Aprueban “Ley Leslie” en Hidalgo para castigar hasta con 32 años de prisión los ataques con ácido
El Congreso de Hidalgo aprobó la llamada “Ley Ácida” o “Ley Leslie”, una reforma al Código Penal del estado con la que se podrá castigar hasta con 32 años de prisión los ataques con sustancias químicas o corrosivas.
Con esta modificación, se impondrán de 6 a 17 años de cárcel y multa de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cuando el delito de lesiones se cometa con un agente químico, corrosivo o sustancia que cause destrucción o daño del tejido humano.
La sanción se duplicará si la agresión es cometida por el cónyuge, concubinario o concubina, o alguna persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza. Con lo que la sanción sería de 9 a 24 años de prisión.
En tanto la pena podrá llegar a entre 12 y 32 años de prisión cuando la víctima del delito sea niña, niño o adolescente, mujer o persona con discapacidad, o afecta la función de un órgano vital o más de la mitad del cuerpo.
La propuesta de esta ley fue elaborada hace más de un año por el diputado Luis Ángel Tenorio Cruz, presidente de la Comisión de Igualdad de Género, el entonces encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, Santiago Nieto, y Leslie Moreno, víctima de agresión con sustancia corrosiva.
De acuerdo con el legislador morenista, en Hidalgo existen 14 carpetas de investigación de 2017 a 2023 relacionadas con este tipo de delitos, aunque precisó que se trata únicamente de los casos que fueron denunciados.
Por su parte, Leslie Moreno celebró la aprobación de dicha ley e hizo un llamado a no olvidar su caso, ocurrido en agosto de 2015, al señalar que tanto la autora material como la intelectual de su agresión se encuentran libres.
La reforma al Código Penal estatal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
El pasado 19 de febrero entró en vigor la “Ley Malena”, una reforma al Código Penal de la Ciudad de México (CDMX) que castiga los ataques con ácido, dichas modificaciones se hicieron a raíz de la lucha de la activista María Elena Ríos, quien fue víctima de intento de feminicidio con ácido en Oaxaca.
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Durante la campaña electoral, Donald Trump fue muy claro: “Lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos”.
Esa promesa, según sugirieron las encuestas de opinión, resultó muy popular entre la población estadounidense, incluidos muchos inmigrantes legales que sentían que demasiadas personas estaban entrando al país por el “camino equivocado”.
Desde que el presidente asumió el cargo, ha ampliado el alcance de su misión, apuntando no sólo a los criminales, sino también a los trabajadores migrantes, ciertos activistas estudiantiles e incluso a turistas con problemas de visa.
Durante casi cinco meses, las detenciones y deportaciones encontraron poca resistencia. Pero ahora , en algunas partes de Los Ángeles han estallado protestas después de que los funcionarios de inmigración intensificaran sus redadas en los lugares de trabajo.
Pero ¿quiénes son los migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)? Y ¿a quién más tienen en el punto de mira?
Criminales y arrestos “colaterales”
Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha destacado la caída en picada de los números de cruces fronterizos y los arrestos récord que se han registrado bajo su administración.
Aproximadamente 51 mil migrantes indocumentados permanecían detenidos por ICE a principios de junio, la cifra más alta registrada desde septiembre de 2019.
Si bien no hay cifras precisas y actualizadas que estén disponibles públicamente sobre el número total de arrestos llevados a cabo por los servicios de inmigración desde el 20 de enero, algunos funcionarios de la Casa Blanca han dicho que esperan que ICE pueda aumentar la cifra de arrestos por día de los aproximados 660 que se registraron durante los primeros 100 días de la presidencia de Trump hasta los 3 mil arrestos diarios.
Inicialmente, los funcionarios estadounidenses insistieron en que las operaciones estaban “dirigidas” a criminales y potenciales amenazas a la seguridad pública.
Pero un número significativo de migrantes indocumentados detenidos por la administración Trump no tienen antecedentes, según un rastreador de datos.
El Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de la Universidad de Syracuse que compila cifras de inmigración, estima que de las 51 mil 302 personas que se encontraban en centros de detención de ICE para el 1 de junio, aproximadamente el 44 % no tenía antecedentes penales, más allá de haber ingresado a Estados Unidos sin permiso.
Los disturbios en Los Ángeles fueron provocados por una serie de arrestos de migrantes que dejaron un total de 118 personas detenidas, entre las que, según el Departamento de Seguridad Nacional, había cinco miembros de pandillas.
ICE dice que los arrestados en Los Ángeles son “lo peor de lo peor”. La agencia identificó a un puñado de personas con antecedentes penales, incluidos tráfico de drogas, agresión, crueldad infantil, violencia doméstica, robo y tráfico de inmigrantes.
Sin embargo, no está claro cuántos del total de arrestos tienen antecedentes penales.
Los padres de un migrante indocumentado de 23 años, miembro de la comunidad indígena zapoteca de México, le dijeron al diario The Washington Post que su hijo, quien según ellos no tenía antecedentes penales, fue detenido afuera de una tienda de ropa.
La BBC no puede confirmar de forma independiente los detalles de este caso.
El zar fronterizo Tom Homan dijo que estos arrestos eran un “daño colateral”, argumentando que los agentes no pueden justificar legalmente el encuentro con inmigrantes indocumentados y no detenerlos.
Visitantes y residentes
Se han dado varios casos de turistas arrestados y retenidos en centros de detención.
En abril, por ejemplo, una turista galesa de 28 años fue retenida durante 19 días en un centro de procesamiento de ICE en el estado de Washington después de que se le negara la entrada a Canadá por lo que luego resultó ser una “confusión de visa”.
En otro incidente más reciente en junio, Khaby Lame, ciudadano italiano de 25 años (la estrella de TikTok más popular del mundo con 162 millones de seguidores), fue detenido en el aeropuerto de Las Vegas por “violaciones migratorias”.
ICE alegó que Lame excedió el plazo de su visa después de haber ingresado al país el 30 de abril. Las autoridades dijeron más tarde que se le concedió la “salida voluntaria” y abandonó el país.
Además, en marzo, la actriz canadiense Jasmine Mooney estuvo detenida durante dos semanas tras ser arrestada en el cruce fronterizo de San Ysidro, desde donde intentaba ingresar a Estados Unidos.
Más tarde describió las condiciones de su detención como “inhumanas” y contó que la mantenían en una celda de cemento sin mantas y con baños limitados. Posteriormente fue puesta en libertad sin ser acusada de ningún delito.
Su caso llamó la atención del primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, quien dijo que el incidente aumentó aún más la ansiedad de los canadienses sobre viajar a EU.
“Nuestra relación es tan tensa en estos momentos que este caso nos hace preguntarnos: ¿qué pasa con nuestros familiares que trabajan en Estados Unidos?” dijo en una declaración a la cadena CBC.
Otros, como Fabian Schmidt, un ciudadano alemán de 34 años, fueron detenidos en los aeropuertos.
Schmidt, quien vive en Estados Unidos desde 2007, fue detenido cuando se dirigía a ese país desde Luxemburgo.
En una entrevista con WGBH, un medio de noticias de New Hampshire, Schmidt dijo que lo interrogaron sobre un cargo menor de drogas que luego fue desestimado y un cargo posterior que se impone a personas que conducen bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicoactivas y que resultó en una multa.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evitado en gran medida hacer comentarios sobre casos específicos, pero ha insistido repetidamente en que está operando legalmente.
‘Enemigos extranjeros’
Algunas de las imágenes más impactantes de la política migratoria de la administración Trump provienen de El Salvador.
Más de 250 personas a las que el gobierno de EU acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua fueron trasladadas a una megacárcel salvadoreña, el Cecot.
Sin embargo, los familiares de algunos de esos hombres han cuestionado cualquier vínculo con las pandillas y algunos argumentan que fueron arrestados como resultado de tatuajes inocentes.
“Es realmente desalentador”, le dijo a la BBC Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Estadounidense. “Todas estas decisiones son inhumanas, crueles y también ilegales”.
El caso más destacado es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 29 años residente en Maryland que fue deportado a El Salvado en marzo.
Varios jueces, incluidos los de la Corte Suprema, han dictaminado que Ábrego García fue deportado por error y que el gobierno debe “facilitar” su regreso a al país y a su familia.
El 6 de junio, fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales federales después de haber sido acusado formalmente de transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados mientras aún se encontraban en EE.UU..
Estudiantes
Los extranjeros que participan en protestas políticas también se encuentran en en el punto de mira de la administración Trump, a pesar de que algunos tienen residencia permanente o visas de estudiante válidas.
Anthony Enriquez, abogado en la organización Robert F Kennedy Human Rights, le dijo a la BBC que había “cada vez más” titulares de permisos de residencia detenidos desde que Trump regresó a la presidencia.
“Las autoridades de inmigración se sienten facultadas para realizar detenciones que legalmente no les están permitidas”, afirmó.
A más de mil 600 estudiantes internacionales se les han revocado las visas por diferentes motivos, según Nafsa, una organización que se centra en la educación internacional.
Muchos de los arrestos se producen en el marco de la ofensiva de la Casa Blanca contra lo que percibe como “antisemitismo” en los campus estadounidenses, incluida la detención de Mahmoud Khalil, una figura prominente durante las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia el año pasado.
Khalil, de 30 años, tiene un permiso de residencia y ha estado luchando para detener su deportación en los tribunales.
Rumeysa Ozturk, estudiante de la Universidad Tufts, también pasó seis semanas bajo custodia antes de ser liberada.
La universidad dijo más tarde que le habían dicho que a Ozturk, quien había participado en protestas propalestinas, le habían revocado la visa de estudiante. Ella continúa luchando contra su deportación en los tribunales.
Aunque estos casos han sido objeto de fuertes críticas, ICE ha justificado algunos de los arrestos diciendo que los estudiantes participaron en actividades “alineadas” con el grupo palestino Hamás.
“Una visa es un privilegio, no un derecho”, dijo la portavoz de Seguridad Nacional de EU, Tricia McLaughlin, en una publicación en X.
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