Accidentes de moto en CDMX saturan hospitales; 9 de cada 10 no tienen seguro
El número de motocicletas registradas que circulan en la CDMX pasó de 260 mil a 750 mil —un incremento del 188 %— en la última década. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 90 % de ellas circula sin tener un seguro de protección.
Aunque el incremento significa un desafío en materia de movilidad y seguridad vial, ahora también lo es en materia de salud pública. La atención a lesionados involucrados en hechos viales con motocicletas es la primera causa de atención de todos los servicios de emergencia en el país.
“Tenemos el gran reto de que el número de motocicletas incrementa a una tasa muy acelerada, pero prácticamente 9 de cada 10 no cuentan con ningún tipo de seguro”, informó Carlos Jiménez, director de seguros de daños y autos de la AMIS.
“El problema más que de accidentes o choques es de salud pública”, recalcó. De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), en el segundo semestre de 2025 se registraron 7 mil 648 lesionados en hechos de tránsito, de ellos, 3 mil 667 —el 47.9 %— fueron motociclistas.
En el mismo semestre, pero de 2024, hubo 9 mil 128 lesionados en hechos de tránsito, 3 mil 864 de ellos, es decir, 42.3 %, fueron motociclistas. Ahora bien, si se analizan los datos respecto de las muertes ocurridas resultado de un hecho vial, se advierte que en los últimos años los motociclistas ocupan la primera posición.
En el segundo semestre de 2025 perdieron la vida 114 personas en hechos de tránsito, de ellas, 51 —el 44.7%— fueron motociclistas.
En el mismo semestre de 2024 murieron 148 personas en hechos de tránsito, 63 —el 42.6 %— eran motociclistas; mientras que en el segundo semestre de 2023, de las 107 personas que perdieron la vida, 43, es decir, el 40.2 % eran motociclistas.
“Si lo vemos desde el enfoque de la administración pública (contar con un seguro) es transferir al sector privado los costos para hacer frente a las obligaciones del responsable. Mientras eso no suceda, las víctimas son atendidas en hospitales públicos y esas camas, esos espacios dan atención a una persona que debería ser atendida por el responsable”, agregó Jiménez.
Aunque no se tiene una estimación precisa sobre cuál es la carga económica al sistema de salud en la atención y rehabilitación de los afectados, se estima que origina costos sociales equivalentes a entre 1.8 y 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con Piensa, lleguemos a Salvo (Actúa: salvemos vidas, 0 muertes en las vías), diagnóstico hecho por la Secretaría de Salud federal.
En el documento también se detalla, con base en datos estadísticos de la Semovi, que los principales factores de riesgo involucrados en la ocurrencia de siniestros viales de personas motociclistas se relacionan con el exceso de velocidad: se ha observado que alrededor del 46 % de ellas supera el límite permitido, pues el 73 % viajaba a más de 50 km/h.
Sobre el consumo de bebidas alcohólicas, se estima que tres de cada 10 personas motociclistas fallecidas en un siniestro de tránsito consumieron bebidas alcohólicas antes del siniestro.
En México, los accidentes representan la cuarta causa de muerte en todo el país sólo por debajo de las enfermedades cardiovasculares, diabetes y tumores malignos, desplazando a las enfermedades del hígado y Covid-19.
Las muertes por siniestros viales representan la primera causa de muerte en personas entre 5 y 24 años y la segunda en personas entre 25 y 44 años.
Van por regulación nacional
El creciente número de motocicletas que circulan no es una problemática exclusiva de la CDMX, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ya se ha manifestado sobre la necesidad de contar con una norma nacional que regule su circulación.
“La motocicleta, su masificación, digamos, ha generado muchísimos problemas, aquí los médicos están diciendo. En efecto ha aumentado mucho la atención en traumatología debido al uso de la moto. Estamos trabajando en una campaña (…) pero queremos que sea más que una campaña (porque) normalmente la normatividad relacionada con el uso de la motocicleta es estatal, entonces tenemos que trabajar con los estados y ver si se puede hacer una normatividad nacional”, dijo la presidenta en su conferencia matutina del 1 de julio pasado.
Datos presentados por la mandataria revelan que, a nivel nacional, de los 11.6 millones de urgencias atendidas en todos los niveles de su red de hospitales en los últimos seis años, 3.1 millones fueron traumatismo (26.7 %), la mayoría de ellos provocados en accidentes en motocicleta.
“No se trata de prohibir la moto, sino, primero (de definir) cuáles son las normas para usarla y segundo, qué multas habría si no se usa de esa manera (…) y lo otro pues la educación, si tienes una moto, cómo usarla”, añadió.
Viajes en motocicleta
De acuerdo con datos del Programa Integral de Movilidad de la CDMX 2020-2024 del Gobierno de la CDMX, el principal motivo para usar la motocicleta, sin tomar en cuenta el “regreso a casa”, es “ir al trabajo” con un 68 %, seguido por “ir a la escuela” y “llevar o recoger a alguien” con el 11.6 % y el 7.9 % respectivamente.
Además, la motocicleta se caracteriza, como otros modos de transporte privado, por realizar principalmente viajes unimodales en el 97 % de los casos.
Te puede interesar: Secretaría de Movilidad CDMX inicia acciones legales para erradicar servicio de mototaxis de aplicación tras muerte de usuaria
El tiempo de traslado promedio de un viaje que utiliza motocicleta en la CDMX es de 35 minutos, cifra por debajo del promedio del resto de modos de transporte motorizados: en transporte público es de 69 minutos; en automóvil, 50 minutos; y en taxi, 46 minutos.
Los traslados internos en la CDMX tienen en promedio 29 minutos de duración, mientras que en viajes expulsados y atraídos asciende hasta a una hora. El promedio de los viajes dentro de la zona conurbada es de 23 minutos.
Relacionado
Perú se ha convertido en pocos años en un gran exportador de productos agrícolas, pero se mantienen las dudas sobre cuánto podrá mantener su modelo.
Las vastas llanuras desérticas de la región de Ica, Perú, se han llenado en las últimas décadas de extensos cultivos de arándanos y otras frutas.
Hasta la década de 1990 resultaba difícil imaginar que esta zona del desierto costero peruano, donde a primera vista se ve poco más que polvo y mar, pudiera convertirse en un gran centro de producción agrícola.
Pero eso es lo que ha ocurrido no solo aquí, sino en la mayoría del litoral desértico peruano, donde han proliferado grandes plantaciones de frutas no tradicionales aquí, como los espárragos, los mangos, los arándanos o los aguacates (o paltas, como les llaman en Perú).
La enorme franja que atraviesa el país en paralelo a las olas del Pacífico y las elevaciones andinas se ha convertido en un inmenso huerto y en el epicentro de una pujante industria agroexportadora.
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 un promedio anual del 11%, alcanzando en 2024 la cifra récord de US$9.185 millones.
Perú se ha convertido en estos años en el mayor exportador mundial de uvas de mesa y de arándanos, una fruta que apenas se producía en el país antes de 2008, y su capacidad para producir a gran escala en las estaciones en las que es más difícil hacerlo en el Hemisferio Norte lo han llevado a erigirse en una de las grandes potencias agroexportadoras y proveedora principal de Estados Unidos, Europa, China y otros lugares
Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
Cómo empezó todo
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Qué consecuencias ha tenido
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
El problema del agua
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
