Proyecto del TEPJF propone ratificar triunfo de Américo Villarreal
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Proyecto del TEPJF descarta intervención del crimen en elección de Tamaulipas y propone ratificar triunfo de Américo Villarreal

El documento que se discutirá este miércoles en la Sala Superior considera que el PAN presentó pruebas insuficientes para documentar una relación entre la delincuencia y el candidato de Morena, hoy gobernador electo.
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28 de septiembre, 2022
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Un proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propone ratificar el triunfo del morenista Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas, al señalar que no existen elementos que comprueben que en la elección del 5 de junio grupos del crimen organizado intervinieron para financiar su campaña o coaccionar el voto a su favor.

La propuesta, elaborada por la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdez, y que se prevé sea aprobada por la mayoría del pleno en sesión pública esta tarde, declara infundadas las acusaciones del PAN sobre la presunta intervención de la Columna Armada General Pedro J. Méndez —cuyo líder fue detenido— y del empresario Sergio Carmona, quien era identificado como operador financiero de Morena en Tamaulipas y fue asesinado en noviembre de 2021.

El proyecto señala que el PAN presentó pruebas “genéricas” y “tardías” —columnas de opinión, videos de internet, notas periodísticas, reportajes y una alusión a una supuesta carpeta de investigación— que no permiten establecer un nexo claro entre grupos criminales y Villarreal, quien fue postulado por la alianza Morena-PT-PVEM. 

Animal Político publicó que en casillas del distrito electoral 13, con cabecera en San Fernando, hubo una votación atípica que favoreció a Villarreal. En los seis municipios que conforman ese distrito, Morena obtuvo el 87% de la votación total emitida; incluso, hubo casillas donde el 100% de los sufragios fue para Villarreal

La votación obtenida por Morena en ese distrito representó el 2.5% de los sufragios totales en el estado. Estos elementos, sin embargo, no fueron presentados por el PAN en su impugnación ante el TEPJF.

El PAN señaló el hecho de que fue detenido el líder de la Columna Armada General Pedro J. Méndez, Octavio Leal Moncada, y que dicha organización tiene presuntos vínculos con el Cártel del Golfo, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También incluyó pruebas de que algunos liderazgos de la agrupación hicieron manifestaciones públicas de apoyo a Villarreal.

No obstante, el proyecto indica que no hay elementos para establecer un nexo directo o indirecto entre esos hechos y la votación favorable para el candidato morenista. Específicamente sobre las manifestaciones de apoyo a Villarreal, el documento dice que fueron posicionamientos de crítica o desacuerdo hacia la administración del gobernador saliente, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.

“Si bien la exigencia de prueba directa en este tipo de conductas pudiera resultar de difícil obtención, las partes deben aportar un mínimo de elementos que permitan advertir al órgano jurisdiccional que el proceso se desarrolló en condiciones que pusieron en riesgo alguno de los principios tutelados por el texto de la Constitución para la renovación de las autoridades estatales, aspecto que en este caso no se cumple”, dice el proyecto.

“En este caso, fuera de tales dichos, no existe elemento indiciario mínimo alguno que permita realizar una inferencia válida entre las premisas sostenidas en la demanda y la conclusión relativa a que el Cártel del Golfo, o un brazo armado de dicho grupo delincuencial, participó en la contienda y apoyó la candidatura de Américo Villarreal Anaya”.

El documento afirma que las pruebas aportadas por el PAN son suposiciones e inferencias que resultan insuficientes para vincular de manera directa o indirecta a algún grupo delincuencial con las condiciones de validez de la contienda o para sugerir que hubo condiciones de presión hacia la ciudadanía.

“Este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para construir una narrativa relativa a la participación de grupos de delincuencia organizada en la elección, a partir de meras suposiciones e inferencias sin un mínimo sustento fáctico y probatorio proporcionado por las partes, pues, de otra forma, se pondrían en riesgo valores igualmente tutelados por el texto constitucional”, dice el proyecto.

“Los elementos aportados por el partido (PAN) no son suficientes para tener por acreditado el extremo relativo a la participación del Cártel del Golfo, a través de la Columna General Pedro J. Méndez y de su líder Octavio Leal Moncada, con el efecto de apoyar a Morena y a la candidatura de Américo Villarreal Anaya”.

Descartan financiamiento ilícito de Carmona

El PAN también acusó que Villarreal recibió para su campaña aportaciones en especie de parte del empresario y presunto huachicolero Sergio Carmona, como camionetas y una aeronave para su traslado.

El partido aportó como pruebas algunas notas periodísticas, entrevistas y columnas de opinión.

Para la ponencia de Vargas, dichos elementos, e incluso el hecho de que Villarreal reconociera públicamente que sí conoció a Carmona y tuvo encuentros con él, no permiten probar que el empresario haya financiado ilícitamente su campaña.

“Si bien es dable tener por presuntamente cierto el hecho de que el ciudadano Américo Villarreal Anaya conoció a Sergio Carmona, a partir de la referencia a expresiones imputadas al propio candidato, sin que estas se encuentren controvertidas en autos, ello es insuficiente para acreditar los extremos pretendidos por el actor, toda vez que, de los elementos probatorios analizados a lo largo del presente apartado, no es posible derivar que existiera un vínculo diverso que implicara inferir, con cierto grado de razonabilidad, que ello motivó actos de grupos del crimen organizado dirigidos a presionar a la ciudadanía, ni tampoco que se realizaran apoyos económicos o en especie por parte de la persona a la que se le imputa la comisión del ilícito de robo y contrabando de combustibles a la candidatura de referencia”, dice el proyecto.

“Teniendo en cuenta que Sergio Carmona fue privado de la vida desde el 22 de noviembre de 2021, esto es, con una antelación mayor a cuatro meses al inicio del periodo de campañas electorales, este órgano jurisdiccional considera que no se configura la inferencia de que esa persona actuó como vínculo para que el grupo delictivo que aparentemente dirigía (llevara) a cabo actos de intimidación a la ciudadanía para favorecer la candidatura de Américo Villarreal ni tampoco para advertir un posible apoyo de Sergio Carmona a la campaña del candidato”.

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Estados Unidos tendrá un gobierno dividido tras la victoria republicana en la Cámara de Representantes

Estados Unidos tendrá un gobierno dividido en el que un partido tendrá la Presidencia y el otro, el control de una cámara del Congreso. ¿Cuáles son las repercusiones?
16 de noviembre, 2022
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Los demócratas, que controlan la presidencia y el Congreso desde enero de 2021, acaban de perder su mayoría en la Cámara de Representantes.

Estados Unidos tendrá “un gobierno dividido” a partir de enero.

El término se refiere a una situación en la que una o las dos cámaras del Congreso están bajo control de un partido distinto al del presidente en ejercicio, actualmente el demócrata Joe Biden.

El control que el Partido Republicano logró de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término, según proyecciones divulgadas este miércoles de noche, significa que Estados Unidos tendrá un gobierno de este tipo cuando los nuevos representantes asuman su cargo.

Gobiernos divididos han sido bastante comunes desde los años 70, el más reciente se dio durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump, cuando los demócratas controlaban la cámara baja del Congreso.

Que los republicanos recuperen la mayoría de la Cámara de Representantes que habían perdido en 2018 puede significar dos años de confrontación política con pocos logros legislativos, anticipan expertos.

“Creo que un acuerdo bipartidista sería muy difícil, dada la enorme división entre los dos partidos en casi todas las cuestiones importantes a las que se enfrenta el país”, dijo Alan Abramowitz, un politólogo de la Universidad Emory que ha escrito varios libros sobre elecciones estadounidenses a BBC Mundo.

El camino que sigue una ley

En Estados Unidos cada cámara puede iniciar un proceso legislativo. El proyecto de ley tiene que ser aprobado por las dos, antes de ser enviado al presidente para que lo firme y lo convierta en ley.

Nancy Pelosi, Mitch McConnell y Kevin McCarthy

 

Una ley puede morir en cualquier fase si una de las cámaras vota en contra, o si el presidente la veta.

Algunas personas apoyan un gobierno dividido porque significa que cada partido político puede vigilar al otro, por ejemplo, controlando medidas de gasto no deseadas o bloqueando ciertos proyectos para que no se conviertan en ley.

Recientemente, el empresario y actual dueño de Twitter Elon Musk aconsejó a sus millones de seguidores en la red social que votaran a los republicanos en las elecciones de mitad de período, dado que el presidente Biden es demócrata.

Su razonamiento, dijo, es que “el poder compartido contiene los peores excesos de ambos partidos”.

Ventajas e inconvenientes

Los gobiernos divididos pueden forzar a los legisladores a presentar leyes que tengan una base de apoyo más amplia, lo que hace que sean más difíciles de revocar cuando el poder cambie de manos.

En ese caso, la cooperación aporta estabilidad política.

El Capitolio en un atardecer

Getty Images

Pero cuando los partidos están polarizados en sus posiciones, un gobierno dividido puede hacer que a un partido le resulte imposible aprobar leyes, lo que conduce a un punto muerto en el que es difícil avanzar en políticas para todo el país.

Grandes cambios legislativos a menudo han ocurrido bajo gobiernos de un solo partido, como el New Deal del presidente Franklin Roosevelt y la ley de Cuidado de Salud Asequible de Barack Obama, coloquialmente conocida como Obamacare.

Gobiernos divididos también pueden llevar a más cierres de gobierno, que se produce cuando los partidos no se ponen de acuerdo en un presupuesto para continuar con la financiación pública.


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