Personas que buscan a sus familiares entre los cuerpos del crematorio Plenitud colocan árbol de navidad para exigir justicia
Miguel Villanueva enreda una serpentina verde alrededor de una estructura de alambre. Con paciencia, la dobla una y otra vez hasta cubrir el armazón metálico instalado frente a la Fiscalía de Chihuahua en la Zona Norte, en Ciudad Juárez. Sobre el marco aún cuelgan calaveras de papel picado color rosa, morado, amarillo y verde, los restos del altar que colocaron en noviembre.
La agrupación Memoria, Dignidad y Justicia para los 386, integrada por familias que buscan a sus seres queridos entre los cuerpos hallados en el Crematorio Plenitud, emprende una nueva tarea para recordarle a las autoridades que no han cumplido. Instalan un pino navideño que simboliza el dolor y la incertidumbre que enfrentan ante la falta de identificación de los cuerpos, justo cuando se acercan las festividades decembrinas.
Las familias cuelgan esferas de cartón en las que han pegado las fotografías de sus muertos. También colocan consignas para exigir que el caso se resuelva con prontitud y para reclamar dignidad y memoria para sus seres queridos. Señalan que esta Navidad, lejos de ser un tiempo de celebración, estará marcada por la duda y el trauma que dejó el hallazgo de cuerpos apilados en el crematorio Plenitud a finales de junio.
Miguel busca los restos de su hija y de su madre, fallecidas en 2020 y 2021, respectivamente. Los servicios funerarios fueron contratados a la funeraria Luz Divina, y las autorizaciones de incineración confirman que ambas fueron enviadas al Crematorio Plenitud.
Relata que este proceso lo ha obligado a revivir la depresión y la ansiedad severa que enfrentó tras la muerte de sus familiares, una experiencia desgastante que incluso le dificulta concentrarse en el trabajo. Hoy desconoce la naturaleza de las cenizas que le entregó la funeraria. Dice que las de su hija son demasiadas y las de su madre muy pesadas. “Tengo gatos en mi casa como mascotas, y la arena para el gato y las cenizas son idénticas”, describe.
Hasta ahora, señala, la respuesta de las autoridades estatales y federales ha sido insuficiente, pues no han brindado información que les dé certeza sobre el destino de sus familiares. Aunque han solicitado una audiencia con la gobernadora María Eugenia Campos, lamenta que esta se ha negado a recibirlos y ha instruido que personal de la Fiscalía los atienda: “la hemos buscado y prefiere cancelar sus actividades (en Ciudad Juárez) o manda a sus secretarios particulares; no queremos hablar con secretarios, queremos hablar con ella directamente”.
Miguel cuestiona que, hasta el momento, las únicas personas vinculadas a proceso por los 386 —un empleado que falleció a finales de octubre y uno de los propietarios— provengan del Crematorio Plenitud, cuando las familias contrataron los servicios con funerarias que, en su mayoría, continúan operando con normalidad.
“¿Por qué sigue laborando Luz Divina? Me dicen que a lo mejor una querella puede ser al crematorio, pero yo no hice el contrato con el crematorio, lo hice con la funeraria, ¿por qué no se les investiga realmente a ellos? (…) A mí fue Luz Divina quien me entregó cenizas que no son”, reclama.
A pesar de la angustia y la indignación, las familias han encontrado en la agrupación un espacio para compartir su dolor, convivir y organizarse para exigir justicia. Miguel lo ha visto de primera mano.
“Me ha tocado escuchar a las personas que se ponen a llorar o se sienten muy deprimidas o desesperadas porque no ven avances respecto al caso. Entonces, sí nos ha unido un poco más la convivencia y la vez pasada, que fue la puesta del altar, ahí realmente empezamos a conocernos un poco más, empezamos a contemplar todo el alcance que ha habido con respecto al crematorio”.
Este sábado, antes de instalar el pino navideño, las familias sostuvieron una reunión con el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, en la que acordaron dar seguimiento puntual a los casos de las familias integradas en la agrupación Memoria, Dignidad y Justicia.
Van 150 cuerpos identificados; esperan análisis de Inmegen
Este lunes, la Fiscalía General del Estado informó en comunicado que hasta ahora se han identificado 150 cuerpos, de los cuales 139 ya fueron entregados a sus familias. Esto representa un avance del 39 por ciento respecto a los 386 cuerpos recuperados.
Indicó que se enviaron 110 muestras de los cuerpos recuperados en Plenitud al Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), a través de una colaboración solicitada a la Comisión Nacional de Búsqueda, para obtener perfiles genéticos.
Agregó que actualmente se cuenta con 300 perfiles genéticos de familiares, ya procesados, y que, una vez que el Instituto entregue los resultados, se realizarán los cotejos correspondientes.
“Estamos también en coordinación con autoridades federales, porque los grupos que se han venido manifestando en torno a esto exigían una participación del Gobierno Federal, a la cual nosotros no solo estamos dispuestos, sino que consideramos importante. Cualquier ayuda que se proporcione va a redundar en una identificación más pronta de los cuerpos”, indicó este lunes el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.
“Estamos colaborando con ellos (la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República), estamos enviando datos y ellos nos regresan información, tratando de hacer una identificación todavía más rápida. Y lo he dicho siempre: ese asunto, a veces lento, pero va a ser permanente la identificación de cuerpos y la entrega a familiares”, agregó.
También lee: “Las urnas no mienten”: familiares de cuerpos hallados en crematorio Plenitud en Ciudad Juárez realizan vigilia
En su comunicado, la Fiscalía aseguró que continúan las investigaciones para integrar las carpetas correspondientes a las 98 denuncias recibidas hasta ahora por fraude y que se da seguimiento puntual a las causas penales contra las personas detenidas.
El caso ha destapado irregularidades en otras funerarias, como la funeraria Del Carmen, cuyos propietarios enfrentan procesos por la presunta localización de cuatro cuerpos en predios de la empresa.
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El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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