En la segunda jornada de discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa, la mayoría de los ministros y ministras se manifestó en contra del uso excesivo en México de esta figura legal y expuso la necesidad de revisarla, por considerarla violatoria de derechos humanos. 

No obstante, varios también difirieron sobre si pueden o no modificar el artículo 19 de la Constitución para no aplicarlo, por lo que aún no está claro cuál será el sentido de la votación final. 

Ante esta indefinición, Luis María Aguilar, autor del proyecto en revisión, propuso que la votación se posponga hasta este jueves, con algunos ajustes para tratar de lograr un consenso entre los ministros. Para una mayoría calificada, se requieren ocho votos.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, aceptó la propuesta y anunció que la votación se realizará ese día a partir de las 11:00 de la mañana. Además, dijo que también se discutirá y se votará otro proyecto relacionado con la prisión preventiva oficiosa, elaborado por la ministra Norma Lucía Piña. 

En su intervención al final de la sesión de este martes, Zaldívar fue el más enfático al defender la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, por considerarla violatoria del derecho a la presunción de inocencia y de la libertad. 

“Es un problema humano de una extraordinaria gravedad”, dijo Zaldívar, que insistió en hacer la diferencia entre la prisión preventiva oficiosa, que es la que se aplica en automático por cometer alguno de los delitos del artículo 19 constitucional, y la justificada, que es la que se busca mantener, pues sí requiere de un análisis caso por caso de los jueces, que determinan si una persona puede o no poner en riesgo el proceso judicial o a las víctimas, o darse a la fuga. 

“Se ha dicho aquí que la Corte no está facultada, que está de por medio la supremacía constitucional, que solo puede reformar la Constitución el Congreso… Pero, con todo respeto, ese constitucionalismo se encuentra rebasado”, dijo Zaldívar, que recordó que desde la reforma de 2011 se incorporó a la Constitución, en su artículo 1, un amplio catálogo de derechos humanos que el Estado mexicano debe proteger y garantizar. 

“También se ha dicho que no se puede inaplicar el artículo 19, pero… ¿entonces sí se puede inaplicar el artículo 1? No se trata de arrancarle páginas a la Constitución, ni tampoco estamos usurpando las atribuciones de nadie, pues fue el Congreso el que estableció en ese artículo 1 que los derechos humanos están reconocidos y que tienen una jerarquía superior”, alegó Zaldívar, que se preguntó qué pasaría si en el futuro el Congreso incluyera en la Constitución la tortura, los azotes, o la esclavitud. “¿Entonces este tribunal tampoco podría hacer nada?”, insistió. 

En este mismo sentido se pronunció Norma Lucía Piña, que cuestionó cuál es la función de la Corte si, por un lado, la Constitución la obliga a proteger los derechos humanos y, por otro, la misma Constitución establece en su artículo 19 una serie de restricciones “que violan de manera injustificada” esos derechos. 

“¿Qué debemos hacer? ¿Dejar que nos condene la Corte Interamericana de Derechos Humanos?”, preguntó retórica la ministra, en alusión a otra discusión que se lleva a cabo en esa Corte internacional, de la que probablemente saldrá una sentencia contra el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa en México. 

“¿O debemos llevar a cabo todos los ejercicios interpretativos que nos lleven a cumplir con lo que deriva del artículo 1 constitucional para proteger los derechos humanos?”, insistió la ministra, que adelantó que su voto será a favor del proyecto de Luis María Aguilar. 

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“¿Cuántos ricos están en prisión preventiva oficiosa?”

Zaldívar recordó que en el sistema acusatorio actual “es muy fácil” vincular a una persona a proceso cuando se le imputa un delito, puesto que hay “muy poca exigencia” para que el Ministerio Público aporte pruebas. 

“Para vincular se necesita casi nada, y encima con esa vinculación viene casi segura una prisión preventiva de oficio. Me parece un sistema muy injusto”, señaló Zaldívar, que destacó que este tipo de prisión “tiene a miles de personas en la cárcel” sin juicio ni sentencia, y que la mayoría son pobres. 

“Vayamos a las prisiones y veamos cuántas personas ricas hay en prisión preventiva oficiosa y cuántos pobres”, retó Zaldívar. 

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también criticó que, en la actualidad, con la figura legal de la prisión preventiva oficiosa “se otorga prácticamente un cheque en blanco al Ministerio Público”, puesto que “el juez solo actúa como un autómata”.

“El artículo 19 constitucional exige del juez de control una actitud de franca indiferencia frente a cualquier arbitrariedad”, recalcó. 

El ministro Javier Laynez también criticó la prisión preventiva oficiosa, señalando que un uso excesivo e injustificado de esta “coloca al ciudadano en el peor de los escenarios posibles”. 

“Se bajó el estándar para vincular a una persona a proceso y se incrementó el número de delitos de prisión preventiva oficiosa. Esto es lo más peligroso para la ciudadanía, y esto es lo que los legisladores deben tomar en cuenta”. 

“No podemos ser un gobierno de jueces”

En su turno, la ministra Margarita Ríos Farjat dijo que desde 2008 hay un uso abusivo de la prisión preventiva oficiosa, al mismo tiempo que continúa habiendo cuerpos de policía poco capacitados ante “la voracidad del crimen organizado”. 

“Comparto las preocupaciones sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa”, señaló, aunque a continuación dijo —en concordancia con lo argumentado por otros ministros como Pérez Dayán— que no está entre las facultades de los ministros inaplicarla. 

“La Constitución es un coto vedado para nosotros, no nos corresponde inaplicarla, sino armonizarla. Es el máximo pacto social y nos corresponde respetar ese pacto y no desbaratarlo, pues no podemos ser un gobierno de jueces”.   

Hasta el momento, de los 11 ministros solo Yasmín Esquivel se ha pronunciado abiertamente a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa en la Constitución. 

“La prisión preventiva oficiosa no es deseable, pero declararla inconvencional tendría enormes costos para quienes demandan seguridad. Es decir, suprimirla implicaría un mayor costo para la sociedad mexicana, pues supondría dejarla a merced de las bandas del crimen organizado”, dijo. 

La ministra Loretta Ortiz también se manifestó el lunes en el sentido de votar en contra del proyecto de Luis María Aguilar, empleando el mismo argumento de que los ministros de la Corte no están facultados para modificar el texto constitucional. 

“Sería una falacia que, al tiempo que estamos llamados a proteger la Constitución, llamemos ahora a desaplicarla”, señaló.