Mirna es la única jueza de primera instancia en el juzgado al que fue asignada, en el estado de Veracruz y, debido a ello, su “turno de trabajo” abarca las 24 horas del día, durante los siete días de la semana, ya que, aún fuera de su horario laboral, ella debe estar siempre disponible, para recibir a personas detenidas que sean consignadas ante su juzgado. “Los detenidos no avisan”, afirma.
Para poder permanecer en este cargo, Mirna (pseudónimo usado para proteger su identidad) debió inscribirse en el proceso para renovar el Poder Judicial del estado de Veracruz y, actualmente, es candidata a jueza de primera instancia en materia penal. Sin embargo, la candidatura de Mirna tiene en contra los errores en el diseño de las reglas de la elección judicial, debido a las cuales no existe “piso parejo” para todas las personas que compiten en ella.
Entre esos obstáculos están, por ejemplo, que todo juez o jueza en función que compita en el presente proceso electoral, sólo podrá hacer campaña en días y horas inhábiles. Eso quiere decir que Mirna podría promover su candidatura luego de las 14:30 horas (cuando termina su horario oficial de labores), pero al ser ella la única juez disponible en su juzgado, está obligada a permanecer cerca de estas instalaciones, para recibir, a cualquier hora, a las personas detenidas por la Fiscalía estatal en esta región de Veracruz.
“Lo ideal sería que, al terminar mi turno, a las 2 y media de la tarde, un juez me relevara en el turno de la tarde y yo pudiera hacer campaña hasta el día siguiente, a las 8 y media de la mañana, que es la hora de entrada de los trabajadores del Poder Judicial”, dice Mirna.
Para la renovación del Poder Judicial, en Veracruz sólo se constituyó un circuito electoral, por lo que los 77 candidatos y candidatas a jueces locales de primera instancia, así como los 22 aspirantes a una magistratura estatal, deberán hacer campaña en los 212 municipios de la entidad.
Bajo ese escenario Mirna no podría pedir el voto en el municipio de Tantoyuca, por ejemplo, ubicado a más de seis horas en vehículo. Tampoco podría hacerlo en municipios con el mayor número de personas que pueden votar (padrón electoral) como en Xalapa o en el Puerto de Veracruz. Su dilema, lamenta, no parece tener solución: “O hago campaña –afirma– o recibo detenidos. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo”.
El caso de Mirna no es excepcional. De los 3 mil 251 juzgados de primera instancia adscritos al sistema de justicia local en México, 78 % cuenta sólo con un juez, tal como establece el Censo Nacional sobre Impartición de Justicia Estatal 2024.
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En Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Durango, Michoacán y Tlaxcala, nueve de cada 10 juzgados de primera instancia tienen un solo juez; mientras que en Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas esto ocurre en 8 de cada 10, sólo por mencionar algunos estados en donde habrá elección judicial, el próximo 1 de junio.
Cynthia Liliana Nájera Nájera es jueza mercantil del Distrito Judicial Bravos, en Chihuahua y, también, candidata en la próxima elección, con la esperanza de permanecer en el cargo.
Hasta antes de la reforma judicial de septiembre de 2024, en la que se estableció el nuevo mecanismo de elección de jueces y magistrados por voto popular, Cynthia consideraba que su trabajo era estable y seguro, puesto que ya había sido ratificada en el cargo. Ahora, sin embargo, considera que su posición es más vulnerable que la de los otros jueces de este distrito –quienes no obtuvieron su ratificación antes de la reforma–, porque, en caso de no ganar la elección, ellos regresarán a su plaza de “secretario proyectista”.
En cambio, de no obtener el triunfo en la elección, Cynthia no tendrá una plaza de rango inferior a la cual regresar, sino que quedará desempleada y, también, defraudada.
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Para su nombramiento y ratificación como jueza mercantil, Cynthia tuvo que aprobar “los exámenes de conocimiento (requisito obligatorio en el anterior sistema de nombramiento de jueces, que fue eliminado con la reforma) y me he esforzado cada día para que el trabajo salga y que sea de la mejor forma posible. Entonces –cuestiona–, ¿por qué me tengo que ir, si he hecho mi trabajo adecuadamente?”.
Con este mismo sentimiento a flor de piel, se pronuncia la jueza tercera de lo civil Judith Sánchez Suárez, también de Chihuahua: “La reforma judicial –asegura– nos dio en la madre y, ahora, a unos días de que se elija a los nuevos juzgadores mexicanos, no hay argumento que sirva para motivar al personal de los juzgados”.
“Yo tengo 28 años dentro del Poder Judicial y soy una convencida de la carrera judicial, como el mejor medio para el nombramiento de juzgadores– subraya–. Fui testigo de cómo fueron evolucionando los concursos de oposición, cómo se fueron transparentando, cómo nos fueron dando esa certeza de que, si te preparas, estudias y acumulas experiencia, vas a llegar a ser juez… Yo lo viví y estaba orgullosa de eso: de que en el Poder Judicial no éramos políticos, éramos estudiosos del Derecho”.
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Debido a su oposición a los términos en los que se estableció la reforma judicial, la jueza Judith Sánchez Suárez deberá dejar su cargo el 1 de septiembre, a seis meses de que pudiera tener acceso a una jubilación, ya que decidió no participar en la elección judicial.
“¿Por qué no lo hice? –concluye–. Porque yo no soy política, yo soy jurista, yo estudio. Yo no sé hacer videos de TikTok”.
* El Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia es coordinado por la doctora Ana Laura Magaloni y es una iniciativa del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En la parte periodística participan Animal Político, W Radio y diversos medios locales, entre ellos La Verdad Juárez.
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