A petición de la defensa y con el aval de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal del Reclusorio Norte autorizó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta desde hace casi un año y medio al exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury y, con ello, que continúe su proceso en libertad.
En una audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dio por buenos los argumentos presentados por fiscales y abogados, respecto de que problemas de salud crónicos que padece el exlegislador (como complicaciones severas por una hernia hiatal) hacen necesaria su liberación.
En sustitución de la prisión preventiva, el juez ordenó que se coloque a Lavalle un brazalete electrónico que permita monitorear su ubicación. También le impidió que abandone el país mientras se desarrolla su proceso, confirmaron a Animal Político autoridades judiciales.
El exsenador era el único detenido hasta ahora por la denuncia que hace tres años presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, respecto de los supuestos sobornos con recursos de Odebrecht para aprobar la reforma energética. Se trata de acusaciones que hasta ahora no se han probado ni en el caso de Lavalle ni en el de ningún otro denunciado.
Fue la semana pasada cuando la defensa del senador comunicó a la FGR que era necesario modificar con carácter de urgente la medida cautelar, pues Lavalle requiere tratamientos médicos que solo pueden ser aplicados en centros hospitalarios fuera del reclusorio. Su condición se ha agravado, además, por problemas de hipertensión.
Tras verificar la información, los fiscales solicitaron al juez de control que citara a una audiencia de revisión de medidas cautelares, donde presentaron y avalaron el requerimiento hecho por los abogados defensores Humberto Venegas, Felipe Gómez Mont y José Zapata.
Aunque el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —que funge como asesor jurídico en el proceso— se opuso al cambio de medida cautelar, el juez dio por bueno los argumentos de los abogados de Lavalle y los fiscales, y consideró procedente el cese de la prisión preventiva por las razones médicas expuestas.
¿Qué sigue ahora con Lavalle?
Tras el aval del juez, la noche de ayer iniciaron los trámites legales y técnicos necesarios para la instalación del dispositivo electrónico de geolocalización que deberá portar el exsenador de manera obligatoria. Se trata de un procedimiento que, dependiendo de la empresa que sea la proveedora, puede tomar como máximo algunos días.
Lo anterior no modifica el proceso penal en contra del exsenador por los delitos de presunto cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, y que se encuentra en una fase de ampliación del periodo de investigación complementaria, el cual vence el 14 de octubre.
Se trata de una ampliación que el juez concedió luego de que la defensa expuso que aún faltaban pruebas por ser recolectadas, entre ellas, las relacionadas con las operaciones financieras de Fabiola Tapia, empresaria que supuestamente fue la intermediara en el pago de sobornos.
Una vez que concluya el periodo de investigación complementaria, la FGR deberá definir si presenta la acusación final en contra del exsenador y solicita que sea sometido a juicio. De ser el caso, el juez de control convocará a una audiencia intermedia para que cada una de las partes presente las pruebas.
¿Y qué pasa con Lozoya?
El exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto permanece preso desde noviembre pasado en el mismo Reclusorio Norte. En enero pasado, la fiscalía lo acusó ya de manera formal de haber recibido sobornos de Odebrecht y de la empresa Altos Hornos, y ha pedido que sea enjuiciado y condenado a más de 60 años de prisión.
Sin embargo, los procesos aún no llegan a fase de juicio debido a que la defensa de Lozoya busca un arreglo con Pemex y con la FGR que le permita librar el proceso, a cambio de la entrega de bienes y de varias decenas de millones de pesos como reparación del daño. La negociación hasta ahora sigue en desarrollo.
Lozoya también ha buscado que la FGR suspenda el proceso penal en su contra y le otorgue un criterio de oportunidad como beneficio por la denuncia que presentó en agosto de 2019, señalando los sobornos para la aprobación de la reforma energética. El problema es que, hasta ahora, los fiscales no han conseguido llevar a juicio a ninguna de las personas señaladas.
La jueza federal responsable de los procesos contra Lozoya ha programado ya dos audiencias en noviembre, para que sea a más tardar en esa fecha cuando se defina si se suspenden las acusaciones presentadas o si los casos avanzan ya a fase de juicio.
