Morena arma estructura electoral con gobernadores y diputados
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Prensa de Morena

Morena arma su estructura electoral para 2023 y 2024 con gobernadores, diputados y encargados de programas sociales

Entre las 200 personas recién electas para el Consejo Nacional del partido, órgano clave en la integración de la plataforma electoral y de las listas de candidaturas, destacan militantes cercanos a gobernadores y aspirantes presidenciales.
Prensa de Morena
21 de septiembre, 2022
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De cara a los procesos electorales de 2023 y 2024, la dirigencia de Morena consolidó su estructura de operación política y movilización del voto al incluir en sus órganos directivos a gobernadores, legisladores, secretarios estatales, dirigentes locales, alcaldes y regidores.

Animal Político revisó los perfiles de los 200 militantes —100 hombres y 100 mujeres— que fueron electos el sábado pasado como integrantes del Consejo Nacional, órgano de dirección que toma decisiones en la conformación de la plataforma electoral y de las listas de candidaturas a puestos de elección popular.

Congresistas nacionales consultados por este medio afirmaron que la dirigencia del partido —encabezada por Mario Delgado y Citlalli Hernández— acordó con los gobernadores morenistas incluir tanto en el Consejo como en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a personas que responden a los intereses de los propios mandatarios, así como a integrantes de la Secretaría de Bienestar y la estructura de superdelegados, que tienen a su cargo los programas sociales.

En las listas de consejeros nacionales destacan posiciones acaparadas por personas cercanas a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, y a otros gobernadores como Rutilio Escandón, de Chiapas; Cuitláhuac García, de Veracruz; Salomón Jara, de Oaxaca; Miguel Barbosa, de Puebla; Indira Vizcaíno, de Colima; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Alfredo Ramírez, de Michoacán, y Alfonso Durazo, de Sonora.

También figuran funcionarios federales, diputados, senadores, alcaldes, regidores y presidentes estatales del partido, todos estos últimos propuestos o ratificados por Mario Delgado.

Al Consejo Nacional lograron colarse pocos operadores de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aspirantes a la candidatura presidencial junto con Sheinbaum.

Ebrard cuenta con el respaldo del diputado federal Emmanuel Reyes Carmona, miembro de La Luz del Mundo, y de Daniel Sibaja, diputado local del Estado de México, mientras que el secretario López Hernández es representado en el Consejo por José Ramiro López Obrador —hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien fue subsecretario de Asuntos Fronterizos en Tabasco cuando el titular de Gobernación era mandatario—, así como por la diputada Andrea Chávez, recién convertida en secretaria de Comunicación del CEN.

Por parte de la estructura de programas sociales, en el Consejo Nacional fue incluida Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Bienestar, y Gabriel García Hernández, quien armó la coordinación de superdelegados desde la Presidencia de la República y que, anteriormente, fue secretario de Organización electoral del CEN de Morena.

También se integró Carlos Alonso Castillo Pérez, cercano a la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, y quien, además de consejero, será secretario de Movimientos Sociales del CEN. De igual modo se unieron al Consejo Carlos Ulloa Pérez, secretario de Bienestar del gobierno de Sheinbaum, y dos colaboradores de la misma dependencia: Rigoberto Salgado, exalcalde de Tláhuac y actual coordinador general de Participación Ciudadana en la CDMX, y Diego Alejandro Villanueva González, director ejecutivo de Participación Ciudadana en Coyoacán. 

La secretaria de Bienestar del gobierno de Colima con Indira Vizcaíno, Dulce Huerta Araiza, también se volvió consejera, lo mismo que la titular de Bienestar del gobierno de Chiapas con Rutilio Escandón, Adriana Grajales, quien a su vez será secretaria de Mujeres del CEN.

En el Consejo también hay experimentados operadores electorales. Es el caso de Gabriela Jiménez Godoy y su esposo Edgar Francisco Garza Ancira, quienes fundaron y dirigen la organización Que Siga la Democracia, que ha financiado —de manera opaca— la promoción de iniciativas como la consulta de revocación de mandato y del “juicio a expresidentes”.

Los alfiles de los gobernadores

Sheinbaum es la mandataria morenista que más colaboradores activos de su gobierno logró colocar en el Consejo.

A través de su secretario de Gobierno, Martí Batres, logró incluir a Julio Pérez Guzmán, director ejecutivo de Vinculación y Relaciones Intergubernamentales de dicha institución. También a Francisco Chíguil, alcalde de la Gustavo A. Madero y excolaborador de Batres, y al veracruzano Marco Antonio Medina Pérez, que fue secretario de Finanzas del CEN morenista durante el periodo en que Batres fue presidente del partido.

Otro funcionario capitalino es Rodrigo Chávez Contreras, coordinador ejecutivo de Seguimiento Institucional del Instituto de Vivienda (Invi).

El mandatario chiapaneco, Rutilio Escandón, es otro que coló a sus colaboradores en el Consejo. Por ejemplo, Javier Jiménez, su secretario de Hacienda; José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud; Emma Itzel Orantes Ortega, directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, además de la ya citada titular de Bienestar, Adriana Grajales.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, colocó a su secretaria del Trabajo, Dorheny Cayetano, y a la directora general de Telebachilleratos, Iraís Dalila Reyes Cruz. A su vez, el mandatario de Puebla, Miguel Barbosa, incluyó a Julio Miguel Huerta Gómez, director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación estatal, y a Vianey García Romero, subsecretaria de Igualdad.

El sonorense Alfonso Durazoquien presidirá el Consejo Nacional— logró incluir a uno de sus más cercanos operadores, Jesús Valencia, exdelegado de Iztapalapa y exfuncionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, colocó a Jesús Mora González, vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, y a Nalleli Pedraza Huerta, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo, mientras que el mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, incluyó a Adriana Aguilar Blanquel, directora de Recaudación de la Secretaría de Hacienda estatal.

El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, coló a su secretario particular, Norberto Barrón Barragán, y el mandatario electo de Oaxaca, Salomón Jara, metió a su hija, Bxido Xishe Jara Bolaños, quien, además de consejera nacional, será secretaria de Pueblos Originarios del CEN de Morena.

Perdedoras en los pasados comicios estatales para renovar gubernaturas, Nora Ruvalcaba, de Aguascalientes, y Marina Vitela, de Durango, se convirtieron en integrantes del Consejo.

Las cartas de Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, quien recientemente extendió un año su mandato con apoyo de congresistas, también logró que sus colaboradores o políticos nombrados por él accedieran al Consejo.

Es el caso de Javier Cabiedes y Alejandro Peña, quienes, además de consejeros, son secretarios de Finanzas y Organización de la dirigencia morenista. El secretario técnico del CEN, Rafael Estrada Cano, también logró ingresar al Consejo.

Igualmente fueron incluidos los dirigentes estatales de Morena “palomeados” por Delgado y quienes tienen el control de la estructura electoral local, como Giulianna Bugarini Torres, presidenta del Comité Ejecutivo de Michoacán; César Castro Ponce, de Baja California; Favio Castellanos Polanco, de Jalisco; Rubén Flores Márquez, de Zacatecas; Rómulo Pérez Sánchez, de Tamaulipas; César Raúl Ojeda Zubieta, de Morelos, así como Ramiro Alvarado Beltrán, secretario de Organización del Comité Ejecutivo de Nuevo León; Armando Pérez Soria, coordinador regional en el Edomex, y Andrés Iván Villegas Mendoza, presidente del Consejo Estatal en Puebla.

Entran legisladores y alcaldes

Entre los nuevos 200 integrantes del Consejo Nacional hay nombres de legisladores federales y estatales con capacidad de movilización a nivel local.

Destaca el nombre de un senador, Gilberto Herrera Ruiz, por Querétaro, y de los diputados federales Hamlet García Almaguer, de Jalisco —quien también forma parte de La Luz del Mundo—; Armando Corona Arvizu, del Edomex; Bruno Blancas Mercado, de Jalisco; Adriana Bustamante Castellanos, de Chiapas; Nelly Minerva Carrasco, del Edomex; Aleida Alavez, de la CDMX; Esther Berenice Martínez Díaz, de Nuevo León, y Lorena Méndez, de Tabasco.

Hay 22 diputadas y diputados locales de varios estados y 15 alcaldes. Entre estos últimos destacan los nombres de Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua; Francisco Javier Velázquez Vallejo, de Poza Rica, Veracruz; Darwin Renán Eslava Gamiño, de Coacalco, Edomex; Francisco Chíguil, de Gustavo A. Madero, y Armando Quintero, de Iztacalco, ambas alcaldías de la CDMX; Marcelo Toledo Cruz, de Tuxtla, Chiapas; Adolfo Cerqueda, de Nezahualcóyotl, Edomex; Sandra Cruz Falcón Venegas, alcaldesa de Texcoco, Edomex; Berenice Hernández Calderón, de Tláhuac, CDMX, y Susana Quezada, de Tizayuca, Hidalgo.

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Código de las Familias: el referendo para legalizar el matrimonio igualitario en Cuba

En lo que es solo el tercer referendo en la historia del país desde la Revolución del 59, los cubanos decidirán si aprueban o no el matrimonio igualitario, en un país que hace décadas mandó a los homosexuales a campos de trabajos forzados.
25 de septiembre, 2022
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Los cubanos no votan para elegir a su presidente pero sí podrán hacerlo este domingo para aprobar, o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

“¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?” es la pregunta única que se formulará a los electores, con “sí” y “no” como opciones de respuesta en este inusual referendo, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que busca reemplazar una normativa de 1975.

El plebiscito llega en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Hombre en Cuba junto a un cartel favorable al código de las familias.

Getty Images
La cada vez más difícil lucha diaria por la supervivencia en Cuba ha hecho que, para gran parte de la población, el referendo sobre las familias sea un asunto secundario.

Los principales cambios

El nuevo Código de las Familias se sometió a una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6,5 millones de cubanos, según el gobierno..

Además del llamado “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños o la “gestación solidaria” -subrogada sin fines de lucro-, el código contempla otros cambios en las interacciones familiares.

Por ejemplo, abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

También permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

El “sí” contra el “no” al código

El gobierno ha emprendido una amplia campaña en favor del “sí” en la televisión, la radio y los diarios (en Cuba los medios son propiedad del Estado), en las redes sociales con los hashtags #YoVotoSi y #CodigoSi, en la calle con abundantes carteles e incluso en los centros educativos mediante sesiones especiales sobre el nuevo Código.

Todas las instituciones cubanas, desde el Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal Supremo, han secundado la campaña del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la influyente Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro.

Mariela Castro

Getty Images
Mariela Castro es desde hace años la adalid de la causa de la comunidad LGBT en el Estado cubano.

“El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales”, declaró Mariela Castro esta semana a la agencia Efe.

Gran parte de la comunidad LGBT en Cuba también apoya el “sí” en la votación del domingo.

“Que por fin en Cuba se reconozca legalmente la legitimidad del amor, las uniones y las vidas de miles de personas homosexuales es un motivo de celebración, y reivindica toda mi existencia y la de las personas de mi comunidad”, explicó a BBC Mundo el actor y prominente activista cubano Daniel Triana, de 25 años.

El activista Daniel Triana (izquierda) con otros miembros de la comunidad LGBT.

Daniel Triana
Daniel Triana (izquierda) con otros activistas y miembros de la comunidad LGBT.

Como en Cuba el Estado acapara la esfera pública, no existe una campaña articulada por el “no” en los medios de comunicación ni en la calle.

Quienes se oponen a la aprobación del nuevo Código de las Familias lo hacen sobre todo con mensajes en las redes y esgrimen diversos motivos, por lo general religiosos o políticos.

“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ‘ideología de género’, que sustenta muchas de las propuestas”, expuso la Conferencia Episcopal de Cuba en un comunicado en su página web.

Los obispos critican especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas y la gestación subrogada, que consideran contrarios a los valores y la fe católicos.

En el comunicado expresan, sin embargo, su apoyo a otros puntos de la propuesta relacionados con la violencia doméstica y la protección de los derechos de ancianos y menores.

Mientras, en Twitter quienes se oponen al Código de las Familias han expresado su rechazo con los hashtag #YoVotoNo y #CodigoNO.

https://twitter.com/ArquiSpaces/status/1572802545457795073

“Nuestras familias también necesitan alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por eso #YoVotoNo”, publicó otro internauta.

Muchos opositores también han planteado dudas sobre la limpieza del referendo, que según las autoridades está garantizada, aunque no habrá supervisión de organismos internacionales.

Confrontación política

Como casi todo tema de actualidad en Cuba, el plebiscito ha adquirido fuertes connotaciones políticas.

Las autoridades cubanas han vinculado la campaña del “sí” con la defensa del modelo político vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado dentro del país a medida que aumenta el descontento social por la nefasta situación económica.

Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila

Invasor
Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila.

“Apoyar el Código de las Familias es apoyar el proyecto de país”, titulaba un artículo con una entrevista a Mariela Castro el pasado mayo en el diario estatal Granma.

Para el activista Daniel Triana “esto es asqueante, ya que el gobierno podría haber aprobado el matrimonio igualitario de un plumazo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), donde todo se vota por unanimidad”.

“Quienes disentimos del régimen y que apoyamos el código estamos en una posición ética y política bien delicada“, asegura.

Manifestación LGBT Cuba 2019

Getty Images
En Cuba los gays, lesbianas y trans pueden manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización del Estado: cuando en 2019 activistas LGBT celebraron una marcha por su cuenta en La Habana, agentes vestidos de civiles agredieron y arrestaron a varios manifestantes. Las autoridades les acusaron de ser “contrarrevolucionarios” al servicio de EE.UU., el señalamiento más frecuente para quienes se desmarcan del sistema establecido.

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de disidentes en Cuba han expresado en las redes sociales su intención de votar “no” o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Otros dentro y fuera del país han aprovechado la ocasión para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba, gobernada por el Partido Comunista como órgano único y supremo de poder en el Estado.

“Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?”, escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explica el historiador cubano Abel Sierra Madero.

Mientras, algunos activistas LGBT en la isla lamentan que el reciente lavado de cara del Estado cubano, culminado en el Código de Familias, tienda un velo sobre este oscuro pasado.

“Cuba fue hasta hace poco un estado homotransfóbico. Fidel Castro y el Ché Guevara eran homotránsfobos confesados. De pronto con este código pretenden obviar todo esto sin una sola mención a ese historial funesto. No han pedido disculpas y simplemente lo han tratado de empujar como una ley natural que se desprende de la coherencia histórica de la revolución cubana. Eso no solo es falso sino que es muy cínico y macabro”, denuncia el activista Daniel Triana.


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