Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, estimó que en menos de 10 días los senadores podrán alcanzar un acuerdo sobre la reforma que busca extender la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública hasta 2028.
El miércoles, el tema subió al pleno del Senado, pero Morena pidió retirarlo de la discusión. Hoy, Monreal reconoció que a su bancada y sus aliados no les alcanzaban los votos para aprobar el dictamen, por lo que prefirieron seguir con las negociaciones.
“Ayer se regresó a comisiones el dictamen. El regreso a comisiones dictaminadoras necesita rediscutirse y, en un plazo de 10 días, tiene que deliberarse y votarse. Esos 10 días son una oportunidad para que las comisiones presenten un dictamen nuevo, o bien, ratifiquen su decisión”, dijo el senador este jueves en la inauguración de un taller legislativo en la Cámara alta.
“Me pronuncio por que busquemos una nueva alternativa (…) He planteado que rediscutamos con libertad y pluralidad”, añadió el legislador, e insistió en confiar en que “antes de los 10 días” pueda haber consenso en la materia.
#EnVivo Participo en la ceremonia de clausura de la sexta generación de egresadas y egresados de "10 por México, Taller Legislativo para las Juventudes”. ¡Enhorabuena! https://t.co/S3LTGt5UlA
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 22, 2022
El coordinador de Morena defendió el planteamiento —ya aprobado en la Cámara de Diputados—, bajo el argumento de que se necesita ampliar la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública mientras se consolida la Guardia Nacional.
“La reforma es racional, es indispensable y es oportuna”, dijo.
Actualmente, la Constitución establece que el presidente puede recurrir a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública hasta 2024 en tanto se consolida la Guardia Nacional. Ahora, Morena y sus aliados dicen que se requiere un plazo mayor hasta 2028, lo que la oposición rechaza porque considera que profundiza la militarización de la estrategia de combate al crimen.
Organizaciones civiles y activistas también se oponen al posible cambio. Advierten que una medida así podría incrementar la violencia en el país y fomentar violaciones a los derechos humanos.
