Colectivos de búsqueda de personas en diversas entidades de la República convocaron a una jornada de luto nacional tras el hallazgo de un rancho en Teuchitlán con hornos crematorios clandestinos y restos óseos calcinados, además de cientos de zapatos y prendas.
Los colectivos llamaron a los ciudadanos a asistir este 15 de marzo a las 17:00 horas al Zócalo de la Ciudad de México como parte de la vigilia “contra el horror y el infierno”. En la convocatoria se pide juntar 400 pares de zapatos y velas.
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El colectivo Luz de Esperanza convocó al público en general en el Palacio de Gobierno de Jalisco, mientras que el grupo Buscador@s Zacatecas -en otro de los estados que registra altos niveles de violencia- llamó a realizar esta jornada de luto en el Jardín Obelisco, en Fresnillo.
En el estado de Nuevo León, el grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos también realizará una jornada de luto frente al Palacio de Gobierno. En tanto, la Red de Desaparecidos en Colima organizará una manifestación pacífica en la Plaza de las y los Desaparecidos.
En Michoacán, la organización Familiares Caminando por la Justicia hizo un llamado unirse a esta jornada de memoria, verdad y justicia en la Plaza de Armas de Morelia. Mientras que en Morelos, la cita será a las 18:00 horas en el Zócalo de Cuernavaca.
En Aguascalientes, el Observatorio de Violencia Social y De Género convocó a una reunión en la columna de la Exedra.
En Chihuahua, la reunión será en la Cruz de Clavos de la Plaza Hidalgo, mientras que en Ciudad Juárez se llevará a cabo en el Memorial Permanente de Personas Desaparecidas, ubicado en el Parque Borunda.
En Coahuila, se tienen programadas acciones en la Gran Plaza de Letras de Piedras Negras, así como en la Plaza Mayor de Torreón.
En Colima se convocó a manifestación pacífica a las 4:30 horas en la Plaza de las y los Desaparecidos. En tanto, en Xalapa, Veracruz, habrá un plantón pacífico en la Plaza Regina.
En Tijuana, Baja California, la cita será en la Glorieta de Cuauhtémoc, mientras que en Puebla, será a la altura del Árbol de la Esperanza, en el Zócalo de la capital.
Además, la jornada de luto trascenderá las fronteras ya que la comunidad mexicana convocó a un acto de protesta en el Consulado de Barcelona este mismo sábado a las 17:00 horas.
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá la investigación del rancho Izaguirre, el cual era empleado como un presunto “campo de reclutamiento y exterminio” del crimen organizado.
El pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó tres hornos crematorios clandestinos y segmentos óseos calcinados en el rancho ubicado en Teuchitlán, el cual había sido cateado en septiembre de 2024, durante el gobierno del emecista Enrique Alfaro.
Las labores de búsqueda que se reanudaron desde la denuncia del colectivo han permitido localizar más restos de víctimas e indicios que podrían abonar a su identificación.
La Fiscalía de Jalisco informó que hasta el momento han sido detectados seis lotes de restos óseos distribuidos en cuatro espacios del predio, así como pertenencias tanto de víctimas como de personas que pudieron haber estado involucradas en actividades ilícitas.
Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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