sobre este asunto, el pasado 9 de febrero la Primera Sala de la SCJN determinó, por mayoría, que la prisión preventiva en México ya no sería inamovible, por lo que, transcurridos los dos años, sin importar el delito por el que se acusa, esta medida debe ser revisada por un juez, quien podrá determinar revertirla y en su caso cambiarla por una medida menos restrictiva como prisión domiciliaria.
Los datos sobre este fenómeno actualizados a 2021 refieren que, del total de presos sin sentencia que ya han excedido los dos años de cárcel, 4 mil 569 son hombres (76.4% bajo la modalidad de prisión automática) y 355 son mujeres (70.4%). Por entidad federativa, los estados que concentran las más altas cifras de personas privadas de libertad desde hace más de 730 días son Baja California, Nuevo León y Puebla.
En la investigación “Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes”, Animal Político y la organización Intersecta documentaron que el uso de la prisión preventiva en México se acrecentó tras la reforma que el gobierno de López Obrador hizo al artículo 19 de la Constitución, que agregó una veintena de delitos nuevos al catálogo de ilícitos que ameritan prisión automática.
En dicho reportaje, publicado en octubre de 2021, se dio cuenta de la historia de diversas mujeres a quienes se les impone ir a la cárcel en lo que termina la investigación en su contra y ocurre el juicio. Si se les declara como inocentes, solo se les ofrece un “usted disculpe” sin llegar a una verdadera reparación del daño.
Ahora, en términos generales, la organización concluyó que a nivel nacional los procesos penales que implican a personas adultas imputadas bajo prisión preventiva oficiosa tienden a durar medianamente 146 días para mujeres, mientras que para los hombres son 141 días.
Hoy, gracias al caso Daniel García y Reyes Alpízar contra México, promovido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que existen casos donde personas legalmente inocentes han estado más de 17 años en la cárcel sin llegar a un juicio ni recibir sentencia.
Ministros reconocen violación a derechos humanos
Durante dos largas sesiones en el pleno de la SCJN, las y los ministros han debatido en torno a la prisión preventiva oficiosa. Si bien el proyecto para eliminarla por completo de la Constitución ha sido respaldado solo por cuatro ministros, la mayoría de los integrantes del máximo tribunal ha criticado su uso y reconocido que viola los derechos humanos de las personas sujetas a proceso. Por ello, han expuesto la necesidad de revisarla y buscar una solución.
El ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto de sentencia, propuso durante la última sesión posponer la votación para tratar de tomar en cuenta las consideraciones de sus compañeros e intentar buscar el consenso.
Si bien el ministro presidente, Arturo Zaldívar, aceptó la propuesta y anunció que la votación sería este jueves, durante su participación fue uno de los más enfáticos para argumentar las razones por las cuales considera que se debe eliminar esta figura de la Constitución.
“La prisión preventiva oficiosa en nuestro país tiene a miles de personas en la cárcel. La mayoría de ellos son pobres, los olvidados y marginados que no tienen quién los defienda y afecta, de manera particular, a las mujeres. Vayamos a las prisiones y díganme: ¿cuánta gente rica hay? Y vean cuánta gente pobre hay, a cuántas personas se les fabrican delitos o se les pone un agravante para que ya no puedan salir, y se les pasen 10, 12, 17, 20 años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia. Esta es una profunda injusticia que padece el pueblo de México todos los días”, dijo.
A este tipo de posiciones de condena a la prisión preventiva oficiosa se sumaron las de al menos ocho ministras y ministros, como Javier Laynez, que aseguró: “El uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva, inclusive, el incremento a nivel constitucional de delitos, colocan al ciudadano en el peor de los escenarios posibles”.
“Porque, entonces, se bajó el estándar para el Ministerio Público de iniciar un proceso penal, pero se sigue incrementado el número de delitos con prisión preventiva y, luego, con prisión preventiva oficiosa. Esto es lo más peligroso para la ciudadanía y eso es lo que los operadores jurídicos e, insisto, los legisladores tienen que tomar en cuenta”, expuso.
Fabricación de delitos afecta más a mujeres que a hombres
Tal como expresó Zaldívar, uno de los últimos hallazgos de México Evalúa señala que en efecto la prisión preventiva afecta más a las mujeres y que fenómenos como la fabricación de delitos les perjudica más que a los hombres. En 17 estados se concentran las mayores cifras en perjuicio de las reclusas, en contraste con las ocho entidades donde más se utilizan estas prácticas contra reclusos.
Los datos recabados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 señalan que en Tlaxcala y Chiapas siete de cada 10 mujeres dijeron que entre las razones por las cuales consideran que están en un penal está que las acusaron falsamente de cometer un delito.
En un porcentaje superior al 60% también se encuentran las mujeres consultadas en Veracruz, Colima, Guerrero, Morelos, Estado de México, Tabasco y Tamaulipas, mientras que sobre el 50% están Nuevo León, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Michoacán y Yucatán.
En tanto, los estados donde los hombres acusan haber sido víctimas de fabricación de delitos son Chiapas, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas y Nayarit, que son los únicos estados con un porcentaje superior al 50%.
Finalmente, si bien los datos por sexo refieren que durante el 2021 la prisión preventiva oficiosa se impuso a seis de cada 10 hombres y a cinco de cada 10 mujeres a nivel nacional, en entidades como Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Zacatecas las proporciones superaron por mucho al promedio nacional: nueve de cada 10 causas penales involucraron a mujeres imputadas por la vía oficiosa.
Caso extremo fue Tlaxcala, donde el 100% de las mujeres recibieron esta medida.
