Aldama, entre desplazamientos forzados, masacres y conflictos armados en Chiapas
Desde hace un año en las comunidades del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas, la vida regresó a la normalidad y los sonidos de los vendedores ambulantes sustituyeron a las detonaciones de los balazos procedentes de Santa Martha. Durante unos cuatro años la gente de Aldama vivió en el terror a causa de los francotiradores, las escuelas tuvieron que cerrar y muchos pobladores acabaron abandonando sus parcelas, pues los balazos del conflicto los alcanzaban hasta allí.
“Perdí tres años de cosecha de mi milpa y de mi cafetal, intentamos salir adelante vendiendo artesanías, pero no fue nada fácil”, dice Juan Pérez de la comunidad de Cotzilnam, en Aldama.
Recuerda que había familias que iban a trabajar sus parcelas de noche, en la oscuridad total, pues no prendían sus linternas por temor a ser disparados por los grupos armados.
Los ataques de Santa Martha ―un sector del municipio de Chenalhó, conformado por 20 comunidades― se volvieron casi cotidianos a partir de 2018, por la disputa sobre 60 hectáreas de tierra. Santa Martha se encuentra justo frente a Aldama, del otro lado de un acantilado donde corre un río que divide a los dos municipios, y desde sus comunidades los grupos armados disparaban contra casas, carros y personas que iban a cargar leña o a trabajar.
En Aldama viven bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero los ataques no eran sólo en contra de ellos sino también contra la población en general.
Entre 2018 y 2022, en Aldama se registraron 8 muertos y 27 heridos, y más de 2 mil personas se tuvieron que desplazar de forma intermitente: dejaban sus casas cuando las balaceras arreciaban y regresaban cuando la situación se calmaba. Ninguno de los convenios firmados logró parar los ataques y el 29 de noviembre de 2020, a los dos días del último pacto de no agresión que fue ambiciosamente llamado “acuerdo definitivo”, Andrés Jiménez Pérez fue herido en la pierna mientras caminaba de regreso de su parcela.
A través de Whatsapp, una pobladora de Aldama avisaba a periodistas y organizaciones de derechos humanos cada vez que había un ataque. Hubo días en que los teléfonos no paraban de sonar y, en marzo de 2022, se registraron 437 reportes de agresiones con armas de fuego.
Su último mensaje fue el 24 de septiembre de 2022: “disparan hacia la comunidad de Stzelejpotobtik a personas que fueron a cargar leña, hasta el momento no hay lesionados”.
Después de aquel día, ni una bala ha sido disparada en contra de Aldama. La población se tardó un rato en asumir que ya era posible viajar en carro sin temor, regresar a cultivar sus parcelas, retomar su vida. “Ya no hubo agresión desde que se desplazaron los agresores”, dice un poblador de Cotzilnam.
Desplazamientos forzados en Santa Martha
Cinco días después del último ataque armado a Aldama, más de 130 habitantes de la comunidad Atzamilhó del sector Santa Martha, entre ellas muchos niños y niñas, tuvieron que abandonar sus hogares a causa de un conflicto con otro grupo de pobladores del mismo Santa Martha.
Los desplazamientos comenzaron el 29 de septiembre de 2022 y duraron un par de semanas, pues la violencia no cesaba y el intento del Ejército de tomar el control sobre la zona, el 6 de octubre, fue abortado a pocos kilómetros de ingresar.
Las familias desplazadas buscaron refugio en la comunidad de Majomut, municipio de Chenalhó. A los periodistas les dijeron haber dejado atrás casas quemadas, muertos―siete adultos y tres menores de edad―, una familia de cinco personas desaparecida y les contaron que El Machete, el supuesto grupo de autodefensa que en julio de 2021 tomó el control de Pantelhó, los apoyó en ponerse a salvo.
Los desplazados recibían a la prensa en una explanada lodosa a lado de un banco de grava y aseguraban que allí vivían a la intemperie. Por su parte, la Protección Civil dijo que estaban albergados en casas de familiares, donde les entregaron ayuda humanitaria.
El conflicto entre los desplazados y los demás comuneros de Santa Martha se dio por la repartición de las 22 hectáreas de tierra que, tras un acuerdo firmado en 2020, recibieron de Chalchihuitán, otro municipio que tenía una disputa de tierras con Santa Martha.
“Son 60 las familias que cultivamos maíz, frijol, plátanos y café en estas 22 hectáreas, pero el comisariado y los agentes se organizaron para tomarlos a pesar de que nos corresponde legalmente a nosotros los desplazados”, afirmó a pocos días de su desplazamiento un hombre llamado Vicente Gómez Velasco.
Los 2,650 habitantes de Santa Martha que el 24 de octubre de 2022 enviaron una carta al gobernador Rutilio Escandón cuentan otra historia.
Acusan a los desplazados de ser parte de un grupo armado que habría empezado las agresiones del 29 de septiembre de 2022 y asesinado a seis personas.
Dde acuerdo con el escrito, en meses previos esta agrupación habría emboscado a miembros del comisariado comunal, secuestrado a un militar y se habría apoderado no sólo de las 22 hectáreas que Santa Martha obtuvo de Chalchihuitán, sino también de las 27.5 que recibió de Aldama tras los “acuerdos definitivos”.
En su misiva, los comuneros afirman que el líder de este grupo armado se llama Juan Ruíz Ruíz. El hombre es parte del grupo de desplazados que hace un año se encontraba en el supuesto campamento de Majomut, donde dio una entrevista colectiva a la prensa. Aseguró haber estado perdido en el monte durante siete días y se declaró “defensor de la tierra”, al haber peleado por las hectáreas que estaban en disputa con Aldama y Chalchihuitán. Desde que él y sus compañeros salieron de Santa Martha, ya no hubo agresiones hacia Aldama.
Desde hace un año, los más de 200 desplazados de Santa Martha exigen al estado un retorno seguro a su comunidad. Mientras tanto, muchos de ellos viven en una bodega que rentan en Polhó, una comunidad de Chenalhó que en varias ocasiones recibió refugiados de este municipio donde, desde la guerra contrainsurgente de los años 90 contra el EZLN, los desplazamientos forzados no paran.
Masacre en Polhó, Chiapas, parte del conflicto
El 2 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas emitió un comunicado sobre un ataque a un grupo de desplazados, que causó siete muertos y tres heridos.
“Un grupo de personas armadas se presentaron en una bodega ubicada en la comunidad Polhó, municipio de Chenalhó, en la que se encuentran refugiadas personas desplazadas de la comunidad Santa Martha, del mencionado municipio, donde comenzaron a realizar detonaciones con armas de fuego”, dice el boletín de la dependencia.
La balacera empezó sobre las 5 de la tarde y duró alrededor de una hora, luego de que un grupo armado de Polhó habría salido en defensa de las familias agredidas. “La gente nos vino a echar la mano. No tenemos que ver con esos muertos”, afirmó José Vázquez Gutiérrez, uno de los desplazados de Santa Martha, en entrevista con El Universal.
Sin embargo, hay algo que no cuadra en esta masacre: de las siete personas fallecidas, seis pertenecen al grupo de los presuntos atacantes, son de la misma familia y uno es un bebé.
La Fiscalía de Justicia Indígena ingresó a Polhó hasta el día después de la matanza. Encontró una camioneta negra con las banderas de México y Estados Unidos en el parabrisas y los vidrios reventados por las balas. En el asfalto, a lado del vehículo, estaba el cuerpo sin vida de Gilberto Pérez Gómez, con una pistola en una mano y un arma de alto calibre en la otra.
Dentro de la camioneta, abrazados como en el acto de protegerse, se encontraban los cadáveres de su yerno, Antonio Pérez Pérez, y de su nieto de tres años. Unos metros atrás de la camioneta negra había otro vehículo rojo, baleado y con dos fundas de instrumentos musicales abiertas en la góndola. Sus ocupantes eran los hermanos Antonio y Gilberto Jiménez Pérez, supuestos escoltas de Gilberto Pérez Gómez.
Según la prensa local murieron durante el traslado al hospital junto con Angelina Gómez Pérez, esposa de Gilberto Pérez Gómez. La otra persona asesinada en el tiroteo fue Oliverio Ruíz, hijo del dueño de la bodega que los desplazados estaban rentando, cuyo cadáver fue inmediatamente llevado a casa de su familia. En la balacera resultaron heridos también un desplazado y dos hijas de Gilberto Pérez Gómez: Amalia y Estela, de 11 y 19 años.
La identidad de las personas muertas y heridas causó dudas sobre la versión de la Fiscalía. Pronto el gobierno estatal informó que la agresión ocurrió cuando, al ir circulando por la zona a bordo de un vehículo, personas fueron agredidas con disparos de armas de fuego. Es decir: los presuntos agresores fueron en realidad víctimas de una emboscada, aunque no está claro quién la organizó.
Gilberto Pérez Gómez era originario de la comunidad de Tzanembolom, municipio de Chenalhó, donde fue enterrado entre hombres armados y con rostro cubierto.
Justo un mes después de la masacre de Polhó, una agrupación armada de su comunidad atacó a El Machete y, en un video que difundió por redes sociales mencionó los acusó del asesinato de un niño de 3 años. Fincó la responsabilidad a Reynaldo Ruíz Hernández, uno de los presuntos líderes de El Machete que es originario de Polhó.
Regreso a clases en Aldama
A pesar de que las agresiones en contra de Aldama han cesado, Juan Pérez se tardó un rato para retomar su trabajo en la milpa y en el cafetal. Teme que el conflicto pueda resurgir en cualquier momento y no se siente totalmente tranquilo, pero está contento de haber vuelto a sembrar sus parcelas y de que sus sobrinos hayan retomado sus clases: abrieron nuevamente la escuela autónoma zapatista como la primaria pública de la comunidad de Tabac, que tiene impactos de bala en sus paredes.
En años pasados, los padres de familias llegaron a levantar un muro frente a las ventanas para que los balazos no entraran a las aulas. Los niños de Aldama ahora viven y juegan más tranquilos, pero todavía brincan cuando escuchan los cohetes tronar.
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Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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