Por orden de un juez federal, el extitular de Segalmex, Ignacio Ovalle, fue citado a comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), para sostener un careo con la defensa de uno de sus principales subalternos, Rene Gavira Segreste. Esto, como parte de las investigaciones en curso por los presuntos desvíos millonarios ocurridos en dicha dependencia federal.
De acuerdo con autoridades federales, el careo tuvo lugar el pasado miércoles y, en él, Ovalle reiteró lo que ya había declarado con anterioridad: que no recordaba haber firmado el convenio a través del cual se autorizó una inversión bursátil con recursos de Segalmex, la cual, según la indagatoria de los fiscales, era ilegal.
El careo fue solicitado por la defensa de Gavira, quien, a diferencia de Ovalle, ya fue acusado y procesado penalmente por las irregularidades detectadas. El juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Pedro Serret Hernández, concedió la petición mediante un acuerdo del 12 de agosto e instruyó a la FGR a auxiliar en la localización de Ovalle.
La asistencia del exdirector de Segalmex a la entrevista no era obligatoria en primera instancia, de modo que este acudió de manera voluntaria. Su testimonio servirá para nutrir el expediente iniciado por la supuesta compra ilícita de certificados bursátiles fiduciarios privados, con recursos públicos por un monto de 100 millones de pesos.
Aunque varios presuntos delitos ocurrieron bajo su gestión, Ovalle no ha sido acusado por la fiscalía de ninguna irregularidad. Por ello, tras el encuentro del miércoles —que duró alrededor de una hora y media—, se marchó libremente y sin inconvenientes de las instalaciones ministeriales.
Además de la supuesta inversión ilegal en certificados bursátiles, recientemente la FGR acusó ante un juez a varios exfuncionarios de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por una presunta compra ilícita de azúcar en 2020 —también durante la gestión de Ovalle—, pero sin incluir en su denuncia al exdirector, que era el jefe de todos los acusados.
Pese a que el propio gobierno federal ha reconocido malos manejos en Segalmex por un monto de 9 mil 500 millones de pesos, no existe aún ningún señalamiento contra quien fuera su titular. La única medida en su contra fue removerlo de ese cargo y enviarlo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Este medio intentó contactar a Ovalle, a través del área de comunicación social del Inafed, para pedirle un comentario sobre el caso, pero la solicitud no fue atendida.
En el careo del miércoles, la defensa de Gavira preguntó irónicamente a Ovalle si nunca se había enterado de que en la institución bajo su cargo se había configurado un esquema de “crimen organizado”, como acusa la FGR. Serio, el exdirector replicó que se limitaría a hablar únicamente sobre el expediente iniciado por las inversiones bursátiles, asunto para el que fue citado.
Reitera: “no me acuerdo”
En presencia de los agentes de la FGR, Ovalle reiteró que “no recuerda” haber firmado el oficio mediante el que autorizó que se invirtieran 100 millones de pesos de recursos públicos de Segalmex para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados.
El exdirector se mantuvo en su postura a pesar de que existe un oficio en el que, con su firma autógrafa, consta oficialmente su consentimiento para que se efectuaran las operaciones.
El documento, obtenido por Animal Político, comprueba que Ovalle autorizó en febrero de 2020 a Gavira, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas, invertir los recursos de Segalmex en la bolsa para, supuestamente, obtener rendimientos.
A pesar de la evidencia, la FGR solo requirió a un juez federal la vinculación a proceso del subalterno de Ovalle.
En abril pasado, el extitular de Segalmex declaró formalmente a la fiscalía que no recordaba haber firmado el oficio de autorización y desconoció su firma.
De manera contradictoria, también declaró que sí pudo haberlo firmado, pero sin darse cuenta de la relevancia de lo que estaba autorizando, porque a diario recibía documentos para signarlos.
