Candidatos al Poder Judicial no sufrieron ataques en campaña, pero juzgador en funciones y chofer de magistrado sí
Durante las campañas del Poder Judicial no se registraron ataques violentos contra candidatos o candidatas, pero sí contra un juez en funciones y un trabajador del sector, señala un informe de la organización Data Cívica.
A partir de la revisión de una base datos conformada por publicaciones en prensa, la organización encontró que durante el periodo de campaña, comprendido entre el 30 de marzo y el 28 de mayo de este año, únicamente se registraron dos eventos violentos presuntamente cometidos por el crimen organizado en contra de personas juzgadoras en funciones o personas cercanas a ellas.
El primer caso corresponde al asesinato de un juez cívico municipal identificado como Francisco de Jesús Cabrera, ocurrido el pasado 31 de marzo en Salina Cruz, Oaxaca.
Mientras que el segundo se trató de un ataque armado contra el chofer del magistrado penal, Ramón Alejandro Sentíes Carriles, perpetrado el 9 de abril frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El agresor disparó al menos tres veces, pero el chofer sobrevivió.
La organización considera que esta relativa ausencia de violencia político-electoral contra candidaturas judiciales podría deberse a la poca visibilidad pública que tuvieron durante este periodo.
Y es que las personas que contienden por algún cargo judicial tuvieron que hacer uso de sus propios recursos para promocionarse en campaña, lo que en muchos casos limitó el alcance de su propaganda.
Al menos 25 víctimas vinculadas al Poder Judicial desde 2018
Pese a estas cifras, la organización advierte que las personas juzgadoras “sí están en la mira del crimen organizado”.
De acuerdo con el informe, al menos 25 personas vinculadas al Poder Judicial han sufrido algún ataque violento en los últimos cuatro años.
Entre las víctimas se encuentran 13 personas juzgadoras, tres familiares de éstas y nueve trabajadores del Poder Judicial, como auxiliares, secretarios y choferes.
Las personas juzgadoras desempeñaban cargos como magistrados, jueces de control, cívicos, municipales y federales.
En más de la mitad de los casos las víctimas fueron asesinadas (60 %). El resto sufrieron ataques armados en los que lograron sobrevivir (28 %) o recibieron amenazas directas y tangibles (12 %), muchas de ellas emitidas a través de mensajes, videos o narcomantas.
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Los ataques se han registrado en 13 estados del país, siendo Morelos y la Ciudad de México los que concentran el mayor número, con cuatro cada uno. A estos le siguen Zacatecas y Baja California con tres. Mientras que en Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, sólo se ha presentado un caso.
Si bien se desconocen los motivos detrás de estas agresiones, la organización señala que en algunos casos podrían estar relacionadas con redes de corrupción establecidas entre operadores judiciales y grupos criminales.
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