
Comunidades rarámuri, ódami y mestizas del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, son víctimas de inmovilidad forzada o de confinamiento, por la disputa del territorio entre dos grupos delictivos que se han enfrentado en caminos de terracería y carreteras de diferentes zonas.
El fin de semana pasado reportaron los asesinatos de cinco hombres en enfrentamientos alrededor de la comunidad de Atascaderos, en donde se han refugiado decenas de familias víctimas de desplazamiento forzado de otras comunidades del mismo municipio y de comunidades de la sierra de Badiraguato, Sinaloa.
“Amanecimos con dos difuntos más (…) en varias comunidades no estaban dejando pasar los muebles, hay retenes en carreteras (…) cerca Cerro Solo, de Ojo Frío (…) también hay familias de Los Parajes, que salieron por la inseguridad”, comentaron habitantes de localidades que rodean Atascaderos, una de las más grandes de Guadalupe y Calvo, ubicada a unas dos horas de la cabecera.
Habitantes de la localidad identificada como Cerro Solo señalaron que también en esa región utilizan drones con explosivos, por lo que temen que la violencia llegue a otras comunidades.

En el camino de terracería a Cerro Solo reportaron a tres personas asesinadas en la zona de dicha comunidad que pertenece a la seccional de Atascaderos. Con los cuerpos localizaron un camión calcinado, caminos bloqueados y pintas sobre el asfalto, con mensajes relacionados con los grupos delictivos, dejados sobre la carretera, de acuerdo con medios de Parral.
Después de un operativo de los tres órdenes de gobierno, la Fiscalía General de Chihuahua informó que recibieron una llamada de auxilio por la presencia de los cuerpos de tres hombres.
Los caminos aledaños fueron bloqueados de manera intencional por pinos derribados, mientras que las autoridades realizan las investigaciones de los hechos y trasladaron los cuerpos para practicarles la necropsia de ley.
Un día antes, el viernes 2 de enero, localizaron los cuerpos de otros dos hombres, en la carretera que va de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo a la comunidad de El Ocote o de El Zorrillo, localizadas a unos 15 y 30 minutos respectivamente de la cabecera municipal. Las autoridades identificaron a una de las víctimas como Alejandro E.P de 25 años de edad.

En Guadalupe y Calvo se han registrado hechos violentos desde 2021 con mayor intensidad, que han provocado el desplazamiento forzado de decenas de comunidades ódami y rarámuri. La mayoría no ha logrado regresar y otras se mantienen confinadas porque los grupos que pelean el territorio mantienen el control a través del miedo.
En la zona de la cabecera municipal hacia El Vergel, del municipio de Balleza, se ha incrementado el número de homicidios y desapariciones los últimos meses. De acuerdo con versiones de habitantes de aquella región, uno de los grupos delictivos que ha avanzado en el municipio, identificado como Cártel Jalisco Nueva Generación, ha provocado el desplazamiento del grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa, que ha permanecido por años en el municipio. Este último grupo ha reaccionado en los caminos de terracería y carretera señalados.
Un reclamo generalizado es la falta de presencia de autoridades policiacas y del Ejército, ya que acuden una vez que pasaron los enfrentamientos y no ha habido detenidos.
Los testimonios recabados por Raíchali, señalan que a las personas que intentaban transitar por la carretera se les advirtió sobre la situación de riesgo, les han negado el paso de Atascaderos a El Ocote o viceversa.
Un autobús de pasajeros que cubre la ruta El Durazno-Parral habría tenido que regresar a Atascadero porque no pudo continuar su trayecto por el área de Cerro Solo, donde reportaron que aún se observan hombres armados y convoy en circulación.
Apenas en Nochebuena, también la comunidad completa de Santa Rosalía de Carrizal, salió de sus casas porque un grupo armado llegó a advertirles que no querían asesinar a gente inocente, por lo que tendrían que abandonar sus propiedades.
Esta nota se publicó originalmente en Raíchali.

El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Pero incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
La muerte a disparos de Renee Nicole Good en Mineápolis a manos de un agente de ICE, siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, está dejando al descubierto las profundas divisiones en la política estadounidense y amenaza con avivar un debate ya conflictivo sobre la política migratoria.
El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Sin embargo, incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
Casi inmediatamente después del incidente comenzaron a formarse dos versiones completamente diferentes. Cualquier ambigüedad en los videos compartidos en línea fue aprovechada: se utilizaron diferentes ángulos y capturas de pantalla para impulsar una narrativa particular.
Y en el escenario público, funcionarios estatales y federales discreparon abiertamente.
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Renee Good fue la culpable. Al alejarse de los agentes de ICE “utilizó su auto como arma” en un “ataque terrorista doméstico”, dijo Noem.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a una “agitadora profesional” y a un “movimiento radical de izquierda, violento y de odio” en una publicación en su plataforma en redes Truth Social.
Los demócratas a nivel nacional, así como autoridades estatales y locales de Minnesota, presentaron un panorama completamente diferente.
Jacob Frey, alcalde demócrata de Mineápolis, dijo que un agente federal utilizó fuerza letal en forma “temeraria”. También exigió a los agentes de inmigración que abandonen la ciudad. “ICE, ¡lárgate de una maldita vez!”, afirmó Frey.
El gobernador de Minesota, Tim Walz, calificó el incidente de “totalmente predecible” y “totalmente evitable”, argumentando que fue consecuencia directa del aumento de agentes federales de inmigración en Minneapolis y sus alrededores en los últimos días.
“Llevamos semanas advirtiendo que las peligrosas y sensacionalistas operaciones de la administración Trump son una amenaza para nuestra seguridad pública”, declaró el miércoles.
Esta clara división entre el gobierno federal y los funcionarios locales se ilustró aún más el jueves por la mañana, cuando la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota anunció que el Departamento de Justicia y el FBI ya no cooperarían en la investigación del incidente.
Las agencias federales, informó la Oficina, serán las únicas responsables de la investigación sobre el uso de fuerza letal por parte del agente de ICE.
Que Minesota se haya convertido en el epicentro de un creciente conflicto sobre la aplicación de la ley migratoria en los últimos meses es a la vez previsible e irónico.
Es irónico porque la muerte de Good ocurrió a pocos kilómetros de donde, en 2020, la policía de Mineápolis mató a George Floyd durante un intento de arresto, lo que desencadenó protestas del movimiento Black Lives Matters en todo el país, incluyendo algunas en esta ciudad que se tornaron violentas.
Walz puso en alerta a la Guardia Nacional del estado y advirtió a los cientos de manifestantes que han salido a las calles que no recurran a la violencia.
El papel central de Minesota en este último estallido no sorprende, ya que marca la culminación de un conflicto, una controversia y un escándalo que se venían gestando durante meses.
El reciente aumento en acciones migratorias se produce después de que Trump ridiculizara a la numerosa población inmigrante somalí del estado -la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses- tras la condena de miembros de la comunidad por fraude en la distribución de la ayuda federal por la epidemia de COVID-19.
“Cientos de miles de somalíes están estafando a nuestro país y destrozando ese otrora gran estado”, declaró Trump en noviembre. “No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”.
Bajo presión, Walz abandonó su candidatura a la reelección la semana pasada ante el aumento de acusaciones de corrupción en los servicios sociales estatales, como la asistencia infantil y la ayuda alimentaria.
El incremento de acciones migratorias en el estado es solo el ejemplo más reciente del uso de funcionarios federales por parte de la administración Trump para atacar a comunidades sospechosas de tener altas tasas de inmigrantes indocumentados. El uso de la fuerza durante esta operación tampoco es un incidente aislado.
El incidente de Minesota fue al menos el noveno caso de disparos vinculados a operaciones migratorias desde septiembre; todos involucraron a personas que fueron atacadas mientras se encontraban en sus vehículos, según el New York Times.
La intensidad con la que se han llevado a cabo las acciones migratorias en una lista cada vez mayor de ciudades en todo Estados Unidos, ha provocado protestas y demandas de funcionarios demócratas para una mayor supervisión, rendición de cuentas y moderación por parte de agentes del orden.
El muerte de Good ya ha dado a estos esfuerzos una nueva urgencia entre sus defensores.
Los funcionarios de la administración Trump, por su parte, siguen adelante y citan el mandato que dicen haber recibido de los votantes en las elecciones presidenciales de 2024. Alegan además que la drástica reducción de entradas de indocumentados a Estados Unidos es evidencia de que sus esfuerzos han resultado eficaces.
Y refutaron enérgicamente el argumento de que el video del incidente en Minneapolis sea prueba de un uso indebido de fuerza letal.
“La manipulación es desproporcionada y no la tolero”, escribió el vicepresidente J.D. Vance en una publicación en X. “Este hombre estaba haciendo su trabajo. Ella intentó impedir que lo hiciera”.
Si bien calificó el incidente de trágico, añadió que “la responsabilidad recae sobre esta mujer y todos los radicales que enseñan a la gente que la inmigración es la única ley con la que los alborotadores pueden interferir”.
Walz, en sus siguientes declaraciones públicas, se apresuró a rebatir ese argumento: “Personas en puestos de poder ya emitieron juicios, desde el presidente hasta la vicepresidenta y Kristi Noem, y dijeron cosas que son verificablemente falsas, verificablemente inexactas”.
“Determinaron el carácter de una madre de 37 años que ni siquiera conocían”, concluyó.
Parece que incluso las pruebas en video están abiertas a la interpretación en este momento. Cada persona ve las mismas imágenes y saca conclusiones decididamente diferentes, que con frecuencia, quizás como era de esperar, refuerzan sus posiciones previamente establecidas.
El abismo en la política estadounidense parece tan inmutable como desalentador.
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