Ganadores de oposición se sumaron a la petición de morenistas y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantenga la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
A través de una carta, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, (Conago) explicaron que eliminar esta figura vulnera la Constitución y tendría un “grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos”.
¿Por qué los gobernadores piden mantener la prisión preventiva?
En el oficio que mandaron en calidad de Amicus Curiae, los mandatarios explicaron que es necesario mantener la supremacía constitucional respecto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró inconvencional esa medida cautelar.
Según los gobernadores, la figura de prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos. Además de proteger a las víctimas y que no exista impunidad.
“Proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”.
Los mandatarios estatales también argumentaron un posible colapso de los tribunales debido a que se tendría que analizar, caso por caso, si se aplica dicha medida.
“Hacemos un llamado respetuoso para que la SCJN considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada”, sostuvieron.
La Corte tiene previsto discutir la aplicación en el país de la prisión preventiva oficiosa; y en caso de eliminarla, los jueces o tribunales tendrían que revisar cada caso que se solicite, para determinar si las personas siguen presas o se aplica otra medida cautelar.
En febrero pasado, López Obrador propuso ampliar la lista de delitos que amerite el uso de la prisión preventiva oficiosa o “prisión automática”.
De acuerdo con el documento, entregado por la Secretaría de Gobernación al Congreso de la Unión, lo anterior tiene como finalidad prevenir y combatir dichos delitos que han aumentado, y con ello, garantizar la paz, la seguridad, la salud y continuar con acciones en beneficio de la población.
Sin embargo, expertos en el tema afirman que la prisión preventiva oficiosa no ha contribuido a reducir la incidencia delictiva, además de que favorece la inacción por parte de la autoridad.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva oficiosa consiste en la privación de la libertad de personas al ser acusadas por la comisión de una serie de delitos contemplados en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, que son encarceladas sin tener aún una sentencia en su contra.
La SCJN tiene previsto discutir en las próximas semanas un proyecto basado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ColDH), en el que se ordena a México adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa.
La Corte Interamericana considera que dicha medida va contra distintos derechos, como a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de la inocencia y a la igualdad y no discriminación.
⚖️Sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, @lopezobrador_ pidió a la @SCJN recapacitar, pues tal modificación "va a significar impunidad". Destacó que los gobernadores se hayan pronunciado al respecto y soliciten a la Corte "una actitud responsable". pic.twitter.com/57daLABcL1
— Animal Político (@Pajaropolitico) May 7, 2024
De acuerdo con lo expuesto en el reportaje Prisión Preventiva, el arma que encarcela a los pobres e inocentes, quienes están en la cárcel son personas acusadas de pequeños robos o narcomenudeo, que fueron enviadas a prisión mientras termina la investigación y se le enjuicia.
Los detenidos, además, son hombres y mujeres en una situación económica vulnerable, que apenas cuentan con un abogado de oficio que lleva hasta 300 casos al mismo tiempo. Son, según datos del Inegi, fundamentalmente personas que tienen estudios de secundaria o menos, que laboran en el comercio informal, como chofer de taxi o en trabajo artesanal; y que debían trabajar toda la semana, sin descanso, para mantenerse.
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