La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido 60 juicios de inconformidad presentados por diversos actores para impugnar la jornada electoral del pasado 1 de junio, dos de ellos por la inducción o coacción del voto del electorado mediante los llamados “acordeones”. 

En una de las denuncias se argumenta que la elección estuvo viciada, en particular, por “prácticas sistemáticas de coacción del voto” en el estado de Nuevo León, promovidas por Samuel García, gobernador del estado, y por el partido Movimiento Ciudadano.

Además, destacan impugnaciones contra los cómputos distritales llevados a cabo por el Instituto Nacional Electoral (INE), la próxima entrega de constancias de mayoría para las candidatas y los candidatos ganadores y la validez general de la elección.

Hasta el momento, la gran mayoría de estos asuntos han sido asignados a la ponencia de la magistrada Janine Otálora Malassis, que deberá resolver un total de 28 expedientes relevantes a nivel federal y para cargos federales en estados como Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato y San Luis Potosí. 

Acusan a Samuel García por uso de “acordeones” en elección judicial

Los dos juicios de inconformidad tramitados por la inducción o coacción del voto del electorado fueron presentados por Tomás de Jesús Zarco Ortiz, que buscaba un cargo como juez federal en materia civil y de trabajo, y Alejandro Humberto Cueva Zarate, candidato a magistrado federal en materia penal, ambos en la entidad federativa de Nuevo León. 

En el caso de Cueva Zárate, se presentó la demanda en particular respecto de los votos obtenidos por los candidatos Alejo Guerrero Víctor Hugo y Flores Alamilla Carlos Alberto, argumentando que esta elección estuvo viciada por “prácticas sistemáticas de coacción del voto” promovidas por el Samuel García, gobernador del estado, y por el partido Movimiento Ciudadano.

“Estas prácticas incluyeron la distribución de “acordeones” de voto que instruían a la ciudadanía por quién sufragar, lo que vulneró la libertad y autenticidad del sufragio. Se sostiene que estas irregularidades fueron graves y determinantes para el resultado de la elección”, señala el asunto SUP-JIN-40/2025, que recayó en manos del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

La impugnación de Dora Alicia, candidata a ministra de la Corte

Entre las demandas también destaca el asunto SUP-JIN-17/2025, tramitado por Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que impugnó a nivel federal la elección judicial. 

“Se controvierten los resultados asentados en las actas de cómputo distrital de la elección de ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación […] porque se computaron votos procedentes de casillas indebidamente integradas y se cometieron errores determinantes en la computación de los sufragios, además de advertirse violencia política en razón de género con efecto determinante en el resultado de la elección”, señala el asunto que quedó en manos de la magistrada Janine Otálora Malassis.

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Desde el pasado 10 de junio, la ahora excandidata informó que solicitó a las autoridades electorales un recuento de votos en todas las casillas del país, solicitud que fue rechazada por el INE, quien argumentó que el criterio de “voto por voto” no aplica al tratarse de un proceso extraordinario no previsto expresamente en la ley.

Ante ello, Martínez Valero interpuso una impugnación ante el Tribunal Electoral al considerar que la negativa viola el principio constitucional de certeza y acceso a la justicia, solicitando además la nulidad de las casillas viciadas y, en su caso, el recuento total de los votos o la anulación de la elección, a fin de restituir la certeza de los resultados.

La excandidata recordó que desde 2006, durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, el criterio del Tribunal Electoral establece que cuando la diferencia entre candidaturas es menor al número de votos nulos, el INE está obligado a realizar un recuento de votos. 

“Durante más de 20 años esta información fue pública. No podemos permitir que ahora se nos niegue. Lo que está en juego no es un cargo, es algo mucho más grande: la defensa de nuestra democracia”, señaló.