México ratifica en EU demanda por 250 mdd de García Luna
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México ratifica en EU demanda para recuperar 250 millones de dólares de García Luna; en FGR, la indagatoria no avanza

La Secretaría de Hacienda envió oficios a una Corte en Miami, en los que ratifica la validez de la demanda promovida por el extitular de la UIF, Santiago Nieto. En México, a más de dos años y medio, las denuncias por corrupción contra García Luna no han llegado a tribunales.
Cuartoscuro
Por Zedryk Raziel y Arturo Ángel
14 de septiembre, 2022
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El gobierno de México ratificó la demanda civil impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) ante una Corte federal de Florida, Estados Unidos, con la que busca recuperar 250 millones de dólares en activos acumulados de manera presuntamente ilegal en ese país por Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Esto, mientras que en México la indagatoria penal abierta desde 2020 en contra del propio García Luna por posible corrupción, lavado y delincuencia organizada, a partir de una denuncia también de la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR), aún no ha logrado avanzar a tribunales, confirmaron a este medio autoridades federales.

Hacienda elaboró y presentó dos oficios ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial del Condado de Miami, suscritos por el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla —quien funge como consejero jurídico de la SHCP—, y el titular de la UIF, Pablo Gómez.

En dichas misivas, revisadas por Animal Político en fuentes públicas judiciales de Estados Unidos, los funcionarios ratifican la legalidad de la demanda promovida a través de la UIF para recuperar los referidos activos, pues —argumentan— dicha área cuenta con facultades legales incluso en el extranjero para impulsar juicios que permitan al Estado mexicano “recuperar recursos que se encuentren intencionalmente ocultos y fuera del alcance directo de autoridades mexicanas”.

“He revisado una copia de la demanda interpuesta por los Estados Unidos Mexicanos en el presente proceso, y confirmo la plena autoridad legal y reglamentaria que tiene la UIF para representar a la SHCP y a los Estados Unidos Mexicanos en este procedimiento”, asentó Gómez en su comunicación.

México ratificó la legalidad de esta demanda luego de que la defensa de García Luna y de la familia Weinberg —empresarios que son acusados como coconspiradores del extitular de la SSP— cuestionaran en tribunales de Miami las facultades del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, para haber contratado en 2020 a un despacho privado, Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA —conocido como KCM—, a través del cual se presentó la demanda. Este hecho también es investigado en México por la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.

Pero en los oficios presentados en la Corte federal de Florida, los funcionarios reiteran que la UIF, como la instancia de la SHCP encargada específicamente de la defensa del interés nacional en los asuntos relacionados con lavado de dinero, tiene facultades para suscribir convenios tendientes a cumplir dicha función. 

“Para satisfacer a los demandados y a la Corte sobre la legitimidad de la UIF para presentar esta demanda (civil) en representación de México, se ofrecen las declaraciones de Pablo Gómez Álvarez, director de la UIF, y Félix Arturo Medina Padilla, procurador fiscal de la Federación. Como se detalla ahí, la UIF está específicamente facultada para hacer demandas por lavado de dinero en estos procedimientos”, señala el recurso entregado a la Corte por el abogado Carlos A. Acevedo, del despacho KCM, a nombre de la UIF.

A partir de la ratificación referida, el juez estadounidense Alan Fine determinó continuar con el procedimiento judicial que ahora está en la fase de descubrimiento de pruebas.

Los argumentos de Hacienda

El procurador fiscal afirmó que, conforme al Reglamento Interior de la SHCP, la UIF es una unidad administrativa creada específicamente para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita o que tengan como finalidad el financiamiento al terrorismo.

En el oficio integrado al expediente, el funcionario agregó que la UIF tiene el deber de proteger el sistema financiero y la economía nacional, y establecer mecanismos para detectar y combatir los actos que impliquen el uso de recursos de procedencia ilícita.

Para ello, señaló, a la UIF se le faculta a fungir como enlace entre la SHCP y otros países, jurisdicciones y organismos internacionales o intergubernamentales.

Asimismo, añadió, dicha unidad tiene la facultad reglamentaria de celebrar acuerdos reparatorios en materia de lavado de activos.

Por su parte, Pablo Gómez —quien sucedió a Santiago Nieto en la UIF— señaló que esta unidad de Hacienda tiene encomendadas las facultades específicas del combate al lavado de dinero, mismas que no corresponden a la Procuraduría Fiscal.

Gómez explicó que la procuraduría tiene la autoridad legal y reglamentaria de representar a la SHCP en juicios de toda clase ante las autoridades competentes, ejercitando derechos, acciones, excepciones y defensas, incluyendo la facultad de transigir e interponer recursos, siempre que dicha representación no corresponda a otra unidad administrativa de la propia Secretaría de Hacienda, “como ocurre precisamente en este caso con la UIF, por el hecho de ser materias específicamente relacionadas con operaciones de recursos de procedencia ilícita”.

El funcionario detalló que tanto México como EU forman parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Convención de Mérida), que establece que los países adoptarán medidas, conforme a sus leyes internas, para garantizar que las entidades y personas perjudicadas por la corrupción tengan derecho a iniciar procesos judiciales contra los responsables de esos daños, a fin de obtener una indemnización.

“Considerando lo anterior, queda claro que, en México, la UIF, como unidad administrativa de la SHCP, tiene la plena autoridad legal y reglamentaria para representar a la SHCP —y por lo tanto a los Estados Unidos Mexicanos— en materias relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta autoridad es aplicable cuando se trata de asuntos al exterior de los Estados Unidos Mexicanos”.

Y en México, sin resultados en dos años y medio

En diciembre de 2019, la UIF presentó dos denuncias ante la FGR en contra de García Luna y de varias personas y cinco empresas más, por posibles hechos ilícitos e irregularidades que ascenderían a 3 mil millones de pesos. Las denuncias fueron turnadas ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En dichas denuncias, la UIF presentó el resultado de trabajos de inteligencia realizados en el entorno de García Luna, que le permitían presumir que el exfuncionario estaba al frente de una red de empresas fachada y prestanombres, utilizados en la última década para esconder recursos obtenidos de dos posibles fuentes: narcotráfico y corrupción.

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Parte de los recursos que se pretendían ocultar, señala la denuncia, provendría de empresarios que fueron contratistas de la Secretaría de Seguridad Pública federal y sus órganos desconcentrados mientras García Luna se desempeñaba como funcionario público. Además, se detectaron gastos y pagos injustificados.

En un artículo publicado el pasado 10 de septiembre en el diario Reforma, la periodista Peniley Ramírez documentó que los pagos que habrían llegado a las cuentas de García Luna ascenderían a por lo menos 10 millones de dólares, y que el dinero provenía de la familia Weinberg, cuyas compañías obtuvieron 600 millones de dólares en contratos del gobierno federal.

Hasta ahora, la FGR no ha dado a conocer ningún resultado de dichas indagatorias. Autoridades federales indicaron a este medio que las indagatorias fueron concentradas en la actual Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde continúan en integración. Es decir, legalmente los casos siguen abiertos en la fase de investigación inicial.

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El Halconazo: cómo fue la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
9 de julio, 2022
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico -que luego daría nombre a lo ocurrido-, vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de “Tiempo suspendido”, un libro que documenta -incluso con archivos clasificados- lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) -las dos instituciones superiores más importantes del país- respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10.000 estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” -reportes dicen que eran al menos 400 o 500- en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospitaly agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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