El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes el análisis sobre si la prisión preventiva oficiosa o automática en México es violatoria de derechos como la presunción de inocencia y la libertad, y si debe o no ser eliminada de la Constitución.
Hasta el momento, dos ministras y un ministro anunciaron que votarán en contra del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar, que aboga por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, mientras que dos ministros —incluyéndolo— anunciaron que votarán a favor, aunque uno de ellos también se manifestó en contra de inaplicar la Constitución mexicana.
En términos coloquiales, la intención de voto va en estos momentos tres en contra del proyecto y dos a favor. Esto implica que, con un voto más en contra, el proyecto se desecharía por no alcanzar la mayoría calificada de al menos ocho a favor.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, informó que la discusión continuará mañana martes, a partir de las 11:30, cuando está previsto que expongan sus puntos de vista los otros seis ministros restantes, hasta completar los 11 del pleno.
“Atenta contra derechos y debe declararse inválida”
El ministro Aguilar, que fue el encargado de elaborar el proyecto, inició su comparecencia aclarando que este no propone que la prisión preventiva desaparezca en el país, y enfatizó que hay dos tipos: la prisión preventiva justificada, cuando el Ministerio Público expone con elementos ante un juez que una persona imputada debe permanecer en prisión durante el tiempo que dure la investigación porque supone un riesgo para el proceso judicial o las víctimas, y la prisión preventiva oficiosa, la que se aplica en automático cuando una persona incurre en algunos de los delitos enlistados en el artículo 19 constitucional, desde un homicidio hasta robo con violencia.
“En el proyecto únicamente se analiza la prisión preventiva oficiosa, no la justificada”, subrayó.
“Es decir, no se estudia si la prisión preventiva es necesaria o válida, ni se propone que la prisión preventiva desaparezca, sino que sea dictada por un juez siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones”, agregó.
Aguilar también expuso que, en la actualidad, existe un uso “indiscriminado” de la prisión preventiva oficiosa en México, que, en lugar de utilizarse como una medida excepcional, se ha empleado como la regla para encarcelar sin un juicio a las personas de menos recursos en el país.
“La prisión preventiva oficiosa es una sanción anticipada que priva por completo de su libertad al imputado y que atenta contra la reinserción social”, enfatizó el ministro, e insistió en que esta figura legal es contraria a derechos humanos y debe eliminarse de la Constitución mexicana.
“Suprimirla dejaría a la sociedad a merced del crimen”
Tras la presentación del proyecto, la ministra Yasmín Esquivel tomó la palabra para anunciar que votará en contra. Basó su argumentación en dos puntos: el primero, que considera que suprimirla podría dejar en desamparo a las víctimas de la violencia, una postura que concuerda con la expresada públicamente en días pasados por el presidente Andrés Manuel López Obrador; el segundo, que legalmente los ministros no estarían facultados para eliminar un artículo de la Constitución, ni para modificarla, pues es una facultad exclusiva del Congreso, donde el partido de López Obrador, Morena, tiene mayoría.
“Si se considera que hay un abuso en el uso de la prisión preventiva oficiosa, eso no es problema de la Constitución mexicana. Y, además, los ministros de la Corte no estamos facultados para inaplicar la Constitución. Por el contrario, somos los primeros obligados en respetarla y hacerla respetar”, expuso Esquivel.
“La prisión preventiva oficiosa no es deseable —matizó a continuación—, pero declararla inconvencional tendría enormes costos para quienes demandan seguridad. Es decir, suprimirla implicaría un mayor costo para la sociedad mexicana, pues supondría dejarla a merced de las bandas del crimen organizado”.
La ministra Loretta Ortiz también se manifestó en el sentido de votar en contra del proyecto, empleando el mismo argumento de que los ministros no están facultados para modificar la Constitución.
“Sería una falacia que, al tiempo que estamos llamados a proteger la Constitución, llamemos ahora a desaplicarla”, señaló.
“No soy quién para desprender hojas de la Constitución”
El ministro Alberto Pérez Dayán también se mostró en contra del proyecto, argumentando que invalidar un artículo de la Constitución es algo que no está previsto en la misma, y que modificarla solo corresponde al Congreso.
“Puede haber un uso indebido de la prisión preventiva oficiosa, hasta llevarla a un castigo anticipado, y ello me hace reflexionar en el sentido de que existen causas para revisar el modo en que está diseñada esta figura legal”, planteó el ministro.
“Sin embargo —matizó—, esto es algo que no le corresponde a esta Corte. No me corresponde a mí asumir una tarea que no se me otorgó. Y no soy quién para desprender hojas de la Constitución”.
En conclusión, el ministro dijo que, por controvertida que pueda resultar la prisión preventiva oficiosa, no son los jueces constitucionales ni la Corte quienes deben enmendar la Carta Magna.
“Vulnera el principio de inocencia”
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá anunció que votará a favor del proyecto del ministro Aguilar, por considerar también que la prisión preventiva oficiosa “vulnera claramente el principio de presunción de inocencia”.
No obstante, el posicionamiento del ministro generó confusión, pues si bien dijo estar en contra de la prisión preventiva oficiosa, señaló que no está a favor de inaplicar lo que establece la Constitución, pues reiteró que los ministros están obligados a respetarla y protegerla.
“El voto de Alcántara Carrancá está confuso. Él coincide con el proyecto de Luis María Aguilar de que la prisión preventiva oficiosa está mal, pero llega a esa conclusión por distintas razones, pues considera que basta con la interpretación de la palabra oficiosa (sin entrar a discutir la Constitución)”, expuso en entrevista Iván Castillo, consultor en derecho constitucional.
—Entonces, ¿cómo iría la votación hasta el momento?
—En términos coloquiales, podemos decir que van tres votos en contra y dos a favor, contando el del ministro ponente Luis María Aguilar —respondió.
