Desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió sacar a los militares de sus cuarteles para encabezar la “guerra contra el narcotráfico”, y hasta 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió mantenerlos en tareas de seguridad pública, la presencia del Ejército en las calles se ha más que duplicado en todo el territorio nacional sin que la violencia baje. Por el contrario, los homicidios se han disparado en 240.84%.
Así lo refieren datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregados vía transparencia, que indican que en 15 años el total de efectivos desplegados pasó de 37 mil 253 a 90 mil 023 elementos, un incremento de 141.65%. A la par, cifras del Inegi reportan que los homicidios pasaron de 10 mil 452 a 35 mil 625 en el mismo periodo.
Hoy, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados citó a las 9:00 horas para discutir la iniciativa de reforma por la que el PRI plantea alargar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, proyecto que argumenta que las policías confiables no se construyen “de la noche a la mañana”, pero tampoco establece ningún tipo de control para su actuación.
Para Alejandro Hope, experto en seguridad y justicia, lo que demuestra el contraste entre ambos datos mencionados es que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles no tiene ningún efecto disuasivo en la sociedad sobre el delito de homicidio, lo que se suma al hecho de que los elementos del Ejército y la Guardia Nacional no investigan los delitos.
“Está el dato del Centro Nacional de Seguridad Pública Federal (sobre) que la Guardia Nacional puso a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio doloso exactamente a seis personas en 2020. Es decir, no disuaden con su presencia y no investigan después de que se comete (un delito)”, dijo.
“Entonces, no habría que esperar… no habría razón para esperar que tuviera algún efecto”.
Despliegue de militares con “lógica política”
De 2006 a 2018, el gobierno federal reportó el despliegue de personal castrense por regiones militares, argumentando que su concentración correspondía principalmente a “reducir los índices de violencia en el país”, lo que impedía conocer de manera específica a qué entidades federativas se destinaban los uniformados.
Sin embargo, a partir de 2019, esta forma de organizar la información cambió por un desagregado por entidad. Así, para 2022 hay un total de 85 mil 806 elementos de la Fuerza Armada permanente desplegados en todo México (sin contar a la Policía Militar), pero seis estados concentran casi el 40% de esa presencia.
El caso más emblemático es el de la Ciudad de México que, a pesar de no tener una de las cifras más altas de homicidios dolosos, reporta tener 7 mil 200 efectivos desplegados. Esta entidad es seguida por Guerrero con 5 mil 220, el Estado de México con 5 mil 150, Michoacán con 4 mil 800, Veracruz con 4 mil 770 y Jalisco con 4 mil 766.
“Lo que percibimos es que hay una lógica política en la asignación de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército a distintos estados. En el pasado proceso electoral, al partido de Morena le fue muy mal en la capital. Uno de los indicadores que se detectaron en encuestas de molestia de los ciudadanos era cierta situación de inseguridad y, en efecto, hay un incremento de los elementos en la Ciudad de México”, dijo David Saucedo, especialista en seguridad.
En contraste, los datos del Inegi refieren que, si bien un año antes el Estado de México y Michoacán sí fueron de las entidades con más homicidios, no recibieron la misma atención estados como Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sonora, que se ubican entre las seis entidades con más asesinatos.
Para el también consultor en programas de gobierno, esto ocurre porque, a pesar de que no es la primera vez que los militares están inmersos en tareas de seguridad, “el despliegue de la Guardia Nacional junto con el Ejército y la Marina lo que ha hecho es nada más dar una sensación de falsa confianza con respecto al abatimiento de cierto tipo de delitos, pero no es el caso”.
Sin embargo, señaló que esto no es nuevo y ocurre cada vez que hay algún conflicto en algún estado, sobre todo en los gobernados por Morena, como Colima, Michoacán, Zacatecas y Baja California: “Todos ellos (los gobernadores) se beneficiaron, en algún momento, de un escarnio que se lanzó, totalmente justificado, en contra de los gobiernos anteriores, gobiernos estatales”.
“También lo hizo en su momento el presidente Felipe Calderón apoyando y respaldando a los estados que estaban gobernados por el PAN y dejando en la indefensión a aquellos estados que eran gobernados por la oposición. Era un uso de tipo político-electoral”, explicó.
Permanencia del Ejército: el problema que se avecina
Desde el pasado 12 de agosto, el presidente López Obrador planteó la necesidad de “prolongar más el mandato” de soldados y marinos en las calles, bajo el argumento de que las Fuerzas Armadas puedan seguir ayudando en seguridad pública más allá de 2024, lo que significa una reforma a la Constitución.
El decreto por el que se creó la Guardia Nacional en 2019 establece en su artículo quinto transitorio que, en tanto esta corporación “desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial”, el presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante los siguientes cinco años de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
No obstante, no hubo necesidad de que el presidente introdujera una modificación en este sentido, pues el PRI impulsó la reforma al artículo transitorio para alargar el periodo de participación del Ejército en las calles de cinco a nueve años, es decir, hasta 2028.
El lunes 5 de septiembre, la diputada Yolanda de la Torre logró que la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara aprobara programar para el día de hoy la discusión de su iniciativa de reforma, misma que cuenta con el visto bueno de Morena y podría llegar al pleno este miércoles.
Al respecto, los especialistas consultados coinciden en que dicha iniciativa de reforma carece de métricas y análisis, por lo que su implementación, más que resolver el problema de inseguridad actual, traerá nuevos y mayores problemas.
“No hay una métrica, no hay un análisis. Es decir, en la iniciativa que presentó la diputada del PRI hay una exposición de motivos realmente endeble. No está justificado, no hay ninguna métrica que establezca cuáles son los objetivos, las metas, cuáles son los parámetros con los cuales están ellos calculando más tiempo. Uno se preguntaría: ¿y si fueron cuatro años?, ¿por qué no serían cinco?, ¿por qué no serían 10? No hay ningún análisis”, dijo Saucedo.
—¿Y cuáles deberían ser estás métricas? —se preguntó a Hope.
—Pues tendría que ver con resultados, ¿no? O sea, es decir, ¿detienes homicidas o no? Y si los detienen, ¿se judicializan o no los casos? Y si se judicializan los casos, ¿tienen sentencias condenatorias o no? (…) Pero esto tiene que venir del PRI. El PRI tiene que decir cuáles son, según ellos, esas métricas. ¿Qué es una policía que esté lista? O sea, si dicen que no están lista, ¿cómo saben?
—¿Y qué repercusiones traerá que hayan sacado de la Guardia Nacional a su parte civil, es decir, a los policías federales?
—En la práctica, nada. La Guardia Nacional va a seguir haciendo las mismas cosas que hace ahorita y sus efectos van a ser los mismos, o sea, nada. En términos de la sociedad, en términos de incidencia delictiva, el efecto se va a ubicar entre cero y nada.
Sobre este asunto también coincide Saucedo: “A pesar de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la ha denostado, en efecto por tener un grave problema de corrupción, a pesar de eso la Policía Federal era infinitamente superior a lo que tenemos actualmente con la Guardia Nacional”.
Sin embargo, dijo que el problema podría agravarse más pues, si se llega a aprobar esta reforma para extender la presencia del Ejército en las calles, “podría presentarse en el futuro una serie de demandas de los presuntos delincuentes que sean detenidos por los efectivos militares porque no tienen atribuciones; estaríamos hablando de detenciones e investigaciones ilegales”.
Con este decreto —aseguró—, los militares buscan tener un amparo legal frente a cualquier proceso judicial que se lance en su contra, desde organismos de derechos humanos o desde posibles víctimas y personas detenidas en operativos.
