PRI plantea alargar hasta 2028 presencia de Ejército en las calles
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El PRI plantea alargar hasta 2028 la presencia del Ejército en las calles; argumenta necesidad y no plantea controles
Con el argumento de que las policías confiables no se construyen “de la noche a la mañana”, la bancada del PRI en la Cámara plantea que el plazo para que militares estén en tareas de seguridad pública se amplíe de 2024 a 2028.
Cuartoscuro
Por Alfredo Maza
6 de septiembre, 2022
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Sin establecer ningún tipo de control y bajo el argumento de que una policía no se construye “de la noche a la mañana”, el PRI impulsa una iniciativa de reforma para alargar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, proyecto que se prevé se discuta el próximo martes 13 de septiembre en la Cámara de Diputados y que podría contar con el apoyo de la coalición encabezada por Morena.

El PRI propone cambiar el plazo previsto en el artículo quinto transitorio del decreto que creó la Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ahora, el partido tricolor propone que durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto (2019), y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, el presidente de la República pueda disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Por ahora, el plazo previsto vence en 2024.

El PRI se suma así a la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional deje de estar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), misma que ya fue aprobada en fast track por la Cámara de Diputados la madrugada del sábado. Esa minuta ya llegó al Senado para su discusión.

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Propuesta del PRI, sin nuevos candados para el Ejército

Ayer, la diputada priista Yolanda de la Torre logró que la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados programara para el próximo 13 de septiembre la discusión de la iniciativa de reforma para alargar la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028; sin embargo, la propuesta será discutida sin que se incluyan nuevos candados o controles para el uso del Ejército en tareas de seguridad pública.

Para llegar a esta propuesta, la diputada argumentó que la necesidad de ampliar este periodo de acción es debido a que México enfrenta una grave crisis de seguridad, generada por un patrón de violencia sistemática que a diario se vive en el territorio nacional. Aseguró que esto ocurre “con ligeras excepciones”.

“Muchos mexicanos y mexicanas estamos convencidos de que la respuesta es la coordinación de autoridades y una atención en varias dimensiones. En este contexto, uno de los grandes retos, por ejemplo, consiste en tener y formar una policía fuerte y sólida, que con su desempeño profesional y férreo compromiso sea capaz de brindar protección y seguridad en todo el territorio nacional”, dice la iniciativa.

En el decreto que ahora se busca reformar, se estableció que la Guardia Nacional, como cuerpo policial, sería de “carácter civil, disciplinado y profesional”, y que para su conformación y funcionamiento participarían la Sedena y la Marina.

“Sin embargo, es de resaltarse que un cuerpo policial sólido y efectivo no se construye de la noche a la mañana; implica procesos largos y complejos, más aún cuando se requiere para enfrentar al crimen organizado”, refiere la iniciativa.

“Bajo este orden de ideas y teniendo presente que cinco años no son suficientes para formar y poner a funcionar con los alcances que se previeron para la Guardia Nacional, se propone a esta Soberanía modificar el plazo previsto”, concluye el documento, que no ahonda más en el tema de control y vigilancia del Ejército.

En la Comisión de Puntos Constitucionales se avaló su presentación con la abstención de la bancada del PAN, pero con el apoyo de Morena, PT y PVEM. De aprobarse, será votada por el pleno el jueves 15 de septiembre.

La Corte acumula 10 recursos contra militarización

Una revisión de Animal Político en julio de 2021 dio cuenta que en sus asuntos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumulaba sin resolver 10 acciones, amparos y controversias constitucionales promovidas en contra de leyes y acciones que el gobierno ha publicado para ampliar el uso del Ejército en tareas de seguridad pública. Cuatro de estos recursos en específico fueron tramitados contra la permanencia del Ejército en las calles.

La falta de resolución por parte de la Corte, que ha retrasado aclarar si dicha permanencia del Ejército es o no violatoria de derechos humanos, es una situación que especialistas han considerado grave, sobre todo ante la posibilidad de que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena, lo que está por concretarse.

Son cuatro las controversias constitucionales que de manera específica impugnan el acuerdo de López Obrador por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Aunque no se trata del mismo documento que ahora el PRI busca reformar, ambos tienen en común que ordenan disponer del Ejército durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a la entrada en vigor del decreto.

Lo que reclaman el gobierno municipal de Colima, el gobierno de Michoacán, la propia Cámara de Diputados y el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes —promoventes de las cuatro controversias—, es que dicho acuerdo en realidad perpetúa la utilización del Ejército en las calles sin especificar mayores controles, sin subordinación clara a una autoridad civil e invadiendo funciones de policías locales, situación que además va en contra de diversas convenciones internacionales. 

De aprobarse el nuevo proyecto de reforma, esta situación se prolongará por cuatro años más, avalada por el Congreso.

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