Con pipas y garrafones, negocios ‘resisten’ al agua contaminada en Benito Juárez; vecinos presentan 18 quejas
Restaurantes, consultorios veterinarios, escuelas y otros negocios de la alcaldía Benito Juárez brindan servicio con agua de garrafón o que les suministran pipas para no utilizar agua de la llave, ante la desconfianza que existe luego de que las autoridades informaron que hay contaminación de “diesel o algún derivado de hidrocarburo” en el líquido que llega a distintas colonias de la demarcación, y que ha provocado pérdidas económicas en sus negocios.
Sonia Barrales, encargada del negocio de comida ‘Las canastas del 57’ en la colonia Del Valle, comentó que desde el jueves 28 de marzo se percató de que el agua tenía un olor “como de gasolina” y que la piel de sus manos estaba reseca y con comezón, por lo que comenzó a utilizar agua de garrafón para lavar los trastes y limpiar las mesas, aunque de todos modos está teniendo menos clientes de lo habitual, lo que atribuye a la desconfianza de la gente por la contaminación.
“Los primeros días sí tuvimos que desembolsar en garrafones, pero después, los vecinos del edificio donde está el negocio decidieron que se iba a pedir agua por pipas, solicitaron la limpieza de la cisterna y también tenemos el apoyo de los trabajadores del gobierno y los soldados que están trayendo garrafones desde el parque San Lorenzo, pero aún así, si normalmente atendemos a unas 50 personas, ahorita sólo están viniendo unas 25, que son clientes de años que confían en que estamos tomando medidas”, detalló en entrevista.
Algunos vecinos acuden a los puestos de mando instalados en el parque San Lorenzo, de la colonia Del Valle, y el parque Esparza Oteo, en la Nápoles, donde se pueden observar filas largas de personas solicitantes de agua que, en menos de cinco minutos, son atendidas por personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), que les reciben sus garrafones vacíos y se los intercambian por otros llenos, y son apoyadas por personal del Ejército para trasladarlos a donde necesiten.
En estos puntos, los vecinos también pueden levantar reportes por el agua contaminada, con personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), y solicitar a los trabajadores de la alcaldía Benito Juárez la limpieza de espacios de almacenamiento; al día de hoy, se han requerido lavados de cisternas.
Entre el 11 y el 15 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha distribuido 176 mil 300 litros de agua, mediante 8 mil 815 garrafones, como parte del Plan DN-III-E, que se implementó en el parque San Lorenzo, donde el personal militar -conformado por 72 soldados y 16 integrantes de la Guardia Nacional- ha brindado también 220 consultas médicas generales que no fueron específicamente por afectaciones relacionadas con la contaminación del agua, aseguran.
Van 18 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que, hasta este martes, se han presentado 18 quejas relacionadas con el agua contaminada, acumuladas en un expediente de investigación a cargo de la Tercera Visitaduría.
Las quejas fueron presentadas por personas peticionarias de cinco colonias de la alcaldía Benito Juárez: 10 de la Del Valle Centro, 3 de Tlacoquemécatl, 2 de la Nápoles, 1 de Del Valle Sur y 1 más de Del Valle Norte.
Hasta ahora, las autoridades de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón han responsabilizado al Gobierno de la Ciudad de México, el SACMEX y a autoridades federales por la contaminación del agua que, de acuerdo con su versión, fue provocada con “un tipo de diésel”, aunque de acuerdo con el jefe de Gobierno, Martí Batres, los contaminantes “podrían ser aceites o lubricantes”.
Sin embargo, a dos semanas de que comenzaron los reportes de los vecinos, ni las autoridades de las alcaldías ni el Gobierno de la Ciudad de México han difundido la documentación de los análisis mediante los cuales se determina el agente contaminante del agua, lo que mantiene en la incertidumbre a los vecinos afectados, a quienes tampoco se les ha informado cuándo se restablecerá el servicio de agua limpia mediante la red de distribución de SACMEX.
Verónica Martínez, trabajadora de un jardín de niños en la zona, dijo que en el centro escolar el agua ya no presenta mal olor, pero de todos modos el lavado de manos y de utensilios para los estudiantes se hace con 12 garrafones que tienen que ir a llenar todos los días al parque San Lorenzo, y no les han informado hasta cuándo se mantendrán en esta situación.
“No sabemos si aún está contaminada el agua del plantel, por eso estamos usando la cisterna únicamente para los sanitarios, pero por seguridad de los niños todo lo que son utensilios y para nuestro consumo utilizamos agua de garrafón, así estamos, al menos hasta que se informe que el servicio ya se restableció y no hay riesgos”, explicó.
En el caso de otros negocios, como consultorios veterinarios, los trabajadores comentaron que los animales toman agua de garrafón desde antes de que se informara sobre la contaminación en la alcaldía, y para el baño de las mascotas utilizan la que están llevando con pipas a los inmuebles en donde se ubican los establecimientos.
Batres afirma que en 80% de las viviendas afectadas “ya no se percibe ningún olor”
Este lunes, el jefe de Gobierno, Martí Batres, reiteró que el pozo Alfonso XIII -identificado por las autoridades de la Ciudad de México como el origen de la problemática- permanece cerrado, por lo que ya no proporciona agua a la red, y afirmó que “en el 80% de los domicilios visitados el 14 de abril ya no se percibe ningún olor en el agua“.
“Los demás pozos han sido ya analizados, estudiados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y no hay ninguna presencia de ninguna sustancia extraña, esto quiere decir que todos los pocos que están funcionando, funcionan con normalidad; el único pozo donde se encontró una sustancia ajena es el pozo Alfonso XIII, y está cerrado, además, ese pozo se ha estado limpiando, se ha sustraído de ahí todo el material que se encontró, pero sigue cerrado”, indicó.
De acuerdo con Batres, el Sistema de Aguas tiene 11 puntos de monitoreo, en los que ya no se percibe olor alguno, por lo que aseguró que “ha funcionado la limpieza que ha realizado” esta dependencia, sin embargo, “se mantienen las acciones en territorio”, con apoyo en los centros de mando y visitas domiciliarias para la distribución de agua y limpieza de cisternas.
“Hay más de mil servidores públicos que han estado en campo ayudando, auxiliando a la población en los diversos temas que se han presentado, tanto de información, como de salud, como para proporcionar agua“, subrayó.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló más de US$2 mil millones en fondos federales para Harvard y amenaza con quitarle exenciones fiscales. ¿Podrá la universidad resistir la presión gracias a su inmenso patrimonio?
Harvard no solo es la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, sino también la más rica de ese país y del mundo.
La institución acumula un endowment (fondo patrimonial propio que invierte para financiar sus actividades) de US$53.000 millones, más que el producto interno bruto de 120 países, entre ellos Islandia, Bolivia, Honduras o Paraguay.
Donaciones millonarias, inversiones exitosas y una estricta gestión han hecho de Harvard una entidad con recursos suficientes, en teoría, para resistir presiones políticas y económicas que harían tambalear a otras universidades.
Esa capacidad se puso a prueba esta semana cuando el presidente Donald Trump anunció la congelación de US$2.200 millones en fondos federales destinados a Harvard por no aceptar una serie de exigencias sobre cómo debe operar, contratar y enseñar.
Este ataque, unido a amenazas de retirarle las exenciones fiscales y vetar la admisión de estudiantes extranjeros, se interpreta como parte de una ofensiva más amplia contra instituciones educativas de élite señaladas por Trump como bastiones de ideas progresistas y de izquierdas.
En todo caso, mientras otras han cedido a las amenazas del presidente, Harvard le ha mantenido el pulso.
Trump vs. Harvard
La Universidad de Harvard se halla en el centro de una batalla política sin precedentes con el presidente Donald Trump, quien recientemente ordenó la congelación de US$2.200 millones en subvenciones y US$60 millones en contratos destinados a la institución.
El mandatario anunció la medida después de que Harvard se negara a acatar una serie de exigencias del gobierno que, bajo el argumento de combatir el antisemitismo, incluían cambios en políticas de contratación, admisión y contenidos académicos.
El presidente de Harvard, Alan Garber, rechazó públicamente estas condiciones y defendió la autonomía intelectual de la universidad: “Ningún gobierno, sin importar el partido que esté en el poder, debe dictar lo que pueden enseñar las universidades privadas”, escribió en un mensaje a la comunidad universitaria.
Como respuesta, Trump intensificó sus ataques al afirmar que la institución con sede en Boston “enseña odio y estupidez” y “ya no merece recibir fondos federales”.
También amenazó con retirar su estatus de exención fiscal, un privilegio de las universidades que ahorró a Harvard unos US$158 millones en impuestos sobre propiedades en 2023, según estimaciones de Bloomberg.
“Eso sería aún más grave. Las instituciones de educación superior no pagan impuestos sobre la renta, ni sobre propiedades, y además los donantes reciben deducciones fiscales, lo que incentiva las donaciones. Perder esa exención sería una señal de advertencia para todo el sistema universitario y tendría un efecto paralizador”, explica a BBC Mundo Steven Bloom, vicepresidente adjunto de relaciones gubernamentales del Consejo Estadounidense sobre la Educación, que aglutina a 1.700 universidades.
Las tensiones escalaron aún más cuando el Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Kristi Noem, amenazó este jueves a Harvard con retirarle el permiso para matricular estudiantes extranjeros -actualmente más del 27% del alumnado- si no presenta un informe sobre las supuestas “actividades ilegales y violentas” de algunos de ellos.
Expertos señalan que este conflicto no es un hecho aislado.
Trump ha intensificado recientemente sus ataques a las instituciones de educación superior, a las que acusa de promover una agenda progresista, y ha amenazado en varias ocasiones con recortar la financiación pública a aquellas que, en su opinión, censuran voces de derecha o permiten protestas contra Israel.
Desde que en 2023 comenzaran las protestas pro palestinas en campus de todo el país por la guerra en Gaza, estudiantes judíos denunciaron sentirse inseguros, mientras otros se mostraron neutrales o se unieron a las manifestaciones.
Harvard respondió con concesiones, como suspender programas acusados de sesgo antiisraelí y resolver dos demandas por antisemitismo -sin admitir culpabilidad-, pero en todo momento rechazó la injerencia del gobierno de Trump sobre su gestión interna.
Cómo Harvard construyó su fortuna y qué restricciones tiene
Con un fondo patrimonial de US$53.000 millones, Harvard es la universidad más rica del mundo, muy por encima de otras de la llamada Ivy League como Yale, Columbia o Princeton.
Este capital conocido como endowment, que constituye el corazón financiero de la institución, se ha construido durante siglos a través de donaciones privadas e inversiones.
“No ocurrió de la noche a la mañana, es un proceso largo. Harvard existe desde hace casi 350 años. Han demostrado una gran capacidad para atraer apoyo. Exalumnos, donantes y muchas otras personas han estado muy comprometidas con la institución”, explica Steven Bloom.
El endowment de Harvard funciona, en esencia, como un fondo mutuo compuesto por numerosos subfondos, cada uno de ellos sujeto a condiciones específicas impuestas por los donantes.
Este fondo se invierte y genera rendimientos: en 2024 fue del 9,6% y el año anterior del 2,9%.
Y, si bien se trata de una cantidad astronómica, más del 80% está legalmente restringido a usos concretos como becas, cátedras, investigaciones médicas, programas académicos o ayuda financiera.
“Mucha gente malinterpreta lo que es un endowment. Piensan que es como una cuenta corriente, pero en realidad no puedes sacar una tarjeta de débito e ir a retirar dinero para cualquier propósito”, indica el representante del Consejo Estadounidense sobre la Educación.
Bloom puntualiza que la universidad “puede recibir demandas judiciales si no gasta el dinero según las instrucciones del donante”.
Además, una parte considerable de su presupuesto (cerca del 16%) depende de los fondos federales, destinados principalmente a investigación científica.
¿Puede resistir sin ayuda del gobierno?
Entonces, ¿cómo afectará a Harvard el recorte de US$2.200 millones en fondos federales?
Al no poder usar libremente su patrimonio, la universidad tendría poco margen de maniobra ante una emergencia presupuestaria, según Bloom.
Además, existen restricciones legales sobre cuánto se puede retirar del endowment cada año: “En educación superior, lo común es no gastar más del 5% anual y algunos estados incluso lo restringen aún más. Si solo puedes usar el 5% necesitarías US$40.000 millones en fondos no restringidos para cubrir US$2.000 millones de gastos”, explica.
En todo caso, Harvard ha desarrollado en las últimas décadas un sistema financiero sólido que, a priori, le permitiría afrontar situaciones difíciles sin demasiadas complicaciones.
La institución goza de un superávit de US$45 millones, calificación crediticia AAA, US$61.000 millones en activos líquidos e inversiones, y acceso a una línea de crédito rotativa de US$1.500 millones, según los últimos informes financieros.
Así, expertos señalan que Harvard puede recurrir fácilmente a financiación a corto plazo o emitir bonos, lo que le permitiría preservar su liquidez sin recurrir directamente al endowment.
Aun así, si las presiones del gobierno persisten, podría abrirse una etapa de incertidumbre.
“Durante la pandemia, Harvard y otras universidades bien financiadas pudieron aumentar temporalmente el gasto de sus fondos, pero eso no es sostenible a largo plazo”, expone Bloom.
Y si a eso se sumara una eventual pérdida de la exención fiscal, advierte, el panorama se complicaría aún más.
Por qué una universidad rica recibe dinero público
Harvard también es una de las universidades más caras del mundo: la matrícula y tasas superan los US$79.000 anuales, una cifra muy por encima de la media en Estados Unidos.
Si recibe altos ingresos de las matrículas, así como donaciones de entidades y particulares, ¿por qué también necesita fondos públicos financiados por los contribuyentes?
Primero, no todos sus alumnos lo pagan: la mayoría de las familias con ingresos bajos o medios accede a una educación gratuita o subvencionada.
Los estudiantes de familias que ganan menos de US$85.000 al año no pagan y aquellos cuyos ingresos están entre US$85.000 y US$150.000 aportan como máximo el 10% de sus ingresos anuales.
Harvard destinó en 2023 más de US$850 millones a ayudas financieras, cubiertas en gran parte con los ingresos generados por su fondo patrimonial.
Por otro lado, expertos señalan que la aportación del gobierno federal es crucial para la institución, especialmente en el ámbito de la investigación científica y médica.
“Los fondos federales no van a cubrir el costo de la matrícula, sino a sostener su enorme actividad científica y de investigación, al igual que muchas grandes universidades”, señala Bloom.
El experto destaca que gran parte de esos recursos ni siquiera van directamente a Harvard, sino a hospitales afiliados como el Massachusetts General Hospital, que son legalmente independientes y lideran investigaciones sobre enfermedades como el cáncer, el sida o los trasplantes de órganos.
Argumenta que la relación entre el Estado y las universidades no se basa en una simple lógica de subsidio, sino en una colaboración público-privada que desde hace décadas ha permitido avances científicos fundamentales para la sociedad.
Así, sentencia, eliminar ese apoyo de forma permanente supondría no solo un golpe para Harvard, sino también para los programas de investigación nacionales que dependen de esa infraestructura académica.
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